La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone la introducción de un nuevo trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su artículo 133. Este trámite, de carácter preceptivo, refuerza la participación ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavía no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones están abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos jurídicos que se anudan a la omisión –o práctica inadecuada– de la consulta pública previa, a pesar de ser ésta una cuestión de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este trámite. Sobre esta cuestión versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores jurídicos que ilustren sobre cuáles deben ser los efectos jurídicos de la omisión de este trámite en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaída hasta el momento.