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The Rome Statute of the International Criminal Court is backed by the will of 139 countries that approved it and 89 that have ratified it, with Venezuela being the 11th in the world and the 1st in all of Latin America to do so. This Statute is a work of great importance, and a great step is taken in creating a codified legal system. Its efficiency and effectiveness depend not only on the adherence of as many states as possible, especially skeptical ones, such as the US, but also on the correct and fair application of its rules. This International Criminal jurisdiction works in a complementary manner, that is, when the country cannot define crimes and establish due process to carry out their prosecution with the required constitutional guarantees. Venezuela subscribes to the Statute, by means of an approving law on December 13, 2001 and it entered into force in our country on July 1, 2002. It is necessary to emphasize that our internal criminal legislation has not provided express criminal regulations in relation to crimes against them. humanity, so its prosecution corresponds to the International Criminal Court, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está respaldado por la voluntad de 139 países que lo aprobaron y 89 que lo han ratificado, siendo Venezuela el 11º del mundo y el 1º de toda Iberoamérica en hacerlo. Este Estatuto constituye una obra de gran importancia, y se da un gran paso al crear un sistema jurídico codificado. Su eficiencia y eficacia depende no solo de que se adhiera el mayor número de Estados posibles, especialmente los escépticos, como EEUU, sino también en la correcta y justa aplicación de sus normas. Esta jurisdicción Penal Internacional funciona de manera complementaria, es decir cuando el país no puede tipificar los delitos y establecer el debido proceso para realizar su enjuiciamiento con las garantías constitucionales requeridas. Venezuela suscribe el Estatuto, mediante ley aprobatoria el 13 de Diciembre de 2001 y entró en vigencia en nuestro país el 1 de Julio de 2002. Es necesario destacar, que nuestra legislación Penal interna no ha provisto regulación penal expresa en relación con los delitos de lesa humanidad, por lo que su procesamiento corresponde a la Corte Penal Internacional.

According to international law, the coastal State may establish, around artificial islands, installations and structures, safety zones in the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf. Appropriate measures may be taken in said Zones, to guarantee both the safety of navigation and that of the artificial islands, installations and structures. These zones have an extension of up to 500 meters around the aforementioned infrastructures, although the United Nations Convention on the Law of the Sea allows the relevant international organization to extend it. In this case is the International Maritime Organization.UNCLOS obliges to declare the Zone, however, it does not regulate the prohibition of entry and other situations that could occur within said Zone, nor the competence to detain and punish offenders of the regulations established for the Safety Zones (when the coastal States decide to establish them). Through comparative studies and the international instruments in force today, we intend to find those regulations that allows States to extend its jurisdiction to the Safety Zones in EEZ and Continental Shelf. Of course, limited to the nature of the operations of the artificial islands, installations and structures., Según el derecho internacional, el Estado ribereño podrá establecer, alrededor de islas artificiales, instalaciones y estructuras, zonas de seguridad en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la Plataforma Continental. En dichas Zonas se podrán tomar medidas apropiadas para garantizar la seguridad de la navegación y de las islas artificiales, instalaciones y estructuras. Dichas zonas tienen una extensión consensuada de hasta 500 metros alrededor de las infraestructuras mencionadas, aunque la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite que la organización internacional pertinente pueda ampliarlo, en este caso la Organización Marítima Internacional (OMI). La CONVEMAR obliga a declarar la Zona, pero no regula la prohibición de entrada y otras situaciones que pudieran ocurrir dentro de dicha Zona, ni la competencia para detener y reprimir a los infractores de los reglamentos establecidos para las Zonas de Seguridad (en casos que lo Estados ribereños decidan establecerlos). A través de estudios comparados y los instrumentos internacionales en vigor, pretendemos encontrar aquellas regulaciones que le permiten al Estado extender parte de su jurisdicción a las Zonas de Seguridad en ZEE y Plataforma Continental. Eso sí, limitado a la naturaleza de las operaciones de las islas artificiales, instalaciones y estructuras.

It has been observed that the judges of the International Criminal Court, in application of the norms of the Treaty of Rome, perform an extensive interpretation of their jurisdiction. Among its resolutions, the Decision issued by Pre-Trial Chamber I of February 5 2021 is no exception to this tendency. In this Resolution, by which authorizes to the Prosecutor's Office to investigate those perpetrators for the commission of international crimes when occurred in the context of the Israeli-Palestinian conflict, they base its decision on an autonomous interpretation of the norms established in the Statute of the Court and the Rules of Procedure and Evidence, on the consideration of the fact that Palestine is a State Party for the purposes of the Treaty of Rome. Given the relevance of its grounds, this work analyzes the content of said Decision, as well as the legal positions maintained by the judges who were part of the Chamber, since the exercise of jurisdiction was an essential element of the established punitive system, and from a perspective regulations of international criminal jurisdiction, which can only be consistent with the general norms of international law., Viene siendo observado que los magistrados de la Corte Penal Internacional, en aplicación de las normas del Tratado de Roma, realizan una interpretación extensiva de su competencia jurisdiccional. Entre sus resoluciones, la Decisión dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares I de 5 de febrero de 2021 no es una excepción a esta tendencia. En esta Resolución, por la que autoriza a la Fiscalía a la investigación de los responsables por la comisión de crímenes internacionales acontecidos en el contexto del conflicto palestino-israelí, fundamenta su decisión en una interpretación autónoma de las normas establecidas en el Estatuto de la Corte y en las Reglas de Procedimiento y Prueba, sobre la consideración de que Palestina es Estado Parte a los fines del Tratado de Roma. Dada la relevancia de sus fundamentos, el presente trabajo analiza el contenido de dicha Decisión, así como las posiciones jurídicas que mantuvieron los jueces que formaban parte de la Sala al ser el ejercicio de la jurisdicción elemento esencial del sistema punitivo establecido, y desde una perspectiva normativa de la jurisdicción penal internacional, que sólo puede tener coherencia atendiendo a las normas generales del Derecho internacional.

With the Constitutional reform of June 2011, the regulation of human rights was implemented as fundamental rights of the governed, establishing as obligations of the State, the protection, promotion and defense of these at the different levels of government. This article establishes the importance of the exact fulfillment of the jurisdictional exercise in the matter of human rights to obtain a judicial sanction, due to its violation between individuals, being within them, the natural persons and the companies, whose origin is the separation and autonomy of the current substantive law of the aforementioned rights, in order to obtain that security and legal certainty, for the good of the subjects of the State, with the due exercise of constitutional guarantees., Con la reforma Constitucional de junio del 2011, se implementó la regulación de los derechos humanos como derechos fundamentales de los gobernados, estableciéndose como obligaciones del Estado, la protección, promoción y defensa de éstos en los diferentes niveles de gobierno. Este artículo, establece la importancia que reviste el exacto cumplimiento del ejercicio jurisdiccional en materia de derechos humanos para obtener una sanción judicial, con motivo de su violación entre particulares, encontrándose dentro de ellos, las personas físicas y las empresas, cuyo origen es la separación y autonomía del derecho sustantivo vigente de los derechos mencionados, para lograr obtener esa seguridad y certeza jurídica, en bien de los súbditos del Estado, con el debido ejercicio de las garantías constitucionales.

Esta monografía analiza algunos de los problemas laborales que pueden surgir dentro de los grupos empresariales, con el fin de aportar posibles soluciones a estos. Para ello, en primer lugar, se explica en detalle la figura de los grupos empresariales y las características de su configuración. En segundo lugar, se abordan los inconvenientes que se presentan al armonizar las normas que regulan los vínculos laborales con la legislación mercantil vigente relativa a los tipos y presunciones de control societario. En tercer lugar, se analizan las consecuencias que se derivan del ejercicio incorrecto del poder de subordinación en los grupos empresariales. Por último, se exponen los problemas en el cobro de acreencias que causa la liquidación de una sociedad vinculada a un grupo empresarial., This monograph analyzes some of the labor problems that may arise within entrepreneurial groups. Firstly, we explain the figure of entrepreneurial groups and the characteristics of their configuration; secondly, we discussed the disadvantages that arise when harmonizing the rules governing labor relations with the current commercial legislation on the types and presumptions of corporate control; thirdly, we will analyze the consequences of the improper exercise of the power of subordination on entrepreneurial groups. Finally, we will talk about the problems in the collection of claims caused by the liquidation of a company related to entrepreneurial group are.

In this article, an investigation has been developed about the recognition of the collective rights of indigenous peoples who are considered a collective subject, which is why they are allowed to empower rights, including the administration of justice based on their ancestral customs under because the Constitution stipulates that Ecuador is a state of rights, plurinational and intercultural. Therefore, the Magna Carta governs the appearance of the indigenous legal system, which must coexist with the state legal system that accompanies traditional legal monopolism. The constitutional regulation of collective rights has allowed the protection and protection of the indigenous people, and through the recognition of the administration of indigenous justice, it allows the consolidation of legal pluralism in Ecuador; however, there are pending problems in the interaction of these two legal systems, which inhibits the effectiveness of legal pluralism, and therefore some legal problems related to jurisdiction and applicability between ordinary justice and indigenous justice are unleashed. Therefore, an investigation with a hermeneutic paradigm is applied that allows the understanding of the conception of legal pluralism, under the Documentaryhistorical and Analytical - Descriptive method to deepen the explanation of the recognition of collective rights and the administration of indigenous justice. in the Ecuadorian judicial system., Neste artigo, desenvolve-se uma investigação sobre o reconhecimento dos direitos coletivos dos povos indígenas que são considerados sujeitos coletivos, razão pela qual lhes é permitido empoderar direitos, inclusive a administração da justiça com base em seus costumes ancestrais, pois a Constituição estipula que o Equador é um estado de direitos, plurinacional e intercultural. Portanto, a Carta Magna rege o surgimento do ordenamento jurídico indígena, que deve coexistir com o ordenamento jurídico estadual que acompanha o monopólio jurídico tradicional. A regulação constitucional dos direitos coletivos permitiu a proteção e proteção dos povos indígenas e, através do reconhecimento da administração da justiça indígena, permite a consolidação do pluralismo jurídico no Equador; no entanto, há problemas pendentes na interação desses dois ordenamentos jurídicos, o que inibe a efetividade do pluralismo jurídico, e, portanto, alguns problemas jurídicos relacionados à jurisdição e aplicabilidade entre a justiça ordinária e a justiça indígena são desencadeados. Para tanto, aplica-se uma investigação com paradigma hermenêutico que permite a compreensão da concepção de pluralismo jurídico, sob o método Documentário-Histórico e Analítico - Descritivo para aprofundar a explicação do reconhecimento dos direitos coletivos e da administração da justiça indígena. sistema judicial equatoriano., En el presente artículo se ha desarrollo una investigación acerca del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a quienes se les considera sujeto colectivo, razón porque se les permite facultar de derechos, incluido la administración de justicia en base a sus costumbres ancestrales en virtud a que la Constitución estipula que el Ecuador es un Estado de derechos, plurinacional e intercultural. Por lo tanto, la Carta Magna rige la aparición del sistema jurídico indígena, que debe coexistir con el sistema jurídico estatal que acompaña al monopolismo jurídico tradicional. La regulación constitucional de los derechos colectivos ha permitido la protección y amparo del pueblo indígena, y mediante el reconocimiento de la administración de justicia indígena permite que consolidar el pluralismo jurídico en el Ecuador; sin embargo, existen problemas pendientes en la interacción de estos dos sistemas jurídicos lo que inhibe en la efectividad del pluralismo jurídico, y por ende se desatan algunos problemas jurídicos relacionados a la jurisdicción y aplicabilidad entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Por lo cual, se aplica una investigación con paradigma hermenéutico que permite la comprensión de la concepción del pluralismo jurídico, bajo el método Documental-histórico y Analítico - Descriptivo para profundizar en la explicación del reconocimiento de los derechos colectivos y la administración de la justicia indígena en el sistema judicial ecuatoriano.

El oficio de protector de indios le fue otorgado a los obispos de las diócesis indianas entre los años 1527 y 1560. Pese a ello, hubo excepciones en las que recayó en miembros de la Iglesia que no ostentaron tal dignidad, como fue el caso del fraile dominico Tomás Ortiz. Este artículo es un caso ilustrativo que analiza las posibilidades que tuvo un eclesiástico de este tipo para ejercerlo. Para reconstruir su trayectoria, se han usado las reales provisiones sobre el oficio, cartas suyas y de los oficiales reales que narraron sus actuaciones y un proceso criminal que inició por el homicidio de un indio. Las fuentes se han observado conforme a las relaciones que estableció el fraile con las autoridades civiles y la mesnada. Se ha concluido que el oficio solo pudo ser ejercido cuando se alineó con los intereses del gobernador., The office of protector of Indians was granted to the bishops of the indian dioceses between 1527 and 1560. Despite this, there were exceptions in which it fell to members of the Church of lower hierarchy, as was the case of the Dominican friar Tomás Ortiz. This article is an illustrative case study which analyze the odds that an ecclesiastic of this type had to exercise his office. To reconstruct his trajectory, the royal provisions about the office, letters from him and from the royal officials who narrated his actions and a criminal process that he initiated for the homicide of an indian have been used. The sources have been viewed in the light of the procedural law of the time and the relations established by the friar with the civil authorites and the soldiers. It has been concluded that the office could only be exercised when he aligned himself with the interests of the governor.

In Latin America, constitutional review is exercise by the judiciary branch and seek to ensure the dispositions of the National Constitution over the rest of the legal system in order to give effect to the principle of constitutional supremacy. But what happens when the controlled norm is at the same time, the controlling norm? Is it possible to declare unconstitutional a provision incorporated in the constitutional text through a constitutional reform? In other words, Can a judge (part of the constituted power) exert control over the Constitutional Convention (the constituent power)? This paper intends to address these issues from a comparative analysis of the jurisprudential models born from the judicial decisions of the Argentine Supreme Court and the Colombian Constitutional Court. While in this last case, the Constitution itself recognizes the faculty of the Constitutional Court to control the Constitutional dispositions (sections 241 and 379), and consequently, there are numerous judicial pronouncements of this Court, in Argentina the Constitutional Charter does not say anything at all on the matter, and we can find only three pronouncements, in which the Supreme Court was changing its position regarding this complex matter. The main aim is to compare these two models focusing the analysis on the arguments put forward by both Courts in exerting (or not) their control over the production of the constituent power, En América Latina el control de constitucionalidad está en manos de los jueces e implica hacer prevalecer las normas de la Constitución Nacional sobre el resto del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, hacer efectivo el principio de la supremacía constitucional. Pero ¿qué sucede cuando la norma controlada es parte al mismo tiempo de la norma controlante? ¿Puede reputarse inconstitucional una disposición incorporada en el texto de la Constitución Nacional a través de una reforma constitucional? En otras palabras, ¿puede un juez (poder constituido) controlar lo actuado por la Convención Constituyente (poder constituyente)? En el presente trabajo se analizarán estas cuestiones a partir del análisis comparativo de los modelos jurisprudenciales nacidos a raíz de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina y de la Corte Constitucional en Colombia. Mientras en este último caso, la propia Constitución reconoce la facultad de la Corte Constitucional para controlar las reformas de la Constitución (arts. 241 y 379), existiendo en la práctica numerosos pronunciamientos de este tribunal, mientras que en Argentina la Carta Magna nacional nada dice al respecto y solo encontramos tres pronunciamientos del máximo tribunal nacional en los cuales fue cambiando su postura sobre este complejo asunto. El objetivo será entonces comparar ambos modelos centrando el análisis en los argumentos esgrimidos por uno y otro tribunal a la hora de ejercer (o no) un control sobre la labor del poder constituyente derivado o reformador.

With Russia’s invasion of Ukraine and the armed conflict it has generated, the International Criminal Court has regained its central role in the emerging International Criminal Justice System and has once again been perceived as a useful instrument in the fight against impunity for the most serious crimes under international law. However, the complexity of the Ukrainian situation makes it necessary to view the Court’s action with caution and, above all, to place conveniently what it can ask and what can be expected of it. In this context, this paper offers an initial study of issues relating to its competence, jurisdiction, and the role that the principle of complementarity can play., Con la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado que ha generado, la Corte Penal Internacional ha recuperado su papel central en el emergente Sistema de Justicia Penal Internacional y se ha vuelto a percibir como un instrumento útil para luchar contra la impunidad de los más graves crímenes de Derecho internacional. Sin embargo, la complejidad de la situación de Ucrania obliga a contemplar con prudencia la acción de la Corte y, sobre todo, a colocar en un lugar adecuado lo que puede pedir y lo que se puede esperar de ella. En este contexto, este trabajo ofrece un estudio inicial de cuestiones relativas a su competencia, jurisdicción y del papel que puede jugar el principio de complementariedad.

La justicia del Antiguo Régimen era un reflejo de la complejidad de las entidades jurídico-políticas existentes. Las monarquías europeas recogían su carácter jurídico compuesto en la administración de justicia, pues diversas corporaciones y comunidades disponían de derechos y de jueces y tribunales propios. En el entramado judicial de la Corona de Castilla fue instituida una figura particular, pues se trataba de un magistrado radicado en un tribunal superior, la Chancillería de Valladolid, que suponía un fuero especial para un colectivo y para un territorio. Tanto los casos que implicasen a los vizcaínos residentes fuera de Vizcaya en primera instancia como las apelaciones de los litigios originados en territorio vizcaíno debían, según el Fuero Nuevo de Vizcaya, ser remitidos a la sala de Vizcaya, donde el Juez Mayor de Vizcaya se encargaría de resolverlos. Exponente de una ubicación jurídica y política particular, en este artículo reconstruimos su creación y consolidación en los siglos XIV-XVI y exponemos la defensa que de su figura y jurisdicción hicieron las instituciones del Señorío en los siglos XVI y xvii, dado que era un pilar fundamental de la foralidad y de la comunidad vizcaína. Para realizar este estudio nos basamos, principalmente, en las fuentes documentales locales, así como en los ordenamientos jurídicos vizcaínos.