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Este artículo persigue examinar el fenómeno de las tasas judiciales en Chile, indagando en su naturaleza jurídica, historia y las implicancias económicas que puede tener un concepto más amplio o restringido de ellas. Al respecto, se ha utilizado una metodología histórica y un análisis dogmático, indagando en las justificaciones que pueden motivar su establecimiento, así como los problemas que pueden traer aparejados para garantizar el acceso a la justicia. El artículo identifica que las tasas judiciales no son un buen instrumento para reducir la litigación estratégica de ciertos demandantes habituales, toda vez que existen mejores mecanismos alternativos para cumplir esos fines. Con todo, lo anterior no obsta a que las tasas pueden servir para un objetivo recaudatorio que sea consistente con el acceso a la justicia, proponiéndose algunas formas para calcular una tasa óptima que persiga financiar, en parte, la administración pública de justicia.

El presente artículo tiene como objetivo exponer un análisis sobre las barreras directas e indirectas de acceso a la justicia para la población afrodescendiente en la ciudad de Medellín. Para ello, se empleó una metodología mixta de rastreo con análisis documental, jurisprudencial y normativo y consulta de informes estadísticos oficiales. Como resultado de la investigación, se presentan los factores sociales, económicos, étnicos, etarios, territoriales y tecnológicos que limitan el acceso a la justicia de población NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros). Se concluye que es necesaria una divulgación masiva de la legislación concerniente a los afrodescendientes, y la formulación de políticas públicas, planes y programas que tengan en cuenta su cosmovisión, su inclusión efectiva en diferentes escenarios, la promoción del proceso autónomo de etnoeducación y el incentivo real de espacios de derecho propio y justicia ancestral, lo cual puede allanar el camino a la igualdad material, la tutela efectiva de sus derechos y el acceso a la justicia de la población afrodescendiente en Medellín y, en general, en el país.

Un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza, una jaula que se naturaliza al punto de ocultarse. Así se van forjando los roles asignados a las personas por la pertenencia a un sexo-género determinado. Se forjan expectativas, leyes, decisiones judiciales o administrativas, políticas públicas, trabajos específicos, trabajos no remunerados, exclusiones al mercado laboral; se forjan también actitudes, deseos y emociones.

El trabajo aborda el concepto de debida diligencia reforzada en materia de violencia de género en el ámbito penal y su capacidad para ayudar a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de delitos. Para dar contenido al concepto, se utilizan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de organismos internacionales y jurisprudencia local.

¿Cómo entender las pequeñas causas y por qué son, cuando lo son, un problema de acceso a la justicia? ¿Cómo evaluar las estrategias procesales que buscan afrontar este problema? En el presente trabajo se abordan tales interrogantes y se ofrecen algunas respuestas que pueden sintetizarse como sigue. Se propone entender las pequeñas causas como aquellos casos en los cuales no hay incentivos positivos para demandar, dados los bajos beneficios esperados u otros factores que se especificarán. Serán un problema si resultase deseable que lleguen a los tribunales. Los sistemas procesales suelen abordar este problema de dos maneras, simplificando y/o unificando. Según se alegará, tales estrategias han de ser evaluadas por su aptitud para incentivar las conductas deseables, para lo cual es preciso contar con modelos teóricos que den cuenta de cómo se comportan, de hecho, las personas.

Esta investigación contiene un análisis que vincula estudios de género y administración de justicia en El Salvador. Presenta un problema sociojurídico sobre las barreras en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, enfocándose en los derechos fundamentales de la mujer en el curso y resolución de procesos judiciales. Se sostiene la metodología jurídica de análisis de género, en cuanto herramienta eficaz para impartir justicia a la luz de estándares internacionales y constitucionales sobre derechos humanos y aplicación del principio de igualdad. Produciendo este estudio en el marco de la formación Doctoral de esta autora. Se aborda esta problemática desde la ciencia del derecho, apoyándose en fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legislativas en materia de derechos humanos. Se presenta en esta investigación el argumento fundamental de considerar una figura legal que unifique la incorporación del género en todo el proceso judicial, desde la calificación del delito, la valoración de la prueba y el fallo judicial y así dar mayor certeza y seguridad jurídica a las mujeres al pie de igualdad que los hombres. El estudio concluye proponiendo algunos criterios básicos para la implementación de la perspectiva de género en la administración de justicia. Para sustentar posiciones en este artículo, se analiza la realidad en la que la autora se desempeña: El Salvador. Pero también se retoman las buenas prácticas de aplicación de justicia en otros contextos legales como México, Chile, Guatemala y Nicaragua. Para que puedan ser retomadas para garantizar el debido proceso de los derechos de las mujeres hacia una sociedad igualitaria en donde el derecho y la justicia sirvan como instrumentos de paz para la construcción de una cultura de legalidad y de protección de los derechos de los seres humanos. Pretendiendo enaltecer el rol de la judicatura con la utilización del análisis de género como herramienta para administrar justicia a la luz de estándares jurídicos internacionales sobre los derechos humanos.

En México, la preponderancia de la democracia representativa sobre la participativa produce que esta última no sea contemplada en distintos textos normativos, o bien, que no se encuentre desarrollada por completo, lo cual incluye una falta de claridad o dispersión en las reglas jurisdiccionales y herramientas procesales existentes para defender los instrumentos de la también llamada democracia sin intermediarios. En consecuencia, este artículo pretende contribuir al establecimiento preciso de las vías judiciales o medios impugnativos disponibles para garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos relacionados con las figuras de la democracia directa mexicana.

Este estudio busca hacer una comparación entre la autocomposición (autorregulación normativa) de las online dispute resolutions (ODR) y la intervención regulatoria estatal (hard law), en relación con el tratamiento de los derechos del consumidor en relaciones B2C. El artículo propone que la intervención reglamentaria podría no ser suficiente, ya que, como lo demuestra la muy reciente reglamentación en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC, para consumidores en Chile, el desconocimiento del ente regulador de los efectos de las tecnologías emergentes en materia de mediación podría hacer que las ODR se conviertan en un mecanismo destinado a fracasar. Para identificar las principales implicaciones del Reglamento sobre las plataformas de ODR, este estudio parte de un análisis conceptual sobre la mediación y las ODR basado en el método «verdades obvias» del profesor Scott J. Shapiro. El estudio identifica las principales implicaciones actuales de las plataformas de ODR como método para garantizar el acceso a la justicia de los consumidores para poder aplicar la regulación actual y la que debería tenerse en cuenta para futuras reglamentaciones.

El objetivo de este artículo es, después de describir las principales atribuciones de la Defensoría Pública en el sistema de justicia penal, identificar los cambios ocurridos a partir de la Reforma Constitucional n. 80/2014 a favor de los imputados, víctimas y comunidades en situación de vulnerabilidad, para luego presentar y discutir algunos de los desafíos de los defensores públicos en el acceso a la justicia penal en Brasil. Guiada por un lente criminológico crítico, contextualizado a la luz de interpretaciones locales (Realismo Marginal/ funcionalismo reduccionista), la investigación se desarrolla a partir del siguiente interrogante: ¿cuál es el papel y la relevancia de la defensoría pública en el acceso a la justicia penal, particularmente su marco institucional y las condiciones concretas que aseguran el desempeño de sus funciones de garantía de los derechos fundamentales? La investigación utiliza una metodología cualitativa basada en el análisis documental de leyes, datos oficiales disponibles y resultados de investigaciones previas sobre la institución en cuestión, producidos en el campo penal/criminológico.

El ejercicio del poder jurisdiccional en Colombia, se caracteriza por su complejidad, por la pluralidad de las vías judiciales a través de las que se puede ejercitar el acceso a la justicia, tales como la vía penal, laboral, civil, administrativa, etc.; ya que se observa el mantenimiento a lo largo de la historia de ciertas pautas comunes a las mismas vías judiciales, que resulta interesante analizar, aunque sea brevemente, de allí que el objetivo de esta indagación reside, en establecer si al Estado colombiano le incumbe alguna responsabilidad patrimonial por la mora judicial durante la cuarentena por pandemia de COVID – 19. La metodología empleada fue la de la investigación Socio jurídica y aplicada para el derecho, también es cuantitativa porque se efectuó un análisis estadístico que permitió indagar la percepción de los usuarios de la justicia en Cartagena, sobre si al Estado colombiano le incumbe alguna responsabilidad patrimonial por la mora judicial durante la cuarentena por pandemia de COVID – 19; las técnicas de recolección de la información son la encuesta y la ficha bibliográfica y las técnicas de análisis fueron el análisis estadístico y el de contenido. hallamos que todas las actividades estatales desarrolladas en las ramas del poder público y demás organismos del Estado, pueden generar responsabilidad patrimonial, ya que quienes realizan esas diligencias causan perjuicios a los administrados, sobre todo si se presenta una mora judicial lo cual debe ser reparada, inclusive en tiempos de pandemia por COVID – 19, en que la justicia se realiza con el trabajo remoto en casa, asistida por herramientas tecnológicas, que permitan audiencias virtuales y conferencias vía streaming y notificaciones por correo electrónico, entre otras.

Resumen Este trabajo desarrolla una línea argumentativa para subsumir en el tipo penal de parricidio (artículo 390 Código Penal chileno) aquellas conductas homicidas cometidas dentro de una relación de convivencia LGBTI. Para ello, se expone un marco teórico y normativo que advierte la falta de neutralidad del discurso jurídico y postula la necesidad de juzgar con perspectiva de género, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación. Se presentan los argumentos doctrinales y jurisprudenciales que suscita la indeterminación de la voz “convivencia”, concluyendo que restringir el tipo penal de parricidio a relaciones heterosexuales genera una discriminación arbitraria, repercutiendo en el derecho de acceso a la justicia. Así, un correcto uso de las reglas generales de interpretación, con enfoque de género, permite descartar un caso de analogía y tomar consciencia de que tal interpretación debe adaptarse al bien jurídico que busca proteger, al contexto social del momento en el cual se aplica la ley y a los derechos fundamentales de las personas LGBTI.

El 4 de marzo de 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú, que surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible del año 2012, también conocida como Río + 20. Este acuerdo tiene como propósito garantizar la implementación plena de los derechos a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia. En este trabajo se analizan las implicancias que traería para Colombia la ratificación del Acuerdo de Escazú, para posteriormente determinar el impacto de su implementación en el ordenamiento jurídico colombiano.

En el presente artículo se reflexiona sobre el impacto del inadecuado ejercicio del control fiscal en el disfrute de los derechos de los ciudadanos a través del estudio de un caso concreto: la falta de funcionamiento de la página web del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Durante 2018 y 2019 el máximo tribunal de la República destinó sumas importantes de recursos públicos a la ejecución de un proyecto denominado “Modernización de la plataforma tecnológica del Tribunal Supremo de Justicia”, sin embargo, dicho sitio web durante el año 2020 no ha funcionado correctamente. Esta situación, con ocasión a la pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social y cuarentena obligatoria impuestas por el Estado venezolano, ha generado la violación de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de los ciudadanos, quienes no cuentan con mecanismos tecnológicos que permitan hacer seguimiento a los asuntos judiciales durante el período de confinamiento. En razón de ello, se analiza el rol de los órganos de control fiscal venezolanos como garantes del adecuado uso de los recursos públicos y el impacto que, en el disfrute de los derechos ciudadanos, puede generar un inadecuado ejercicio de la actividad de control fiscal.

En esta investigación se analiza la efectividad de las normas referentes a las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia en la familia y en la pareja, en Medellín. Para ello se efectúa un análisis que parte de lo general hacia lo particular, es decir, desde la perspectiva nacional a la regional, en el cual se profundiza en torno a las cifras de violencia contra las mujeres en la familia y la pareja. Se realiza un recorrido jurídico e histórico de las medidas de protección establecidas desde las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000 hasta la Ley 1257 de 2008 y el Decreto Reglamentario 4799 de 2011, normas que, según la literatura revisada no son sufiencientemente efectivas, ya que el contexto de violencia contra las mujeres persiste, a pesar de la existencia de mecanismos como la ruta regional para la atención de los casos de violencia basada en género.

Este artículo procura introducir el dossier ‘Justicia y Vulnerabilidad(es). Acceso a la justicia de personas con discapacidad, personas mayores y niños, niñas y adolescentes’ de la Revista Argumentos. Esta edición especial agrupa una serie de artículos desarrollados por participantes de los equipos de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad -Proyecto AJuV- de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Para ello, se abordan los lineamientos generales que marcan las tendencias actuales en torno al acceso a la justicia. Luego, se desarrolla, sintéticamente, el objetivo y método del Proyecto AJuV, para finalmente comentar brevemente los artículos que encontrarán en el dossier.

El trabajo consiste en definir los conceptos de adultocentrismo y adultismo y establecer relaciones con la evaluación y determinación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en las resoluciones judiciales de diferentes sedes del Poder Judicial de Córdoba. Se trata de un análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial, con el objetivo de indagar si hay una influencia del adultocentrismo en las prácticas judiciales y de qué manera afecta la protección integral de los derechos y el acceso a la justicia de la niñez y adolescencia. Se pretende plantear la importancia del enfoque de derechos e invitar a la reflexión y a la revisión de las prácticas judiciales, para construir un sistema de justicia más igualitario y accesible para la niñez y adolescencia.

En nuestro ordenamiento se están exigiendo como un trámite previo para demandar judicialmente el haberse llevado a cabo un método alternativo de solución de conflictos. Esto lo vemos reflejado en tres áreas específicamente (familia, laboral y salud), por lo que el presente trabajo busca analizar la eficacia de tales métodos y si ellos representan algún inconveniente para acceder a los tribunales de justicia.

ABSTRACT: This work gives an account of the meaning of the procedural adjustments mentioned in Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is one of the contents of due process and it is included in the right of accessibility

La inmunidad diplomática, en sus diferentes modalidades, procura el eficiente desarrollo de la actividad y objetivo del cuerpo diplomático. Integra, así, una amplia gama de prerrogativas y exenciones, debido a la soberanía e igualdad entre los Estados. Empero, posee límites que no se han desarrollado y aplicado de manera uniforme a nivel nacional e internacional, pues aún no existe consenso sobre si esta institución debe aplicarse conforme a su dimensión iure imperii o iure gestionis. En este contexto, el presente artículo de reflexión procura brindar luces respecto a esta controversia, que perjudica la comprensión, estudio y aplicación de esta figura. Lo anterior toma mayor complejidad al momento de atender las normas del ius cogens y el derecho internacional de los derechos humanos, esto es, cuando se vulneran estas normas bajo el amparo de la inmunidad diplomática, aunque las cortes internacionales y la doctrina no están contentos en una interpretación respecto de los límites y alcances de dicha inmunidad. Para finalizar, se presenta el caso colombiano y se enfatizan las ambigüedades de la jurisprudencia de las altas cortes que manejan tesis divergentes. En este sentido, los derechos fundamentales dependen de la jurisdicción a la cual acudan, lo que genera inseguridad jurídica, en contravía de lo profesado desde nuestra norma superior.

Este trabajo tiene por objetivo defender la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia que favorece el logro de la tutela judicial efectiva para mujeres y personas LGBTIQ+. Afirmamos que el acceso a la justicia debe ser comprendido como un derecho humano indispensable en un Estado democrático, debiendo cuidar la remoción de los obstáculos que afectan especialmente a estas categorías de personas, como lo han indicado estándares internacionales de derechos humanos. En ese contexto, a partir del caso chileno, sostenemos que la perspectiva de género es una herramienta que, llevada al ejercicio de la función jurisdiccional, contribuye a hacer efectiva la tutela judicial.

Este trabajo pretende examinar el control de constitucionalidad que ha realizado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de las declaraciones de estado de excepción. La tesis que se defenderá en este artículo es que el máximo tribunal venezolano habría incurrido en prácticas de constitucionalismo abusivo al momento de examinar la constitucionalidad de tales estados de excepción porque ha omitido exigir el respeto de derechos fundamentales indisponibles que resulta debido en contextos excepcionales. El mencionado argumento central se examinará a través de la jurisprudencia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de doctrina especializada en la materia. Los principales resultados de este trabajo ponen de relieve que el derecho al acceso a la justicia y el derecho al debido proceso podrían funcionar como un límite o instancia de control para contener el uso abusivo de las atribuciones que permiten declarar un estado de excepción.

En este trabajo, nos proponemos analizar –desde una perspectiva procesal- la situación actual del arbitraje en materia laboral en Uruguay. A estos efectos, optamos por realizar un análisis comparativo entre los diferentes fallos jurisprudenciales recientes de algunos órganos jurisdiccionales de Uruguay. Analizamos también, la situación del arbitraje laboral en otras partes del mundo, que entendemos relevantes y de gran utilidad para contextualizar la temática analizada.

El presente artículo ofrece una solución propia de la hermenéutica constitucional al conflicto derivado de la negación de un derecho pensional. Desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria, que entiende los servicios pensionales como un negocio jurídico privado, el derecho pensional es desconocido. Esto significa una afectación a derechos fundamentales básicos como el Debido proceso y el Acceso a la administración de justicia. El artículo analiza la evolución de la doctrina utilizada por la autoridad jurisdiccional colombiana, y como la acción de tutela reinterpreta el control de monitoreo, a través del robustecimiento del sistema de precedentes constitucionales. Para ello, se realiza un estudio de caso basado en la Sentencia T-125 de 2012. Finalmente, se concluye que la tutela contra decisiones judiciales en Colombia es un mecanismo eficaz contra las sentencias sustentadas en criterios rígidos, propios del positivismo legalista.

La inembargabilidad general que consagra el artículo 63 de la Constitución Política de 1991 ha sido reconocida como una garantía necesaria para preservar los recursos destinados a satisfacer los fines del Estado. Su desarrollo normativo ha provocado importantes conflictos con el derecho de acceso a la justicia, la propiedad, la vigencia y reconocimiento de los derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica.Dicha tensión ha sido estudiada, desde el análisis jurisprudencial, aplicada a decisiones de la Corte Constitucional proferidas entre 1992 y 2019, de donde se identificaron tres criterios que exceptúan la inembargabilidad de los bienes y recursos públicos: i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) cuando se trate del pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) ante la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado. Al observar la aplicación de dicho precedente por el Consejo de Estado, se evidencia su adopción y aplicación a los procesos ejecutivos desde los años noventa y hasta la actualidad.

Resumen: El consumidor europeo cuenta con una desigual atención, por parte del legislador de la Unión Europea, a la hora de tutelar su acceso a la justicia en relación a las controversias transfronterizas en las que pudiera verse involucrado. Una protección que, aunque atendida de cara a su acceso a la justicia al respecto de las situaciones conectadas con el mercado interior UE, no es tan evidente en relación con los casos extra-europeos, que además se han visto multiplicados tras la irrupción de la Sociedad de la Información. En este sentido, el presente artículo tiene por finalidad, en primer lugar, poner de manifiesto esta situación de desigual tutela, tanto con respecto al recurso a los tribunales ordinarios (competencia judicial internacional), como al respecto de los mecanismos alternativos de resolución de controversias, en esta materia (i.e. mediación y arbitraje). Junto a ello, este artículo igualmente realiza propuestas concretas que, al margen de destacar la importancia que tiene en este ámbito la acción de la codificación internacional, señala las opciones con las que cuenta el legislador europeo y que permitirían facilitar el acceso a la justicia de los consumidores cuando actúan en un mercado globalizado. Abstract: European consumers attract different attention, from the perspective of the European legislator, when their right to access to justice is at stake, in relation to the international dispute which may affect them. A protection which, clearly granted when the situation is connected to the European internal market, generates doubts in relation to situations which are external to the UE, which have multiplied after the irruption of the Information Society. In this respect, this article aims at, firstly, underline this situation of an unbalanced protection in this field, in relation to both access to national justice (international jurisdiction rules) and Alternative Dispute Resolution mechanisms (i.e. mediation and arbitration). Moreover, this article also offers specific proposals which, apart from highlighting the importance of international codification in relation to this topic, mentions the different options available to the European legislator which could favor the access to justice to consumers when they participate in the global market.

La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

Resumen: Objetivo: identificar y examinar sistemáticamente la mejor evidencia científica disponible sobre competencias digitales en adultos mayores y acceso a la justicia disponible en la base de datos Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet y Google Scholar de forma gratuita y de los últimos 5 años. Método: Se utilizó como metodología la búsqueda y revisión manual de producción científica filtrando los términos de: competencia digital, acceso a la justicia, adulto mayor y brecha digital, descartándose artículos que no estén en español y que hayan sido publicados en el 2014 o antes. Resultados: Del análisis y discusión de cada uno de los artículos se evidenció la importancia de la adquisición de competencias digitales en adultos mayores para lograr su acceso a la justicia, y de la responsabilidad del Estado de implementar políticas públicas que permitan la inclusión de este grupo etario en el uso de nuevas tecnologías.

En la confrontación entre la actividad empresarial y la protección del medio ambiente, pueden producirse daños sobre los derechos fundamentales. Desde una perspectiva de derechos humanos, el arbitraje puede desempeñar un rol importante como mecanismo que puede reducir las barreras de acceso a la justicia para las víctimas de estos conflictos y conseguir una reparación justa para ellas. El objetivo de este artículo es examinar cuáles deben ser los elementos para establecer un adecuado sistema de arbitrabilidad para la reparación del daño derivado de disputas medioambientales. Para ello, la autora se centra en las recientemente aprobadas Reglas de La Haya en Materia de Empresas y Derechos Humanos y analiza los principales desafíos en este campo. Al respecto, resalta la importancia de abordar temas de fondo como la transparencia y el acceso a la información, la necesidad de árbitros calificados, la posibilidad de intervención de terceros y la prevención de reclamaciones colectivas.

Se presenta un análisis de los aportes de la implementación de los sistemas locales de justicia a la construcción de una cultura de paz, abordando el caso de la localidad de Kennedy (Bogotá). Se parte de la comprensión de los slj como herramienta para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y de su relación con la construcción de una cultura de paz. Entre los principales hallazgos se concluye que los slj han aportado en la formación de operadores de justicia y en la creación de rutas y espacios de articulación entre actores de la justicia formal y comunitaria, contribuyendo a combatir las barreras operativas y a fortalecer la democracia participativa. Así mismo, se identifican como principales retos para el éxito de la política garantizar su continuidad y sistematicidad en los procesos, lo que implica convertirla en una política de Estado, evitando que esté a merced de la voluntad política, la articulación institucional, la sensibilización y formación continua de los operadores de justicia y la inclusión de actores comunitarios, lo que supondría una democratización de la administración de justicia.

La teoría del derecho es un campo que por naturaleza enfrenta enfoques de la filosofía del derecho, corrientes jurídicas e ideologías políticas, este escrito intenta analizar cómo en la teoría del derecho procesal, a través de los conceptos de acción, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, se traslada ese campo de batalla, entre la filosofía, la ciencia jurídica y la ideología. Este artículo intenta analizar las categorías enfrentadas para poder deconstruir los contenidos de los conceptos procesales, de manera que hay una diferencia conceptual y analítica entre estos conceptos.

Esta investigación aborda la importancia de implementar de manera efectiva la jurisdicción penal especializada del adolescente infractor, para garantizar uno de los pilares del derecho humano para el acceso a la justicia de esta población, de manera a asegurar el respeto y la aplicación de todos los parámetros generales y específicos establecidos en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que respalden el debido proceso en el contexto de una investigación penal. En ese entendimiento, algunos de los principios rectores constituyen: el derecho a no ser discriminado, la igualdad ante la ley, a ser juzgado por operadores especializados, la presunción de inocencia, la legalidad y seguridad judicial, el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído entre otros. Para efectivizar estos derechos es necesario que el Paraguay continúe con la adecuación de la legislación interna sobre la base de las normativas internacionales ratificadas, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales afines. Por otro lado, es importante adoptar mecanismos para asegurar la aplicación integral por parte de los operadores de justicia en su integralidad.

Este artículo ofrece un panorama sobre la creación, el desarrollo y las aportaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la tutela de estos derechos, através de una jurisprudencia que actualamente comprende la interpretación de una jurisprudencia que actualmente comprende la interpretación de la mayoría de los derechos y libertades previstos en la Convención Ameriana (Pacto de San José). En 2018 se celebra el cuadragésimo aniversario de la vigencia de la Convención, fundamento de la Corte Interamericana. Se alude a la tutela internacional de los derechos humanos y a los antecedentes de la Corte en diversos planteamientos emanados de conferencias de los paíse americanos, a partir de 1945, 1948 (Novena Conferencia Interamericana), 1959 (establecimiento de la Comisi´ón Interamericana) y 1969 (Conferencia de San José sobre Derechos Humanos). Destaca el carácter vinculante que tiene la interpretanción adoptada por la Corte tanto en opiniones consultivas como en sentencias. Por lo que toca a los temas cubiertos por la jurisprudencia de este Tribunal, se menciona la tutela de grupos e individuos vulnerables (tema que el autor denomina "jurisprudencia para los vulnerables"): mujeres, niños, indígenas, discapacitados, pobres, migrantes, desplazados y detenidos. Se agregan otros sectores: periodistas, defensores de derechos humanos LGBTTI. Igualmente, se alude a la jurisprudencia relativa a reparaciones por hechos ilícitos y acceso a la justicia. El artículo pone énfasis en las observaciones, experiencias y aportaciones del autor como integrante y presidente de la Corte Interamericana.

Diversas pueden ser las necesidades que impulsan a las instituciones del sistema de justicia a modernizarse con el uso de herramientas tecnológicas para idear un acercamiento con el justiciable a través del acceso a la justicia e información veraz de las causas que se le demanden, facilitar y hacer más rápida y expedita la tramitación de causas y notificaciones de procedimientos, disminución de costas, mejorar la organización del trabajo, garantizando la efectividad y productividad en los tribunales. Los profesionales de la justicia pueden ahorrar tiempo y trabajo; el Estado puede obtener mayor información y transparencia, ofrecerla de manera más eficaz y eficiente. Aunque para comprobar dicha efectividad en el uso de las notificaciones, deberían realizarse un mecanismo de garantía de recepción y de respuesta inmediata para certificar que el ajusticiado o ajusticiable fuese notificado para ejercer su derecho al acceso a la justicia, y garantizando así su legítima defensa.

El derecho al acceso a la justicia comprende un conjunto de tópicos que deben ser clarificados para comprender el mejor modo de garantizarlo. Entre éstos, la administración de justicia indígena es central, ya que contribuye con su reconocimiento a la profundización de este derecho. Por otra parte, la coordinación y articulación de todos los dispositivos de administración de justicia existentes se vuelven necesarias para gestar un estado de situación en que todos los ciudadanos obtengan respuestas a sus conflictos.

Los conflictos socio-ambientales representan un panorama problemático en el contexto colombiano desde diferentes escenarios asociados al daño y degradación del ambiente, la vulneración de derechos, la legalidad de la norma y el papel del Estado. Estos conflictos exponen dinámicas culturales, perceptuales, físicas, inmateriales y territoriales de interés ambiental y a su vez evidencian y cuestionan el rol del derecho en la función regulatoria de los escenarios que componen el conflicto socio-ambiental. Ese papel del derecho se analiza en este artículo desde el origen del conflicto por causas lícitas, asociadas al otorgamiento de Licencias Ambientales como instrumentos de planificación de los recursos naturales y se exponen sentidos emergentes relacionados con el acceso a la justicia.

Los ciudadanos están llevando cada vez más sus demandas de salud pública no atendidas a los litigios judiciales para lograr soluciones del deber constitucional del Estado de proporcionar servicios y bienes de salud pública. Los estudios sobre este fenómeno se centran en cómo la Judicatura puede actuar sin infringir la separación de poderes y garantizar la eficacia de los derechos constitucionales. Este artículo presenta un panorama general de la actuación de la magistratura brasileña en la garantía de los derechos fundamentales de la salud. Los conceptos aplicados en la investigación concluyen que el problema debe resolverse desde sí mismo y no por la solución. La judicialización y el activismo judicial son medios alternativos y no obligatorios para resolver las demandas de salud pública, porque el Poder Judicial no es responsable de formular políticas de salud pública. Esta investigación contribuye a mejorar la tesis sobre este tema, ya que vincula varios contenidos de otros investigadores, académicos de renombre y jurisprudencia actual.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la normativa nacional e internacional sobre la protección del núcleo familiar cuando sus integrantes son migrantes en situación irregular, así como el derecho de acceso a la justicia de esta población en condición de vulnerabilidad. La metodología de investigación utilizada es descriptiva, el método aplicado es el inductivo y el enfoque cualitativo. Para su estudio se revisó la jurisprudencia peruana y los casos resueltos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre otros textos relacionados sobre la temática. La estructura del trabajo comprende la descripción de la realidad problemática, el derecho de la protección constitucional de la familia frente a la migración, el nuevo enfoque de acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas migrantes. Finalmente, se presentan las reflexiones conclusivas del investigador, en las cuales se concluye que el Estado peruano debe salvaguardar mejor los derechos fundamentales de las personas migrantes y de su familia, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de su situación irregular en el país.

Este artículo centra su interés en los derechos lingüísticos y de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. El objetivo es presentar el Proyecto de Formación de Jóvenes Intérpretes Bilingües Interculturales en Lenguas Wichí y Español, diseñado y promovido por el Consejo Wichí Lhämtes (Consejo de la Lengua Wichí). El proyecto tiene el objetivo de formar jóvenes que actúen en todos los ámbitos de la justicia y operen como defensores de los derechos de su pueblo. El artículo surge de nuestro acompañamiento al Consejo Wichí Lhämtes a través de proyectos de investigación-acción, en el marco del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CONICET - Universidad Nacional de Salta). En las conclusiones destacamos la importancia de la iniciativa para la promoción de la interculturalidad en el sistema de justicia provincial, y para la generación de una actitud crítica entre los jóvenes indígenas.

En el presente trabajo analizamos el financiamiento de terceros o third party funding en el arbitraje internacional. Si bien la regulación sobre el tema es escasa, el third party funding es una práctica bien establecida y generalmente aceptada por los tribunales arbitrales. Pero su existencia puede dar lugar a una serie de problemas que los árbitros deben resolver. Así, la presencia de un tercero financiador puede dar lugar a conflictos de interés; a la presentación de demandas abusivas y especulativas; o a que se frustre la ejecución de un laudo adverso sobre costos. Luego de describir en forma general el concepto y cómo funciona el third party funding, analizamos cómo los tribunales arbitrales se enfrentaron a estos problemas. En particular, analizamos los distintos deberes de revelación que han impuesto a las partes, y qué peso le han dado a la existencia de un tercero financiador a la hora de obligar a una parte a constituir una garantía por los costos del arbitraje (security for costs).

Este documento busca hacer aportes a la conceptualización de la conciliación como parte de la disciplina de resolución de conflictos desligada de la justicia. Para ello se presentarán argumentos teóricos y prácticos sobre la conveniencia de separar la conciliación de la justicia.

La integración de los inmigrantes a la sociedad estadounidense ha sido abordada desde diversos ámbitos (social, cultural, político y económico) y a la luz de las perspectivas de la asimilación o el multiculturalismo, concibiendo el proceso de incorporación como unidireccional, donde los recién llegados tienen la responsabilidad de incorporarse a la sociedad receptora adaptándose a la cultura dominante. Por el contrario, la integración jurídica debe entenderse como un proceso bidireccional en donde el Estado implementa políticas para que los inmigrantes se incorporen a la sociedad, así como los recién llegados hagan lo propio para formar parte de la vida del lugar de establecimiento. En el fondo de esta noción está el que los inmigrantes indígenas tengan derecho a tener derechos. Para ello, se propone un modelo de análisis sobre los niveles de incorporación de estos sujetos, a través de dos unidades: la cultura jurídica y el acceso a la justicia como política jurídica.

El presente artículo consiste en un análisis del nuevo modelo de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos y Particulares, derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en dieciocho de julio de dos mil dieciséis, con un enfoque crítico desde la técnica jurídica, para establecer métodos y estrategias para garantizar un ejercicio pleno de una defensa adecuada para el infractor, superando las formalidades procesales. A través de un método analítico, sistemático, comparativo y deductivo, se establecerán los parámetros de defensa que pueden intentarse, utilizando herramientas normativas como lo es la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Amparo y las disposiciones vigentes que rigen el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; además, de las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Las anteriores normas enlistadas, serán sujetas de un análisis hermenéutico crítico, para definir la procedencia e improcedencia de medios de defensa, así como, la naturaleza de los actos de autoridad, para verificar conclusivamente la validez sustancial de los formalismos procesales, que incluso, podrían tener como consecuencia, una negativa formal de acceso a la justicia.

El recurso de casación, en el fuero laboral cordobés se alejó del modelo tradicional que lo define como un remedio procesal extraordinario, limitado a revisar sentencias definitivas, para aportar a las garantías de acceso a la justicia y derecho de defensa. De ese modo, concreta el reconocimiento del derecho a la doble instancia integral, en cumplimiento de la Constitución y de los pactos internacionales asumidos por la Nación. Por eso, su ámbito de revisión, en la actualidad, abarca todo lo que ha sido objeto de juicio, incluso las cuestiones referidas a los hechos y prueba.

El acceso a la justicia es hoy en día un Derecho fundamental reconocido en la Constitución española en el artículo 24 a través del Derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la asistencia justicia gratuita para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución española. Sin embargo, estos derechos se desdibujan cuando intentamos reivindicar los derechos de los consumidores. En este trabajo analizamos cómo Cappelletti teorizó, a través de su obra General Report Access to justice, las tres olas básicas para conseguir derribar las barreras que impiden el acceso a la justicia. Esta teoría refleja los pasos seguidos por la Unión Europea para mejorar el acceso a la justicia de los consumidores. Recibido: 30 octubre 2018 Aceptado: 21 noviembre 2018 Publicación en línea: 27 diciembre 2018

El presente artículo es un estudio reflexivo sobre la reforma judicial y la búsqueda del acceso a la justicia en Colombia, el cual tiene como finalidad exponer la importancia del acceso a la justicia como presupuesto fundamental de todo Estado de derecho. Sin embargo, en países como Colombia esa legitimidad se pone en duda, a causa de que no han existido políticas públicas que se enfoquen en eliminar barreras para acceder a la administración de justicia, tales como el costo del litigio, el excesivo formalismo, la falta de educación sobre los derechos, las limitantes geográficas, el poder de los litigantes y otras barreras que aquejan a la sociedad. Estas limitaciones se acentúan con las peculiaridades del sistema judicial, como es el clientelismo judicial y la decadencia del Estado en ciertas zonas del país para impartir justicia, por lo que se han convertido en el mayor obstáculo para hablar de una reforma a la justicia que se enfoque en un acceso abierto a las personas más vulnerables, haciendo necesaria una discusión sobre los retos de una política integral basada en que el ciudadano pueda ingresar al sistema judicial.

Este trabajo tiene como objetivo principal plantear que para los adultos mayores, en Chile, también es necesario implementar una política pública de mediación previa y obligatoria en determinadas materias.

As a product of the armed violence and the human rights violations committed in the decades of the eighties and nineties, the Peruvian government initiated a process of transitional justice in order to compensate the victims and reconcile a fragmented and divided society. However, there are still issues pending in that matter. One of these issues is the search of the missing persons. The present article will delve into the importance of a policy of search of missing persons in the light of the international obligations on human rights matters of the Peruvian state, and will analyze the weaknesses of their judicial actions to accomplish this task. The need of a centralized organism in charge of this function will be sustained, and a normative proposal for its implementation in the Peruvian legal system will be presented.

Este artículo es el resultado de una investigación cuyo principal objetivo fue analizar el acceso a la justicia en el mecanismo de solución de contro versia previsto en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos ( TLC COLUSA ) y su impacto en los sectores económicos colombianos. De esta forma, se analizó la temática a partir de la conceptua lización teórica del acceso a la justicia construida a partir de la doctrina y de la jurisprudencia tanto colombiana como estadounidense, así como del análisis del Sistema de Solución de Controversias consagrado en el TLC y su relación con un agente del sector productivo colombiano especifico como son los microempresarios.

Por Ley n.º 4083/2011, fue creado en Paraguay el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales, con la finalidad de aplicar medidas de protección dirigidas a quienes puedan encontrarse en situación de riesgo o peligro para la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad como consecuencia de su intervención en un proceso penal. Así, se ha designado como autoridad de aplicación a la Fiscalía General del Estado a través de una Dirección dependiente jerárquicamente del Fiscal General del Estado ya que, por mandato constitucional y legal, el Ministerio Público es el órgano autónomo persecutor del hecho punible, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y el correspondiente aporte probatorio, aplicando las medidas de protección necesarias en los procesos penales trascendentales, en procura de facilitar el acceso a la justicia y propiciar su consecución. Con la implementación de este programa, el Gobierno pretende fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia y combatir la corrupción.