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En este trabajo exploro los desafíos que enfrenta la coordinación de las políticas ambientales en el contexto del federalismo argentino, tomando como caso de estudio la implementación de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (“Ley de Bosques”), a partir del análisis de instrumentos normativos (leyes, decretos, resoluciones del COFEMA) y otros documentos, y de entrevistas a funcionarios nacionales y provinciales. Según expongo, a lo largo del proceso de aplicación de la ley 26.331 emerge una modalidad de coordinación entre Nación y provincias en materia ambiental que se puede caracterizar como un federalismo cooperativo dinámico, y que implica una distribución negociada de funciones y competencias entre los niveles de gobierno. Esta modalidad reviste una originalidad considerable, ya que, como muestro en las secciones iniciales del trabajo, la coordinación entre Nación y provincias en materia ambiental anteriormente no había encontrado canales eficaces. En efecto, si bien existían dos mecanismos concurrentes de coordinación, uno habilitado por la Constitución de 1994 y el otro por la existencia del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) como órgano interjurisdiccional de coordinación, solo con la implementación de la ley 26.331 estos dos mecanismos comienzan a interactuar de manera constructiva; previamente el COFEMA había buscado más bien bloquear la aplicación del mecanismo habilitado por la Constitución. En la implementación de la Ley de Bosques, en cambio, este órgano juega un rol clave para la elaboración de una política ambiental enmarcada en el mecanismo preconizado por la Constitución. A través de una distribución dinámica de tareas y funciones, se establece gradualmente una política ambiental coordinada de alcance nacional. Entiendo que la relativa ineficacia de la protección de los bosques nativos en términos de reducción de la deforestación no debe opacar la importancia de este logro institucional.