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Este artículo aborda el panorama historiográfico existente en España a propósito del poder judicial, centrándose en sus prácticas jurisdiccionales. Se compara esa situación con la de otros países cuyos estudios sobre la justicia contemporánea están más desarrollados, con el propósito de exponer el carácter beneficioso de dichos estudios para el conjunto de los saberes históricos (2.1). También se exploran las causas de este peculiar atraso de la historiografía española (2.2). A continuación, se realiza una aproximación a las investigaciones sobre la justicia de la época republicana (1931-1936), pues permiten ver algunos problemas metodológicos y líneas de trabajo pendientes (3.1 y 3.2). En definitiva, se sostiene que el análisis de las prácticas y razonamientos judiciales es una tarea urgente, y no sólo para la historiografía jurídica y del Estado. Por tanto, se propone un par de pautas metodológicas alrededor de lo judicial como agencia política y acto de poder (4).

La selección de los altos cargos de la judicatura es una de las funciones claves del órgano de autogobierno en los países que están provistos de éste. Relevante doctrina los ha estudiado precisamente enfocándose en el Consejo General del Poder Judicial y, de ahí, ramificando su análisis. El interés de este artículo, sin embargo, está en que los nombramientos discrecionales se analizarán aquí en relación con la libertad asociativa de jueces y magistrados y con el interés de las asociaciones profesionales en incidir en esta selección, que hacen oportuna una regulación ordinamental de la función de éstas en aras de evitar asentar malas prácticas. El objeto del estudio versará sobre los casos específicos de Italia y España que, como se verá, por diferentes motivos, mantienen alto el nivel de atención y de debate sobre la cuestión. Así, se intentará finalmente facilitar algunas propuestas comunes siempre en conformidad con el ordenamiento europeo y con las recomendaciones de diferentes órganos de las instituciones europeas.

La adecuada formación y capacitación de quienes ejercen uno de los tres poderes del Estado, el poder judicial, constituye una exigencia vinculada a la separación constitucional de poderes y al derecho a la tutela judicial efectiva. En España, la fase institucional de esa formación específica corre a cargo de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con sede en Barcelona. Este artículo realiza un análisis de las exigencias formativas para la capacitación de los jueces y las juezas en sentido democrático y pone de relieve la gran importancia que, en el proceso formativo de un juez, tiene la formación profesional que estos han de seguir en la Escuela Judicial.

Las relaciones públicas/sociales determinan la naturaleza de la sociedad, los grupos etnonacionales y las comunidades de personas, un individuo, determinan su lugar en el espacio político y legal, garantizan derechos y libertades. El espacio de comunicación forma y asegura la realización de las capacidades de la persona, asegurando sus derechos y libertades, satisfaciendo sus necesidades, realizando sus aspiraciones y esperanzas, traduciendo los ideales en la práctica de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, se asignan tareas especiales a la ciencia jurídica como medio y mecanismo para la regulación de las relaciones público/sociales, la socialización jurídica del ser humano, la garantía de sus derechos y libertades y, lo más importante, su formación como persona. ciudadano del país, como representante de pleno derecho de la sociedad civil. En la literatura científica, los términos “público” y “social” se utilizan tanto para referirse a los mismos fenómenos, eventos y procesos (falta de identificación), como a varios fenómenos sociales. En otros casos, lo social se identifica con lo público. Como regla, esto ocurre en dos casos: en el caso de comprender la totalidad de los fenómenos y procesos que existen en una sociedad particular, así como en los casos de énfasis en las diferencias que distinguen los fenómenos y procesos sociales de los naturales, técnicos, tecnológico e informativo. Este enfoque, que puede definirse como amplio, entiende las relaciones sociales como fenómenos y procesos económicos, políticos e ideológicos, mientras que las relaciones públicas se determinan como sociales.

Las mujeres víctimas de delitos sexuales enfrentan varios obstáculos cuando buscan justicia en las instituciones judiciales chilenas; sin embargo, recientes esfuerzos de la Corte Suprema de Chile para combatir los prejuicios contra grupos minoritarios han puesto de relieve la importancia de aplicar una perspectiva de género en los procesos judiciales. A la luz de la publicación en 2019 de un cuaderno de buenas prácticas sobre cómo juzgar con perspectiva de género, analizo la sentencia judicial de un caso de violación del año 2004 que llevó a Corporación Humanas —una ONG feminista— a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dados los ostensibles sesgos de la sentencia, la ONG responsabilizó al Estado de Chile por la violación de varios derechos de la víctima especificados en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile. Con base en la sentencia judicial, examino cómo los jueces y otros actores legales no impartieron justicia con perspectiva de género. Para ello, analizo cómo los jueces, fiscales y defensores recurrieron a los siguientes tipos de sesgos de género: a) estereotipos de género y mitos sobre la violación, b) descuento de credibilidad (Tuerkheimer, 2017), c) valoración de la evidencia sin perspectiva de género, d) requisito de lesiones corporales para dar crédito a la hipótesis de violación por la fuerza y e) discusión de la historia sexual de la víctima. A la luz de las diferentes categorías de sesgos de género detectados en el caso, evalúo si el cuaderno de buenas prácticas chileno hubiera sido una herramienta eficaz para prevenirlos. Finalmente, con base en este caso, determino las limitaciones de dicho cuaderno y sugiero posibles mejoras.

El presente trabajo analiza la actuación del Consejo de la Judicatura del Ecuador como órgano administrativo al aplicar la sanción disciplinaria del error inexcusable, cuya decisión trae consigo la destitución de los Jueces; el problema tiene relación con el procedimiento que se aplica en este tipo de sumarios, ya que la declaración de dicha figura sancionatoria debe ser advertida dentro de la misma vía jurisdiccional por los mismos Jueces que conocen las causas ordinarias y constitucionales vía recursos, conforme lo establece el Art. 131.3 del Código Orgánico de la Función Judicial y no como lo podría haber realizado dicho organismo vulnerando el debido proceso y la misma independencia Judicial consagrada en el Art. 76.3 y 168 de la Constitución del Ecuador respectivamente; incluso la Corte IDH ha hecho referencia a esta cuestión en su jurisprudencia, a la que Ecuador se encuentra adherido.

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How are courts used to erode democracy? Using the literature on democratic backsliding and judicial politics as a theoretical framework, in this work, I show the path of how courts are captured by incumbents and then used to subvert democracy. Comparing some cases from the Latin American region, I contend that the judicial erosion of democracy unfolds in three interactive steps: incumbents (a) lead public attacks on the judiciary; (b) push judicial purges; and/or (c) pack the courts, then they use the new weakened high court to undermine democratic institutions legally and harass political opponents. Related Articles: Basabe‐Serrano, Santiago. 2012. "Presidential Power and the Judicialization of Politics as Determinants of Institutional Change in the Judiciary: The Supreme Court of Ecuador (1979‐2009)." Politics & Policy 40(2): 339–61. https://doi.org/10.1111/j.1747‐1346.2012.00348.x. Moreno, Erika, and Richard C. Witmer. 2015. "Where Capacity and Incentives Meet: Presidential Decree Authority and Property Rights in Latin America." Politics & Policy 43(3): 315–46. https://doi.org/10.1111/polp.12118. Nohlen, Dieter. 2009. "Constitutional Jurisdiction and the Consolidation of Democracy." Politics & Policy 37(1): 3–30. https://doi.org/10.1111/j.1747‐1346.2008.00159.x. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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En el presente artículo mostramos los hallazgos iniciales sobre la diversidad de tipos de órganos jurisdiccionales que existen hoy en el Poder Judicial peruano, sus primeras características, así como lo que nos puede revelar la creación de una compleja diversidad de categorías de órganos jurisdiccionales respecto a la respuesta que puede tener el Estado peruano frente a la conflictividad social a la que debe atender.

El artículo estudia las posibilidades de desconcentrar las funciones de gobierno del Poder Judicial que lleva a cabo el CGPJ, aproximando así la actividad de este al modelo de Estado. Para ello se comienza analizando la tradicional confusión entre descentralización y desconcentración del gobierno del Poder Judicial; tras ello, se estudia cómo durante la elaboración del Estatuto catalán se estuvo tramitando en las Cortes la introducción de los consejos de justicia, y por qué ese intento no resultó exitoso, lo que tuvo una incidencia directa en lo que después sucedería con la regulación estatutaria del consejo de justicia en la STC 31/2010, sentencia cuya débil argumentación en esta materia es también objeto de análisis. Establecida, no obstante, por el TC la posibilidad de que la LOPJ prevea los consejos, el trabajo pasa a analizar cómo tendría que plasmarse esto, argumentando por qué antes habría que abordar otros problemas del CGPJ, como el del nombramiento de sus vocales de origen judicial o el del sistema de nombramientos discrecionales de altos cargos, para que la introducción de los consejos resulte, además de conveniente, realista. Se concluye ofreciendo pautas sobre cómo llevar a cabo en la LOPJ esa regulación de los consejos.

La descentralización de la justicia en España ha estado anclada en la territorialización llevada a cabo a principios del siglo xix. El proceso autonómico impulsado por la Constitución de 1978 tiene como referencia la creación de los tribunales superiores de justicia. El Tribunal Constitucional, que en un principio actuó como un impulsor de una cierta descentralización judicial, con la sentencia de 2010 relativa al nuevo Estatuto para Cataluña ha congelado considerablemente toda evolución. Los tribunales superiores de justicia tienen importantes atribuciones en el ámbito del derecho civil foral y del derecho público propio de las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, los mecanismos de control de constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales y el escaso protagonismo de los magistrados autonómicos han impedido un desarrollo razonable de los derechos privado y público regionales. Únicamente, el establecimiento de la doble instancia en materia penal y la tímida aplicación de los recursos de casación civil foral y de casación contencioso-administrativa autonómica podrían reconducir y ajustar el poder judicial a un maduro Estado autonómico e incluso federal.

La articulación del Poder Judicial en la organización territorial del Estado ha sido fuente de constantes propuestas, reflexiones y discusiones dada la configuración constitucional de un Poder Judicial único y la limitación competencial de las CC. AA. en el ámbito de la Administración de Justicia. Transcurridos más de cuarenta y tres años desde la entrada en vigor de la Constitución, se trata aún de un ámbito no cerrado en el que siguen estando presentes múltiples visiones sobre cómo abordar las relaciones entre Poder Judicial y Estado autonómico. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la normativa estatal y autonómica sobre dicha materia constituyen el punto de partida para analizar de qué forma las CC. AA. pueden tener incidencia en el ámbito concreto de la selección y formación de jueces y magistrados, así como en lo relativo al conocimiento por jueces y magistrados de la lengua y el derecho propio de las CC. AA. Desde esta perspectiva se pretende en el presente artículo tanto realizar un análisis de la situación actual como plantearse posibles reformas en aras a garantizar que el Estado autonómico tenga un adecuado reflejo en el ámbito concreto de las cuestiones relativas a jueces y magistrados.

El ámbito de la Administración de Justicia ha resultado ser uno de los más impermeables para la normalización de las lenguas propias oficiales. El avance del proceso de normalización lingüística en los diversos sectores sociales y de la acción pública no se ha visto reflejado con la misma intensidad en este ámbito. Son muchos los factores que inciden en esta situación, y que analizaremos en este trabajo, como la aparente desconexión entre la LOPJ y los imperativos de la doble oficialidad lingüística, la necesidad de desarrollos más efectivos sobre la organización y la propia capacidad lingüística de los miembros del poder judicial como forma de garantizar los derechos de uso de las lenguas, la constatación, sobre la base de la experiencia de cuarenta años, de la insuficiencia del recurso a la meritación del conocimiento lingüístico (y no su exigencia) como instrumento sobre el que basar la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, la opción por un sistema organizativo centralizado del poder judicial o el enfoque jurisprudencial que trata de reconducir la cuestión lingüística dentro de los estrictos parámetros del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a lo que quisiéramos prestar atención principal en este trabajo.

El principal propósito de la presente investigación consiste en contribuir al debate, cada vez más creciente, del fenómeno jurídico-político denominado lawfare, con elementos teóricos significativos que faculten tanto el reconocerlo como el distinguirlo de otros fenómenos que guarden similitud. En particular, el interés radica en analizar a profundidad el término, desde su relación con la esfera bélica en su inicio, su desarrollo histórico, la transformación que sufrió el término para albergar los productos del vínculo entre el poder político y el poder judicial, hasta sus elementos constitutivos y su naturaleza, empleando instrumentos metodológicos que permitan determinar, a partir del debate con la literatura, si existe o no un fenómeno que pueda ser llamado lawfare.

Ante el avance de la judicialización de la política —y la politización de la justicia—, este artículo se propuso recrear una escena controversial. Controversia, debate, litigio y polémica fueron categorías utilizadas en este texto para caracterizar el intercambio —tanto político como periodístico— producido en torno al Proyecto de Democratización de la Justicia presentado por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2013. Para ello, hemos analizado las noticias referidas al proyecto de tres diarios de circulación nacional (Clarín, La Nación y Página/12) y las pusimos en tensión con el discurso propiamente político. Lo importante en este punto no consiste tanto en la verificación de si lo estudiado se corresponde efectivamente con un proceso de lawfare o, a la inversa, con un intento de un determinado Gobierno de interceder —con fines político partidarios— en el correcto funcionamiento de la justicia sino, más bien, cómo esos procesos político-judiciales que estudiamos aparecen así tematizados en la escena pública argentina. Los materiales fueron analizados considerando, como hipótesis, que la discusión se estructura en torno a tres ejes: i) el momento en el que es planteada la reforma, ii) la discusión sobre su constitucionalidad, y iii) el debate sobre la división de poderes.

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Objetivo: El presente artículo tiene por objetivo analizar la manera y la forma como el Supremo Tribunal Federal de Brasil y la Corte Constitucional de Colombia definen, caracterizan o fundamentan la independencia judicial. Metodología: Se utiliza una metodología deductiva, descriptiva y comparada, conjugada con una técnica de investigación empírica jurisprudencial y de documentación indirecta doctrinaria y normativa. Resultados: Se concluye que: (1) Aunque existen elementos comunes, persiste una preocupación sobre la competencia atribuida por parte de los tribunales constitucionales en la definición y el entendimiento de la independencia judicial, siendo saludable que se someta su entendimiento a la Constitución y la ley, pues el juez en su condición humana es falible; (2) Más allá de entender la imparcialidad, la objetividad y de considerar la deliberación, la participación directa de los ciudadanos en el proceso de decisión, así como otros instrumentos, puede ser una idea sana y racional para mitigar el excesivo poder judicial; (3) El destinatario de la garantía de la independencia es la sociedad, pero no solo el que tiene acceso y conocimiento a la justicia, sino todos en condiciones de igualdad; (4) Superándose la posición de la supremacía del poder judicial, la teoría del principio negativo de Sieyès sobre le pouvoir constituant, brinda un análisis al fomento de un constitucionalismo que permite a las otras ramas electas del gobierno tomar y ejecutar sus propias decisiones. Contribuciones: El artículo profundiza sobre la morfología de la independencia judicial. Si bien usualmente se identifica como un principio genérico, no por eso menos fundamental del Estado Social de Derecho, la investigación contribuye al sumergirse en la profundidad de su implicancia como principio, el sentido y las fuentes de su invocación genérica, sus presupuestos teóricos, sus perspectivas, la legitimidad de sus destinatarios y titulares. En general, sobre los límites, las formas y las estructuras, más aún cuando son los propios tribunales constitucionales quienes lo invocan, particularmente la Corte Constitucional de Colombia y el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

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The present repertory gathers a selection of various doctrinal contributions (books, chapters and papers) on the Judiciary of Spain published in the last two decades. They are a reflection of some of the challenges that the Judiciary has lately faced, and they tackle issues as the Judiciary and the decentralised territorial model, the independence of the Judiciary as one of the three branches of any State based on the principle of rule of law, the constitutional status of the judges who make up the Judiciary, the General Council of the Judiciary, the governing body of the Judiciary, and the Prosecution Ministry, the latter two bodies which, although not part of the Judiciary, are closely related to it. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The article examines the issue of the governance of judges in Italy, highlighting the critical nature of the judiciary, which acts politically without respecting its independence and the separation of powers. In particular, the Superior Council of the Magistracy represents a kind of small parliament with the representation of 'currents', which act like real political parties. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

In this article I will analyse the impact that from my point of view the legislation dictated during the pandemic has had on the normal functioning of the judiciary, I will refer to how the necessary separation and division between the separate branches of the State has been altered, and I will recount how the system of checks and balance inherent in a social and democratic state of law has been disturbed. I will also describe the impact on our social and democratic State of Law, which carries the principle of separation and division of powers and the existence of a regime of checks and balances between the different branches of the State has had Royal Decree 463/2020, of March 14, which declared the state of alarm for the management of the health crisis caused by COVID-19 that meant the interruption of the normal functioning of the judiciary during the state of alarm, and, of Law 3/2020, of September 18, on procedural and organizational measures to deal with Covid-19 in the field of the administration of justice that established an unconstitutional conmixture between the Executive Power and the Judiciary. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This paper analyzes the power to make regulations conferred to the Spanish General Council of the Judiciary from the first of its Organic Laws to the present. To do so, we examine the laws that have regulated this issue over the years, since 1980 until the last most important reform, the Organic Law 4/2013, the regulations approved by the General Council of the Judiciary and the judgments handed down by the Constitutional Court and the Supreme Court. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Spanish Constitution forbids judges to exercise jurisdictional functions and at the same time holding other public offices. However, the Organic Law of the Judicial Power stipulates that judges can easily return to the judiciary afterwards. This paper reviews pros and cons of that regulation, arguing on the principle of separation of powers, judicial pluralism, and fundamental rights (both of judges and citizens) involved. The conclusion is reached that, in the present context of «politization of Justice», it is advisable to strengthen conditions under which judges could return to be judges after being for some time politicians. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

In this academic survey a group of Constitutional Law Professors answer some questions about the Judiciary related to: the judicial independence from the other branches of the State, the General Council of the Judiciary, the status of judges, the institutions of citizen's participation (as the jury and popular action) and the consequences on the Judiciary caused by the European integration and globalization. Resumen: En esta encuesta un grupo de profesores de Derecho Constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre el poder judicial relativas a su grado de independencia respecto a los otros poderes del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el estatuto jurídico de los jueces, la participación ciudadana en la actividad jurisdiccional (el jurado y la acción popular) y los efectos sobre el Poder Judicial de la integración europea y la globalización. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The article proposes a new approach to a central concept in the literature on judicial behavior: legal culture. The legal culture of judges is the set of formal and informal professional norms that indicate how the legal framework should be interpreted and that define expectations about what type of conduct is appropriate within the judicial field. The concept has three dimensions: a) hermeneutic routines, b) judges' vision of their role in the political system and c) their vision of their role within the judiciary. In the Latin American context, these dimensions translate into a continuum that goes from textualist or formalist legal cultures to interpretivist legal cultures close to neo-constitutionalism. The authors apply this conceptual architecture in Mexico with a survey of federal judges that measured different aspects of their legal culture. The survey captured attitudes about the judicial decision-making process. In particular, the instrument investigated how judges characterize their formal prerogatives and their work, the way in which they see their obligations with respect to the political system, and how they perceive their ability to issue innovative jurisprudence. The results indicate the presence of textualist and interpretivist legal cultures within the Mexican federal judiciary. They also suggest that the effect of certain aspects of legal culture on the pro-rights behavior characteristic of interpretivist or anti-textualist judges is substantively important and different from that of political ideology. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Con el final de las dictaduras cívico-militares establecidas en el Cono Sur durante la Guerra Fría, el rastro de la violencia política practicada bajo la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) pasó a ser enfrentado. Así como fueron diferentes los procesos transicionales ocurridos en cada contexto, fueron también diferentes las maneras como se realizaron las demandas por memoria, verdad y justicia en cada país que pasó por una dictadura. Este artículo realiza un análisis de las posibilidades de reconstrucción de la memoria en el caso brasileño y argentino a través del Poder Judicial, identificando los resultados que por él fueron producidos en causas iniciadas por víctimas de la represión, por sus familias o por organizaciones de derechos humanos.

La necesidad de introducir en la gestión de los intereses públicos criterios de transparencia y de buen gobierno de be alcanzar a algunas de las actividades que lleva a cabo el Poder Judicial. Esa perspectiva es de más obligada consideración cuando nos referimos a la actividad de los órganos de gobierno externo e interno. Este trabajo analiza algunas de las normas de carácter orgánico y domestico que disciplinan esta perspectiva en nuestro sistema judicial.

El presente trabajo determina la relación entre bienestar subjetivo y equilibrio trabajo-¿ familia en la cultura trabajo-familia en trabajadores ligados al poder judicial en Chile. A 143 trabajadores se les administró el Cuestionario de Cultura Trabajo-Famila (Thompson et al., 1999), la Escala de Equilibrio Trabajo-Famila (Moreno et al., 2009) y Bienestar Subjetivo (Diener et al., 1999). Se observa que la cultura trabajo-familia es explicada en un 44.7% por el bienestar subjetivo y específicamente con la Interfase Negativa del Equilibrio Trabajo-Familia. Se concluye con las implicancias en la gestión organizacional para aplicar estrategias organizacionales que incorporen las dimensiones de bienestar y políticas de conciliación, que consideren un entorno saludable para los trabajadores del poder judicial.

Abordar el problema de la corrupción en la administración de justicia en el Perú resulta una tarea compleja, más todavía cuando se trata de una práctica instalada, estructural e histórica. El estudio presenta los alcances sobre el derecho fundamental del acceso a la justicia, además de una aproximación a la problemática de la corrupción en el ámbito judicial en el Perú. Asimismo, analiza los procesos judicializados e identifica los avances en políticas institucionales y los desafíos que tiene pendiente el Poder Judicial, así como las implicancias de este problema en relación con el derecho al acceso a la justicia.

The articulation of the Judiciary in the territorial organisation of the State has been a source of constant proposals, reflections and discussions in response to the constitutional configuration of a unitary Judiciary and the limitation of powers of the Autonomous Regions in the area of the Administration of Justice. More than forty-three years after the entry into force of the Constitution, it is still a non-closed area in which there are still multiple opinions on how to approach the relations between the Judiciary and the Autonomous State. The jurisprudence of the Constitutional Court, the state and regional regulations on this matter are the starting point for discussing how the Autonomous Regions can have an impact in the specific field of selection and training of judges and magistrates, and also in terms of the knowledge of judges and magistrates of the language and the specific law of the Autonomous Regions. From this perspective, this article intends both to carry out an analysis of the current situation and to consider possible reforms in order to guarantee that the Autonomous State is duly informed in the specific area of questions relating to judges and magistrates. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The article reviews the possibilities of deconcentrating the functions of governance of the Judiciary carried out by the CGPJ, thus bringing its activity closer to the State model. To this end, it begins by examining the traditional confusion between decentralisation and deconcentration of the governance of the Judiciary. It then discusses how, during the drafting of the Catalan Statute, the introduction of the councils of justice was being processed in the Spanish Parliament, and why that attempt was not successful, which had a direct impact on what would later occur with the statutory regulation of the Council of Justice in STC 31/2010, a ruling whose weak argumentation in this matter is also the subject of review. Nevertheless, the TC having established the possibility of the LOPJ providing for the Councils, the paper goes on to discuss how this would have to be implemented, arguing why it would first be necessary to address other problems of the CGPJ, such as the appointment of its members of judicial origin or the system of discretionary appointments of senior officials, in order for the introduction of the councils to be not only advisable but also realistic. The paper concludes by offering guidelines on how to implement the regulation of the councils in the LOPJ. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The field of the Administration of Justice has been one of the most impervious to the standardisation of the official languages. The progress of the process of linguistic standardisation in different social sectors and public action has not been reflected with the same intensity in this field. There are many factors that affect this situation, which we will discuss in this paper, such as the apparent disconnection between the Judiciary Act and the imperatives of dual linguistic officiality, the need for more effective developments in the organisation of the Administration of Justice, the very linguistic capacity of the members of the judiciary as the only way for guaranteeing the rights of language use, the insufficiency of resorting to the mere merit of linguistic knowledge (and not its requirement) as an instrument on which to base the guarantee of the citizens’ linguistic rights, the option for a centralised organisational system of the judiciary or the jurisprudential approach that aims to redirect the linguistic issue within the strict parameters of the fundamental right to effective judicial protection, to which we would like to pay particular attention in this paper. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The decentralisation of Justice in Spain has been linked to the territorialisation procedure carried out in the early 19th century. The devolution process implemented since the 1978 Constitution is based on the creation of the High Courts of Justice. The Constitutional Court, which initially acted as a driver of a certain degree of decentralisation, with the 2010 ruling on the new Statute for the autonomy of Catalonia, has significantly frozen all these developments. High Courts of Justice have been restricted in the field of regional civil law and regional public law in each Region due to the mechanisms for reviewing constitutionality, the protection of fundamental rights and the limited role they play in certain regional peculiarities. These circumstances have prevented the reasonable development of regional private and public law and have diminished any kind of healthy protagonism of Regional High Courts. In the future, the establishment of the double instance in criminal matters and the weak application of regional civil and administrative cassation appeals could contribute to forming a genuinely decentralised judiciary in a regional or even a federal State. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Este texto pretende analizar el rediseño del concepto de familia desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir de la Constitución Política de 1991, y su impacto en las políticas públicas en esta materia. Lo anterior en un escenario que supone la pluralidad étnica y cultural reconocida en el texto constitucional que ha generado retos respecto de varias instituciones (entre ellas la familia), así como propiciado un debate entre las posiciones tradicionales y nuevas visiones que pretenden la superación conceptual y práctica de aquellas. Este nuevo escenario generó un fuerte rechazo por parte de la población, que, con una postura conservadora forjada sobre la base de la hegemonía de la Iglesia Católica y sus tradiciones, se resiste a concebir el fenómeno familiar por fuera de estructuras e interpretaciones rígidas. Dicho contexto condujo a que los jueces, en especial la Corte Constitucional, se vieran convertidos en actores de las políticas públicas tendientes a rediseñar el concepto de familia, lo que resulta novedoso en tanto los enfoques clásicos de las políticas públicas no suelen considerar como actores a los jueces, lo que hace necesario abordar el fenómeno desde un enfoque neoinstitucional de estas.