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Solid waste is waste materials that affect a natural deposit, affecting the ecosystem around it, making it impossible for the emergence and permanence of life spontaneously, due to the high rate of polluting agents and toxic components, therefore, the challenge currently is to convert processes to give practical uses to this waste, trying to mitigate the environmental impact of this type of pollution. The main objective of this work is to propose a reflection from the second law of thermodynamics that explains the mitigation of the impact of solid waste. From thermodynamics, a model for mitigating environmental impact is proposed, considering the dissipative structure as the model to generate the transformation from chaos to order. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Introducción: Como consecuencia de la pandemia a causa del Coronavirus (SARS CoV2), desde el 2020 se ha dado un aumento en la generación de residuos con riesgo biológico o infeccioso usados en los protocolos de bioseguridad por parte de la ciudadanía en general y el talento humano en salud; lo que genera un alto riesgo para salud y un aumento en el índice de contaminación ambiental y degradación de los recursos naturales que hasta el momento ha superado las expectativas para su mitigación. Desarrollo: Para contrarrestar el impacto de esta situación problemática, se hace una reflexión para describir las políticas públicas actuales y buscar acciones medioambientales para mitigar el daño, y ampliar el concepto que se tiene sobre medio ambiente y la importancia de la interacción y codependencia del ser humano con la naturaleza. Se plantea la idea de retomar elementos conceptuales del conocimiento de las culturas indígenas sobre la visión holística del ambiente, partiendo de una cosmovisión indígena del buen vivir, en donde el ambiente y el ser humano se encuentren en constante equilibrio y armonía. Conclusión: Se pretende encontrar desde la cosmovisión indígena, posibles abordajes conceptuales que mitiguen el impacto ambiental, así como, la formulación de acciones estratégicas para la adecuada gestión de estos residuos.

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Son numerosos y concretos, los esfuerzos realizados por diversas sociedades a nivel global respecto al manejo eficiente y sostenible de los residuos generados por esas mismas sociedades, más aún cuando un porcentaje significativo de esos residuos, se tipifican como peligrosos o potencialmente mortales para la población circundante, si no son objeto de un manejo adecuado. Es así como la gestión ambiental aparece como una herramienta clave para abordar esta delicada problemática. En el contexto anterior, se realizó el estudio, enfocado en trazar un compendio de elementos necesarios para afrontar la gestión de residuos peligrosos; atendiendo a una metodología de carácter descriptiva – documental. Los principales resultados del estudio, resaltan una correlación entre la incorrecta gestión de los desechos peligrosos y la contaminación química del entorno donde se encuentren a nivel de suelo, aire y corrientes o cuerpos de agua. Concretamente, la bibliografía destaca como la clasificación, acopio y disposición de desechos se debe considerar de forma integral, sobre todo si pueden derivar o presentan sustancias que afecten químicamente el área donde se puedan encontrar. Se concluyó que al tratar con desechos con un fuerte impacto ambiental; se deben considerar las normativas orientadas a atender su naturaleza tóxica. Al respecto, se recomienda a las industrias generadoras de residuos y a las empresas encargadas de su manejo, seguir los estándares de calidad química diseñados para su manejo óptimo siguiendo tanto los estándares internacionales como las normativas establecidas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador.

El ambiente se asocia a una complejidad de significados y acepciones matizados por el área de contexto y por la disciplina de análisis. Al agregarle el término impacto, su concepción teórica se complica aún más. En cualquiera de los casos, el ambiente está asociado indisolublemente a la realización plena del ser humano. Así, se requiere un ambiente estable y sano, a efectos de asegurar la obtención de los recursos necesarios para garantizar la vida de las personas. El objetivo se orientó a reflexionar acerca del impacto ambiental de los talleres de maquinaria pesada industrial en el cantón Esmeraldas. La metodología es documental, realizada en tres fases (preparatoria, descriptiva e interpretativa). El análisis arrojó cuatro categorías: Generalidades sobre la terminología ambiental, marco institucional del impacto ambiental, contextualización del impacto ambiental, fuentes de impacto ambiental de un taller de maquinaria pesada. Esto visibilizó la necesidad de circunscribir la categoría de impacto ambiental como un proceso verificable de alteración de la calidad del medio ambiente producto de la actividad humana y diferenciada, de las variaciones propias de la naturaleza. Finalmente, la conclusión señala que la apropiación de las conceptualizaciones involucradas en la temática, constituye un elemento clave para una gestión ambiental de cualquier organización. Igualmente, establece que los efectos de una actividad humana, pueden tener diversos matices sobre el ambiente y una variada valoración desde la calidad ambiental.

El manejo inadecuado de residuos peligrosos generados por la industria petrolera constituye mundialmente un problema de contaminación de suelos. Las estrategias cubanas actuales para incrementar la producción de hidrocarburos, introducen residuos como cortes de perforación contaminados con diésel, lo que requiere nuevas medidas para una adecuada gestión ambiental, no disponible hasta el momento. Basado en experiencias existentes sobre biorremediación en Cuba, se pretende reducir la carga contaminante de estos cortes. Como propósito se tiene, evaluar un proceso de biorremediación mejorada, con acondicionadores orgánicos, a cortes de perforación contaminados con diésel para su manejo y disposición final. El proceso se desarrolló a escala de campo empleando el método de bioestimulación. El seguimiento analítico se realizó mediante la medición de grasas y aceites, hidrocarburos totales según normas establecidas. La actividad microbiana se evaluó mediante la respirometría en suelos, con crecimiento exponencial entre 90 y 150 días. En la aplicación se logró una remoción superior al 70 % de los contaminantes y disminución del contenido de aromáticos en un 61 %. Además, no hubo toxicidad para la biota terrestre en el suelo tratado. El tratamiento por biorremediación mejorada de estos residuos es beneficiosa para su manejo y puede disminuir el impacto al medio ambiente. DOI: https://doi.org/10.54167/tch.v17i1.1146

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Históricamente, el sector de la construcción ha sido uno de los contribuyentes más importantes en la economía, ya que genera gran cantidad de empleos durante y después de concluida la obra, creando de esta manera, ingresos y progreso para la economía local .Sin embargo, causa daños ambientales significativos ya que produce una gran cantidad de residuos, algunos de los cuales se consideran peligrosos. A pesar de esto, el país no cuenta con un manejo adecuado de estos residuos, por este motivo, se identificaron los residuos peligrosos del sector de la construcción y su impacto ambiental. Los datos fueron recolectados por medio de fuentes secundarias, así como encuestas a personal de empresas constructoras, visitas de campo y consultas a expertos. Los resultados demostraron que los residuos peligrosos identificados en la construcción en el país incluyen: ácidos, solventes, detergentes, aditivos para concreto, contenedores de aceite, lubricantes, líquidos de frenos, combustibles, residuos de pintura y sus empaques, desencofrantes, madera tratada con compuestos químicos, residuos de soldadura, silicona y selladores, suelo contaminado, utensilios que contienen productos químicos y tubos fluorescentes. Cada uno de los residuos peligrosos identificados está asociado con un impacto ambiental negativo en el suelo, el agua o el aire. El 100% de ellos tiene efectos negativos en la calidad del agua. A pesar de lo anterior, se encontró que menos del 40% de las empresas encuestadas reutilizan o recuperan para reciclar estos residuos y ninguna de ellas administra adecuadamente todos los desechos peligrosos que generan. Los datos fueron recolectados por medio de fuentes secundarias, así como encuestas a personal de empresas constructoras, visitas de campo y consultas a expertos. Los resultados demostraron que los residuos peligrosos identificados en la construcción en el país incluyen: ácidos, solventes, detergentes, aditivos para concreto, contenedores de aceite, lubricantes, líquidos de frenos, combustibles, residuos de pintura y sus empaques, desencofrantes, madera tratada con compuestos químicos, residuos de soldadura, silicona y selladores, suelo contaminado, utensilios que contienen productos químicos y tubos fluorescentes. Cada uno de los residuos peligrosos identificados está asociado con un impacto ambiental negativo en el suelo, el agua o el aire. El 100% de ellos tiene efectos negativos en la calidad del agua. A pesar de lo anterior, se encontró que menos del 40% de las empresas encuestadas reutilizan o recuperan para reciclar estos residuos y ninguna de ellas administra adecuadamente todos los desechos peligrosos que generan.

The article summarizes the ruling of the Superior Court of Justice of Castilla-La Mancha 418/2011, which deals with a fine imposed on a company for violations related to hazardous waste. The Court dismissed most of the company's arguments, but partially upheld the lack of motivation in the sanctioning resolution and reduced the amount of the imposed fine. The company is considered a producer of hazardous waste due to the management of containers containing chemical products and has failed to comply with the obligations established by law by storing containers of hazardous waste outdoors. [Extracted from the article]

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El supuesto de autos tiene su origen en una serie de Resoluciones de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en relación con las parcelas de unos particulares contaminadas con restos de fibrocemento. De entre los hechos aceptados por la Sala, destaca el conocimiento por parte de los titulares de dichas parcelas, de la existencia de los residuos en el momento de adquirirlas y su procedencia de una mercantil cuya actividad cesó en 2002. La primera Resolución, de 23 de septiembre de 2016, estableció la obligación a los propietarios de la parcela de retirada de restos de fibrocemento, residuos peligrosos debido a su contenido en amianto. La segunda, de 8 de septiembre de 2017, apercibió a la Administración a la ejecución subsidiaria de esta obligación. Por último, mediante Resolución de 21 de agosto de 2018, se acordó encomendar a los propietarios acondicionar y sellar los restos de fibrocemento existentes en las parcelas. Y, finalmente, de 14 de enero de 2019, que confirmó la Resolución, de 05 de diciembre de 2018, de la mencionada viceconsejería, que encomendó a la Administración la ejecución subsidiaria por incumplimiento de la obligación de acondicionamiento y sellado de los restos de fibrocemento. Pues bien, la cuestión inicial es resolver si la responsabilidad sobre la gestión de los residuos recae sobre los particulares o sobre la administración y cuál de las medidas adoptadas, la retirada o el sellado, es más adecuada para mitigar el impacto ambiental y sobre la salud humana. La Sala se remite a los artículos 11 y 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, y determina la responsabilidad de los recurrentes como poseedores de dichos residuos desde el año 2000. Agrega que, dado que en el año 2000 seguían depositándose los residuos de forma ilícita, la responsabilidad medioambiental dimanante no ha prescrito, conforme al artículo 4 de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Asimismo, confirma la posibilidad de ejecución subsidiaria por parte de la Administración de la obligación de reposición referida a la gestión de los residuos, establecida “de forma independiente a la exigencia de responsabilidad sancionadora”. Acotadas estas cuestiones, el Tribunal se enfrenta a la complicada tarea de determinar cuál de las soluciones técnicas planteadas es más adecuada en el caso enjuiciado: la retirada de los restos de fibrocemento o su acondicionamiento y sellado in situ. Por remisión a los informes técnicos obrantes en el expediente, se opta por el encapsulado de los residuos como solución preferente, pues así se evita la dispersión del amianto y los problemas que conlleva para el medioambiente y la salud humana. Medida que, de otra parte, se ve reforzada por el Plan de Vigilancia municipal para controlar el estado de estas actuaciones. Por todo lo anterior, se estima parcialmente la demanda y se anula la obligación de retirada de los residuos de la parcela. Destacamos los siguientes extractos: “(…) Pues bien, el articulo Artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es del siguiente tenor: 11. Posesión de residuos. 1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones. En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 3.El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes de gestión; Y, el artículo 33.1: Artículo 33 Responsabilidad administrativa. 1. A efectos de lo establecido en este Título, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos", esto es, al amparo de esta Ley, como sostiene la Administración demandada, los recurrentes al adquirir las parcelas se convirtieron en titulares responsables de los Residuos como poseedores de los mismos. Consecuencia que igualmente se alcanza, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, a tenor del cual, los costes relativos a la gestión de los residuos tienen que correr a cargo del productor inicial de los residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos conforme a lo establecido en el artículo 42 de la misma Ley, lo que es acorde con la Directiva que se traspone al derecho interno, con esta Ley, a saber, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, que establece el marco jurídico general sobre los residuos en la Unión Europea, y, la configura como la nueva "Directiva marco de residuos", que recoge expresamente el principio "quien contamina paga" como principio rector vigente a escala europea e internacional y, en base a dicho principio, determina ya en su exposición de motivos - Considerando 26 - el principal protagonismo del productor y poseedor de residuos en la responsabilidad de la gestión de los mismos: "(Considerando 26 de la DMR) El principio de quién contamina paga es un principio rector a escala europea e internacional. El productor de los residuos y el poseedor de los residuos debe gestionarlos de forma que garantice un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana". Así las cosas, si alcanza responsabilidad a los recurrentes como poseedores de los citados residuos peligrosos desde el año 2000, y, deben descontaminar sus parcelas de los mismos, a su costa”. “(…) El artículo 4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental establece: "Esta Ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han trascurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. El plazo se computará desde el día en que se haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño". Este sería el plazo aplicable a nuestro caso, por cuanto, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, contiene un régimen de prescripción de las infracciones, regulado en su artículo 51, de 1, 3 o 5 años, en función del tipo de infracción, que al no imputarse a los recurrentes infracción administrativa alguna, no es de aplicación, y, no establece ningún plazo de prescripción para estos últimos supuestos, por lo que, habrá que determinar si el vertido de fibrocemento en las parcelas de los recurrentes se produjo hace más de 30 años, como alegan estos, o, por el contrario como entiende la Administración demandada, en el año 2000 aún se estaban produciendo residuos peligros por la empresa Ibertubo SA, y se iniciaron los trámites por dicha empresa para obtener la autorización como gestor de residuos peligrosos (punto 4) (folio 15 expediente advo). En junio 2001 se volvió a denunciar el vertido de residuos procedentes de Ibertubo (punto 5). Y en 2003 (punto 6)”. “(…) en cualquier caso, no se discute que los vertidos se iniciaron hace más de 30 años, lo que, esta en cuestión es cuando cesaron los vertidos, por cuanto el dies a quo, es como se dijo, el día en que se haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño, y, consta acreditado, que en el año 2000 aún se estaban produciendo residuos peligros por la empresa Ibertubo SA, y se iniciaron los trámites por dicha empresa para obtener la autorización como gestor de residuos peligrosos (punto 4) (folio 15 expediente advo). En junio 2001 se volvió a denunciar el vertido de residuos procedentes de Ibertubo (punto 5). Y en 2003 (punto 6), por lo que, habrá que estar a la fecha en que ceso en su actividad la mercantil Ibertubo, SA, concretamente en el año 2002, en el que se produjo el cierre de la fábrica. En su consecuencia no adolece de prescripción”. “(…)por tanto, cabe ejecución subsidiaria aunque no estemos en un procedimiento sancionador a lo que no obsta el hecho de que la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos, se refiera a un supuesto concreto de ejecución subsidiaria de las obligaciones de indemnización o de reparación establecidas en la propia resolución sancionadora, pues, como afirma el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha : "(...) no impide la aplicación del derecho administrativo común y general sobre ejecución subsidiaria cuando la indemnización o la reposición se establece, referida a Residuos, de forma independiente a la exigencia de responsabilidad sancionadora. Como bien admiten los actores la reparación de los daños y perjuicios causados al medio ambiente o la reposición de las cosas a su estado anterior, pueden solicitarse con independencia del procedimiento sancionador”. “(…) En definitiva, el encapsulado es el método más adecuado para resolver el problema medioambiental y para la salud al evitarse la liberación de fibras de amianto en esta tipología de residuos, por el contrario el perito de parte concluye que la solución idónea a los restos de fibrocemento existentes en las fincas, desde un punto de vista económico, ambiental y agronómico, y que evitaría riesgos innecesarios a la población y medioambiente de la zona, consiste en la limpieza total de las fincas, y el traslado de los residuos de fibrocemento a un centro de gestión autorizado, insiste en que la solución adoptada para la gestión de residuos es temporal, cuando no consta que así se haya planteado por la Administración demandada, estamos en presencia de una solución definitiva, pericial que no desvirtúa los Informes, que anteceden, por cuanto, no ha realizado pruebas técnicas: muestreos, muestras, etc., que determinen error en cuanto al tamaño de los depósitos, y, la peligrosidad del material, como recogen los Informes que se han trascrito, que es lo que determina que la solución más adecuada sea la del sellado y acondicionamiento de los restos de fibrocemento existentes en las parcelas NUM000 y NUM001 del polígono NUM002 del término municipal de Toledo, a cargo de los recurrentes. Así las cosas, procede la estimación en parte de la demanda, del PO 53/2017, que se anula, y, deja sin efecto, solamente, en lo que se refiere a la "(...) obligación de retirada de los restos de fibrocemento de la parcela NUM000, del polígono NUM002, y la parcela NUM001 del polígono NUM002, del término municipal de Toledo"; y la desestimación de la demanda PO 41/19 acumulado, confirmando las Resoluciones impugnadas”. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente trabajo, estudia la generación y cuantificación de Residuos Peligrosos en 13 áreas del Recinto Universitario Rubén Darío, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Managua, (UNAN Managua). Así mismo, se evalúa el riesgo al entorno humano y al entorno ambiental con el proposito de diseñar el Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos. La caracterización, permitió calcular la PPC de la población universitaria usuaria de las instalaciones, con un valor promedio de 0.017 Kg / habitante /día, y una densidad promedio de 111 Kg / m3. Se reportó, que el 97 % del total de los residuos generados, se clasifican como Residuos Biológicos Infecciosos, y el 3% como Residuos Químicos Peligrosos.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia trae causa de varios procedimientos penales iniciados en los Países Bajos contra una empresa y varios trabajadores de la misma por transportar a Alemania residuos no peligrosos mezclados con subproductos animales de la categoría 3 (entre otros, una mezcla de salmuera y de tejidos de animales), destinados a ser tratados en una planta de biogás en Alemania, incumpliendo las exigencias de la normativa que regula el traslado de residuos (Reglamento 1013/2006). El Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden (Países Bajos), que conocía del litigio en segunda instancia, quería saber, a través de tres cuestiones, si dicho transporte estaba sujeto, como alegaba la empresa, a la normativa de subproductos animales (Reglamento 1069/2009); o, bien a la normativa, más estricta, de residuos (en particular, al Reglamento 1013/2006, que regula el traslado de residuos entre Estados miembros). La Sentencia, tras analizar exhaustivamente las previsiones de ambos Reglamentos así como de la Directiva de residuos en la materia, concluye, aplicando doctrina anterior, que los traslados de subproductos animales regulados por el Reglamento nº 1069/2009 están, en principio, excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de residuos, salvo en los casos en que dicho Reglamento establece expresamente su aplicación, esto es, en el caso de que la mezcla contenga residuos peligrosos. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El objetivo del estudio consistió en establecer el impacto de las políticas de ma-nejo interno de los residuos químicos peligrosos de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), sede Bogotá, en el afianzamiento de una cultura de protección del medio ambiente en la comunidad académica. Se acogió una metodología de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo, como instrumento de recolección de información se empleó la encuesta. La población incluyó el personal responsable de la manipulación y segregación de los residuos químicos peligrosos de los laboratorios de química, biología y microbiología, con una muestra compuesta por 17 docentes, 8 auxiliares de laboratorio y 283 estudiantes. Los resulta-dos muestran que las estrategias utilizadas por la Universidad para promover la protección del medio ambiente como cultura institucional así como el uso del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), han generado en los actores involucrados en el manejo de residuos químicos peligrosos, una cultura de cuidado y responsabilidad ambiental; en concordancia, se identificó que dichos actores emplean prácticas de minimización, reutilización y reciclaje dentro y fuera del espacio académico, con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente. Los hallazgos de la investigación presentan una base para que otras Instituciones de Educación Superior (IES) puedan establecer el impacto de sus políticas y estrategias en la promoción de una cultura de protección medioambiental en el estudiantado, docentes y auxiliares de laboratorio e instituciones de características similares.

El objetivo del presente artículo es poner de relieve aquello que es invisibilizado por las recurrentes afirmaciones de sentido común que usualmente reducen los problemas ambientales a fallas en la implementación de las normas o, sencillamente, a la inexistencia de políticas ambientales en Córdoba, Argentina e, incluso, la región latinoamericana. A tal fin y, en primer lugar, se caracterizará al denominado “ambientalismo neoliberal” destacando ciertas condiciones histórico-políticas para su emergencia y ascenso como lógica dominante en el campo ambiental. Luego se abordarán las transformaciones o redefiniciones del derecho en el marco del predominio del neoliberalismo y los aspectos más relevantes de la política ambiental neoliberal en Argentina en las últimas décadas. Finalmente, y antes de presentar ciertas reflexiones y aportes o propuestas a diferentes operadores del campo ambiental se presentará brevemente el caso de las políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en Córdoba. Fecha de recepción: 15 de Abril de 2019 Fecha de aceptación: 12 de Octubre de 2019

Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución nº 193/2016, de 24 de mayo, dictada en el Procedimiento Ordinario n. º 97/2015 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de los de Alicante. Esta resolución judicial ha desestimado la pretensión de invalidez jurídica en materia de contratación administrativa en el recurso interpuesto por la Ute Cespa Gestión de Residuos SAU Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras S.A. Constituye la parte apelada el Excmo. Ayuntamiento de Granja de Rocamora, el Excmo. Ayuntamiento de Cox, el Excmo. Ayuntamiento de Albatera y la Excma. Diputación Provincial de Alicante. La resolución recurrida es el acuerdo de 21/01/2015 por el que se resuelve el contrato de concesión de la Obra Pública del Proyecto de Gestión de Residuos urbanos de la Zona XVII de la Comunidad Valenciana por incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones asumidas en el contrato, en concreto, la Administración refiere a que el contratista incurre en la causa de resolución prevista en la cláusula 17.1 e) del PCAP, consistente en la falta de cumplimiento de la obligación del concesionario de construir y explotar la obra pública con arreglo a lo dispuesto en el contrato. Dicho contrato se dividía en dos prestaciones distintas, de una parte, construir en el término municipal de Cox las instalaciones para la puesta en funcionamiento de una solución transitoria y, de otra, construir en el término de Albatera las instalaciones definitivas. Pues bien, la sentencia centra el incumplimiento imputable al contratista, causa de la resolución del contrato, en la tardanza por parte de la recurrente en la puesta en marcha de la solución transitoria consistente en la construcción que se proyectaba llevar a cabo en el término municipal de Cox, que debería ser de seis meses a partir de la firma del contrato realizada el 10-6-2013. Ante la carencia de infraestructuras de valorización y eliminación de residuos en la Zona se imponía una solución transitoria dentro del plazo estipulado contractualmente. No se construyó en el plazo indicado. La concesionaria, consciente de las dificultades de cumplir con esos plazos, mediante escrito de fecha 29-10-2013 propuso ejecutar la solución transitoria de manera parcial, debido a la modificación del planeamiento urbanístico que imposibilitaba adquirir el terreno propuesto en su día en la solución base, ya en el año 2007. La apelada considera que la parte demandante debió presentar la propuesta que hace el 29-10-2013 tras la firma del contrato y que en la proposición que realizó el 20 de marzo de 2007, ya se proponía en su proyecto de gestión la instalación de una estación de transferencia transitoria en el término municipal de Cox. Tuvo tiempo para determinar si estaba en condiciones de ejecutar las disposiciones contenidas en los pliegos, bases y demás documentación que integraba el procedimiento administrativo que nos ocupa, incluso a partir de junio pudo buscar salidas para la ejecución de la solución transitoria. Si no se pone en funcionamiento la solución transitoria tampoco se podrá implementar la definitiva, una vez ejecutadas las obras y demás actuaciones necesarias para ello El recurso interpuesto por la concesionaria de las obras se fundamenta en la siguiente motivación: 1º.- Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia: a) En la sentencia se admite que no era necesario disponer de los terrenos pero, por otro lado, se concluye que la UTE debía haberse asegurado si podía disponer de los terrenos antes de formalizar el contrato; a) también se acepta que el contratista podía exigir de la Administración que hiciese uso de la facultad expropiatoria. 2º.- Error en la valoración de la prueba practicada. Ante la imposibilidad material de conseguir terrenos para el desarrollo de las actuaciones, se urgió de la Administración Autonómica la expropiación urgente de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones de Cox. Se aduce que se cumplió con los plazos contemplados en la documentación contractual como ocurre con el Plan de trabajo que se presentó el 29-10- 2013. Se subraya que la Presidenta del Consorcio reconoció que no hubo retraso en la implantación de la solución transitoria. 3º.- La sentencia recurrida infringe la regulación contenida en la legislación aplicable en relación con la ejecución del contrato. Con anterioridad a 10-6-2013 no se le podía exigir a la UTE la realización de actuación alguna encaminada a ejecutar la solución transitoria de acuerdo con lo previsto en el art. 54.4 del TRLCAP en cuanto a disponibilidad de terrenos o exigencia de instar un procedimiento expropiatorio. 4º La resolución apelada supone una vulneración frontal del art. 1.184 y concordantes del Código Civil. Imposibilidad sobrevenida de implementar la solución transitoria en el plazo previsto en el contrato no imputable a la actora como consecuencia de la modificación de los instrumentos de planeamiento. 5º.- Se afirma que la contratista ha hecho todo lo posible para llevar a cabo la ejecución del contrato lo que no se ha conseguido por causas ajenas a su voluntad, lo que debe llevar inherente la devolución de la fianza depositada. La respuesta de las administraciones locales y diputación fue la de rebatir lo manifestado por la UTE y manifestarse conformes a la resolución del contrato por su incumplimiento. Finalmente, la Sala estima el recurso presentado por la UTE y declara contrario a derecho y sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio celebrada el 21-1-2015 por el que se acuerda resolver el contrato formalizado el 10-6-2013 por causa imputable al contratista e incautar la garantía definitiva correspondiente a la fase de construcción depositada por la UTE por importe de 1.982.977,91 euros, con el consiguiente mantenimiento de la vigencia del contrato firmado. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El Tribunal de Casación de Italia solicitó al Tribunal de Justicia pronunciamiento prejudicial en el marco de los procesos penales que conocía, iniciados contra varios particulares por supuestos delitos relativos a tráfico ilegal de residuos (asignación de códigos correspondientes a residuos no peligrosos a residuos peligrosos y tratamiento como tales en vertederos de residuos no peligrosos). Los residuos en cuestión podían ser clasificados tanto con códigos correspondientes a residuos peligrosos como con códigos correspondientes a residuos no peligrosos, dependiendo de su peligrosidad ("códigos espejo"). [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Se interpone recurso contencioso administrativo por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cox, de fecha 28 de abril de 2015, por el cual se aprueba definitivamente el Texto refundido de la modificación puntual 1/2013 del Plan General de Cox (dicha modificación impide la instalación de cualquier tipo de almacenamiento de residuos y también el tratamiento y eliminación tanto de residuos peligrosos como no peligrosos), estimándose por la Sala dicho recurso, declarándose nula dicha modificación por ser contraria a derecho. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE has become a new source of pollution to the point that approximately 40 to 50 million tons per year are disposed in landfills in developing countries. Those types of hazardous waste are considered of special risk to the environment and humans. Hence, this research analysed the behaviour of generation of hazardous waste in industrial, commercial and service sector in the Neiva city. The regional environmental authority supported this work to identify the hazardous waste generators in the city and a tool Data collection was designed. The processing of this information identified the waste types, quantity, handle and final disposition in the city. It found that, in 2013, WEEE was 133,396 kg/yr and just 25% of the companies whose generated it, consider WEEE like a hazardous waste. This study lay the foundation to another researches related to hazard wastes, allowing to create new midterm opportunities related to sustainability, innovation and entrepreneurship at local level. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Introduction: Activities in hospitals have environmental impacts which may pose risks to human and environmental health if they are not managed correctly. For this reason, it is necessary to implement an environmental management plan in hospitals that not only focuses on solid waste management but includes all aspects associated with health within institutions. Objective: To review environmental management aspects related to public hospitals in order to identify environmental management alternatives and aspects to improve. Materials and methods: Descriptive qualitative study with crosssectional design, which identifies some of the most important characteristics of environmental management in hospitals. Results: The general approach to environmental management in hospitals is related to the management of solid waste, and other aspects that have a negative environmental impact on the surrounding areas, such as energy and water consumption, food handling and medication waste, among others, are not properly addressed. Conclusions: Hospitals can apply broader environmental management instruments, including life cycle analysis of their products and services and monitoring of the carbon footprint; they may also take into account the different areas of environmental impact of their operation.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs se han convertido en una nueva fuente de contaminación, al punto que anualmente se están disponiendo en los rellenos sanitarios aproximadamente entre 40 y 50 millones de toneladas en países emergentes. Este tipo de residuos especiales, considerados peligrosos, son un riesgo para el medio ambiente y los seres humanos. Por lo anterior, este artículo presenta el análisis del comportamiento de la generación de residuos peligrosos en el sector industrial, comercial y de servicios en la ciudad de Neiva. Para esto se contó con el apoyo de la autoridad ambiental regional para identificar los generadores de residuos peligrosos de la ciudad y se diseñó una herramienta de recolección de información. El procesamiento de esta información permitió identificar el tipo, la cantidad y el manejo y disposición final de este tipo de residuos en la ciudad. Se encontró que en el año 2013 se generaron 133.396 kg/año de RAEEs, y solo 25% de los generadores consideran a los RAEEs como peligrosos. Este estudio permite sentar las bases para dar un punto de partida a otras investigaciones asociadas con los residuos peligrosos y especiales que permita generar alternativas a mediano plazo relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y el emprendimiento a nivel local.

El siguiente artículo presenta un análisis comparativo de las políticas públicas de desarrollo sustentable en Argentina desde el análisis posmarxista de políticas. Por un lado, las políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos implementadas en la provincia de Córdoba desde la década de 1990. Por el otro, las políticas de desarrollo sustentable de economías regionales llevadas adelante en la ciudad de Villa María desde finales de la década de los 2000, específicamente, la iniciativa de desarrollo de clústeres orientada a la producción quesera de la región central de la provincia de Córdoba, Argentina. El argumento central es que las dos políticas comparadas son emblemáticas, en cada caso, de dos lógicas políticas antagónicas entre sí: la lógica de la técnica ambiental y la lógica de la soberanía sustentable. En tal sentido, mientras la primera de las lógicas otorga preeminencia a las políticas de autocontrol empresarial y la función registral del Estado e identifica a las corporaciones transnacionales como las principales protagonistas del desarrollo sustentable, la segunda lógica otorga centralidad al Estado en la promoción y el financiamiento de la sustentabilidad haciendo foco en el rol de los actores de la economía social en tal proceso.

This illustrated essay attempts to respond to the slow violence of the hazardous waste trade. We introduce and analyze common representational styles of hazardous waste: greenwashing, ruin porn, environmental justice toxic tours, and Ngai’s concept of the merely interesting. We argue that the first two styles tend to reproduce the status quo, but that the latter two are potentially more disruptive. We then turn to a data set about the transnational hazardous waste trade in North America to argue for and produce alternative representations of this waste, literally drawing from the data and figuratively drawing inspiration from toxic tours and the merely interesting. Our intervention is thus visual as well as conceptual: We argue against status quo representations of hazardous waste and then discuss and produce alternatives based on a novel data set we created. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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In this document we evaluate the determinants of shipments of hazardous waste to the US. We consider a sample of firms operating in the state of Baja California for the 2008–2010 sample period. The analysis consists on the estimation of two econometric specifications. The first refers to a truncated model in the spirit of Tobit. The second is a probabilistic model. The results of the Tobit model suggest that size, location and origin of the firm influence the amount of shipments. In particular, shipments are positively associated with larger firms; those located in the municipality of Tijuana and those whose origin is foreign. The probabilistic model finds that a depreciation of the Mexican peso contributes to an increase in the likelihood of sending a shipment. This may be the result of an improvement in the border economic environment due to the depreciation of the currency.