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Este trabajo de investigación, busca establecer que a pesar de que el elemento culpabilidad es un límite al ius punendi en el ordenamiento jurídico colombiano, existen estados alterados de conciencia, que disminuyen la capacidad de culpabilidad o la imputabilidad del individuo y las mismas están en una laguna normativa, ésta situación no es completamente ajena a nuestro marco legal, ya que existe el estado de ira e intenso dolor, y dicho estado es un atenuante de la responsabilidad penal, éste no es más que uno de esos estados de culpabilidad disminuida donde se ve afectada la capacidad de entendimiento del individuo y le genera una atenuación de la conducta cometida. Por lo tanto, si se analiza el origen dogmático de esta atenuante, nos encontraremos con que tiene su génesis en el reconocimiento de la nivelación de las emociones o el escalonamiento de las mismas, determinando que con el acompañamiento adecuado por parte de un perito, se puede determinar que si bien el sujeto no era inimputable, tampoco era imputable completamente., This research work, seeks to establish that despite the fact that the guilt element is a limit to the ius punendi in the Colombian legal system, there are altered states of consciousness, which decrease the capacity for guilt or the accountability of the individual and they are in a regulatory gap, this situation is not completely foreign to our legal framework, since there is a state of anger and intense pain, Therefore, if we analyze the dogmatic origin of this mitigating factor, we will find that it has its genesis in the recognition of the leveling of emotions or the staggering of them, determining that with the appropriate accompaniment by an expert, it can be determined that although the subject was not accountable, he was not fully attributable either.

La ignorancia deliberada es entendida como la actitud asumida por el autor de una conducta dolosa, que, a pesar de tener la posibilidad de adquirir el conocimiento de los elementos mínimos objetivos del tipo, no lo hace, por lo que se le imputa responsabilidad dolosa sin que concurra el elemento conocimiento, pues este es reemplazado por la figura de la ignorancia deliberada. Dicha figura tomó especial importancia en el ordenamiento jurídico español desde el año 2000 cuando el Tribunal Supremo comenzó a utilizarla en sus decisiones, acogiendo la figura del willful blindness proveniente del derecho angloamericano. La ignorancia deliberada es incompatible con el ordenamiento jurídico colombiano, dado que, el concepto legal del dolo exige el elemento conocimiento, el que no puede ser reemplazado, so pena de violentar el principio de legalidad y prohibición de analogía in malam partem., Deliberate ignorance is understood as the attitude assumed by the author of a malicious conduct, which, despite having the possibility of acquiring knowledge of the minimum objective elements of the type, it does not, for which it is imputed fraudulent liability without the element of knowledge, as this is replaced by the figure of deliberate ignorance. This figure took on special importance in the Spanish legal system since the year 2000 when the Supreme Court began to use it in its decisions, embracing the figure of willful blindness from Anglo-American law. Deliberate ignorance is incompatible with the Colombian legal system, since, the legal concept of fraud requires the element of knowledge, which can´t be replaced, under penalty of violating the principle of legality and prohibition of analogy in malam partem.

En la actualidad se asiste a lo que algunos han denominado “expansión del derecho penal”1, esto es, a la ampliación del campo de acción penal a ámbitos de lo social que, anteriormente, eran confiados a las buenas costumbres, a la moral, o en el peor de los casos, a normas extrapenales y por tanto ajenas a sanciones punitivas. La globalización de los mercados, la interconexión de las sociedades del mundo, la inmediatez de las transacciones electrónicas, la concentración de información en bases de datos, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, entre otros, han creado un terreno abonado para abanderar un derecho penal que se presume omnipotente para justificar su intervención en todos los ámbitos sociales. En Colombia, por ejemplo, en el año 2000 se expidieron las leyes 599 y 600, código penal y de procedimiento penal, respectivamente. No obstante, con posterioridad a las mismas, han abundado leyes que crean nuevos delitos o endurecen sus penas, modifican procedimientos judiciales en aras de la eficacia del sistema2. Es decir, después de la promulgación del actual código penal (ley 599 de 2.000) ocurrida el 24 de julio del año 2.000 (que entrare en vigencia un año después) y hasta el cierre de la última legislatura del año 2018 se habían emitido cerca de setenta leyes que en diferentes direcciones regulan el ejercicio del ius puniendi.

El desarrollo que los derechos de las víctimas en el proceso penal Colombiano han tenido hasta la actualidad; más allá de la posición otorgada por el legislador; proviene de la jurisprudencia constitucional, cuyo punto de partida inicia antes de la implementación del actual sistema penal acusatorio, en un fallo relacionado con la jurisdicción penal militar y paulatinamente se han extendido a todo el proceso penal de la justicia ordinaria; donde la corte en aplicación del artículo 93 constitucional ha hecho uso del concepto de bloque de constitucionalidad para invocar instrumentos internacionales de protección de los derechos de las víctimas que, en armonía con otros preceptos de la constitución ha buscado garantizar, en las formas del proceso; generando un cambio radical tanto en los derechos fundamentales que tradicionalmente el derecho penal liberal había otorgado al procesado, como en la actual estructura del sistema acusatorio de características especiales y propias concebidas en la constitución y la ley, Victim’s right development under Colombian criminal processes to date, goes beyond the position granted by the legislator; it comes from constitutional case law with a starting point before the implementation of the current accusatory criminal system in a sentence related to military criminal jurisdiction, that gradually has reached the common justice criminal process, where the court, applying Article 93 of the Constitution, has used the constitutionality-block concept to invoke victim’s rights protection international instruments that, in harmony with other constitutional precepts has sought to guarantee the process form yielding a radical change both in fundamental rights that liberal criminal law had granted to the defendant, and in the current structure of the accusatory system with special features conceived under the Constitution and the Law

La presente monografía tiene como finalidad delimitar y analizar el contenido del principio de culpabilidad como norma rectora del sistema penal colombiano, la cual por esta característica es una de las normas que constituye la esencia y orientación del sistema penal, y prevalece sobre las demás normas de este sistema e informa su interpretación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal -- Para lo anterior, se inicia por un estudio de los fines que legitiman la existencia del Derecho Penal, de los cuales se deriva la protección de la dignidad humana, para de manera posterior analizar el contenido de la misma en el sistema constitucional colombiano, a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina nacional al respecto de la dignidad humana -- Cubierto este análisis, la tercera parte de este trabajo pretende analizar el contenido de lo que se ha denominado como el principio de culpabilidad en sentido amplio, a la luz de las dimensiones de la dignidad humana en el sistema constitucional colombiano -- Luego de lo cual se analiza la función de la culpabilidad en el sistema de responsabilidad penal, específicamente planteando algunas consecuencias interpretativas que pueden derivarse para algunas normas del sistema penal a partir del contenido dado al principio de culpabilidad en sentido estricto, partiendo de su papel como norma rectora del mismo y dejando abierta la puerta para hacer de esta norma una verdadera guía para la interpretación y orientación del sistema penal colombiano, The present monograph pretends to determine and analyze the content of the principle of liability as a guiding rule of the Colombian criminal law system, which for this reason is one of the rules that constitutes the essence and guidance of this system, prevails and governs the interpretation of the criminal law system, in accordance with the provision of the article 13 of the Colombian criminal code -- For the above mentioned, the first step is to analyze the purposes that legitimize the existence in general of the criminal law, from which is derived the human dignity, and subsequently analyze the content of this principle in the Colombian constitutional system, based on the decisions of the Constitutional Court and the studies of the national doctrine in regards of the dimensions of human dignity -- Once this analysis is covered, the third chapter of this monograph pretends to study the content of which has been denominated as the broad principle of liability in accordance with the dimensions of the human dignity -- After this, there is an analysis about the function of the principle of liability in the system of criminal responsibility -- Lastly, there is a brief approach to some possible interpretative consequences of the Colombian criminal law system derived from the principle of liability in strict sense, based on its role as a guidance rule and leaving open the possibility to make of this rule a true guidance norm of the criminal law system

En la doctrina jurídico penal no existe un uso unívoco de la expresión “principio de culpabilidad”, por lo que en este trabajo se busca indagar por el sentido de esta garantía -- Para lograrlo, se explica cómo la evolución de la categoría dogmática de la culpabilidad desde la teoría psicológica a las teorías normativas ha propiciado dicha ambigüedad y se propone una clasificación convencional para introducir una mayor claridad -- A continuación, se estudia el debate entre las concepciones utilitarias de la culpabilidad y las tradicionales teorías del merecimiento de pena, pasando antes por la discusión en torno al libre albedrío -- Dicha exposición busca establecer en qué medida tales criterios satisfacen o no las exigencias que las normas constitucionales y legales imponen a la culpabilidad -- Por último, desde el criterio de justicia que ofrece la fórmula de la exigibilidad, se lleva a cabo una explicación de los diversos elementos de la categoría de la culpabilidad y se estudia la posibilidad de admitir supuestos supralegales de no exigibilidad de otra conducta

El análisis dogmático y político criminal que se propone del delito de daño en los recursos naturales (artículo 331 del Código Penal Colombiano), pretende desentrañar las razones tras el auge de criminalización de esta infracción ambiental y delimitar correlativamente las circunstancias de aplicación del tipo en contextos donde la intervención penal sea legítima, excluyendo por su parte aquellas situaciones que vulneran las garantías básicas del imputado

1 CD-ROM, La elaboración teórica del derecho penal colombiano debe tomar como uno de sus puntos de partida las normas rectoras de la ley penal, pues son estas las que deben informar la interpretación de todas las normas penales y deben prevalecer sobre las demás normas. El Código Penal colombiano1, en el capítulo único del libro primero sobre la parte general del derecho penal, consagra las normas rectoras de la ley penal colombiana. El mencionado título, compuesto por trece artículos, consagra los principios político-criminales que sirven de orientación a cualquier interpretación de la ley penal y que deben ser fundamento y límite de la intervención punitiva del Estado. Los mismos deberán constituir un límite, en tanto que, siendo el derecho penal el arma más violenta utilizada por el Estado, las garantías penales deberán ser el escudo dado a los ciudadanos para garantizar la intangibilidad de su esfera de libertad. Sin embargo ello no siempre se da en la forma expuesta, por el contrario, no son pocos los embates que intentan revocar o flexibilizar las garantías contenidas en las normas rectoras; por esto, resulta ineludible un estudio particularizado de las mismas, que dé cuenta de los contenidos de estas y las razones por las cuales su revocatoria o flexibilización resulta insostenible en un modelo de Estado como el asumido en Colombia ..., 1. Introducción -- 2. Reflexiones sobre el carácter rector del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 3. Contenido del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 3.1. Sobre el mandato de determinación de los tipos penales -- 3.2. Sobre los elementos básicos estructurales del tipo penal -- 4. Tendencias político criminales sobre el principio de tipicidad: expansión del derecho penal y pérdida de contenido de las garantías penales -- 4.1. La pérdida de contenido de las garantías penales: una caracterización general -- 4.2. La pérdida de contenido de las garantías penales: el principio de tipicidad -- 5. El principio de tipicidad: límite infranqueable al poder punitivo -- 5.1. El principio de tipicidad como presupuesto de la legitimidad del sistema y de sus posibilidades de prevención -- 5.2. El principio de tipicidad frente a escenarios problemáticos: la constante batalla por la verificación del cumplimiento del artículo 10 del Código Penal colombiano -- 6. El principio de tipicidad y el poder jurisdiccional -- Bibliografía

La figura de la coautoría impropia ha sido utilizada de manera reiterada por la jurisprudencia colombiana, en particular por Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, como mecanismo para solucionar aquellos casos en los cuales intervienen varias personas en la realización de un delito. Sin embargo, a pesar de ser ésta una figura bastante utilizada por la jurisprudencia en nuestro país, presenta un problema esencial y es la poca claridad que se tiene en relación con los elementos que la configuran. Así las cosas, debido al frecuente uso de esta figura, a la ambivalencia de criterios existentes y al ser un tema de dogmática penal que a la vez tiene injerencia en el ámbito de la política criminal, se hace necesario un estudio más profundo de la misma., 41 P., Contenido parcial: Capítulo I. La figura de la coautoría impropia en la jurisprudencia colombiana -- Capítulo II. Análisis crítico de la denominada coautoría impropia.

La Constitución Política de Colombia está dotada de un amplio catálogo de derechos fundamentales, judicialmente garantizados, vinculantes para todos los poderes del estado, aún para el legislativo, expresados a través de normas jurídicas constitucionales que prevalecen sobre las demás del ordenamiento, modelo constitucional que determina la opción por un Derecho penal garantista, o de la mínima intervención, para cuya consolidación es fundamental el fortalecimiento del principio de legalidad, como límite o garantía frente al ejercicio del poder penal por parte del estado., 59 p., Contenido parcial: El debilitamiento del principio de legalidad penal -- El principio de legalidad penal en el contexto del estado constitucional de derecho -- La función de garantía del principio de legalidad penal -- Manifestaciones del principio de legalidad penal -- Las manifestaciones del principio de legalidad penal en las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana.

Con el advenimiento de la Constitución de 1991, el constituyente pretendió inscribir el sistema jurídico colombiano dentro de la órbita personalista, la que pugna por la protección del ser humano como el fin en si mismo del ordenamiento normativo y no como su instrumento de consolidación, lo que se aleja de los ideales totalitarios que en el pasado le hicieron tanto daño a la humanidad, pues el Estado, sin límites, absorbió a la sociedad a través de todas sus manifestaciones, principalmente, la punitiva; y, de paso, esa idea se acopla con la filosofía a la que incitan la gran mayoría de instrumentos internacionales., 43 p., Contenido parcial: El entendido constitucional y penal del bloque de constitucionalidad en la doctrina y jurisprudencia colombiana -- La internacionalización del derecho penal y la posición asumida por los órganos judiciales de cierre en Colombia frente a esa tendencia.

Nuestro estado social y constitucional, se fundamenta en el respeto, materialización y protección de los derechos y garantías propias de los ciudadanos, lo que ha implicado la búsqueda de límites al ejercicio del poder punitivo del Estado, el menor grado de lesividad de los derechos del ciudadano y la creación de principios orientados no solo a ser moduladores de la actuación judicial y administrativa, sino también a sentar las bases o pilares fundamentales del proceso penal., 34 p., Contenido parcial: Función de garantía del principio de favorabilidad -- Del principio de favorabilidad y su aplicación en la actualidad -- Principio de favorabilidad y su aplicación en los delitos de carácter permanente.

En la tradición de la dogmática penal germanista, el uso más convencional de la expresión estado de necesidad (EN) recae sobre aquel grupo de situaciones sociales en las que se presenta una conducta que termina siendo necesaria ante un peligro actual o inminente que amenaza derechos jurídicamente protegidos, de los que puede ser titular el agente que se beneficia a sí o a un tercero con el daño necesario de un bien jurídico ajeno, el cual puede ser de menor o de igual entidad que el salvaguardado con la acción necesaria., 63 p., Contenido parcial: Introducción -- Las teorías en torno a la posición sistemática del estado de necesidad en la dogmática internacional de corte germanista -- Las teorías monistas o unificadoras -- La tesis de la unificación en la antijuridicidad: el estado de necesidad como una causa de justificación -- La tesis de la unificación en la culpabilidad: el estado de necesidad como una causa de exculpación -- Las teorías diferenciadoras -- Tesis ortodoxa de la diferenciación: el estado de necesidad como causa de justificación y como causa de exculpación.

Bajo el ambicioso, y tal vez equívoco, nombre de “Historia del hurto famélico en Colombia”, se pretenden revisar algunas fuentes informativas de nuestro Derecho. Es decir, se pretenden revisar algunos Códigos que efectivamente entraron en vigencia, otros que no lo hicieron y quedaron –podría decirse- a medio camino, algunos comentarios doctrinales, los trabajos preparatorios a los Códigos que rigieron y que no alcanzaron a regir, y hacer sobre esa información algunas reflexiones que no necesariamente están desprovistas de valoración., 45 p., Proyecto de Grado. Derecho, Dogmatica penal, Derecho penal colombiano, Hurto - Legislación, Delitos contra la propiedad, Estado de necesidad, Responsabilidad penal.

Sin duda alguna, el estudio de la criminalidad económica ha traído consigo nuevos retos para la doctrina jurídico penal actual. En torno a ésta se han iniciado importantes discusiones, incluso su caracterización ha resultado conflictiva. La dificultad del análisis de los delitos económicos radica, primordialmente, en la insuficiencia de las categorías dogmáticas tradicionales para explicar algunos de los fenómenos a los que estos delitos dan lugar., 45 p., Contenido parcial: Reconocimiento de la categoría de las condiciones objetivas de punibilidad -- Marco teórico de la discusión -- Los límites cuantitativos en el código penal colombiano.

La doctrina penal ha debatido en los últimos años sobre la responsabilidad penal del directivo de una empresa, por los hechos ordenados por él y ejecutados por sus subordinados -- Las soluciones propuestas, que recorren todas las posibles formas de imputación de responsabilidad penal, no siempre son dogmáticamente satisfactorias para un ordenamiento jurídico determinado -- En este escrito se analizan todas ellas: autoría mediata, coautoría, inducción y autoría accesoria, During the last years, criminal theorists have discussed on the liability of the members of the board of directors of a company, by the offences they orderd and that were commited by subordinates -- The proposed answers, that cross all the possible forms of attribution, are not always dogmatically satisfactory in a determined set of laws -- In this paper, they all are analyzed: mediate responsibility, coresponsibility, induction and accessory responsibility