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La presente investigación tiene como título, efectos de la declaratoria de abandono de la causa por falta de comparecencia del actor a las audiencias establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, que tuvo como objetivos, analizar e identificar los derechos y garantías que los jueces transgreden al declarar el abandono de la causa por la inasistencia o retardo del actor a las audiencias en el escenario que asista solo su abogado patrocinador sin procuración judicial con cláusula especial para transigir, para así proponer una reforma al numeral uno del artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, y para lo cual, nuestro trabajo de investigación se llevó a cabo bajo un proceso centrado en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, empleándose los métodos jurídico doctrinario, histórico jurídico y analítico sintético del contenido normativo, así como la aplicación del instrumento de recolección de información como la entrevista aplicada a abogados en libre ejercicio y a funcionarios judiciales de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador; igualmente el estudio de un caso laboral respecto a la inasistencia del actor a la audiencia única teniendo como consecuencia la declaratoria de abandono por parte del juzgador y el análisis jurisprudencial de las Sentencias de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional del Ecuador. Respecto de esta causa se concluyó que existe vulneración del derecho al debido proceso por parte de los jueces al declarar el abandono de la misma por cuanto el demandante no asistió a las audiencias estipuladas en referido cuerpo normativo al presentarse solo su abogado patrocinador sin procuración judicial con cláusula especial para transigir, por lo que se determinó la importancia de reformar el numeral uno del artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, con la finalidad de que se le permita a la parte actora solicitar al juez por una sola vez en un término de cinco días, que señale nueva fecha y hora para su comparecencia a la respectiva audiencia para que así tenga la oportunidad de ser escuchado y ejerza el derecho a su defensa, garantizando de esta manera el derecho al debido proceso. The title of this investigation is the effects of the declaration of abandonment of the case due to the failure of the actor to appear at the hearings established in the General Organic Code of Processes, which aimed to analyze and identify the rights and guarantees that the judges violate when declaring the abandonment of the case due to the absence or delay of the actor to the hearings on the stage that only his sponsoring lawyer attends without judicial authority with a special clause to compromise, in order to propose a reform to numeral one of article 87 of the General Organic Code of Processes, and for which, our research work was carried out under a process focused on the interpretive paradigm, with a qualitative approach, using the legal doctrinal, historical legal and synthetic analytical methods of the normative content, as well as the application of the information collection instrument such as the interview applied to lawyers in free and court and judicial officials from the city of Guayaquil, Guayas province, Ecuador; likewise, the study of a labor case regarding the non-attendance of the plaintiff at the sole hearing, resulting in the declaration of abandonment by the judge and the jurisprudential analysis of the Sentences of the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador. Regarding this case, it was concluded that there is a violation of the right to due process on the part of the judges when declaring the abandonment of the same because the plaintiff did not attend the hearings stipulated in said normative body when only his sponsor lawyer appeared without judicial prosecution with special clause to compromise, for which it was determined the importance of reforming numeral one of article 87 of the General Organic Code of Processes, in order to allow the plaintiff to request the judge only once in a term of five days, to set a new date and time for his appearance at the respective hearing so that he has the opportunity to be heard and exercise the right to his defense, thus guaranteeing the right to due process.

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar las medidas de protección contra la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar. Como objetivos específicos, en primer lugar, se analizaron las concepciones jurídicas y doctrinarias sobre el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar, también se estudiaron las medidas de protección en el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar y se determinó cómo se establece el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar en el contexto del derecho comparado.La metodología se desarrolló a partir de una investigación documental, que se enfocó en el paradigma interpretativo positivista con un nivel descriptivo, exploratorio y explicativo. Para ello, se utilizaron métodos de análisis sintéticos, doctrina jurídica, inferencias hipotéticas, que permitieron elaborar análisis y conclusiones sobre el abordaje del tema. Se concluyóEl juez para decretar cualquier medida de protección dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, debe evaluar muy bien las condiciones del caso concreto a los efectos de verificar en qué casos es procedente una medida y cuando no. Por último, se recomendó a todas las autoridades judiciales, policiales, de investigación o de carácter administrativo que realicen una investigación en cintra de cualquier ciudadano que deben garantizarle el principio de presunción de inocencia en cada una de las fases del proceso. The general objective of this investigation was to determine the protection measures against the violation of the right to the presumption of innocence in crimes of domestic violence. As specific objectives, in the first place, the legal and doctrinal conceptions on the right to the presumption of innocence in crimes of intrafamily violence were analyzed, protection measures were also studied in the right to the presumption of innocence in crimes of intrafamily violence and It was determined how the right to the presumption of innocence is established in crimes of domestic violence in the context of comparative law. The methodology was developed from a documentary research, which focused on the positivist interpretive paradigm with a descriptive, exploratory and explanatory level. For this, synthetic analysis methods, legal doctrine, hypothetical inferences were used, which allowed the elaboration of analyzes and conclusions on the approach to the subject. It was concluded The judge to order any protection measure within a process of intrafamily violence, must evaluate very well the conditions of the specific case in order to verify in which cases a measure is appropriate and when it is not. Finally, it was recommended to all judicial, police, investigative or administrative authorities to carry out an investigation of any citizen that they must guarantee the principle of presumption of innocence in each of the phases of the process.

El procedimiento administrativo sancionatorio ambiental consignado en la Ley 1333 de 2009 es aplicable por las autoridades ambientales en nuestro país, entre las que están las Corporaciones Autónomas Regionales, debe, como cualquier procedimiento administrativo en Colombia, garantizar el derecho de contradicción y defensa de las personas que están siendo investigadas por la comisión de una presunta infracción ambiental; sin embargo, ciertas características especiales consignadas en dicha norma, podrían menoscabar estos derechos al establecerse condiciones seriamente desfavorables para el investigado y que en virtud de éstas, la función administrativa adelantada por la CAR en materia sancionatoria haría necesaria la realización de modificaciones de carácter orgánico y/o procedimental. The administrative sanctioning environmental procedure set forth in Law 1333 of 2009, which is applicable by the environmental authorities in our country, among others, by the Regional Autonomous Corporations, must, like any administrative procedure in Colombia, guarantee the right of contradiction and defense of the people who are being investigated for the commission of an alleged environmental violation, however, certain special characteristics set forth in said norm, could undermine these rights by establishing in the same seriously unfavorable conditions for the investigated and that by virtue of these, the administrative function carried out by the CAR in sanctioning matters would make organic and procedural modifications necessary. Magister en Derecho Administrativo Maestría

El presente artículo científico detalla la problemática que se genera respecto a la inexistencia de norma jurídica que regule los procesos de contratación pública en estado de emergencia y sus consecuencias jurídicas, como un problema latente hasta la actualidad en nuestro país a nivel nacional. A más de doce años que entró en vigencia la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, todavía es motivo de comentarios, críticas, análisis y observaciones, respecto de que no existe un procedimiento para las contrataciones de emergencia. Por lo cual en la investigación aplicaremos el método inductivo y deductivo, con la finalidad de saber la realidad jurídica y procesal de los procesos de contratación pública en situaciones de emergencia, aplicando la encuesta como técnica investigativa y la bibliografía que permitirá fundamentar teóricamente el presente artículo científico. Finalmente evidenciaremos que la normativa establecida en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tal y como está redactada vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y da paso a la corrupción, ya que se observa que no existe imparcialidad y trasparencia el momento de llevar a cabo las contrataciones en estado de emergencia.

El enfoque de esta investigación es el estudio de la figura procesal del procedimiento directo establecido en el Código Orgánico Integral Penal e identificar las normativas jurídicas vigentes que permitan la aplicación de los derechos y principios constitucionales en dicho procedimiento, tales como, el debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y el principio de celeridad, con el fin de avalar el principio de celeridad y el garantismo penal. La metodología tiene un enfoque cualitativo, que permitió realizar un análisis crítico jurídico a las resoluciones de las causas penales y casos prácticos acogidas al procedimiento directo del COIP en primera instancia del periodo 10 de agosto del 2014 hasta 10 de agosto 2015; 2019 y 2020 en la Unidad Judicial Penal del cantón Portoviejo, verificando si cumple con el principio de celeridad y el garantismo. Además, la categoría es no experimental, la cual inició con los aspectos generales y características del procedimiento directo establecido en el COIP y su Ley Orgánica Reformatoria. Por el cual se aplicó el diseño de tipo entrevista; obteniendo resultados satisfactorios, ya que efectivamente la aplicabilidad del procedimiento directo, en la atención al principio de celeridad y el garantismo no cumple con la obediencia del garantismo penal, cuyas consecuencias es la vulneración dentro las garantías básicas del debido proceso, tales como, el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad en la aplicación del ius puniendi. The focus of this research is the study of the procedural figure of the direct procedure established in the Comprehensive Organic Criminal Code and to identify the legal regulations in force that allow the application of constitutional rights and principles in said procedure, such as due process, law to defense, legal security and the principle of speed, in order to support the principle of speed and criminal guarantees. The methodology has a qualitative approach, which made it possible to carry out a critical legal analysis of the resolutions of criminal cases and practical cases under the direct procedure of the COIP in the first instance from the period August 10, 2014 to August 10, 2015; 2019 and 2020 in the Criminal Judicial Unit of the Portoviejo canton, verifying if it complies with the principle of speed and guarantees. In addition, the category is non-experimental, which began with the general aspects and characteristics of the direct procedure established in the COIP and its Reform Organic Law. For which the interview type design was applied; obtaining satisfactory results, since effectively the applicability of the direct procedure, in the attention to the principle of speed and the guarantee, does not comply with the obedience of the criminal guarantee, the consequences of which is the violation of the basic guarantees of due process, such as due process. process, right to defense and security in the application of ius puniendi.

Las prerrogativas permiten a la administración actuar por sí misma en defensa del interés general, mismas que se han reconocido en el proceso de cobro coactivo a través del cual se adelanta el recaudo de obligaciones a favor del Estado. Lo anterior implica el reconocimiento de facultades unilaterales a la administración que le permiten gestionar la recuperación de recursos que se adeudan a favor de las entidades estatales por el no pago de impuestos, sanciones, retenciones, multas, entre otras. Es por ello, que mediante estas prerrogativas la administración impone obligaciones a los coasociados, presentándose así un escenario de discusión frente a la incidencia que pueda tener para el derecho al debido proceso de los administrados. Una de estas prerrogativas es la de cobro coactivo, mediante la cual la administración busca el pago de las obligaciones adeudadas a su favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, a través de un proceso expedito, en el cual ostenta la calidad de juez y parte. En este punto ha surgido una problemática en torno al papel de la administración quien a través de sus funcionarios adelanta el procedimiento de cobro coactivo pues se han visto falencias en eventos particulares de este proceso que son la notificación del título ejecutivo, la declaración de la prescripción, la determinación de ejecutoriedad del acto administrativo y la garantía de un recurso adecuado frente a la administración para ejercer su derecho de defensa y materializar a cabalidad los postulados del debido proceso. Es en esta medida, se propone retomar al proceso judicial de proceso coactivo que se planteaba hasta el Decreto 2503 de 1987 pues si la administración quiere recuperar dineros a su favor que son fundamentales para cumplir sus fines seria indispensable presentarle un proceso ante un tercero denominado Juez, que sea autónomo en sus decisiones y que lo desarrolle de forma rápida y eficaz a través de una resolución que haga tránsito a cosa juzgada con el máximo de garantías constitucionales reconocidas, ya que como se contempla en la actualidad este proceso lo que hace es ralentizar el recaudo de obligaciones pues no analiza el costo-beneficio de sus actividades. La solución a estas problemáticas las podemos identificar a la luz del debido proceso como eje central de las actuaciones, pues, aunque no se encuentra de forma taxativa, si es un hecho tratado jurisprudencialmente que también se constituye en un eje fundamental del proceso administrativo. Aunque este proceso administrativo tiene como finalidad dar cumplimiento a los fines del Estado. También debe reconocerse que se contempla entre los deberes del Estado garantizar los derechos fundamentales y principios constitucionales de los ciudadanos y esto se consigue a través del desarrollo de escenarios adecuados para la defensa se sus derechos y la defensa del interés general sobre el particular al mismo tiempo. Esta preocupación también se ha extendido a diferentes países latinoamericanos para quienes ha sido fundamental el desarrollo de escenarios garantistas para sus administrados. En tal sentido, se han desarrollado dos tendencias a saber: en el primer caso, existen países en los cuales el juez es el único que puede compeler al obligado al cumplimiento de la obligación y en el segundo caso, la ejecución del acto administrativo es propia de la administración. The prerogatives allow the administration to act on its own in defense of the general interest, which have been recognized in the coercive collection process through which the collection of obligations in favor of the State is advanced. The foregoing implies the recognition of unilateral powers to the administration that allow it to manage the recovery of resources that are owed in favor of state entities for non-payment of taxes, sanctions, withholdings, fines, among others. That is why, through these prerogatives, the administration imposes obligations on the co-associates, thus presenting a discussion scenario regarding the impact that it may have on the right to due process of the administered. One of these prerogatives is that of coercive collection, through which the administration seeks the payment of the obligations owed in its favor, without the need to go to the ordinary jurisdiction, through an expedited process, in which it holds the quality of judge and part. At this point, a problem has arisen around the role of the administration, which through its officials carries out the coercive collection procedure since there have been shortcomings in particular events of this process, which are the notification of the executive title, the declaration of the statute of limitations. , the determination of enforceability of the administrative act and the guarantee of an adequate recourse before the administration to exercise its right of defense and fully materialize the postulates of due process. It is in this measure, it is proposed to return to the judicial process of coercive process that was raised until Decree 2503 of 1987 because if the administration wants to recover monies in its favor that are essential to fulfill its purposes, it would be essential to present a process before a third party called Judge , that it is autonomous in its decisions and that it develops it quickly and efficiently through a resolution that makes it a res judicata with the maximum of recognized constitutional guarantees, since, as currently contemplated, this process is slowing down the collection of obligations because it does not analyze the cost-benefit of its activities. The solution to these problems can be identified in the light of due process as the central axis of the actions, because, although it is not found in an exhaustive way, it is a fact treated by jurisprudence that also constitutes a fundamental axis of the administrative process. Although this administrative process is intended to comply with the purposes of the State. It must also be recognized that it is considered among the duties of the State to guarantee the fundamental rights and constitutional principles of citizens and this is achieved through the development of adequate scenarios for the defense of their rights and the defense of the general interest on the individual at the same time . This concern has also spread to different Latin American countries for whom the development of guarantee scenarios for their administrations has been fundamental. In this sense, two trends have developed, namely: in the first case, there are countries in which the judge is the only one who can compel the obliged to comply with the obligation and in the second case, the execution of the administrative act is proper of the administration. Magister en Derecho Administrativo Maestría

El siguiente trabajo tuvo como título Debida Aplicación de las Medidas Cautelares Personales en Sujeción al Debido Proceso, el cual tuvo como objetivo el analizar la medida cautelar personal de la prisión preventiva con la finalidad de una revisión a su correcta aplicación en los procesos penales del Ecuador, con sujeción al debido proceso. Para esto se utilizaron métodos de investigación documental, exegético jurídico, jurídico comparado con el fin de presentar el estado actual de la prisión preventiva en el Ecuador. Sobre la presente investigación, se llegó a la conclusión de que la prisión preventiva, aunque estipulada adecuadamente en el COIP, esta no es aplicada adecuadamente por lo que se sugirió que existiera un mayor control en estos casos y se considerara un principio de proporcionalidad al momento de medir los efectos que esta medida tendría en los ciudadanos para preservar sus garantías constitucionales de los procesados. The following work was entitled Due Application of Personal Precautionary Measures in Subjection to Due Process, which aimed to analyze the personal precautionary measure of preventive detention with the purpose of a review of its correct application in the criminal proceedings of Ecuador, subject to due process. For this, documentary, legal exegetical and comparative research methods were used in order to present the current state of preventive detention in Ecuador. Regarding the present investigation, it was concluded that preventive detention, although adequately stipulated in the COIP, is not properly applied, so it was suggested that there be greater control in these cases and that a principle of proportionality be considered at the time. to measure the effects that this measure would have on citizens to preserve their constitutional guarantees of the accused.

El derecho a la defensa como fundamento primordial e innegable de toda persona, como titular de derecho; que merma la aplicación de un proceso de carácter inquisitivo, frente a el nuevo proceso penal de ámbito garantista e igualitario para todos sus intervinientes, incluido en ella la presencia del testigo que en muchas ocasiones se oculta bajo la sospecha de un inmediato investigado. Ante esta situación, se conservan las actuaciones poco garantistas ejecutadas por el Ministerio Público, al utilizar indiscriminadamente la denominación “los que resulten responsables”, que permite investigar a todos los sujetos, sustrayéndolos de ejercer su derecho de defensa, el debido proceso e igualdad de armas que forman pilares esenciales para llevar a cabo una correcta investigación; lo cual se acrecienta al tenerse preestablecidos a los investigados, sin embargo se los toma en cuenta solo como testigos, suprimiendo toda posibilidad de ejercitar su derecho constitucional a la defensa. ¿Se considera razonable y proporcional que un testigo desde el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público, tenga trato de investigado y sin la posibilidad de defenderse? La presente investigación, nace ante la necesidad de exponer y establecer lineamientos para las investigaciones fiscales y la correcta aplicación del Derecho constitucional a la Defensa, el debido proceso, igualdad de armas a todas las partes intervinientes en el proceso penal; implicando una investigación aplicativa con nivel descriptivo - explicativo mediante el cual se logró comprobar las hipótesis planteadas. Tesis

La formulación de cargos deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 595 del COIP, sin perjuicio de la observación de las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República. El problema central es si la resolución de imputación que realiza el fiscal cumple con los parámetros de la motivación. La investigación se orienta a la armonía entre la formulación de cargos, con los derechos constitucionales, específicamente en la garantía de la motivación, como parte del derecho a la defensa. Para ello, la metodología utilizada fue la cualitativa, que permitió el análisis de la doctrina acerca de la imputación y del derecho a la motivación; en la misma línea, se pudo analizar la normativa constitucional, ordinaria y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De la misma manera, se realizaron entrevistas a fiscales y expertos en derecho penal, respecto a la temática abordada. Mediante la discusión de los resultados se pudo obtener datos acerca de la finalidad, fundamento jurídico, características, errores y satisfacción de la motivación en la imputación que realiza el fiscal. El aporte del presente trabajo consiste en un criterio para verificar la motivación en la formulación de cargos, en el que se incluye los parámetros de razonabilidad, coherencia y comprensibilidad. La conclusión a la que se arriba es que la imputación debe cumplir no solo con los requisitos dispuestos en la ley, sino también, con los presupuestos de la motivación, como medio de control y exclusión de la arbitrariedad en las resoluciones del poder público. The formulation of charges must comply with those guidelines established in article 595 of the COIP, without prejudice to the observance of the guarantees of due process established in the Constitution of the Republic. The central problem is whether the resolution of the imputation carried out by the prosecutor complies with the parameters of the motivation. The investigation is oriented to the harmony between the formulation of charges, with the constitutional rights, specifically in the guarantee of the motivation, as part of the right to defense. To do this, the methodology used was qualitative, which allowed the analysis of the doctrine about the imputation and the right to motivation; Along the same lines, it was possible to analyze the constitutional and ordinary regulations and the jurisprudence of the Constitutional Court. In the same way, interviews were conducted with prosecutors and experts in criminal law, regarding the issue addressed. Through the discussion of the results, it was possible to obtain data about the purpose, legal basis, characteristics, errors and satisfaction of the motivation in the imputation made by the prosecutor. The contribution of this work consists of a criterion to verify the motivation in the formulation of charges, which includes the parameters of reasonableness, coherence and understandability. The conclusion reached is that the imputation must comply not only with the requirements established in the law, but also with the presuppositions of the motivation, as a means of control and exclusion of arbitrariness in the resolutions of the public power.

El modelo procesal penal acusatorio tiene como característica fundamental, la presencia de la jurisdicción desde la etapa de investigación, hasta la ejecución final de las sanciones, con la finalidad de controlar la actividad de las partes, y decidir sobre la intervención de derechos humanos y fundamentales. Para que esta función sea efectiva, las y los jueces asumen una nueva función de control de garantías y protectores de las personas contra conductas autoritarias del Estado y particulares. El cambio en el sistema penal acusatorio es que el Poder Judicial se convierte en una garantía por sí mismo, al ser el único facultado para afectar derechos, y también convertirse en la autoridad de más peso para obligar a que se satisfagan y se apliquen en la realidad.

La validez del acto administrativo depende que los motivos por los cuales se expide sean reales, pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado. Dicho de otra manera, que corresponda al supuesto de hecho y de derecho jurídicamente necesario y válido para la correspondiente expedición del acto. Se trata como lo han expresado diferentes tratadistas, de un requisito material u objetivo, de otro lado, la falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo, el error de derecho. Dado que la falta de motivación de los actos en cuestión involucra la violación al debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho, los principios democráticos y de publicidad del ejercicio de la función pública, tal vicio constituye una causal de nulidad de los actos administrativos que incurran en ese defecto. De este modo, cuando se esté ante una situación en donde se desvincule a un funcionario de carrera en provisionalidad mediante un acto administrativo no motivado, la sanción que dispone el ordenamiento jurídico para dicha actuación es la de la nulidad del acto. Por tal razón, puede afirmarse que, la motivación es la exteriorización de la justificación razonada y objetiva que permite llegar a una conclusión, sin la cual las decisiones se tornan arbitrarias, desproporcionadas e injustas, la necesidad de motivación de los actos administrativos es una carga y un deber que el derecho constitucional y administrativo contemporáneo impone a la administración pública. Por último, la identificación de disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico colombiano nos lleva a afirmar que es posible exigir una motivación suficiente a las autoridades administrativas. De hecho, la eliminación legislativa de la motivación sumaria o sucinta nos permite constatar que cada vez más resulta obligatorio para la Administración pública justificar y fundamentar el contenido de sus decisiones cuando desarrollan facultades discrecionales. Interpretación que podría tomarse en próximas ocasiones para un avance en el alcance y contenido que ha realizado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en esta materia. The validity of the administrative act depends on whether the reasons for which it is issued are real, pertinent and have sufficient merit to justify the decision that has been made. In other words, it corresponds to the factual and legal assumption that is legally necessary and valid for the corresponding issuance of the Legal act. Different writers have stated it as a material or objective requirement. In contrast, a false motivation like a vice of the illegality of the administrative act can be structured in the considerations of fact or law contained in the act. It is a mistake of fact or law, either because the facts adduced in the decision are non-existent or when they exist, they are incorrectly qualified from the legal point of view. In the first case, the mistake of fact is generated and, in the second one, it is considered a mistake of law. Due to the lack of motivation in the involved acts, it implies the violation of the Due process, the principles of the Rule of Law, the democratic principles and the publicity of the exercise of the public function, such vice constitutes a cause for the nullity of the administrative acts that incur that situation. In this way, when a provisional career civil servant is dissociated through an unmotivated administrative act, the sanction provided by the legal system is the nullity of the act. As a consequence, it can be affirmed that the motivation is the externalization of the reasoned and objectified justification that allows concluding in which the decisions become arbitrary, disproportionate and unfair. Likewise, the need to motivate the administrative acts is a burden and a duty that contemporary constitutional and administrative law imposes on public administration. Finally, the identification of normative provisions in the Colombian legal system leads us to affirm that it is possible to demand sufficient motivation from the administrative authorities. In fact, the legislative elimination of summary or succinct motivation allows us to verify that the public Administration must justify and substantiate the content of its decisions when developing discretionary powers. That interpretation should be considered on future occasions for an advance in the scope and content that the highest tribunal of administrative litigation has made in this matter. Magister en Derecho Administrativo Maestría

Colombia es un Estado Social de Derecho, en el cual todos los coasociados dentro del territorio nacional tienen derecho a la protección y materialización de los derechos fundamentales, entre los que destacamos los derechos a la dignidad humana, libertad, intimidad y debido proceso, estos son el pilar, el núcleo, y su categorización, establece el orden Jurídico de la sociedad. La constitución de 1991 incluye un concepto de gran importancia, incluso para el sistema procesal penal, que es la nueva dimensión del concepto de persona, pues como se cita en el artículo 5 de la misma “la primacía de los derechos inalienables de la persona” es el punto de partida de un movimiento que, aunque sonaba innovador para la época no era más que la aplicación de lo ya determinado por la declaración universal de derechos humanos de 1948. Aunque con un ligero cambio pues las circunstancias político-sociales de la época eran totalmente diferentes a las de aquella época de su promulgación. Por lo anteriormente mencionado se puede establecer que la obtención de la prueba implica algunas veces la intromisión de los derechos fundamentales del individuo, que afectan a la esfera privada del ser humano, los cuales deben ser evaluados por el juez competente, esto es, el juez de Control de Garantías, que debe avalar si dicho procedimiento se encuentra ajustado a la preservación de los derechos fundamentales de ahí que se necesita realizar el test de proporcionalidad y razonabilidad. En el presente artículo se expondrá el concepto de probar y de prueba judicial, los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, intimidad, y libertad en relación con la obtención de la prueba en el proceso penal, para así determinar la legitimación de la intromisión de estos últimos. Colombia is a Social State of Law, in which all associates within the national territory have the right to the protection and realization of fundamental rights, among which we highlight the rights to human dignity, freedom, privacy and due process, these are the pillar, the nucleus, and its categorization, establishes the legal order of the society. The 1991 constitution includes a concept of great importance, even for the criminal procedural system, which is the new dimension of the concept of the person, since, as cited in article 5 of the same, "the primacy of the inalienable rights of the person" It is the starting point of a movement that, although it sounded innovative for the time, was nothing more than the application of what was already determined by the universal declaration of human rights of 1948. Although with a slight change due to the political-social circumstances of the time they were totally different from those at the time of their promulgation. Based on the aforementioned, it can be established that obtaining evidence sometimes implies the interference of the fundamental rights of the individual, which affect the private sphere of the human being, which must be evaluated by the competent judge, that is, the judge Control of Guarantees, which must guarantee whether said procedure is adjusted to the preservation of fundamental rights, hence the proportionality and reasonableness test must be carried out. This article will expose the concept of evidence and judicial evidence, the fundamental rights to due process, human dignity, privacy, and freedom in relation to obtaining evidence in the criminal process, in order to determine the legitimacy of the interference of the latter. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Especialización

The issue of reasonable time of processes as a part of jurisdictional protection, based on the precedents of the Inter-American Court, is consider in the light of international treaties that have set general parameters within which the processes must be conducted. Six Argentine cases of inter-American jurisprudence – the ultimate interpreter of the American Convention – were considered, analysing the Court criteria, recommendations and the elements taken into account to determine the reasonableness of the term of judicial processes. Sommario: La questione della ragionevolezza dei processi nell’ambito della tutela giurisdizionale, sulla base dei precedenti della Corte Interamericana, è considerata alla luce dei trattati internazionali che hanno fissato parametri generali entro i quali devono essere condotti i processi. Sono stati esaminati sei casi argentini di giurisprudenza interamericana – interprete ultimo della Convenzione Americana – analizzando i criteri della Corte, le raccomandazioni e gli elementi presi in considerazione per determinare la ragionevolezza del termine dei processi giudiziari.

La investigación se ejecutó con el objeto: de determinar de qué manera la elevación en consulta del dictamen fiscal vulnera el principio de imparcialidad en el distrito judicial de Lima Este 2018. El estudio analiza el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal y la Constitución Política del Perú, con la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, donde se exponen las atribuciones al juez penal para que vulnere el principio de imparcialidad, cuando se elevan en consulta el sobreseimiento emitido por el fiscal. El método utilizado en el estudio fue el básico, con diseño no experimental y transeccional, a nivel descriptivo correlacional aplicando una estrategia de prueba de hipótesis que utiliza el análisis correlacional sobre los datos obtenidos con el instrumento que aplica la escala Likert, donde la muestra fue de 30 involucrados en el proceso, entre abogados, procesados y ciudadanos del distrito judicial. Los resultados demuestran que: existe una correlación positiva entre las variables analizadas con un nivel de confianza de 95%. La investigación concluye que: existe una correlación significativa entre la elevación en consulta del dictamen fiscal y la vulneración del principio de imparcialidad, el ministerio público tiene exclusividad de representar en los procesos judiciales a la sociedad, es por ello que el juez penal que discrepa con el dictamen fiscal no acusatorio o auto de sobreseimiento ya de por si vulneraria el principio de imparcialidad y la independencia de roles entre juez y acusador o funciones acusar y juzgar. Palabras Clave: derechos humanos

El propósito de esta investigación de maestría, se orienta a establecer como la desvinculación judicial de la pretensión penal, afecta las garantías procesales, entre ellas la autonomía y facultad del pretensor penal, en el (NCPP) El numeral uno del artículo 374, del (NCPP), regula, la desvinculación, en los siguientes términos, en el trámite del juzgamiento, antes de la conclusión de la actuación, de pruebas, el juez advierte la eventualidad, de una calificación legal de los hechos, materia de actuación, que no ha sido tomado en cuenta por el persecutor penal, debería poner en conocimiento, a Este y al acusado, sobre esa eventualidad. Las partes, expondrán sobre el asunto, observado por el juez penal unipersonal o Colegiado, y en su caso propondrán la prueba útil que corresponda. Si alguna de las partes pone en conocimiento que no está preparada, para realizar su pronunciamiento, el juez penal suspenderá, el debate hasta por cinco días, a fin de que se exponga lo conveniente. Sobre lo anotado la antes citada figura procesal, afecta el debido proceso, no solo porque el juzgador está legitimado para realizar, la actividad que le atañe al Ministerio Publico como es formular la pretensión acusatoria, sino el estadio en la cual se aplica, sin tener en cuenta las etapas que tiene el proceso penal, promulgado por decreto legislativo novecientos cincuentaisiete, donde en la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Publico es el director encargado de conducir la investigación preparatoria, dispone las diligencias de investigación necesaria para recopilar elementos de convicción, ya sea con el fin de acusar o pedir el sobreseimiento, y por su parte la defensa de los demás sujetos procesales en un ejercicio del derecho de defensa y amparado en lo previsto en el inciso 4, del artículo 337 del NCPP, puede solicitar al Ministerio Publico, diligencias, actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Vencida la etapa de investigación preparatoria el Fiscal, amparado en el numeral uno del artículo trescientos cuarenta y cuatro, puede formular acusación si tiene base suficiente de lo contrario tendrá que recurrir a formular el sobreseimiento, facultad que lo ejerce amparado en el numeral dos de la citada norma procesal. En la etapa intermedia la cual es dirigida por el juez de investigación preparatoria, en caso de requerirse acusación, Este, programara audiencia para control su admisibilidad donde se verificara que el Ministerio Publico cumpla con los presupuestos del artículo 349, del código Adjetivo penal, por su parte las demás partes procesales podrán observar la acusación, ya sea en el aspecto formular o sustancial, proponiendo medios de defensa, con el fin de buscar que se concluya en esa etapa el proceso penal, también ofertaran prueba para un posible juicio oral, de aprobarse el requerimiento acusatorio, el juez penal de investigación preparatoria, emitirá el auto de enjuiciamiento, correspondiente, teniendo como fundamento el artículo 353 del NCPP, el mismo que contendrá, datos del acusado, agraviado, la tipificación penal de los hechos acusados, se precisara las pruebas admitidas, etc., con la resolución del auto de enjuiciamiento concluye la segunda etapa del proceso penal, remitiéndose los actuados al juez de juzgamiento, para la continuación del trámite del proceso penal. El juzgamiento, considerado la etapa más importante, que se realiza, teniendo como horizonte o guía, la acusación, de acuerdo al artículo trescientos cincuenta y seis, con la observancia de las garantías del debido proceso, reconocidas en la Constitución y normas supranacionales, del cual nuestro país es parte, en el trámite del juicio será de aplicación obligatoria, la oralidad, la publicidad, inmediación, contradicción, en la actuación probatoria. Es decir él es medio sobre el cual se va llevar a cabo el juzgamiento, la misma que ha sido controlada, en una audiencia de etapa intermedia por un Juez Penal, el mismo también conoce el derecho, esta etapa que considero es la idónea para observar alguna cuestión que haya omitido el Ministerio público, sin embargo aplicar la desvinculación judicial conforme al numeral 1 del artículo 374 del NCPP, es efectivamente una afectación a las garantías del proceso, con incidencia al derecho de defensa toda vez que la defensa deber ser preparada en forma oportuna, conforme lo exige el articulo decimo del Título Preliminar del NCPP, toda vez que las partes asumen una posición respecto a la imputación en su contra preparando una estrategia, para afrontar el proceso penal, sin embargo aplicar la antes citada norma jurídica a las postrimerías de concluir el proceso, lo que considero, que no se vincula con el respeto y la tutela del debido proceso en su vertiente el derecho de defensa y el derecho a la prueba. Considero que la norma cuestionada debe ser excluida del ordenamiento adjetivo penal, caso contrario establecer que la desvinculación de la acusación fiscal sea realizada por el Juez de Investigación Preparatoria, a fin de dotarle al nuevo proceso penal las garantías de ir a juzgamiento con una acusación debidamente saneada, donde se puede asumir un juicio con la certeza que los parámetros de control aprobados en la audiencia de saneamiento procesal o etapa intermedia, son las verdaderas bases para el debate de juicio oral, sino estaríamos frente a una decisión, que tomaría el juez de juicio, en desventaja tanto de Ministerio Publico y con mayor dureza para el acusado, porque recibirá una sanción para la cual no fue advertida en las etapas anteriores al juicio oral. Efectivamente a partir del cuestionamiento a la norma antes citada no es pretender buscar la impunidad, sino el respete el debido proceso, toda vez que el espíritu del proceso penal, que cada parte legitimada ejerza su función con roles delimitados, por lo que de seguir aplicándose esta norma estaríamos retrocediendo, al antiguo modelo procesal decreto legislativo 124 y el Código de Procedimientos penales, ley 9040. Es claramente conocido que el Juez conoce la legislación y está en la obligación de aplicar la norma que corresponde, sino que tal control debe realizarse en un estadio, que permita a las partes asumir una efectiva defensa, asumir un juicio oral con la pretensión de las partes debidamente delimitada, e, incluso someterse al principio de conclusión anticipada. The purpose of this master's research is aimed at establishing how the judicial disengagement from the criminal claim affects the procedural guarantees, including the autonomy and power of the criminal claim, in the (NCPP). Numeral one of article 374, of the (NCPP), regulates, the separation, in the following terms, in the process of the trial, before the conclusion of the action, of evidence, the judge warns of the eventuality, of a legal qualification of the facts, the subject of action, which has not been taken into account by the criminal prosecutor, should inform the latter and the accused of this eventuality. The parties will present on the matter, observed by the unipersonal or collegiate criminal judge, and where appropriate they will propose the corresponding useful evidence. If any of the parties informs that it is not prepared, to make its pronouncement, the criminal judge will suspend the debate for up to five days, in order to expose what is convenient. Regarding the aforementioned procedural figure, it affects due process, not only because the judge is entitled to carry out, the activity that concerns the Public Ministry, such as formulating the accusatory claim, but the stage in which it is applied, without having taking into account the stages of the criminal process, promulgated by legislative decree nine hundred and fifty-seven, where in the preparatory investigation stage, the Public Ministry is the director in charge of conducting the preparatory investigation, arranges the necessary investigation procedures to collect elements of conviction, either in order to accuse or request the dismissal, and for their part, the defense of the other procedural subjects in an exercise of the right of defense and protected by the provisions of paragraph 4, article 337 of the NCPP, you can request the Ministry Public, proceedings, investigation acts to clarify the facts. Once the preparatory investigation stage has expired, the Prosecutor, covered by number one of article three hundred and forty-four, can file an accusation if he has sufficient basis, otherwise he will have to resort to formulate the dismissal, a power that is exercised under number two of the cited procedural rule. In the intermediate stage which is directed by the preparatory investigation judge, if an accusation is required, the latter will schedule a hearing to control its admissibility where it will be verified that the Public Ministry complies with the requirements of article 349, of the Criminal Adjective code, for On their part, the other procedural parties may observe the accusation, whether in the formulaic or substantial aspect, proposing means of defense, in order to seek to conclude the criminal process at that stage, they will also offer evidence for a possible oral trial, of If the accusatory requirement is approved, the preparatory investigation criminal judge will issue the corresponding indictment, based on article 353 of the NCPP, which will contain data of the accused, aggrieved, the criminal classification of the accused facts, it will be specified the evidence admitted, etc., with the resolution of the indictment concludes the second stage of the criminal process, remitting the s acted to the trial judge, for the continuation of the criminal process. The trial, considered the most important stage, which is carried out, having as a horizon or guide, the accusation, according to article three hundred and fifty-six, with the observance of the guarantees of due process, recognized in the Constitution and supranational norms, of the to which our country is a party, orality, publicity, immediacy, contradiction, in the evidentiary action will be mandatory in the trial process. That is to say, he is the means on which the trial will be carried out, the same that has been controlled, in an intermediate stage hearing by a Criminal Judge, he also knows the law, this stage that I consider is the suitable to observe any issue that the Public Ministry has omitted, however applying the judicial separation according to numeral 1 of article 374 of the NCPP, is effectively an affectation to the guarantees of the process, with an impact on the right of defense since the defense must be prepared in a timely manner, as required by Article 10 of the Preliminary Title of the NCPP, since the parties assume a position regarding the accusation against them, preparing a strategy to face the criminal process, however apply the aforementioned rule legal law after the conclusion of the process, which I believe is not related to the respect and protection of due process in its aspect, the right of defense and the right to evidence. I consider that the challenged norm should be excluded from the criminal adjective, otherwise establish that the dissociation of the prosecution is carried out by the Preparatory Investigation Judge, in order to give the new criminal process the guarantees of going to trial with a duly accusation healthy, where a trial can be assumed with the certainty that the control parameters approved in the hearing on procedural reorganization or intermediate stage, are the true bases for the oral trial debate, otherwise we would be facing a decision, which would be made by the court judge. trial, to the disadvantage of both the Public Ministry and with greater harshness for the accused, because he will receive a sanction for which he was not warned in the stages prior to the oral trial. Indeed, from the questioning of the aforementioned norm, it is not to try to seek impunity, but to respect due process, since the spirit of the criminal process, that each legitimated party exercises its function with delimited roles, so to continue applying This rule would be going back to the old procedural model, legislative decree 124 and the Code of Criminal Procedures, Law 9040. It is clearly known that the Judge knows the legislation and is obliged to apply the corresponding rule, but that such control must be carried out in a stage that allows the parties to assume an effective defense, to undertake an oral trial with the claim of the parties duly delimited, and even to submit to the principle of early conclusion. Tesis

El texto sostiene que, en una democracia constitucional como la chilena, los únicos fundamentos del derecho penal y de la imposición de las penas han de encontrarse en la normativa constitucional vigente. Ellos son los principios de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y debido proceso. Se descartan así las teorías tradicionales del ius puniendi y los fundamentos sociológicos o de otro tipo dominantes en la literatura., The text maintains that, in a constitutional democracy such as Chile, the only foundations of criminal law and the imposition of penalties must be established in the current constitutional regulations. They are the principles of legality, reserve and due process. Thus, the traditional theories of ius puniendi and the sociological or other dominant foundations in literature are discarded., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y la designación de apoyos para personas con discapacidad, en los expedientes de los Juzgados de Familia de Huánuco. La metodología para la investigación de tipo aplicada, a nivel explicativo y enfoque cuantitativo, requirió el diseño correlacional y transversal, para conocer las relaciones entre las variables y entender su intervención en la realidad problemática. Para el estudio de campo, se realizó la observación de expedientes en materia de designación judicial de apoyos para personas con discapacidad. Evidenciando su vinculación con las garantías que integran la tutela jurisdiccional efectiva: acceso a los órganos jurisdiccionales y el debido proceso. Sin embargo, resultaron insuficientes estas garantías procesales, debido a las demoras injustificadas en la emisión de la resolución final y definitiva que designa el apoyo, limitando el derecho a la efectividad de las resoluciones. Frente a ello, se propone implementar la tutela procesal diferenciada, mediante un proceso específico y autónomo con características de urgente, excepcional y satisfactivo, en materia de designación de apoyos para personas con discapacidad. Tesis

La presente investigación tiene como propósito adecuar un mecanismo normativo en la ley N° 30364 que regule la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el extremo de la vulneración del derecho de defensa del imputado en las medidas de protección dictadas en su contra por los delitos de violencia familiar. La judicialización obligatoria desde este tipo de delitos, sin un debido procedimiento atenta contra derechos fundamentales, porque se confunde mucho lo que es un conflicto con violencia familiar. Por tal razón la investigación se orientó a demostrar como el trámite del proceso por violencia familiar afecta a derechos fundamentales como el debido proceso, a la defensa del denunciado, entre otros. Para ello, se utilizó como método de estudio el enfoque cualitativo, cuya finalidad es recoger datos a través de manuales, documentaciones o entrevistas, del mismo modo la tesis, se encuentra enfocada en una investigación jurídica de tipo Fenomenológico. Siendo la unidad de análisis el estudio de la norma, la doctrina, la jurisprudencia y las entrevistas. Finalmente, luego de haberse utilizado la triangulación de datos, se ha concluido que el procedimiento para conceder medidas de protección en violencia familiar, vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución Política del Perú, y normas supranacionales. Estos son el derecho a una debida notificación de la denuncia, vulneración al plazo razonable para la defensa en el proceso, derecho a la contradicción. Por tales motivos se hace la siguiente recomendación como mecanismo de modificación de la ley de violencia familiar en su artículo 16 de la ley y el articulo 35 del reglamento, ampliando el plazo a 72 horas para que el juez de la causa, oralice la audiencia y decida sobre el otorgamiento o no de las medidas de protección, de la misma manera las fichas de valoración de riesgo deben ser llenados por profesionales competentes del Centro de Emergencia Mujer que se encuentran en las comisarías y por último el Juez de Familia antes de dictar las medidas de protección debe disponer primero que el agresor y la victima pasen por una asesoría familiar (terapia familiar) a efectos de cautelar la unidad familiar consagrados en nuestra constitución. Lima Norte Escuela de Posgrado Derecho Penal y Procesal Penal

En la presente investigación se analizó la construcción de la vinculatoriedad del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, partiendo del concepto doctrinal de fuentes de derecho y del desarrollo histórico del precedente en el sistema de Common Law, analizando las razones por las cuáles se trata de un elemento ajeno al sistema que todas las constituciones colombianas han manejado por su herencia legalista, para identificar que su incorporación como parte fundamental de todas las decisiones judiciales es consecuencia de la vigencia de la actual carta política en estricta interpretación y aplicación de los principios que la conforman, generándose un desarrollo principalmente jurisprudencial sobre los parámetros para su aplicación y exigibilidad, lo que permitió concluir que pese ser una fuente de derechos aplicada prácticamente con la misma fuerza vinculante y obligatoria que la ley, no se ha cubierto adecuadamente lo correspondiente a sus efectos en el tiempo cuando se suscita un cambio de postura para garantizar los mismos principios de igualdad de trato jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima que fundamentan su aplicabilidad. Para lo que se propone una herramienta jurídica procesal, basada en instituciones ya existentes del Common Law, que permitiría subsanar esta falencia y garantizar la adecuada ejecución del precedente judicial como fuente de derechos subjetivos en Colombia. This research analyzed the construction of the binding nature of precedent in the Colombian legal system, starting from the doctrinal concept of sources of law and the historical development of precedent in the Common Law system, analyzing the reasons why it is a foreign element to the system that all Colombian constitutions have handled by their legalistic heritage, to identify that its incorporation as a fundamental part of all judicial decisions is a consequence of the validity of the current political charter in strict interpretation and application of the principles that comprise it, This led to the conclusion that despite being a source of rights applied practically with the same binding and obligatory force as the law, it has not adequately covered the effects over time when there is a change of position to ensure the same principles of equal legal treatment, legal certainty and legitimate confidence that underlie its applicability. For this purpose, a procedural legal tool is proposed, based on existing Common Law institutions, which would allow to remedy this deficiency and guarantee the adequate enforcement of the judicial precedent as a source of subjective rights in Colombia.

En esta tesis se hace un análisis acerca de si se respeta el debido proceso de aquellos sujetos que se vinculan de forma de oficios a la acción de tutela a partir de lo establecido en la jurisprudencia de las altas cortes. This thesis analyzes whether due process is respected in the case of those subjects who are involved in the tutela action based on the jurisprudence of the high courts. Maestría Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal

La investigación tuvo por objetivo principal el análisis de la evolución jurídica del principio del debido proceso en el escenario electoral dentro del ordenamiento jurídico colombiano, tomando como aspectos teóricos los fundamentos conceptuales del debido proceso y su universalización en cada ámbito del estado, así como elementos teóricos propios del contexto electoral, principalmente colombiano. Se desarrolló una metodología basada en el paradigma histórico jurídica, con un enfoque cualitativo con diseño hermenéutico documental, donde se compararon aspectos propios de la Ley 2241 de 1986 y el proyecto de Ley 234 del 2020, los resultados obtenidos permitieron concluir que la comprensión de la trascendencia y alcances del principio del debido proceso en el marco de garantías del proceso electoral en Colombia, se plantea como un elemento fundamental que debe estar enmarcado en los principios del Código electoral y debe estar alineado y presente en cada uno de los procedimientos administrativos del sistema electoral, se ha reconocido en este trabajo que el debido proceso es un principio universal en el marco de los sistemas estatales, y en las democracias es un principio fundamental que da garantías en cada ámbito del estado y en la acción administrativa de seguridad y justicia The main objective of the research was to analyze the legal evolution of the principle of due process in the electoral scenario within the Colombian legal system, taking as theoretical aspects the conceptual foundations of due process and its universalization in each area of the state, as well as theoretical elements own of the electoral context, mainly Colombian. A methodology based on the historical legal paradigm was developed, with a qualitative approach with a documentary hermeneutical design, where aspects of Law 2241 of 1986 and Law 234 of 2020 were compared, the results obtained allowed to conclude that the understanding of the importance and scope of the principle of due process within the framework of guarantees of the electoral process in Colombia, is considered as a fundamental element that must be framed in the principles of the Electoral Code and must be aligned and present in each of the administrative procedures of the system electoral process, it has been recognized in this work that due process is a universal principle within the framework of state systems, and in democracies it is a fundamental principle that provides guarantees in each area of the state and in the administrative action of security and justice

En mayo de 2019, la Fiscalía General de la Nación de Colombia inició el plan piloto para la implementación de PRISMA, un programa construido con base en machine learning, que pretende reducir la reincidencia criminal por medio de la aplicación eficiente de la detención preventiva. Este sistema informático fue analizado través de dos obras literarias: El proceso y El informe de la minoría, conforme a la corriente de Derecho y Literatura. Lo anterior, dado que la Literatura pone en evidencia las tensiones que existen alrededor del proceso penal, con lo cual permite ver, primero, cómo PRISMA puede vulnerar el derecho fundamental al debido proceso al reducir la posibilidad de defensa del acusado; borrar el límite entre quien acusa y quien juzga; y eliminar la presunción de inocencia al conceder la detención preventiva basándose únicamente en la peligrosidad de un individuo. Segundo, se muestra que este tipo de tecnologías se enmarcan en un derecho penal basado en el peligrosismo, que, a su vez, responde a un Estado Penal. En este orden de ideas, la Literatura se presenta como una herramienta de análisis de las contradicciones presentes en el Derecho y en la creación e implementación de PRISMA.

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito describir, y analizar el problema que se viene generando a raíz de la pandemia mundial del COVID-19 y los diversos cambios que hemos tenido que atravesar, tomando en cuenta en el ámbito judicial para lo cual nos hemos centrado en el Poder Judicial de Lima Norte, tomando en cuenta los Juzgados Penales correspondientes que aplican el Código Procesal Penal. La investigación se centró en el análisis del debido proceso y el principio de contradicción en las audiencias virtuales, la finalidad de la mismas es describir y analizar cómo se vienen desarrollando la aplicación de los principios que rigen el Código Procesal Penal, así como los establecidos como garantías procesales en actual modelo procesal penal. La problemática que se planteó en la presente investigación fue corroborada con las experiencias tomadas y vividas de los expertos y entrevistados con la finalidad de poder tener una mayor claridad y panorama al respecto ,asimismo desarrollar como se vienen aplicando en el ámbito judicial y en las instalaciones de las audiencias los principios como el de inmediación, contradicción, legalidad y oralidad en las audiencias virtuales y como la mala aplicación del mismo afecta en el desarrollo pleno y eficaz de las audiencias virtuales tomando en consideración que el proceso penal debe garantizar que se cumplan con todas las garantías necesarias. Lima Norte Escuela de Posgrado Procesal Penal Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria Fin de la pobreza

El trabajo de investigación se orientó a determinar la existencia de la vulneración del principio al debido proceso en los procesos administrativos disciplinarios en la Fuerza Aérea del Perú el año 2020, determinar sus causas y si existen medios de defensa para garantizar su ejercicio en los indicados procedimientos, considerando la Ley N° 29131, su modificatoria y reglamento, así como la Ordenanza FAP 35-7. Con un enfoque cualitativo, la presente investigación es de tipo descriptivo, con diseño no experimental, transversal y causal, realizado en una muestra de 50 efectivos militares de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en actividad. Para recolección de datos se empleó encuestas dirigidas a infractores y sancionadores; así como una guía de entrevista a oficiales expertos con once preguntas. Los resultados evidencian que existe una leve vulneración al principio del debido proceso en los procesos administrativos disciplinarios en la FAP el año 2020, los cuales se deberían sobre todo al desconocimiento de los principios establecidos en las normas citadas, a prejuicios o impulsos que se anteponen a un análisis imparcial al momento de imponer sanciones y a la no existencia de un órgano autónomo que prevenga y garantice el pleno ejercicio del debido proceso. Lima Norte Escuela de Posgrado Gestión de Políticas Públicas

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, existen muchos cuestionamientos dirigidos a establecer cómo podría ser más eficiente y efectiva la respuesta del Estado frente a las situaciones que se presenten con los administrados en el devenir social y jurídico de las relaciones que nacen entre ellas. Por lo anterior, surge una gran inquietud al definir si deben existir estructuras de acceso a la administración de justicia que puedan homogenizar o simplificar su acceso. Considerando desde un primer momento la reparación directa como acción única, desde la génesis y el origen mismo de la acción. De esta manera, las conclusiones que puedan surgir deberán develarse a través de la construcción de un camino conceptual y doctrinal que permita generar conclusiones respecto de la necesidad o no de un acceso a la administración más concreta. Within the jurisdiction of the contentious-administrative, there are many questions aimed at establishing how the response of the State could be more efficient and effective in the face of situations that arise with the administered in the social and legal development of the relationships that arise between them. Due to the above, a great concern arises when defining whether there should be structures for access to the administration of justice that can homogenize or simplify access. Considering from the outset direct repair as a single action, from the genesis and the very origin of the action. In this way, the conclusions that may arise must be revealed through the construction of a conceptual and doctrinal path that allows generating conclusions regarding the need or not of access to the more concrete administration. Maestría Magíster en Derecho con Énfasis en Derecho Público (Modalidad de Profundización)

Ilustraciones, tablas La monografía analiza los elementos integrales del derecho fundamental al debido proceso aplicados en la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], justificados desde la concepción de las garantías mínimas en un Estado Social de Derecho. Asimismo, describe el "Debido Proceso" como institución fundamental en la correcta impartición de la justicia transicional, como derecho fundamental de aplicación inmediata y directriz propia de los derechos humanos. Adicionalmente, por medio del método cualitativo, se desarrollan los presupuestos procesales en la JEP, con el fin de examinar en paralelo con la experiencia internacional, en materia de la justicia en posconflictos, y así, determinar los retos que presenta la experiencia colombiana. El resultado de la investigación permite enaltecer los avances legales para la protección de las víctimas del conflicto armado, especialmente en la búsqueda de la verdad sobre los hechos de violencia que tanto daño han producido a la sociedad colombiana. The monograph analyzes the integral elements of the fundamental right to due process applied in the Special Jurisdiction for Peace [JEP], justified from the conception of the minimum guarantees in a Social State of Law. Likewise, it describes "Due Process" as a fundamental institution in the correct administration of transitional justice, as a fundamental right of immediate application and a guideline of human rights. Additionally, through the qualitative method, the procedural assumptions are developed inf the JEP, in order to examine in parallel with the international experience, in the matter of justice in post-conflct, and thus, determine the challenges presented by the Colombian experience. The result of the investigation allows to enhance the legal advances for the protection of the victims of the armed conflict, especially in the search for the truth about the acts of violence that have caused so much damage to Colombian society. Maestría Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal

La dinámica actual de las relaciones personales y comerciales, a todos los niveles, se desarrolla en un mundo que cada vez más se parece a la “aldea global” que nos planteó McLuhan (El País, 2017), por ello resulta común encontrar situaciones jurídicas privadas internacionales, a las que le son aplicables, no solo las normas del derecho internacional privado, sino también las propias del lugar donde se encuentren las partes que integran esas relaciones. El presente estudio de caso busca justamente dilucidar sobre las tensiones, conflicto espacial entre leyes y antinomias de las aplicables para la validez y regularidad de la práctica de uno de los actos más importantes dentro de los procesos judiciales con los cuales se requiere resolver los conflictos que surgen como inevitable consecuencia de ese relacionamiento internacional privado, que es el acto de notificación de la demanda en el extranjero, la cual en Colombia se regula, en forma general, por las normas del Código General del Proceso (arts. 290 y ss.), con las reformas extraordinarias introducidas por el Decreto 806 vigente por dos años, desde el 4 de junio de 2020 y, en especial, por la Ley 1073 de 2006, aprobatoria del Convenio de La Haya del 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial. The current dynamics of personal and commercial relationships, at all levels, takes place in a world that increasingly resembles the “global village” that McLuhan proposed to us (El País, 2017), which is why it is common to find legal situations international private law, to which not only the rules of private international law are applicable, but also those of the place where the parties that make up those relationships are located. This case study precisely seeks to elucidate on the tensions, spatial conflict between laws and antinomies of those applicable to the validity and regularity of the practice of one of the most important acts within the judicial processes with which it is required to resolve the conflicts that arise as an inevitable consequence of this private international relationship, which is the act of notification of the claim abroad, which in Colombia is regulated, in general, by the rules of the General Code of Process (arts. 290 et seq.) , with the extraordinary reforms introduced by Decree 806 in force for two years, from June 4, 2020 and, especially, by Law 1073 of 2006, approving the Hague Convention of November 15, 1965 on the Notification or Transfer Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

Nuestro proyecto de investigación se centra en dos aspectos muy importantes, aplicación excesiva de la prisión preventiva y su afectación del derecho a la libertad personal, las cuales serán empleadas como variables para su adecuada elaboración. En el capítulo I, expondremos la realidad problemática que hemos podido apreciar para que se realice este trabajo, además que señalaremos los objetivos que pretendemos alcanzar y describiremos el aporte o la justificación que queremos brindar para la solución de este problema. En el capítulo II, desarrollaremos las bases teóricas que hemos podido recopilar de diversas fuentes de información como son libros, revistas, leyes, periódicos, trabajos de investigación universitarios, obteniendo de esta manera tanto información nacional como internacional. En el capítulo III, explicaremos los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que hemos empleado para la correcta realización de este trabajo de investigación, desde la búsqueda y recopilación de información hasta el análisis de los resultados obtenidos.En el capítulo IV y V, analizaremos los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a una población de 100 personas y lo compararemos con nuestras bases teóricas. Por último, concluiremos nuestro trabajo de investigación señalando cuáles han sido nuestras fuentes de información.

Según la legislación colombiana, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) es la entidad facultada para recaudar impuestos y derechos de aduana. Esta entidad deberá cumplir con el Decreto 1165 de 2019 en materia aduanera. Este Decreto tiene dos procedimientos para el decomiso (incautación) de mercancías. Proceso de decomiso ordinario y proceso de decomiso directo. El sujeto interesado en impugnar estas decisiones puede utilizar el recurso de reconsideración. Sin embargo, el gobierno nacional debe permitir el uso de otros recursos en este proceso con el propósito de proteger el principio de la doble instancia. Este Trabajo expone posibles salidas que permitan el uso de los demás recursos en garantía de la doble instancia. Under Colombian law, the National Directorate of taxes and customs (DIAN) is the entity entitled to collect taxes and custom duties. This entity should comply with the Decree 1165 of 2019 in the customs fields. This Decree has two procedures for the confiscation (seizure) of merchandise. Ordinary confiscation process and direct confiscation process. The subject interested in challenging these decisions may use reconsideration resource. However national government should allow the use of other resources in this process whit the purpose to protect the double instancy principle. This Work exposes possibles exits that allows the use the other resourses in warranty of the double instance. Maestría Magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas

En el presente escrito se realizó un estudio del derecho a la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio, cuya regulación por parte del legislador debe estar orientada a mantener un control sobre las actividades que contengan un riesgo social y un interés general intrínseco. A su vez, se analizaron las particularidades de la policía administrativa y las garantías en los procedimientos sancionatorios desarrollados por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y particulares, que vigilan y controlan las profesiones en Colombia, denotando la importancia de satisfacer el principio de legalidad y en consecuencia el principio de tipicidad. De esta manera, se pone en evidencia las posibles dificultades y desatinos normativos, respecto al régimen sancionatorio ético- profesional que deben ser abordados en un futuro por las autoridades competentes. In this writing a study was carried out of the right to freedom to choose and exercise a profession or trade, the regulation of which by the legislator must be aimed at maintaining control over activities that contain a social risk and an intrinsic general interest. At the same time, the particularities of the administrative police and the guarantees in the sanctioning procedures developed by the administrative, jurisdictional and private authorities, which monitor and control the professions in Colombia, were analyzed, indicating the importance of satisfying the principle of legality and consequently the principle of typicity. In this way, the possible difficulties and normative blunders are highlighted, regarding the ethical-professional sanctioning set of rule that must be addressed in the future by the proper authorities. Maestría Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Administrativo

La presente investigación titulada “Divergencias sobre la oportunidad de exclusión de la prueba ilícita y su relación con la seguridad jurídica en el Distrito Judicial de Amazonas”, busca verificar si existe alguna interrelación entre dos realidades procesales: de un lado la falta de unidad en los criterios jurisprudenciales sobre el momento procesal en que debe excluirse la prueba ilícita del proceso penal; y de otro la causación de eventuales afectaciones al principio de seguridad jurídica como consecuencia de dichas divergencias. Tiene por objetivo determinar si la incertidumbre sobre la etapa procesal de exclusión de la prueba ilícita – ya sea Diligencias Preliminares, Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia, Juicio Oral, y aún en el trámite recursal- incide negativamente en el normal desarrollo del debido proceso penal, en cuanto no habría garantía de una progresión o avance procesal válido hacia las etapas sucesivas del proceso penal, dado que si la pretensión punitiva se basa en una fuente de prueba obtenida con violación de derechos fundamentales evidentemente, tarde o temprano, dicho proceso será anulado, lo que pondrá en evidencia el despilfarro de recursos del Estado en un proceso inútil desde su nacimiento. De otro lado, se busca establecer si tal incertidumbre sobre la etapa procesal de exclusión de la prueba ilícita se relaciona con una afectación al derecho de defensa al no serle previsible al imputado una exclusión en la primera oportunidad que la alegue en el proceso. En cuanto al marco metodológico empleado el diseño es no experimental, elaborado desde un enfoque cuantitativo, siendo el nivel de la investigación descriptivo y correlacional, habiéndose empleado las técnicas del análisis documental y encuesta a nuestras unidades de estudio. Se eligió como población o universo de estudio al conjunto de abogados, jueces y fiscales penalistas del distrito de Chachapoyas, perteneciente al Distrito Judicial de Amazonas. Como instrumentos de recojo de datos se aplicó un cuestionario pre estructurado y también nos valimos de las fichas resumen en la revisión de la literatura pertinente. Los resultados de nuestro trabajo de campo fueron analizados y tabulados a través de la estadística porcentual. Los resultados obtenidos revelan que existe una relación de causa a efecto entre las divergencias sobre la oportunidad de exclusión de la prueba ilícita y la afectación al principio de seguridad jurídica en el Distrito Judicial de Amazonas, dado que tal incertidumbre origina una doble falta de previsibilidad procesal sobre los siguientes aspectos: de un lado sobre la progresión válida del proceso al incluir fuentes de prueba ilícitamente obtenidas; y del otro, inseguridad en la defensa técnica de que la no exclusión oportuna puede fundamentar otras resoluciones diferentes de la sentencia, como las que ordenan medidas de coerción procesal. This research entitled "Divergences about the opportunity to exclude illegal evidence and its relation to legal security in the Judicial District of Amazonas", seeks to verify whether there is any interrelation between two procedural realities: on the one hand the lack of unity in the jurisprudential criteria on the procedural moment at which the unlawful evidence of the criminal process must be excluded; and on the other, the cause of possible damages to the principle of legal certainty as a consequence of said divergences. Its objective is to determine whether the uncertainty about the procedural stage of exclusion of the illicit evidence - whether Preliminary Measures, Preparatory Investigation, Intermediate Stage, Oral Trial, and even in the recursal proceeding - negatively affects the normal development of due criminal proceedings, insofar as there would be no guarantee of a valid progression or procedural advance towards the successive stages of the criminal process, given that if the punitive claim is based on a source of evidence obtained in violation of fundamental rights, obviously, sooner or later, said process will be annulled, which will highlight the waste of resources of the State in a useless process since its birth. On the other hand, it is sought to establish whether such uncertainty about the procedural stage of exclusion of the illicit evidence is related to an affectation to the right of defense as the accused is not expected to be excluded at the first opportunity that alleges it in the process. Regarding the methodological framework used, the design is non-experimental, elaborated from a quantitative approach and with a descriptive and correlational level, the techniques of documentary analysis, survey and interviewing our study units having been used. The group of lawyers, judges and criminal prosecutors of the Chachapoyas district, belonging to the Judicial District of Amazonas, was chosen as the population or universe of study. As a data collection instrument, a pre-structured questionnaire was applied and we also used the summary sheets in the review of the relevant literature. The results of our field work were analyzed and tabulated through percentage statistics. The results obtained reveal that there is a cause-and-effect relationship between the differences regarding the opportunity to exclude the illicit evidence and the impact on the principle of legal certainty in the Judicial District of Amazonas, given that this uncertainty causes a double lack of procedural predictability on the following aspects: on the one hand on the valid progression of the process by including illicitly obtained evidence sources; and on the other, insecurity in the technical defense that timely non-exclusion can support other resolutions different from the sentence, such as those that order procedural coercion measures.

El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1991, este implica una garantía de defensa en términos razonables y con rectitud de las normas aplicables en todo tipo de proceso y actuación, representando una medida de amparo sobre derechos sustanciales y procesales. Al tenor de lo anterior, el proceso administrativo sancionatorio que dispone la Ley 1437 de 2011, aplicable al régimen de servicios públicos domiciliarios de las Leyes 142 y 143 de 1994, responden a dicha máxima, así como la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios (en adelante Superservicios), como entidad facultada para ejercer control, inspección y vigilancia. No obstante, existen vacíos y conceptos indeterminados que afectan la adecuada interpretación normativa en la decisión administrativa del proceso sancionatorio, como es el caso del silencio administrativo positivo, aspecto que ha avanzado mayormente con la jurisprudencia y en sede de la administración que normativamente. Lo anterior, deviene en límites causantes de inseguridad jurídica para las empresas de energía eléctrica por las sanciones que impone Superservicios, esto desde la libertad de empresa y dar respuesta a los principios por los que propenden. Así las cosas, el presente trabajo de grado analiza el alcance del debido proceso frente a la facultad sancionadora del proceso administrativo sancionatorio de Superservicios, y que es impuesto a las empresas de energía eléctrica. Se tiene como propósito, establecer los límites que afectan la efectividad en la prestación del servicio y sus actividades, lo que supone la necesidad de avanzar en mayor desarrollo legal para poder fortalecer este tipo de procesos. Due process is a fundamental right enshrined in the 1991 Constitution, which implies a guarantee of defence on reasonable and correct terms of the rules applicable in all types of proceedings and proceedings, representing an amparo measure on substantive and procedural rights. In the light of the foregoing, the administrative sanctioning process provided for in Law 1437 of 2011, applicable to the regime of residential public services of Laws 142 and 143 of 1994, corresponds to this maxim, as well as Superservicios, as an entity empowered to exercise control, inspection and surveillance. However, there are gaps and undetermined concepts that affect the proper normative interpretation in the administrative decision of the sanctioning process, such as administrative silence. This aspect has advanced largely with the case law and in the headquarters of the administration that normatively. This leads to limits and legal uncertainty for electricity companies due to the sanctions imposed by Superservicios. Thus, the present degree paper analyzes the scope of due process in the sanctions imposed through the administrative process sanctioned by Superservicios to electric power companies, seeking to establish the limits that affect the effectiveness in the provision of the service and the actions, and what supposes the need to advance in greater legal development to strengthen this type of processes.

La puesta en vigencia del Código Procesal Penal en casi todos los Distritos Judiciales del Perú, ha incorporado el sistema acusatorio el cual tiene la característica de ser contradictorio, y, además, ha incluido en el Código adjetivo, el principio de igualdad de armas procesales, cuando preceptúa en el artículo I inciso 3 del Título Preliminar que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Sin embargo, la práctica del Derecho Procesal Penal, difiere del enunciado del Código adjetivo, porque no existe una verdadera igualdad de armas procesales. En efecto, uno de los principales problemas que se aprecian, es la desigualdad de armas procesales entre el imputado y el Ministerio Público. En ese orden de ideas, cuando el Ministerio Público inicia el ejercicio de la acción penal, el imputado no cuenta con medios de defensa técnicos apropiados para poder oponerse a la persecución penal de parte del Fiscal. En la práctica procesal, se aprecian vacíos en el Código Procesal Penal, cuando el Ministerio Público empieza la investigación preparatoria y se conoce que existe otro proceso penal que está pendiente de concluir, entre los mismos sujetos, por el mismo objeto y por la misma causa. El Código Procesal Civil contiene trece excepciones que puede promover el demandado, en cambio, el imputado sólo tiene cinco excepciones que establece el Código Procesal Penal, para poder utilizarlas ante el ejercicio de la acción penal iniciado por el representante del Ministerio Público. En ese sentido, se aprecia, en la práctica procesal, una desigualdad de armas procesales, entre el imputado y el Ministerio Público, ya que a esta falta de excepciones del Código procesal Penal, se suma los vacíos existentes en temas que no se han establecido en el Derecho Penal como el concurso de leyes, y, la prueba trasladada indebidamente regulada en el Código Procesal Penal, entre otros vacíos, que demuestran una desigualdad al principio de igualdad de armas procesales. Ahí, radica, la importancia de la necesidad de incorporar al Código Procesal Penal, la excepción de litispendencia como un medio de defensa del imputado para oponerse a la acción penal promovida por el Ministerio Público. Todo ello, con la finalidad, de que se disminuya la desigualdad de armas entre el imputado y el Ministerio Público. Trabajo de investigacion

Artículo de Investigación En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos distintos al Consejo Superior de la Judicatura. (Tomado de la fuente) 1. Funciones de inspectores de policía y naturaleza jurídica de decisiones de su competencia. 2. La competencia para disciplinar a quienes ejercen funciones jurisdiccionales en Colombia. 3. Afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía en el país. 4. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Maestría Magíster en Derechos Humanos

En el presente trabajo monográfico se abordarán las principales novedades del Decreto 806 de 2020, el cual implementa las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales llevadas a cabo en Colombia, como respuesta a las circunstancias atípicas generadas por la pandemia, con el fin de poder garantizar a las personas el acceso a la justicia. En consecuencia, se pretende analizar su relación en el desarrollo de los actos procesales, examinando así el avance, cambios e impacto que genera dentro del sistema procesal de la oralidad enfocado al Código General del Proceso. Inicialmente se abordará el estudio y revisión de este decreto teniendo presente uno de los objetivos de esta investigación, que es el de determinar si lo establecido en el decreto ha permito que la oralidad se consolide como sistema procesal preponderante en la administración de justicia ante los jueces civiles y de familia, o si por el contrario no ha logrado este efecto y ha llevado a que se debilite, teniendo presente las restricciones de interacción que ha generado la pandemia del COVID-19. También se abordarán otros cambios que, si bien no están directamente relacionados con la oralidad, por estar más vinculadas a las fases escritas del proceso, se considera han de incidir un mejoramiento de estándar de la administración de justicia, como son el manejo del expediente digital, la forma en el otorgamiento de los poderes para actuar en el ámbito del proceso jurisdiccional, presentación de la demanda y anexos, y la forma de realizar la notificación de los diferentes actos procesales., This monographic study will address the key new ideas of Decree 806 of 2020, which implements information and communication technologies in judicial actions carried out in Colombia. Also addressed is the response to the atypical circumstances generated by the pandemic in order to guarantee the people's access to justice. The intention, in relation to the General Code of Proces, is to analyze the relationship in the development of procedural acts while also examining the processes which have been changed and the impact that those changes generate within the oral procedural system. Initially, the study and review of this decree will be approached bearing in mind one of the objectives of this investigation, which is to determine if the provisions of the decree have allowed orality to be consolidated as the preponderant procedural system in the administration of justice before the judges. civil and family, or if, on the contrary, it has not achieved this effect and has led to it weakening, bearing in mind the interaction restrictions generated by the COVID-19 pandemic. Other changes will also be addressed that, although they are not directly related to orality, as they are more linked to the written phases of the process, it is considered that an improvement of the standard of the administration of justice should affect, such as the handling of the digital file, the way in which the powers are granted to act in the field of the jurisdictional process, the presentation of the claim and annexes, and the way in which the different procedural acts are notified.

El Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, estipula que las autoridades administrativas al emitir actos administrativos dentro de los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, están sujetas a una serie de elementos y atributos esenciales comunes que los estructuran, de conformidad con la teoría del acto administrativo, regulando sus actuaciones y procedimientos administrativos a la luz del ordenamiento jurídico garantizando los principios en materia administrativa sancionatoria del debido proceso, legalidad de las faltas y de las sanciones, presunción de inocencia, no reformatio in pejus y non bis in idem, en coordinación con los principios procesales de economía, celeridad y eficacia, para poder obtener una tutela judicial efectiva (ley 1437 de 2011, artículo 3). De esta manera, lo que se pretende con la presente investigación, es establecer la importancia de emplear adecuadamente los criterios y elementos esenciales que debe considerar la administración para respetar el debido proceso en actos administrativos de carácter sancionatorio y resolver la revocatoria directa cuando los procedimientos no sean los adecuados, desconociendo las garantías y principios constitucionales y en consecuencia la tutela judicial efectiva, configurándose las vías de hecho. The Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation stipulates that the administrative authorities, when issuing administrative acts within the administrative procedures of a sanctioning nature, are subject to a series of common essential elements and attributes that structure them, in accordance with the theory of the administrative act, regulating their actions and administrative procedures in the light of the legal system, guaranteeing the principles of due process, legality of misdemeanors and sanctions, presumption of innocence, no reformatio in pejus and non bis in idem, in coordination with the procedural principles of economy, speed and efficiency, in order to obtain effective judicial protection (Law 1437 of 2011, Article 3). In this way, the purpose of this research is to establish the importance of adequately using the criteria and essential elements that the administration must consider to respect the due process in administrative acts of a sanctioning nature and to resolve the direct revocation when the procedures are not adequate, ignoring the constitutional guarantees and principles and consequently the effective judicial protection, configuring the de facto ways.

Artículo de Investigación El debido proceso fue recogido por la Constitución Política de 1991 en su artículo 29, donde describe los componentes que integran este principio. Establecer limitaciones que no encuentran fundamento legal y constitucional establece una vulneración a este derecho. En ese sentido y teniendo en cuenta que el artículo 56 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente, el presente artículo de reflexión propone un estudio sobre la aplicación que la autoridad administrativa correspondiente realiza de éste. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN. 1. EL DEBIDO PROCESO CONCEBIDO DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 2. ACERCAMIENTO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL AL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN COLOMBIA. 3. VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO POR LA RESTRICCIÓN AL DEBIDO PROCESO SEÑALADA EN LA LEY 842 DE 2003. CONCLUSIONES. REFERENCIAS