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RESUMEN Objetivo Describir la forma en que la Corte Constitucional de Colombia ha interpretado el uso de la tutela en riesgos laborales. Se presenta en qué casos ha defendido el uso de la tutela y las líneas jurisprudenciales principales del tema. Método Análisis de una muestra representativa de las decisiones de la Corte Constitucional en tutelas en riesgos laborales durante el periodo 1992-2014. Se sistematizaron 58 tutelas con estadísticas descriptivas y se analizaron las principales líneas jurisprudenciales. Resultados La Corte ha asumido una posición proteccionista del trabajador. En 79,3 % de los casos revocó la decisión de primera o segunda instancia y concedió las pretensiones de la tutela. Ha sostenido que no se puede despedir a trabajadores que han sufrido un accidente o una enfermedad laboral sin permiso de la oficina del trabajo, y deben ser reincorporados y reubicados si es el caso. Además, ha sostenido que los trabajadores no deben soportar la incertidumbre sobre quién debe cubrir sus prestaciones, que deben ser otorgadas mientras estas discusiones se libran. Discusión La estructura institucional en donde las empresas promotoras de salud (EPS) atienden las enfermedades y accidentes de origen común y las administradoras de riesgos laborales (ARL) las de origen laboral, incentiva la negación de sus servicios y como efecto el uso de la tutela en este campo. A pesar de la claridad de las líneas jurisprudenciales, los mismos problemas jurídicos se siguen presentando a través de los años y los jueces de instancia siguen incumpliendo los precedentes establecidos por la Corte. ABSTRACT Objective To describe the way in which the Constitutional Court of Colombia has interpreted the use of the writ for the protection of constitutional rights in work-related illnesses. The paper explains in which cases the court has defended the use of this action and the key judicial precedents on the subject. Method Analysis of a representative sample of the decisions of the Constitutional Court regarding writs for the protection of constitutional rights in work-related illnesses between 1992 and 2014. We coded 58 rulings, providing descriptive statistics and analyzing the main judicial precedents. Results The Court has assumed a protectionist position in support of workers. In 79.3 % of the cases, the Court revoked the decisions of lower courts and granted the action to employees. The Court has defended that employers cannot dismiss workers who suffered from a labor accident or illness without approval from the labor office; these workers have to be reincorporated and relocated, if needed, in a new working place. The Court has also stated that workers do not have to bear the uncertainty of not knowing which entity should cover their health and economic costs during recovery; health promoting companies (EPS, the Spanish acronym) or occupational risk managers (ARL, the Spanish acronym) should cover these costs while courts have a definite ruling. Discussion The institutional structure of labor risks in which EPS takes-over sicknesses and accidents from a common origin, and ARL the ones from a labor origin, incentivize EPS and ARL rejection of the services and, therefore, the use of the legal action of writ for the protection of constitutional rights. In spite of the clarity of judicial precedents, the same judicial controversies keep re-emerging, and lower courts continue to fail to comply with the precedents established by the Court.

Antecedentes. En 2006, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) adoptó la estrategia de entornos de trabajo saludables impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para mejorar la calidad de vida de la población vinculada a las Unidades de Trabajo informal en Bogotá. Objetivo. Evaluar la estrategia de entornos de trabajo saludables impulsada por la Secretaría Distrital de Salud desde al año 2006 y aportar a su ajuste. Materiales y métodos. Se empleo la metodología de investigación evaluativa, incorporando la sistematización de los informes anuales, fichas de visita, acompañado de la realización de una encuesta a trabajadores y empleadores beneficiarios de esta iniciativa y la realización de grupos focales. Resultados. Se identificaron las fortalezas y debilidades de la Estrategia, que para el año 2010 había llegado a 22.274 Unidades de Trabajo Informal y 55.867 trabajadores y trabajadoras. Se propuso pasar de una intervención individualizada a una colectiva, orientada a las características de subsectores informales, con referencia al territorio y a las cadenas productivas. Conclusiones. El vínculo Universidad-Instituciones públicas, ofrece un marco de colaboración para el fortalecimiento de políticas públicas que restituyan derechos, aún en los limitados marcos del modelo de salud imperante en el país