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Este es un estudio de caso sobre un litigio que ha sacudido a Ecuador por más de tres décadas. Este caso es un laboratorio vivo para estudiar cómo las estrategias de litigio transnacional se ven influenciadas y nutridas por las relaciones internacionales, el derecho internacional público, la política y el derecho comparado. A finales de la década de 1990, los hermanos Isaías pasaron de ser los hombres más ricos y poderosos de Ecuador, a ser acusados como los culpables del mayor desfalco financiero en la historia. El Estado incautó miles de millones de dólares en bienes de los Isaías y comenzó una batalla legal transnacional de veinte años. Este trabajo tiene tres objetivos. Primero, hacer un relato riguroso de la historia procesal de uno de los juicios más complejos y controversiales de la historia de Ecuador con posibles efectos en América Latina. Luego, estudiar su impacto en la Doctrina de Acto e Estado. Finalmente, estudiar cómo el litigio transnacional en el ámbito de los derechos humanos ante el Sistema Universal puede convertirse en un camino altamente efectivo para la protección de los intereses patrimoniales. Este ensayo relata uno de los casos de litigio transnacional más intensos e interesantes de América Latina y sistematiza sus lecciones.

El presente artículo analiza la naturaleza del principio in dubio pro operario y explica porque este no debe ser aplicado para resolver las dudas que surgen en razón de los hechos que fueron aportados y probados dentro de una audiencia, pues de hacerlo, se vulneraría el derecho al debido proceso y defensa de las partes al momento de emitir una resolución o fallo contraria a derecho. Sobre esta base, se abordan diferentes principios e instituciones como la interpretación de normas, el principio de igualdad desde la óptica procesal, la carga de la prueba y su distribución, las reglas para la valoración de la prueba, y la garantía del debido proceso.

El presente comentario de sentencia analizará la aplicación del debido proceso y del interés superior del niño como principios que deben observarse en los procedimientos disciplinarios que tienen lugar en los establecimientos educacionales, generando una obligación para éstos en orden a aplicar el Manual de Convivencia Escolar bajo criterios de igualdad, adoptando medidas pedagógicas y psicosociales que se adscriban a un proceso formativo y no necesariamente sancionatorio.

Los preceptos legales establecidos en el Decreto MOP N°900, que regulan la resolución de confl ictos derivados del contrato de concesión, mediante una Comisión Arbitral, establecen prerrogativas que vulneran nuestro orde-namiento jurídico. En vista de esto, y mediante un análisis exhaustivo, se concluye que dicha normativa vulnera el principio Constitucional del debido proceso, al establecer un procedimiento que no respeta las garantías míni-mas que aseguran un resultado justo y equitativo del confl icto.

La hipótesis central de esta investigación consiste en determinar que la necesidad de la reformulación de la justicia civil, radica en adecuarse a los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido sobre el debido proceso. Para el cumplimiento de tal meta argumentaremos que dicho resultado no puede alcanzarse por la vía de la adecuación de la actual legislación a ciertas garantías. En tal sentido, resulta necesario un cambio de paradigma entorno a los principios que informan el proceso civil en Chile. Es por este cambio en las bases sobre los cuales se erige el proceso que resulta indispensable la implementación de un nuevo Código Procesal Civil. Mediante esta obra, el lector podrá apreciar, especialmente en su parte dispositiva, que para adecuarnos a los estándares de debido proceso impuestos por la Corte IDH, será necesario una reformulación en la esencia del proceso, lo cual no puede ser alcanzado mediante parcialidades, sino más bien mediante la promulgación de un Código Procesal Civil

El presente trabajo de investigación expone las principales tendencias doctrinales existentes acerca de la prueba, haciendo énfasis en su configuración como derecho fundamental y su manifestación en la jurisprudencia constitucional comparada; para luego analizar brevemente los elementos que integran el derecho a la prueba y sus alcances como elemento sustancial del debido proceso, acorde a su intenso desarrollo en la jurisprudencia constitucional boliviana. Finalmente, se incluyen algunas líneas jurisprudenciales relevantes acerca de la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, así como la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento de la garantía del debido proceso, de acuerdo con la reciente jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

The fundamental rights of the crime victim have been strengthened through the establishment of the accusatorial criminal procedure in the Political Constitution of the United Mexican States. The problem is that important rules of the National Code of Criminal Procedures are still restrictive in terms of their constitutional rights. The current paper aims at analyzing the right of the crime victim to become an active part of the criminal procedure and as a result, this right could turn into a guarantee to provide effective access to every single stage of the criminal procedure for the adequate and timely defense of their interests according to due process of law. It is concluded that this right is the nucleus of a jurisprudence doctrine issued by the Federal Tribunals to progressively broaden the scope of the adjectival rights of the victim in conditions of procedural equity with the defendant's rights. This is a documentary research developed within the framework of the theory of guarantee procedural law through the analytical and hermeneutic methods. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El debido proceso es una garantía esencial que se desprende en el derecho que tiene toda persona de conocer y refutar todas las actuaciones que contra estas se adelantan, lo cual es apreciable en diversas expresiones según la naturaleza del asunto sujeto a debate. En esta investigación, se realizará un recorrido sobre el debido proceso y su manifestación en el procedimiento tributario como una limitación al ejercicio del poder tributario por parte de la administración, sirviendo como garantía para procurar que la decisión se ajuste a derecho y, de esta manera, se pueda lograr la verdad real en cada asunto cuestionado al momento de determinar la configuración de los elementos de un tributo.

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Este ensayo aborda el análisis del principio de imparcialidad y su relación con el debido proceso, como fundamento de la actuación del juez, recogido en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales: la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual forma, se presentan criterios de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional, relacionados con el principio indicado. Se concluye que el principio de imparcialidad constituye una verdadera protección respecto de la garantía del derecho a la defensa, sin el cual no se obtendría una decisión justa, apegada al derecho, debido a que su vulneración se traduciría en la violación plena del debido proceso, y más específicamente, del derecho a la defensa.

Se analiza si el Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones cumple con los estándares interamericanos de derechos humanos y el bloque de convencionalidad. Asimismo, se plantea el camino que debió tomar el Tribunal Supremo de Elecciones a la hora de conciliar la autonomía de la función electoral y el carácter irrecurrible de sus resoluciones.

Protecting human rights and dignity as an essential core requires a more significant commitment from the State and society in general. It is not enough to recognize them, but it is a priority to generate effective protection rules and mechanisms that allow them to be exercised responsibly and obtain immediate protection when infringed. However, despite being recognized as a human and fundamental right in the Colombian legal system, the authorities on different levels, the public force, and civil society have often ignored the right to peaceful social protest. In addition, peaceful protesters are subject to stigmatization since those who exercise it are considered without proof as guerrillas, mamertos, vandals, and other pejorative adjectives, being victims of physical, psychological, and even sexual violence. Therefore, it is essential to examine this situation from a legal, social, and ethical perspective with different sectors such as the Academy, civil society, legal operators, the Congress of the Republic, the National Government, the Departments, and Municipalities, among others, to determine which are the procedures that regulate peaceful social protest in Colombia in order to nurture the legal system, strengthen the process and materialize justice. We intend to provide a legal analysis as input for debate and construction. The investigation conclusions will be shared in the light of social protests, human rights, and the process. We will first define: What we understand by human rights and social protest. In second place, we will analyze the procedures established in the Colombian legal system that regulates peaceful social protest. Additionally, we will expose the role of the Department of Boyacá in the framework of peaceful social protests and the protocols used. Finally, a series of contributions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El presente comentario analiza una sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina que tuvo como principal fundamento la vulneración al debido proceso, como consecuencia de la visión de túnel que afectó a los funcionarios policiales durante la etapa de investigación. El objetivo del presente comentario es entregar una breve noción general del concepto visión de túnel, para luego comentar la decisión absolutoria, sistematizando el razonamiento del tribunal.

Teóricamente la estructura de los procesos consagrados en la Ley 1437 de 2011 está diseñada para que se desarrolle en términos cortos, sin embargo, en la práctica esos términos tienden a incumplirse por diversos factores, por lo que su observancia queda supeditada a la capacidad de los juzgados, generando retrasos y congestionamientos. Es por ello por lo que desde el legislador se plantea como solución a dichos dilaciones la materialización del principio constitucional de celeridad. Ahora bien, en el presente artículo se pretende desde una aproximación dogmática y hermenéutica del principio de celeridad en el ordenamiento juridico colombiano un análisis crítico de la implementación de dicho principio en los procesos orales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El derecho a la defensa constituye garantía básica del debido proceso, que se configura a su vez como uno de los fundamentos esenciales del Estado constitucional de derechos y de justicia, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. El propio texto consti - tucional establece que en todo proceso o procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones se ob - servará el cumplimiento de esta garantía. La expansión de los procedimientos administrativos exige una revisión crítica sobre el ejercicio del derecho a la defensa que, tra - dicionalmente, ha sido objeto de estudio en los procesos en vía judicial. El objetivo del presente artículo es describir los elementos de configuración del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo regulado en el Código Orgánico Administrativo de 2017 (COA). En ese propósito se utilizan los métodos de análisis-síntesis, lógico-jurídico y exegético-jurídico.

Este ensayo pretende hacer una comparación entre Colombia y Brasil sobre el derecho a la propiedad y el término bien baldío. Como lo desarrollaremos a lo largo de este texto, no existe una definición unívoca en Colombia del bien baldío, lo que ha generado una alta inseguridad jurídica a través de pronunciamientos dispersos de la jurisprudencia de las altas cortes. En el Brasil, el equivalente alude a las tierras devolutas como imprescriptibles e inalienables, y aunque no exista antecedente de un registro de dominio, se presume la propiedad privada o como tierra de nadie en los términos del Código Civil de 2002. En ese sentido, los particulares pueden adquirir por prescripción la tierra que posean pues el bien no será considerado como devoluto sino pasible de dominio. En Colombia, el acceso equitativo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios en los términos del artículo 64 de la Constitución, cuenta con una interpretación relativa, en la medida en que los bienes rurales explotados económicamente, pero sin antecedente registral como baldíos, desconoce la presunción de propiedad privada. Con ello, se está afectando el derecho fundamental al debido proceso por el juez. Esta interpretación jurisprudencial genera un gran vacío jurídico, atentando contra la seguridad jurídica y la confianza legítima propias de Estado de Derecho.

Aunque todos sabemos que errar es de humanos, en el ejercicio de la función jurisdiccional muchas veces los jueces se enfrentan al impedimento de enmendar los errores en los que se incurre durante un proceso judicial, debido a la imposibilidad de retrotraer las actuaciones procesales. La Constitución Política de Colombia de 1991 otorgó al juez constitucional la facultad de realizar un control de legalidad de determinadas decisiones judiciales; potestad que tradicionalmente se ha entendido vedada al juez de la causa, debido a la perentoriedad de las etapas procesales. Con los recursos judiciales se busca que sea el mismo juez de la causa, o ad quem, quien verifique la adecuación al ordenamiento jurídico de la decisión tomada y la actuación procesal adelantada para llegar a ella. Con todo, a la luz del derecho fundamental al debido proceso, todos los jueces de conocimiento adquieren el deber de garantizar el ejercicio pleno de dicho de derecho, y, en virtud de dicho deber, en determinadas circunstancias es posible que el juez de la causa deje incluso sin efecto una actuación procesal, aunque no se esté en el marco de un recurso. Así pues, este artículo es un esfuerzo académico por demostrar que, en Colombia, es posible que el juez de la causa eventualmente retrotraiga la actuación procesal, bajo los estrictos criterios del debido proceso, aunque la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria descarten esta posibilidad, a la luz del principio de legalidad y del principio de seguridad jurídica.

En los Estados Unidos, el hábeas corpus es, esencialmente, una acción civil planteada ante los tribunales federales, cuyo objeto es revisar las condenas penales dictadas por los tribunales locales cuando estos han incurrido en violación de la Constitución o de leyes federales. Se trata del llamado collateral review of criminal convictions, que también se ejerce sobre las condenas dictadas por los tribunales federales, aunque esta función es menos común. Este artículo analiza dicha acción y examina si podría ser aplicada en la Argentina.

El pensamiento cientifista moderno que pretende obtener certezas mediante la búsqueda de afirmaciones indiscutibles sobre hechos irrefutables derivados de la protocolización y estandarización de procedimientos que nos alejen del debate sobre los valores e intereses particulares, ha olvidado que la formalización que requiere el diseño de todo procedimiento aplicable a casos concretos supone siempre la incorporación de finalidades relativas a valores e intereses. Este olvido, propio del pensamiento moderno, se ha visto acompañado de otra actitud: la hiperespecialización de las disciplinas, de manera que sus consecuencias y los debates sobre las mismas en una especie de constante reinvención de la rueda se han reproducido estérilmente. Mediante un estudio interdisciplinar que pone de manifiesto las líneas comunes en debates paradigmáticos en los campos del derecho, la retórica, la lingüística, la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial simbólica, así como la teoría política, pretendemos poner de manifiesto la incapacidad de las teorías procesualistas de satisfacer esa aspiración de certeza y neutralidad absoluta propia de las sociedades postmetafísicas en sentido habermasiano.

This article is the result of the analysis of the protection action, based on the Constitution of the Republic of Ecuador; Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control; jurisprudence and precedents issued by the Constitutional Court of Ecuador and contemporary doctrinaires. To file a protection action, only the quality of citizen is required, therefore, it can be presented by any person at the time when their rights have been violated either by a public authority or by private persons. One of the peculiarities of this constitutional judicial process is that its character is not residual; Therefore, the objective of this work is to analyze the protection action as a mechanism to guarantee the fundamental rights of people in the Ecuadorian legal system, for which a qualitative approach based on the documentary bibliographic analysis was used.

Due process is a legal right, established in the Political Constitution of several States. The right to education and the principle of university autonomy complement each other, to start disciplinary procedures to university students when the case warrants, within these processes there are distinctive features because their rules are not placed in laws, but in regulations enshrined by universities, in the exercise of the principle of university autonomy, there is also the academic part of higher education and finally the student-university relationship that is limited to the right to education understood in its double right dimension - must. This article is focused on making a review on what are the elements that must contain the sanctioning processes issued by the Universities to guarantee due process in all its stages.

The phenomenon known as politicization of justice is examined. Indeed, the need arises to determine a counterweight in the judicial system, in the face of the excesses of political power that affect the democracy model. The function of the judges to administer justice consists in issuing sentences attached to law and justice. The objective of the investigation is to analyze judicial independence as a mechanism to reduce the politicization of the courts in the administration of justice in Ecuador as opposed to democracy and violation of basic guarantees such as due process. The scientific research methodology was based on the qualitative paradigm, based on analytical-synthetic and inductive-deductive methods. It is concluded that the administration of justice requires a strong judiciary, with the capacity to meet the legitimate claims of citizens, and this is only achieved when it is independent and impartial.

El Código de Trabajo Ecuatoriano, contempla el trámite administrativo de visto bueno, como primera opción para resolver conflictos laborales, este proceso debe garantizar los derechos consagrados en la Constitución, el problema de este trámite se ocasiona al disponerse en el Código de Trabajo que ha falta de un procedimiento propio se utilice de forma supletoria el procedimiento contemplado en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En virtud de lo expuesto, el objetivo de ésta investigación es garantizar los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador, para tal efecto se ha utilizado los métodos histórico lógico, método hipotético deductivo y lógico inductivo, para justificar la necesidad de crear un procedimiento propio para la sustanciación del trámite administrativo, finalmente otorgar a la resolución de visto bueno, fuerza de fallo para garantizar el derecho al debido proceso y seguridad jurídica.

La Constitución de la República de Ecuador, en su articulado señala de forma concreta derechos, garantías, deberes y principios constitucionales de sus ciudadanos. Uno de sus principios que se encuentran en nuestra constitución es la proporcionalidad. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación consiste en analizar y determinar la efectiva aplicación del principio de proporcionalidad de las penas en los delitos cometidos por menores o adolescentes infractores sustentada en las garantías del debido proceso. La metodología utilizada en la investigación es de modalidad Cualitativa de análisis crítico, de tipo explicativa, siguiendo los métodos Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético, de alcance exploratorio; revisión bibliográfica sustentada en el análisis, síntesis y esquematización de la información. Al finalizar la investigación ha sido posible establecer que es una realidad el incumplimiento del principio de proporcionalidad en la determinación de la pena en los casos de delitos cometidos por menores o adolescentes infractores.

This article turns its interest in the analysis of the due process as a legal institution that watches over the fulfillment of the constitutional guarantees of the people immersed in an administrative summary, within this process contemplated in the general regulation to the Organic Law of Intercultural Education , in its phases of previous actions and in the trial stage, it is not determined precisely what are the actions that the procedural parties have to execute to request, evacuate and contradict the evidence presented. Emphasis is placed on the importance of having a natural judge in this type of procedure, since according to the norm that contemplates it, it indicates that the JDRC is an organ integrated by the same officials of the district level of education, the Ministry of Education and its regulations I would not be guaranteeing the right of teachers to be judged by a competent judge.

Desde su concepción en la jurisprudencia argentina, la doctrina del exceso ritual manifiesto ha influido en la impartición de justicia en diversos países, incluyendo a México. Aunque la jurisprudencia mexicana no utiliza habitualmente la expresión “exceso ritual manifiesto”, ha adoptado por diversas vías la doctrina propia de dicha figura. Dicha doctrina permite identificar el apego excesivo, mecánico o desproporcionado a las normas procedimentales. Entre los medios de defensa en materia fiscal, el recurso de revocación destaca por haberse creado con la intención expresa de privilegiar el fondo sobre la forma y de reducir formalismos. Sin embargo, todavía existen disposiciones y aplicaciones ritualistas de las reglas del procedimiento que contradicen esa finalidad.

En el siglo XX, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos limitan la facultad del Estado de expulsar a ciudadanos de su territorio – nacionales y no nacionales – al tiempo prohíben la expulsión colectiva de extranjeros, entendiendo por tal la que ha sido adoptada sin un análisis suficiente de las circunstancias individuales de cada caso vulnerando, de este modo, las garantías procesales mínimas; la infracción de estas últimas se traduce en la afectación de otros derechos fundamentales como la integridad física y psíquica, libertad y seguridad individuales y protección de la familia. De ahí su gravedad y el rechazo que la misma provoca en la comunidad internacional, no obstante lo cual ella sigue practicándose por los Estado en tiempo de guerra y de paz. Este artículo analiza las órdenes de expulsión adoptadas por la autoridad administrativa de Chile en el año 2021, en un contexto de flujos migratorios intensificados y la pandemia del Covid 19, a objeto de determinar si las mismas incurren o no en vicios de ilegalidad y si, con infracción de los compromisos internacionales adquiridos por el país, constituyen expulsiones colectivas. Para el logro de este objetivo, se analizarán los instrumentos y jurisprudencia internacional de derechos humanos, la normativa nacional en la materia y la jurisprudencia de los tribunales superiores, en especial, la emanada de la Corte Suprema de justicia de Chile.

El presente trabajo se realizó con base en las sentencias de Primera Instancia ejecutoriadas en el año 2019, sobre infracciones penales en el Cantón Cañar de la Provincia Cañar en Ecuador. Siendo la sentencia el punto crucial del proceso penal, se estableció como finalidad verificar en qué medida ellas adolecían del vicio de inmotivación, falencia esta que viola el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener una decisión fundamentada y, por ende, el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Previamente, se acometieron aspectos asociados a la motivación, desde una perspectiva histórica, conceptual, dogmática, constitucional y jurisprudencial. Utilizando un abordaje científico y observando con rigurosidad la metodología estadística, tomamos como base, el universo de 45 sentencias penales para analizarlas y llegar así, a la verificación de ciertas interrogantes asociadas a los derechos referidos. Se arriba entonces a importantes conclusiones y recomendaciones tendientes a promover una profunda reflexión, que optimizará el ejercicio técnico de la motivación en la jurisdicción penal del Ecuador.

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El texto sostiene que, en una democracia constitucional como la chilena, los únicos fundamentos del Derecho penal y de la imposición de las penas han de encontrarse en la normativa constitucional vigente. Ellos son los principios de legalidad, reserva y debido proceso. Se descartan así las teorías tradicionales del ius puniendi y los fundamentos sociológicos o de otro tipo dominantes en la literatura.

El presente trabajo se tiene como que objetivo llevar a cabo un estudio en relación cómo se configura el debido proceso en los mecanismos alternos de solución de controversias, para ello, se necesita de la preparación de los mediadores así como el uso de técnicas y herramientas que ayuden a configurar un debido proceso en la solución de conflictos de las persona. Por lo tanto se necesita de una buena preparación y capacitación del mediador, para que, este pueda desarrollar un buen proceso de los mecanismos alternos ya sea que se trate; de mediación o conciliación, así se crea un correcto debido proceso en la solución de un conflicto que llegue ante este tipo de justicia alternativa.

Este trabajo presenta una opinión sobre los derechos de los niños y de las niñas partiendo de postulados lógico-formal en la construcción jurídica, teniendo como eje el impacto que se genera en los proceso judiciales y como enfoque el reconocimiento de actos en un esquema de protección también de resguardo que se presentan durante y después de los procesos judiciales, optándose por un esquema dogmático de nuevos elementos que desde otras figuras que parten de la aplicación de los derechos humanos, así de los efectos jurídicos en la labor del juzgador al momento de resolver en un caso concreto.

En este artículo científico se desarrolla el tema de la notificación a través de medios electrónicos, su validez, idoneidad e incidencia en el principio y garantía del debido proceso. En desarrollo de este tema, se aborda la teoría general y las nociones jurídicas en torno al debido proceso y el desarrollo teórico y jurídico de la notificación electrónica. Además, se hace un análisis del proceso y motivaciones que llevaron al surgimiento de la política de Gobierno en Línea y la comunicación, notificación y publicación de las actuaciones administrativas por medios electrónicos. En este sentido, se elaboró una investigación descriptiva y documental que profundiza en las ventajas, desventajas, condiciones de uso, implicaciones de la notificación electrónica y las consecuencias por un defecto en su correcta ejecución. De igual forma, se hace un examen de los efectos que producen los actos administrativos que son puestos a conocimiento de sus destinatarios a través de los medios informáticos. Estos objetivos fueron desarrollados bajo un enfoque cualitativo y bajo el empleo de un riguroso análisis teórico, jurídico y jurisprudencial, que garantiza una evaluación objetiva acerca de la idoneidad y validez de la notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular.

Este artículo desarrolla el proceso inmediato como referencia de simplificación y celeridad procesal, el mismo que ha sido elaborado bajo el aporte de numerosos autores en materia procesal penal. Siguiendo una óptica pragmática y doctrinaria; se ha tomado como matriz principal, el desarrollo teórico realizado por Alonso Peña Cabrera Freyre frente a las aclaraciones y reflexiones brindadas por César Nakazaki Servigón. Desde los antecedentes del proceso inmediato, su evolución en el ordenamiento peruano, su aplicación y resolución procesal, hasta su naturaleza jurídica, el derecho a la defensa eficaz y el plazo razonable. Finalmente, se ha desarrollado un conjunto de conclusiones que configuran el objetivo de este trabajo, el mismo que obedece a la revaloración de los presupuestos materiales y los supuestos legales de aplicación por parte del Ministerio Público en las nuevas reglas y garantías que recoge el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004.

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