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This book is an approach to the Spanish tax system, that allows the comprehension and learning of the main structures of the system, both material and formal. Analyses and explains the most important material and formal elements of the system; the coordination among the State, regional and local tax systems, and the nature, structure and functions of the main taxes.

The Spanish tax Canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica -guided by a (called into question) environmental objective- taxes only a kind of electricity producers (hydroelectric producers using inland waters located in the territory of more than one autonomous community) on the basis on the environmental damage they cause employing the inland water. In contrast, hydroelectricity producers operating within river basins encompassing a single autonomous community, the rest of electricity producers whose source of electricity production is other than water (which are both direct competitors) and even all the installations which use water for purposes other than the production of hydroelectricity are not liable to the tax. The Spanish Supreme Court referred the matter to the Court of Justice on for a preliminary ruling. However, the Court of Justice conducted a misguided analysis of selectivity through the reference framework method and concluded the inexistence of selectivity and, hence, of State aid.

In its long-awaited ruling on 18 June 2019, the General Court (GC) annulled the Commission's State aid Decision in the Micula case where the Commission considered that the damages payment by Romania of an ICSID award constituted State aid. In the GC's opinion, the payment of the adverse arbitration award by a Romania does not constitute illegal State aid. Unfortunately, the GC's reasoning is tied to the timing of the measure taken by Romania, which took place before Romania acceded to the EU, and the rest of the compelling substantive pleas were not assessed. Moreover, the GC did not rule on whether the compensation of the withdrawal of the tax incentives for the post-accession period constitutes State aid given that the Commission failed to distinguish between compensation for the period predating accession and post-accession. For this reason, this judgment does not put an end to the Micula saga as long as the Commission has lodged an appeal before the Court of Justice.

En la sentencia de 16 de julio de 2020, el TS aborda el requisito del plazo de reinversión a que la normativa del IRPF condiciona la exención de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la vivienda habitual mediante permuta y, en concreto, a través de la modalidad de entrega de un solar por obra futura. A tales efectos, es necesario determinar, primero, la naturaleza de esta modalidad contractual, esto es, si constituye un título traslativo del dominio. Segundo, la implicación en materia tributaria, y en particular respecto a la exención del art. 38 LIRPF, del contrato de permuta de cosa futura. In the Judgement of 16 July 2020, the Supreme Court tackles the deadline for reinvesting the capital gain derived from the transfer of the permanent home in the case of swap contracts, particularly when a plot is delivered in exchange of a future building. For that purpose, it is required to determine, first, the nature of this type of contract and, secondly, how the 2-years period applies in these cases for benefiting from the exemption regulated in article 38 of the personal income tax law.

El proyecto de redes seleccionado para la participación de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda (EURLE) adscrita a la Universidad de Alicante, donde se imparte el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ha sido el estudio y evaluación de la adquisición de competencias relacionadas con los trabajos grupales en los estudiantes universitarios. Los motivos para fijar el foco de atención en dicha temática, se corresponden con la importancia que el trabajo en equipo tiene, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito social, laboral y profesional. La gestión del tiempo, las capacidades de escucha y diálogo, el respeto mutuo por las ideas propuestas, la toma de decisiones colaborativas y la presentación de resultados, son las capacidades esenciales que se requieren en las prácticas que las diferentes asignaturas impartidas en la EURLE incorporan en sus guías docentes. El afán de mejora por parte del profesorado para la creación de una propuesta que mejore las carencias detectadas por el profesorado y aumente el aprendizaje de estudiantes como su grado de satisfacción, fueron las motivaciones fundamentales para la creación de esta red de innovación que busca ajustar las herramientas que el Espacio Europeo de Educación Superior aporta al sistema educativo.

Este trabajo estudia uno de los recursos más olvidados en la doctrina jurídico financiera: los recursos patrimoniales y los ingresos derivados de su gestión. Como prueba metodológica realiza un análisis de uno de los recursos patrimoniales más importantes para las Universidades públicas y los Organismos Públicos de Investigación, como son los derivados de la transferencia de conocimiento, ya sea en forma de patentes o de Empresas de Base Tecnológica. This work studies one of the most forgotten resources in the financial legal doctrine: the patrimonial resources and the income derived from its management. As a methodological test, it performs an analysis of one of the most important heritage resources for public universities and public research organizations, such as those derived from the transfer of knowledge, either in the form of patents or Spin-off.

El modelo de cumplimiento cooperativo instaurado entre la Administración y los contribuyentes resulta claramente beneficiado por la irrupción expansiva de la inteligencia artificial, que se proyecta tanto en las políticas de “profiling taxpayers” desarrolladas por la Administración –a través de métodos predictivos de análisis de datos bien con fines de control fiscal, bien para incrementar el grado de cumplimiento voluntario de los contribuyentes–, como en las sofisticadas herramientas susceptibles de integrarse en los sistemas de gestión de riesgos fiscales al servicio de los contribuyentes. No obstante sus indudables ventajas en el ámbito del tax compliance, las soluciones de inteligencia artificial plantean dudas acerca del adecuado respeto de los derechos fundamentales –en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la protección de datos de carácter personal–, tal y como han revelado algunas experiencias de Derecho comparado. A través del presente trabajo se pretende efectuar una aproximación a esta realidad, analizando los pros y contras de estas poderosas herramientas, cuyo uso exige una adecuada regulación legal que, a nuestro juicio, debería primar la ética y salvaguardar los derechos de las personas, como valor nuclear prevalente, en la línea propugnada por la Unión Europea. The cooperative compliance model established between the Administration and taxpayers is clearly benefited by the expansive irruption of artificial intelligence, which is projected both in the “taxpayer profiling” policies developed by the Administration –through predictive methods of analysis of data either with the objective of fiscal control, or to increase the degree of voluntary compliance of taxpayers–, as well as sophisticated tools that can be integrated into tax risk management systems at the service of taxpayers. In spite of their undoubted advantages in the field of tax compliance, artificial intelligence solutions raise doubts about the adequate respect of fundamental rights –in particular, the right to effective judicial protection and the right to protection of personal data–, as some experiences of comparative law have revealed. The aim of this paper is to approach to this reality, analyzing the pros and cons of these powerful tools, the use of which requires adequate legal regulation that, in our opinion, should prevail ethics and safeguard the rights of people, as a nuclear and prevalent value, in the line advocated by the European Union.

El pasado 11 de diciembre de 2019 se hizo pública la Comunicación de la Comisión "El Pacto Verde Europeo" [COM(2019) 640final] en respuesta a los desafíos del clima y el medio ambiente y como parte de la estrategia de la Comisión Europea para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En esta Comunicación, la Comisión propone la creación de un Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (Border Carbon Adjustment) como medida alternativa al actual Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE en determinados sectores. Este mecanismo tiene carácter fiscal y consiste en la aplicación de gravámenes a las importaciones de productos contaminantes que procedan de países cuyas políticas medioambientales sean menos exigentes que la europea. Normalmente estos productos son más baratos debido a las laxas regulaciones existentes en su país que permite a los productores de estos países ofrecer precios más competitivos que los de los productores europeos, que deben asumir la carga económica e impositiva que tiene la producción respetuosa con una legislación ambiental más exigente. Este fenómeno recibe la denominación de "dumping ambiental" o "ecodumping". El objetivo perseguido por la introducción de este Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera es doble: por un lado, proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de CO2 (tanto dentro, como fuera de la UE) y, por otro lado, paliar los problemas de "fugas de carbono" o "carbon leakage" (es decir, la deslocalización de la actividad económica y sus emisiones de la UE a países con políticas menos exigentes en materia de protección medioambiental) derivados del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, al mismo tiempo que preserva la competitividad de las empresas europeas. Aunque la Comisión todavía no ha presentado una propuesta detallada sobre este mecanismo de ajuste de carbono en frontera, la particularidad de esta figura impositiva nos permite adelantar algunos de sus aspectos más conflictivos sobre los que nos proponemos reflexionar en la Comunicación que, en caso de ser aceptada, presentaremos al VIII Encuentro de Derecho Financiero. Entre esos aspectos destacamos: el impacto medioambiental de la adopción de esta figura y su discutida calificación de impuesto medioambiental; la compatibilidad con la normativa del GATT y el resto de normas en el ámbito del comercio internacional; el diseño del impuesto, especialmente aquellas cuestiones relacionadas con el método utilizado para calcular la cantidad de CO2 emitido durante la producción (y transporte) del bien objeto de gravamen o los problemas derivados de la obtención de la mayoría necesaria para la adopción de esta medida en el seno de la UE.

La participación de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen común en los Presupuestos Generales del Estado a través de distintos fondos y como receptoras de diversas transferencias es, junto a los tributos cedidos, uno de los pilares basilares de su financiación. Gracias a ellas disponen de recursos necesarios para sufragar los gastos derivados de las competencias transferidas por el Estado (entre las que se encuentran, entre otras, la sanidad o la educación). Sin embargo, el actual sistema de financiación resulta sumamente complejo y muy poco transparente, debido al número de fondos existentes y la poca claridad de los criterios aplicables en su reparto. Ello provoca problemas de equidad tanto horizontal (reparto desigual entre CCAA) como vertical (insuficiencia de recursos) que analizados en este trabajo.

En el presente estudio se analizan las diferentes medidas tributarias recientemente aprobadas como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 apuntando, desde un punto de vista crítico, los problemas que generan para los contribuyentes.

Las parejas o uniones de hecho son situaciones de hecho que existen más allá de la normativa, pero a la que ésta ha querido reconocer ciertos derechos o beneficios en aras de la seguridad jurídica. En este sentido, son las Comunidades Autónomas las que han venido dando cobertura jurídica a las mismas y han establecido registros para la inscripción de las parejas, bien con carácter declarativo o bien con carácter constitutivo. El carácter concreto que se les confiera a estas inscripciones registrales tiene su consecuencia en los diferentes ámbitos, incluido el tributario. El presente trabajo analiza, a partir de la STSJ de Madrid de 26 de noviembre de 2019 y otra jurisprudencia reciente, si la inscripción registral es un requisito para entender que existe una pareja de hecho y que, por tanto, se les atribuya un trato equiparable al de los cónyuges en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. The non-married partners are a factual situation that exists beyond the Law, and precisely the Law has recognised certain rights or benefits to such factual reality in the light of the legal certainty. In this regard, the regions have regulated their legal regime and have created a register, whose character will have a consequence in the different legal areas. In particular, and in the light of the judgment of the High Court of Madrid of 26 November 2019, this paper addresses if the registration of the unmarried partner is required for the purposes of applying tax benefits in the frame of the inheritance and gift tax.

[Esp]Este Trabajo Fin de Estudios pretende analizar qué es la economía digital, los avances que ha supuesto gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, concretamente, cuáles son los problemas a nivel tributario que plantea debido a la presencia de activos intangibles, el traslado de beneficios y la presencianofísica de grandes empresas que operan en multitud de países provocando conflictos en las distintas jurisdiccionespor la falta de equidad en el reparto de la cargatributaria.Todo esto surge a raíz de que las actuales normas tributarias no se ajustan al actual marco económico digital.Como forma de combatir estos problemas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) junto con el G20 y demás Estados externos crearon una serie de“acciones” o recomendaciones, encuadradas en el llamado Proyecto BEPS. Posteriormente, la Unión Europea también ha reaccionadomediante la emisión de Recomendaciones y Directivas. En la actualidad, aún existe falta de consenso entre los Estados,por lo que no se dispone de resultados esperanzadores.Como medida provisional, la Unión Europea sugirió la implantación de un impuesto que gravara determinados servicios digitales (IDSD) o,como se conoce más comúnmente “Tasa Google” a la espera de un acuerdo firme.En el caso de España, recientemente han salidoa la luzlos polémicosAnteproyecto de Ley del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales y Proyecto de Leydel Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales,no siendo el único país en tomar la iniciativa,ya que otros países como FranciaeItalia han tomado cartas en el asunto e incluso, países de más allá de nuestras fronteras europeas como Corea del Sur ola India ya fueron los primeros en implantar medidas de forma unilateral.[Eng]This final degree project aims to analyze what is the digital economy, the advances it has brought thanks to Information and Communication Technologies (ICT) and, specifically, what are the problems that it poses at a tax level, due to the presence of intangible assets, the transfer of profits and the non-physical presence of large companies that operate in many countries, causing conflicts in the different jurisdictions because of the lack of equity in the distribution of the tax authority.Moreover, what is illustrated before arises from the fact that current tax regulations do not conform to the current digital economic framework.As a way to confront these problems, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) with the G20 and other external States formulated a series of "actions" or recommendations called the BEPS Project. Subsequently, the European Union also wanted to contribute by issuing Recommendations and Directives. Currently, there is still a lack of consensus among the States, so there are no encouraging results yet.As a provisional measure, the European Union suggested the introduction of a tax levied on certain digital services or, as it is more commonly known, the "Google Tax" pending a firm agreement, although this term goes far beyond a law.In the case of Spain, the controversial Draft and Draft Law recently came to light, not being the only country to take the initiative since other countries such as France and Italy have taken action on the matter. Furthermore, non-European countries such as South Korea or India were already the first to implement measures unilaterally. Facultad de Ciencias de la Empresa Universidad Politécnica de Cartagena

El TS ha admitido mediante auto de 31 de enero de 2020, por presentar interés casacional objetivo, el recurso contra la sentencia del TSJ de Andalucía de 8 de marzo de 2019 en la que se determina que la exención del art. 4. Ocho. Dos de la LIP no se aplica a los préstamos participativos. Como es bien sabido, este precepto contempla una exención respecto de las participaciones en entidades. La cuestión que se suscita, y que se aborda en el presente comentario, es si los préstamos participativos se incardinarían o no en el meritado precepto y, en su caso, si estarían exentos a efectos del IP. On 31 January 2020, the Supreme Court has admitted the appeal against the judgment of the High Court of Andalucía of 8 March 2019, which considers that equity loans cannot benefit from the tax exemption for wealth tax purposes regulated in article 4 of the LIP. As it is commonly held, such provision grants an exemption in regard of unquoted shares and comparable interests in companies. Therefore, the question that arises is if equity loans can be included in such provision, being exempted for wealth tax purposes in that case.

El arbitraje previsto en los Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRIs) ha constituido hasta la actualidad un cauce indirecto de resolución de litigios fiscales en el plano internacional. Sin embargo, tras la doctrina Achmea sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se veta la posibilidad de acceso a estos Tribunales en relación con los Estados miembros, en el entendimiento de que tal competencia solo corresponde al Tribunal de Luxemburgo. En el presente trabajo se analiza críticamente el fundamento de esta decisión y se proponen alternativas frente a la posible extensión de la doctrina Achmea a otros Tribunales arbitrales. Como valor añadido del trabajo se incorporan dos propuestas de lege ferenda tendentes a la solución de controversias, tanto en el ámbito europeo como en el internacional, cuales son la articulación del TJUE como Corte fiscal arbitral en el seno de la Directiva europea de resolución de litigios fiscales de 2017; y el Tribunal Internacional de Inversiones del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) como modelo para una futura Corte Fiscal internacional. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Los Planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional» (PROMETEO/2016/053), concedido por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia.

Aunque los pronunciamientos del TJUE en los casos Tesco-Global y Vodafone habían generado una gran expectación por la repercusión que pudieran tener sobre las distintas iniciativas (tanto nacionales, como de la Comisión) sobre la tributación de los servicios digitales en la UE, el contenido final de los mismos ha sido decepcionante. En su análisis sobre la compatibilidad de estas medidas tributarias con la normativa europea sobre ayudas de Estado el TJUE, en un giro inesperado, aplica el test de la vinculación en lugar del test de las tres fases, lo que le permite evitar pronunciarse sobre la principal cuestión de fondo en estos asuntos: la compatibilidad desde el punto de vista económico de los impuestos sobre el volumen de negocios que aplican un tipo de gravamen progresivo con mínimos exentos con los artículos 107 y 108 TFUE. Although eagerly awaited due to their potential impact on digital services taxes in the EU framework, the CJEU's judgments on Tesco-Global and Vodafone cases have proven to be disappointing. While analyzing the compatibility of the Hungarian tax with State aid EU rules, the CJEU took an unexpected turn and applied the hypothecation test instead of the three-step analysis. In so doing, the CJEU was able to avoid deciding on the merits of the case. As a result, uncertainty about the compatibility of turnover taxes with progressive tariffs still remains. La Profesora Begoña Pérez Bernabeu es miembro investigador del Grupo de Investigación que ha recibido las Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia del Programa PROMETEO 2020, «El Derecho Financiero y Tributario ante el reto de la innovación Científica y Tecnológica», (Resolución de concesión de 8 de julio de 2020, Expediente PROMETE0/2020/092), financiado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y cuya investigadora principal es Amparo Navarro Faure.

El actual marco regulador del procedimiento de recuperación de las ayudas de Estado de carácter fiscal hace escasas y parcas referencias al estatuto y los mecanismos de defensa jurídica del contribuyente afectado por un procedimiento de este tipo, siendo, principalmente, la jurisprudencia de los tribunales europeos la que ha perfilado estos aspectos. No obstante, el creciente grado de complejidad técnica de las medidas fiscales consideradas ayudas de Estado y la condición de empresas multinacionales de buena parte de los contribuyentes obligados a devolver estas ayudas, plantean interrogantes sobre los medios de defensa a su disposición que todavía no han obtenido respuesta. En este trabajo la autora analiza los mecanismos de defensa jurídica de los contribuyentes que se ven obligados a devolver una ayuda de Estado de carácter fiscal evidenciando la falta de soluciones jurídicas respecto de algunas cuestiones al mismo tiempo que realiza propuestas de lege ferenda para subsanar estas carencias. In the current regulatory framework on fiscal State aid recovery, the taxpayer's legal status receives too little mention. In fact, this aspect has been mainly developed by the EU case law. The increasing high degree of the technical complexity of recent fiscal State aid involving multinational companies raises unanswered questions regarding the taxpayers' means of defence which can be invoked in a recovery procedure. This paper focusses on the recovery of fiscal State aid from a taxpayer's point of view paying attention to the means of defence available for taxpayers. In so doing, the author shows the existing gaps in the taxpayer's legal protection regime when they are involved in a recovery process and making proposals de lege ferenda in order to overcome these gaps.

L'objectiu principal d'investigació de la tesi doctoral és analitzar de manera integral els aspectes que configuren el mecanisme de desenvolupament net, incloent la seva regulació, règim, característiques i tributació. Així mateix, fem especial èmfasi en la tributació efectiva de les rendes associades a beneficis empresarials obtinguts que guardin relació amb activitats de projectes MDN, o amb el comerç de drets d'emissió, a Amèrica Llatina. En efecte s'examinen cada un dels sistemes fiscals dels països inclòs en la tesi detallant el tractament que s'atorguen en la seva legislació interna a les rendes obtingudes o derivades d'operacions relacionades amb MDL. A més, es defineixen els elements generals dels models de convenis de doble imposició OCDE, ONU i els beneficis empresarials en l'àmbit de l'MCOCDE. El objetivo principal de investigación de la tesis doctoral es analizar de manera integral los aspectos que configuran el mecanismo de desarrollo limpio, incluyendo su regulación, régimen, características y tributación. Asimismo, hacemos especial énfasis en la tributación efectiva de las rentas asociadas a beneficios empresariales obtenidos que guarden relación con actividades de proyectos MDL, o con el comercio de derechos de emisión, en América Latina. En efecto se examinan cada uno de los sistemas fiscales de los países incluido en la tesis detallando el tratamiento que otorgan en su legislación interna a las rentas obtenidas o derivadas de operaciones relacionadas con MDL. Además,se definen los elementos generales de los modelos de convenios de doble imposición OCDE, ONU y los beneficios empresariales en el ámbito del MCOCDE. The doctoral thesis research main objective is to analyse the aspects in an integral way of the clean development mechanism setup, we include its regulation, regime, characteristics and taxation. Likewise, we place special emphasis on the effective taxation of income associated with business benefits obtained that are related to CDM project activities, or the emission rights trade, in Latin America. The tax systems of the countries included in the thesis are examined, we detail the treatment they grant in their internal legislation to the income obtained or derived from operations related to CDM. In addition, we define the general elements of the OECD, UN double taxation agreement models and business benefits within the scope of the MCOCDE.

This contribution aims to bring clarity about the existing R&D&I State aid rules, being focused on R&D&I tax incentives as a form of State aid. Even if they may fall into the scope of art. 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), a justification for their compatibility with the internal market can be found on art. 107(3) TFEU. Thus, the author explores both the GBER and the R&D&I Framework to determine the criteria for the compatibility of R&D&I tax incentives. Finally, as the Commission has approved temporary State aid rules for R&D related to COVID–19, a special reference to the temporary measures and its relationship with the existing State aid rules in the area of R&D&I will be made. Este trabajo trata de aportar claridad sobre las actuales normas de ayudas de Estado a la I+D+i, centrándose en los incentivos fiscales como una forma de ayuda pública. Si bien éstos entran en el ámbito del art.107.1 TFUE, pueden resultar compatibles con el mercado interior en base al art. 107.3 TFUE. En consecuencia, se aborda el estudio del GBER y del Marco I+D+i para determinar los criterios de compatibilidad de los incentivos fiscales a la I+D+i. Finalmente, dado que la Comisión Europea ha aprobado medidas temporales para la I+D+i relacionada con la COVID–19, se hace una especial referencia a las mismas y a su relación con las existentes normas de ayudas de Estado a la I+D+i.

La pandemia sufrida por COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación en la lucha contra la enfermedad y la labor que, en este sentido, llevan a cabo las empresas dedicadas a la investigación. Las Empresas de Base Tecnológica son aquellas que desarrollan los resultados de la investigación, por lo que es importante conocer tanto su régimen fiscal, como las medidas tributarias que se pueden adoptar para fomentar el desarrollo de la investigación biomédica. The pandemic suffered by COVID-19 has highlighted the importance of research in the fight against the disease and the work carried out by companies engaged in research. Technology-based companies are those that develop the results of research, so it is important to know both their tax system and the tax measures that can be implemented to promote the development of biomedical research.

En las sentencias del 11 y 17 de diciembre de 2020, el TS determina si existe simulación en el ejercicio de una actividad económica mediante una sociedad profesional, siendo el socio persona física el que presta los servicios y la sociedad la que factura los mismos. Asimismo, y en caso de no apreciarse simulación, habrá de determinarse cómo ha de calificarse el ejercicio de esa actividad profesional a través de una sociedad profesional constituida con el fin de facturar los servicios prestados. In the judgements of 11 and 17 December 2020, the Supreme Court examines whether there is simulation in the realisation of a business activity through a professional partnership that was set-up to charge the services performed. Moreover, and in case that simulation is not appreciated, it will be required to determine how the realisation of such business activity through a professional partnership should be qualified.

A partir de la experiencia del anterior Proyecto-Red I3CE 2017-18, en esta nueva red de trabajo se pretende dar cobertura, desde la perspectiva del alumnado de la Facultad de Derecho, a los principales problemas y dificultades que entraña las distintas fases de desarrollo del TFG y, por otro lado, conocer el grado de satisfacción con la asignatura y con la labor del tutor. Para ello se propone, a nivel interdisciplinar, diversas medidas estratégicas e innovadoras, con base pedagógica, encaminadas a solventar la problemática objeto de estudio, mejorar la calidad de la asignatura y obtener resultados satisfactorios a la luz de las necesidades de nuestro alumnado. Para esta investigación se ha partido del estudio analítico de los resultados obtenidos a partir de la interpretación de los datos recabados en una encuesta de elaboración propia. Y a la vista de los mismos, se constata que el alumnado está preparado para afrontar con éxito la elaboración del TFG, gracias a la orientación de los tutores y a la puesta en práctica de una adecuada metodología y plan de trabajo.

El objeto del presente trabajo de fin de grado consiste en analizar desde un punto de vista fiscal a las criptomonedas en el marco normativo español. En el análisis de esta cuestión detallamos en la primera parte del trabajo las cuestiones previas relativas a la definición de las criptomonedas, el Blockchain, la criptografía y los sujetos intervinientes en las mismas, para posteriormente proceder en la segunda parte del trabajo con un análisis pormenorizado de los impuestos más importantes en el sistema español en relación a las criptodivisas, las dificultades que plantean en su regulación, y las posibles soluciones para abordar este tema de plena actualidad

Las criptomonedas existen desde hace más de diez años, pero en 2017 es cuando captaron la atención a nivel mundial debido al incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa hasta el momento, el bitcoin, desde entonces su crecimiento ha sido imparable y su uso ha aumentado exponencialmente. Este nuevo fenómeno económico y jurídico tiene consecuencias fiscales para las cuales no existe un régimen específico de tributación. En este estudio se intenta reflejar la problemática existente en cuanto a la consideración jurídica de las criptodivisas debido a la escasa regulación al respecto, cuestión determinante de su tratamiento tributario sobre la cual ya existen pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos.Este trabajo se centra en primer lugar, en la consideración jurídica de las criptomonedas y en los aspectos técnicos esenciales para entender su funcionamiento, y en segundo lugar, en las consecuencias fiscales que derivan de su clasificación jurídica.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana esun tributo de larga trayectoria en nuestro Ordenamiento Jurídico del que en diversasocaciones se ha cuestionado su posible constitucionalidad debido a su defectos. En losúltimos años, su fórmula de cálculo ha resultado el centro de todas las polémicas al nocontemplar las posibles minusvalías. Consecuencia de ello, el Tribunal Constitucionalha tenido que pronunciarse al respecto declarando su inconstitucionalidad. Estasentencia se ha tenido que completar con las posteriormente dictadas por el TribunalSupremo aclarando el alcance y los posibles medios probatorias que deben utilizarsepara la demostración de las minusvalías, siendo prueba suficiente las escrituras delinmueble.En la actualidad, se siguen presentando grandes controversias alrededor deltributo como son las posibles vías de recurso de las liquidaciones anteriores a estasresoluciones judiciales al no establecerse un procedimiento único y uniforme, y lasposibles soluciones para adecuar la fórmula de cálculo de la base imponible, situaciónagravada por el panorama político en el que se encuentra el país

It is possible to talk about an international tax regime taking into account the international regime theory developed in the framework of international relations. As this is defined as a set of rules and principles that regulate the international tax arena, this contribution analyses if the single tax principle can inspire such an international tax realm. The author explores the roots and developments of the single tax principle and focuses on the purposes of double tax conventions in order to determine whether single taxation is actually a desired outcome of tax treaties. The author also tackles international custom and arrives at the conclusion that the international tax regime does not rise to the level of customary international law. In this regard, the international tax regime is based on competition rather than on coordination, being regarded as a non-comprehensive regime. The question that arises, then, is whether single taxation can act as a coordination mechanism to turn the international tax regime into a comprehensive one. This article was written during a research stay at the Institute for Austrian and International Tax Law in 2018, funded by the Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, OeAD-GmbH (Ernst Mach Grant). Moreover, the article has been developed in the frame of the publicly funded project "Los Planes de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional" (PROMETEO 2016/053), Generalitat Valenciana.

Los impuestos especiales están configurados como tributos con fines específicos cuyo fin último es la consecución de objetivos relacionados con el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los países utilizan este tipo de impuestos con un fin recaudatorio, favoreciendo así los intereses económicos de los Estados. En el presente trabajo se analizará en profundidad y desde un punto de vista crítico la aplicación y finalidad de uno de los impuestos especiales más importantes y, a su vez, más controvertidos: el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. El trabajo se estructura en tres capítulos: en el primero se realizará una revisión del concepto de tributo y sus clases, prestando una especial atención a los Impuestos Especiales de Fabricación; el segundo capítulo está enfocado al desarrollo del Impuesto sobre Hidrocarburos en el ámbito nacional y, por último, durante el tercer capítulo se analizará cómo se comporta el citado impuesto en el territorio comunitario, y se explicará a su vez un caso concreto de discrepancias entre la normativa europea y la española.

La finalidad del presente trabajo es examinar la cláusula «exit taxation» prevista en la Propuesta de Directiva europea, publicada el 28 de enero de 2016, para combatir la elusión fiscal. Esta temática no forma parte del Proyecto BEPS de la OCDE, pero sí ha centrado desde hace tiempo la atención de las instituciones europeas. En este sentido, la ausencia de resultados concretos ha motivado el cambio de estrategia de la UE, de la coordinación a la armonización fiscal. Nuestro estudio se polariza en torno a la configuración del artículo 5 de la Propuesta de Directiva y su régimen jurídico que, en caso de aprobarse, sería vinculante para los Estados miembros. En este contexto, se realiza un análisis comparativo respecto a los gravámenes de salida sobre sociedades previstos actualmente en el ordenamiento español. Y, finalmente, se efectúa una aproximación a la interacción de este futuro «exit tax armonizado» con los CDI, cuestionándose el hecho de que, a través de una Directiva, la UE pueda condicionar el «treaty making power» de los Estados, especialmente por lo que concierne a CDI entre Estados miembros y terceros países. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación «El Plan de acción europeo contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y su incidencia en el ordenamiento jurídico español» (DER2015-64816-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de excelencia.

La financiación autonómica constituye un tema clave, que en este trabajo abordamos desde la perspectiva de la Comunitat Valenciana y del desarrollo de su poder normativo sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Tomando como punto de partida los distintos modelos de financiación autonómica y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana de 1982, se analizan comparativamente las previsiones actuales de éste en relación con su primigenia redacción, así como la capacidad normativa sobre los tributos cedidos en el marco del vigente modelo de financiación instaurado por la Ley 22/2009. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, fuertemente contestado a nivel social en la actualidad, polariza nuestras reflexiones acerca de cuál es el uso que la Comunitat Valenciana ha realizado de su potestad de normar, al objeto de determinar si realmente se han alcanzado los objetivos pretendidos en términos de corresponsabilidad fiscal, a la luz de los principios constitucionales de autonomía financiera, suficiencia financiera y solidaridad, que presiden la ordenación de las Haciendas territoriales. Spanish regional funding constitutes a relevant matter, which is dealt with in this paper from the perspective of the Valencian Community and its legal regulation on the Inheritance and Gift Tax. Taking as a starting point the different models of regional funding and the Valencian Community Statute of Autonomy of 1982, a comparison between the original and the current content is made, together with an analysis of the capacity to regulate on the transferred taxes, delegated by the State on the Autonomous Communities in the context designed by Act 22/2009. Moreover, the study focuses on how the Valencian Autonomous Community has exercised this legal power, regarding the Inheritance and Gift Tax (strongly discussed by the public opinion nowadays). The objective is to determine whether the "joint responsibility" has been achieved, in the light of the constitutional principles of tax autonomy, tax sufficiency and solidarity that inform the regime of the Regional Tax Administrations. Generalitat Valenciana (Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación)

Reseña de jurisprudencia del TEDH en materia tributaria. Análisis crítico de las distintas sentencias del Tribunal que han analizado la incidencia del Convenio Europeo en materia tributaria durante el período comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018.

El trabajo analiza las consecuencias que comporta la apreciación de indicios de delito fiscal sobre los distintos procedimientos tributarios, a raíz de la última reforma legislativa operada en 2015. El examen acometido pone de relieve que estamos ante un cambio legislativo que presenta luces y sombras, pues junto a las mejoras introducidas existen, asimismo, aspectos discutibles al hilo de la simultaneidad procedimental que se arbitra, la doble liquidación o la irrecurribilidad en vía administrativa y judicial de la liquidación vinculada al delito, además de la problemática suscitada en torno a la virtualidad del derecho a no autoincriminarse y el principio ne bis in idem.

El TSJ de Asturias aborda la cuestión de si una contribuyente, cuyo despido fue declarado nulo por el Juzgado de lo Social, tiene derecho a la deducción por maternidad. La cuestión controvertida, entiende el TSJ, está en determinar si la contribuyente ejercía una actividad por cuenta propia o ajena durante ese período. The High Court of Asturias examines whether a taxpayer, whose dismissal was declared nulled, has the right to benefit from the deduction for maternity. According to the Court, it should be determined if the taxpayer exercised an activity as a worker or self-employee during the relevant period.

1. Introducción. 2. Ámbito subjetivo de aplicación de la norma. 3. Cálculo de los gastos financieros deducibles durante el periodo impositivo. 3.1. Cómputo de los gastos financieros netos. 3.2. Cálculo del beneficio operativo del ejercicio. 3.3. Utilización de los márgenes no «consumidos» en periodos impositivos anteriores y cuantía mínima deducible. 4. Consecuencia jurídica de la superación del límite de deducción de los gastos financieros. 5. Límite adicional aplicable en el caso de endeudamiento contraído específicamente para la adquisición de sociedades. 6. La aplicación del límite a la deducibilidad de los gastos financieros en las sociedades que tributan en el régimen de consolidación fiscal. 6.1. Aplicación del límite sobre el beneficio operativo del grupo. 6.2. Aplicación del límite a las entidades que se integran o abandonan un grupo fiscal. 7. La aplicación del límite a la deducibilidad de los gastos financieros por las entidades que tributan en el régimen especial de agrupaciones de interés económico y de uniones temporales de empresas. 8. Inaplicación del límite en caso de extinción de la entidad. 9. Compatibilidad del límite a la deducibilidad de los gastos financieros con el Derecho comunitario y con los CDI. Esta aportación ha sido elaborada en el marco del proyecto «El Plan de Acción europeo contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y su incidencia en el ordenamiento tributario español» (referencia DER2015-64816-P MINECO/FEDER).

El TSJ de Murcia aborda la cuestión de si un contribuyente en el ejercicio 2010 era residente fiscal en España y, por ende, sujeto pasivo del IRPF o, si, por el contrario, era residente fiscal en Tailandia y, en consecuencia, sujeto pasivo del IRNR. Para ello, se centra en el análisis del art. 9.1.a) LIRPF, esto es, el criterio de la permanencia en territorio español. Señala el TSJ de Murcia que no queda acreditado que el contribuyente haya permanecido más de 183 días en territorio español y que, además, ha aportado un certificado de residencia fiscal expedido por el gobierno tailandés. En consecuencia, el regreso a España motivado por circunstancias familiares excepcionales no puede suponer la recuperación de la residencia fiscal española, pues el tiempo transcurrido en España ha de entenderse como una ausencia esporádica de Tailandia, en cuyo territorio reside. The High Court of Murcia determines whether a person was resident in Spain or in Thailand for the 2010 tax year. For that purpose, article 9(1)(a) of the LIRPF is analysed. This means a criterion of physical presence in Spain. According to the High Court of Murcia, it has not been confirmed that the taxpayer has stayed more than 183 days in Spain and, on the other hand, the taxpayer has provided with a residence certificate issued by the government of Thailand. Therefore, the return to Spain because of extraordinary family circumstances cannot imply the recovery of the Spanish tax residence as the time that the taxpayer spent in Spain during 2010 was regarded as a sporadic absence from Thailand, where the taxpayer resides.

PART ONE: GENERAL RULES REGARDING INTEREST DEDUCTIBILITY. 1.1. Definition of “interest”. 1.2. Interest deductibility. PART TWO: LIMITATIONS ON INTEREST DEDUCTIBILITY BEFORE THE BEPS ACTION 4 REPORT. 2.1. General overview. 2.2. Limitations that re-characterize interest as a non-deductible distribution. 2.3. Limitations that disallow interest deductions without any re-characterization. PART THREE: IMPLEMENTATION OF THE PROPOSALS IN THE BEPS ACTION 4 REPORT. 3.1. General overview. 3.2. Implementation of BEPS Action 4 report. 3.2.1. The scope of application of the general limitation rule. 3.2.2. Delimitation of net interest expenses. 3.2.3. Calculation of the 30% ceiling of the entity’s operating profit. 3.2.4. De minimis threshold and the unused interest capacity. 3.2.5. The excess of the benchmark fixed ratio. 3.2.6. Additional limit for the indebtedness in regard of the acquisition of shareholding. 3.2.7. Application of the general limitation rule to consolidated tax groups. 3.2.8. Non-application of the general limitation rule. 3.2.9. Special anti-avoidance rules on the deductibility of interest expense. 3.2.9.1. Special rule on the intra-group financing. 3.2.9.2. Special rule on hybrid mismatch arrangements. 3.2.9.3. Special rule on expenses on services related to tax havens. 3.3. No implementation of BEPS Action 4 report. 3.4. European Union implementation. PART FOUR: CROSS-BORDER CONSEQUENCES. 4.1. Domestic rules addressing foreign interest-limitation rules. 4.2. Mutual agreement and other mechanisms for avoiding double taxation. 4.2.1. Before the BEPS Action 4 report. 4.2.2. After the BEPS Action 4 report. The report has been elaborated in the frame of the publicly funded project: DER2015-64816-P MINECO/FEDER.

Recent developments in tax policy within the European Union and at the international level (i.e. BEPS Actions and the BEPS implementation process) have made it relevant to analyse how the European Union interacts in tax terms with other relevant international tax actors (i.e. the OECD and third countries). The European Union has tried to define its own standards of good tax governance, which are not completely equal to those of the OECD, and is trying to export those standards to third countries. Like its internal tax policy, the external policy is more inclined to protect Member States’ tax bases and their competitive position than to promote single or free market values, which may contradict some of the free trade and fundamental goals the European Union sought to protect. In this field, recent developments in the case law of the Court of Justice of the European Union also need to be taken into account and may exert a very relevant influence on the formulation of the external tax policy, up to the point at which a change in direction may be needed. Within this context, the book explores the configuration of the external tax policy of the European Union, including (i) what the differences or similarities are with international standards already defined at the international level; (ii) where there may be problems in terms of interaction with those standards or with EU law principles; and even (iii) whether the European Union is behaving in a protectionist manner in tax terms. It also offers input on areas in which the external tax policy of the European Union should be reconsidered, as well as on the specific situations of some of its main trading partners (e.g. the United Kingdom and the Brexit process or the United States in the context of its tax reform). 2018-19