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El desarrollo agrario ha sido un asunto ampliamente debatido a lo largo de la historia de Colombia. Una de las instituciones que ha intervenido en este debate recientemente ha sido la Corte Constitucional, que se ha pronunciado sobre el particular a través de sus sentencias. El presente artículo analizará las sentencias C-644 de 2012, C-077 de 2017 y C-028 de 2018 a través de la exposición de dos sensibilidades que existen con respecto al desarrollo agrario y que se encuentran en tensión. Con esto se busca proponer una lectura de estas sentencias desde un marco conceptual de derecho y economía política y lo que se ha denominado la “Síntesis del Siglo XX”. Finalmente, se propondrá que es necesario que, a través del derecho constitucional, en estos casos, se analice el poder de cada individuo en el mercado para buscar un desarrollo agrario más equitativo.

L’Acte legislatiu 01 de 2016, conegut com a fast track, va introduir a la Constitució de Colòmbia un procediment legislatiu especial per a la pau amb el propòsit d’agilitzar i garantir la implementació jurídica de l’Acord final per a la terminació del conflicte i la construcció d’una pau estable i duradora. A través d’aquest procediment es van fer cinc reformes constitucionals sobre les quals la Cort Constitucional va exercir un control excepcional, automàtic i únic de constitucionalitat. En aquesta investigació dogmàtica, amb un enfocament qualitatiu i l’ús de fonts secundàries, analitzarem els requisits formals, substancials i de competència que la Cort Constitucional va revisar sobre aquestes reformes per mostrar, des d’aquest cas particular, com es va aconseguir salvaguardar la democràcia constitucional i, específicament, el principi de separació de poders i controls horitzontals entre les branques del poder públic, que és una garantia dels estats constitucionals. Metodològicament, presentem els punts que van ser part de l’Acord i els actes legislatius a partir dels quals es van implementar, per després analitzar els inconvenients del procés legislatiu i els aspectes revisats per la Cort. Finalment, concloem que l’alteració excepcional de les regles constitucionals per a la revisió de reformes constitucionals no només va ser necessària per a la implementació jurídica del que s’havia acordat políticament, sinó també per a la salvaguarda de la democràcia constitucional.

La doctrina kelseniana fue la encargada de traer al mundo jurídico los tribunales constitucionales como órganos que no integraban ninguno de los poderes públicos, evento novedoso y extraño para la estructura del Estado; por lo tanto, los tribunales quedaron alejados de la influencia de los poderes y desde allí protegieron a la constitución. La creación de la Corte Constitucional en Colombia representó el compromiso del constituyente para que existiera un órgano que tuviera a su cargo amparar la constitución. A pesar de que la doctrina kelseniana influenció el ordenamiento colombiano, la Corte Constitucional terminó integrada al poder judicial debido a razones históricas, prácticas y polémicas.

Este trabajo aborda una modalidad de control constitucional novedosa en el sistema de justicia constitucional ecuatoriano: la facultad de la Corte Constitucional para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas. La falta de claridad en algunos preceptos normativos que rigen este instituto, su reciente inclusión y la ausencia de estudios académicos específicos ha desembocado en que su alcance continúe siendo una interrogante en varios de sus aspectos relevantes. Los objetivos del trabajo son, por un lado, examinar el desarrollo normativo y jurisprudencial de la declaratoria de inconstitucionalidad por conexidad, a fin de comprender sus características en el diseño jurídico ecuatoriano; y, por otro, identificar los principales nudos críticos que dificultan el adecuado ejercicio de esta herramienta. Para este efecto, se analizará la regulación normativa y su desarrollo jurisprudencial. Como se podrá apreciar, a pesar de haber ejercido esta atribución en múltiples ocasiones, la Corte Constitucional no ha contestado todas las dudas que giran en torno a la aplicación de esta importante figura; fue a partir de la emisión de la sentencia 1024-19-JP/21, en el año 2021, que la Corte ha empezado a desarrollar expresamente algunas pautas para el ejercicio de esta atribución.

El presente artículo plantea el análisis hermenéutico de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional de Colombia que trata el problema de los actos discriminatorios derivados de la exclusión de género que conllevan vulneración de los derechos funda-mentales de los niños, las niñas y los adolescentes. El texto parte de una metodología de investigación que busca hacer un análisis estático de la sentencia en cuestión, y propone un estudio de una problemática desarrollada por el órgano competente con diferentes enfoques de reflexión.

Este artículo trata sobre las transformaciones institucionales de los servicios de salud de Bogotá en aborto a través de un estudio de caso sobe Profamilia. Dicha entidad sin ánimo de lucro fue fundada en 1965, comprometida desde sus inicios con la lucha por los derechos y la salud reproductiva. Como prestador de servicios, Profamilia vivió profundas transformaciones graduales desde el año 2006, con la despenalización parcial del aborto en tres causales ordenada por la Corte Constitucional de Colombia. Después de la decisión constitucional, Profamilia pasó de no realizar ningún procedimiento de aborto, a convertirse progresivamente en el mayor proveedor de servicios. Por consiguiente, este artículo estudia la transformación de los servicios en el tiempo, empleando el método de análisis de cambios institucionales graduales propuesto por Mahoney y Thelen, para lograr realizar un estudio a profundidad sobre los cambios internos que se llevaron a cabo para lograr el aumento en los servicios y su relación con el marco legal vigente.

Acaba de publicarse Aprendiendo de la Transición. Lecciones y desafíos del modelo de justicia transicional en Colombia, una compilación de investigaciones relacionadas con el estudio de la justicia transicional en Colombia, que cuenta con 19 autores, y 3 editores académicos, todos ellos miembros de las Universidad de La Sabana y Los Andes. Esta reseña busca realizar algunos comentarios y descripciones que aborden grosso modo las tres partes que conforman el libro, así como las contribuciones que pretenden realizar para enriquecer el debate sobre un tema de vigencia en Colombia.

La evolución de los modelos de organización humana ha permitido el surgimiento de modernas estructuras estatales que, para el caso colombiano, se cristalizan en el Estado social de derecho adoptado en la Constitución Política de 1991. Este modelo de Estado busca la garantía real y efectiva de los preceptos constitucionales a partir de, entre otros, el rol del juez constitucional como garante judicial de la Constitución, sus derechos y principios. Los jueces usan su discrecionalidad para superar las ambigüedades, vaguedades, antinomias o cualquier otro conflicto presente en el sistema jurídico colombiano con el fin de tomar la mejor decisión posible conforme a los preceptos constitucionales. A la luz de este importante rol del juez, y de su facultad discrecional, en el presente escrito se estudiarán dos sentencias de unificación de la Corte Constitucional de Colombia, en las que se determinará si la Corte aplicó incorrectamente el Estado social de derecho, ello en el marco del presunto ejercicio discrecional realizado por el administrador de justicia. Lo dicho se desarrollará a través de una metodología dogmática con la que se analizarán las decisiones escogidas, junto con fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias para determinar si, en los casos de estudio, se tomaron decisiones contrarias a los principios derivados del texto constitucional colombiano como consecuencia de un ina-decuado uso de la discrecionalidad, específicamente como consecuencia de la errada aplicación de la cláusula del Estado social de derecho.

La Constitución de 2008 convirtió a la Corte Constitucional en un órgano para la creación de precedentes constitucionales. En esa medida, una de sus facultades más importantes es la selección y revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, la Corte no ha planteado con claridad el alcance de esta facultad. Ha tenido pronunciamientos contradictorios y, en ocasiones, parecería que invade otras competencias. En este trabajo se realizó un análisis comparativo respecto del trámite de revisión colombiano para conocer cómo el tema ha sido abordado en el derecho comparado. A través del método inductivo y del estudio de varias sentencias revisadas en el Ecuador hasta la fecha, se estableció cómo la Corte ha entendido esta facultad, específicamente, a la luz del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Se concluyó que la Corte ha excedido su competencia y que es necesaria su autolimitación.

Resulta de vital y trascendental importancia en el estudio del derecho constitucional actual, así como de la teoría jurídica, ocuparse del análisis del precedente judicial y de la capacidad que este tiene de crear subreglas con carácter vinculante y oponible a los jueces y usuarios de la administración de justicia. Trataremos no solo de desarrollar la naturaleza de dichas subreglas, sino también de mirar la ubicación que ocupan dentro del ordenamiento jurídico. Concluiremos, con meridiano acierto, que determinando la ubicación que dichos precedentes ostenten en el escalonamiento jurídico colombiano será así mismo el poder y carácter vinculante que tengan dentro del sistema normativo.

La acción de nulidad en contra de los laudos arbitrales surge en el Ecuador como mecanismo de control judicial al arbitraje al ser este un método alternativo de resolución de controversias con potestades jurisdiccionales. Ante interpretaciones amplias de las causales existentes de la acción de nulidad previstas en la Ley de Arbitraje y Mediación, la Corte Constitucional emitió en el 2019 dos sentencias que limitan la aplicación de las causales, ratificando la taxatividad de las mismas. Por esta razón, el presente artículo busca realizar un análisis del régimen jurídico de la acción de nulidad en el Ecuador y establecer si las causales deberían ser taxativas o no. En este sentido, en primer lugar, se expondrá la acción de nulidad y su rol en el arbitraje. A continuación, se analizarán diversas decisiones que reflejan la interpretación, el alcance y la aplicación de las causales de anulación. Una vez establecidas las diversas posiciones que ha tomado la jurisprudencia ecuatoriana, se ratificará la taxatividad de las causales de anulación de laudos al ser una característica intrínseca de la excepcionalidad de dicha acción. Finalmente, se pondrán en consideración causales no previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero que deben ser tomadas en cuenta por el rol del Estado a nivel internacional.

La transición al orden constitucional planteado desde la Carta Política de 1991, da cuentas de un régimen de apertura democrática que dota de mecanismos a la ciudadanía para dialogar con las instituciones del poder y generar espacios de debate y control político. Ello, evidencia la materialización de los elementos de una democracia deliberativa dentro de los contextos jurídico-políticos que se presentan, fundamentalmente, cuando el texto formal contempla un Tribunal Constitucional que posibilita la participación de los círculos sociales, llevando los principios democráticos al campo real de la deliberación colectiva. De ahí que, el estudio expone: En primera medida, el marco teórico-filosófico que caracteriza a la democracia deliberativa y su aplicación dentro del campo jurídico colombiano, expresamente, lo relativo al análisis funcional del Tribunal Constitucional Colombiano, evidenciado desde las intervenciones ciudadanas.

El presente artículo hace un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el derecho al Sabbath de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La metodología adoptada consiste en el análisis dinámico de precedentes propuesto por Diego López Medina en El derecho de los jueces (2009), en el que presenta algunas herramientas para trabajar con la jurisprudencia estructuradamente. Aquí se reconstruyen estas herramientas y, sobre esa base, se estudia el problema de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de disfrutar o no el Sabbath a partir del argumento de los principios de Dworkin. El artículo se divide en tres secciones: la primera, contiene la reconstrucción de la metodología enunciada. La segunda, contiene el estudio del precedente sobre el Sabbath, cuyo resultado es la línea jurisprudencial y la presentación de la gráfica que la contiene. En la última sección se entabla un diálogo entre el balance jurisprudencial fijado y la teoría de los principios de Dworkin contenida en Los derechos en serio (2012a).

This article is the result of the analysis of the protection action, based on the Constitution of the Republic of Ecuador; Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control; jurisprudence and precedents issued by the Constitutional Court of Ecuador and contemporary doctrinaires. To file a protection action, only the quality of citizen is required, therefore, it can be presented by any person at the time when their rights have been violated either by a public authority or by private persons. One of the peculiarities of this constitutional judicial process is that its character is not residual; Therefore, the objective of this work is to analyze the protection action as a mechanism to guarantee the fundamental rights of people in the Ecuadorian legal system, for which a qualitative approach based on the documentary bibliographic analysis was used.

Se analiza desde la perspectiva del Derechos Constitucional, los errores en los fallos judiciales por la indebida interpretación del Art. 45 de la Constitución, acorde a la evolución del Derecho de Familia se sigue la tendencia de cobijar las garantías de este grupo de atención prioritaria como sujeto de derechos humanos. La metodología empleada es cualitativa, sustentada en métodos de análisis y síntesis bibliográficos. La problemática judicial que acaece radica fundamentalmente en que nuestra ley; no adopta en lo orgánico y procedimental mecanismos para que este derecho a ser consultado sea productivo para la argumentación judicial posterior; por lo que el objetivo es crear un protocolo de acompañamiento, interrogantes y abordaje anexo al código orgánico de la niñez y la adolescencia que garantice este derecho constitucional se efectivice y no se considere un requisito vacío a cumplir dentro de un trámite judicial.

RESUMEN En este artículo de revisión se analizan las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, creado mediante Consulta Popular en el año 2018 en Ecuador. Pues en el ejercicio de éstas, la entidad indicada, extralimitó sus atribuciones otorgadas por la voluntad popular y la Constitución, en la evaluación y cese de autoridades, puntualmente de los miembros de la Corte Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el objetivo es determinar cómo estas actuaciones vulneraron derechos constitucionales de las autoridades indicadas. La metodología científica investigativa parte del paradigma cualitativo. Se concluye que las actuaciones del CPCCST, vulneraron los derechos de los magistrados de la Corte Constitucional al Debido proceso, por ser juzgadas por una autoridad incompetente para hacerlo y a la seguridad jurídica por la falta de respeto a las normas previas de las que toda autoridad pública tiene la obligación de precautelar en el ejercicio de sus funciones.

La naturaleza tutelar del interés superior del niño es un elemento sobre el que se construyen derechos. El objetivo lograr una aplicación e interpretación uniforme de la directriz, a efectos de que las sentencia y resoluciones logren consolidar el principio de efectividad; se tomen decisiones jurisdiccionales y administrativas en consonancia con los derechos humanos lejos de la denominada lógica y razonamiento estándar, analizando las opiniones consultivas, y la Convención de Derechos Humanos. La metodología empleada en la investigación es de tipo cualitativa y se utilizó los métodos inductivos – deductivo; analítico sintético e histórico lógico. El resultado más relevante es rescatar el mecanismo de ponderación judicial en la aplicación de la directriz interés superior del niño en el análisis judicial para emitir fallos motivados.

El presente artículo tiene como finalidad describir las respuestas del Estado ecuatoriano frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Conscientes de que en América Latina contamos con países altamente dependientes del Ejecutivo, describimos el rol del Legislativo, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y Consejo Nacional Electoral, en el manejo de la crisis sanitaria. Pese a que cada organismo tiene atribuciones propias y procesos de toma de decisiones independientes, nos centramos en el Ecuador para observar el rol de organismos del gobierno central, más allá del poder Ejecutivo, durante la pandemia de COVID-19, tanto en relación con sus funciones específicas como en el marco de pesos y contrapesos del sistema institucional ecuatoriano.

La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

Es innegable que la Corte Constitucional ha proferido numerosas sentencias de avanzada durante su existencia. Con todo, su labor no es tan encomiable en materia económica. En efecto, aduciendo propósitos nobles pero con un equivocado o inexistente análisis técnico, la Corte Constitucional ha proferido recientemente fallos con nocivos efectos económicos. Este artículo muestra algunos ejemplos de tales fallos, indicando por qué estos generan dificultades macroeconómicas o, alternativamente, causan distorsiones microeconómicas en ciertos mercados. El presente artículo también analiza las razones que motivan estas fallas económicas para finalmente proponer algunos cursos de acción que permitan evitar estos errores.

Este artículo intenta poner de presente una crítica de implicaciones ético-jurídicas que subyacen al momento de decretar un estado de cosas inconstitucional frente al problema del hacinamiento en las cárceles por parte de la Corte Constitucional colombiana, resaltando no sólo la vulneración masiva de derechos fundamentales, sino también la indiferencia con la que operan los ciudadanos en Colombia, relegando a una minoría de la población que se vuelve vulnerable ante ese trato residual de la sociedad y de un Estado que se niega a resolver ese problema, aduciendo un déficit presupuestal y la una incapacidad de sus instituciones para hacerle frente; atacando desde varios frentes la labor hecha por la Corte en esta trascendental sentencia.

Los derechos aparecen como columna vertebral del concepto de control del poder y de la elaboración de una teoría específica de la legitimidad estatal: el modelo liberal. En el caso colombiano, la elaboración del constitucionalismo social de 1991 trajo consigo una forma diferente de modelo estatal. Este artículo tiene por objeto examinar las características de este modelo de derechos, su configuración y definición constitucional. Para ello, se abordará, en la primera parte, el papel de la fórmula política y, con ella, de los valores del sistema constitucional de 1991. En segundo lugar, se explorará el problema de los derechos fundamentales, que establece no solo un discurso de fundamentación del sistema político-jurídico, sino que también permite el ejercicio mismo de los derechos. Por último, se definirán los derechos dentro del modelo constitucional, desde la perspectiva de la teoría jurídica contemporánea.

En este texto pretendemos exponer algunas de las ideas centrales de la Teoría de la Justicia del filósofo norteamericano John Rawls. En primer lugar, examinaremos las características generales de los dos principios de la justicia; en segundo lugar, analizaremos cómo dichos principios se desarrollan en un Estado democrático en lo que Rawls denomina la “secuencia de las cuatro etapas”. Expuesto lo anterior nos concentraremos en dos de esas cuatro etapas: por un lado, relacionaremos la segunda de las cuatro etapas con la teoría del poder constituyente, concepto central en el constitucionalismo moderno. Por otro lado, estudiaremos la última etapa de esa secuencia de cara al papel del juez en Colombia, en concreto con relación al control constitucional. Por último, intentaremos mostrar cómo ha sido la recepción del autor norteamericano en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.

El propósito de este artículo es determinar si la normatividad y esquemas que materializan la responsabilidad social empresarial (RSE), se traducen en obligaciones para las empresas activas en el territorio colombiano. Para el desarrollo de este objetivo, se lleva a cabo un estudio general del concepto de RSE, en concreto, de su origen, desarrollo y estructura, con apoyo en la doctrina y en algunos instrumentos de RSE internacionales. En particular, se evidencia cómo el debate internacional sobre la RSE oscila entre intentos por volverla obligatoria, e instrumentos donde se manifiesta como una herramienta normativa blanda. Este fenómeno es evidente también en el plano doméstico colombiano, donde la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de la RSE y de su relación con el ordenamiento constitucional colombiano. A través de esta jurisprudencia, se identifica el respaldo constitucional de la RSE en Colombia, así como el entendimiento sobre su alcance. Se concluye que, si bien el juez constitucional reitera que la RSE es voluntaria, la narrativa constitucional de la RSE contiene elementos de obligatoriedad.

El presente artículo surge con el objetivo de estudiar y comprender los postulados constitucionales respecto al espacio público, creados de conformidad con la Constitución Política Colombiana de 1991, normativa que impulsó ambiciosas políticas encaminadas a proteger el espacio público en el país, lo que ha promovido que el Estado colombiano deba tomar una posición protectora de este derecho, el cual debe ser comprendido como un derecho colectivo que recoge aspectos políticos, sociales y culturales enmarcados en el fortalecimiento de una nueva cultura ciudadana. Teniendo en cuenta que el Espacio Público es objeto de regulación jurídica en virtud de la acción del Estado en sus diversos niveles, desde las definiciones y prescripciones de carácter legal, hasta las disposiciones, reglamentos y ordenes administrativas. Lo que desemboco en generar cuestionamientos desde las altas esferas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, instancias jurídicas que decantaron protecciones constitucionales enfocadas en diversos ámbitos, conllevando en todo caso a crear un choque de trenes respecto de la protección estatal frente a la protección del espacio público, causando en todo fin que el Estado deberá proteger los derechos protegidos en la carta magna en la mayor medida posible.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha sufrido varias modificaciones en relación con la consulta popular por iniciativa ciudadana. Primero, el veintiuno de diciembre de 2015, una de las enmiendas constitucionales limitó el alcance la de consulta popular. Segundo, los precedentes de la Corte Constitucional del Ecuador han establecido reglas generales respecto al procedimiento de consulta popular por iniciativa ciudadana. Tercero, la Corte Constitucional ha emitido un reglamento que altera la contabilidad de plazos y términos del procedimiento de consulta popular. "Donde haya leyes claras y precisas, el oficio de un juez no consiste más que en comprobar un hecho" . No obstante, todas las modificaciones mencionadas han sido realizadas directa e indirectamente por parte la Corte Constitucional del Ecuador; entonces ¿el legislador no ha emitido leyes claras y precisas? Independiente de aquello, la Corte Constitucional, al hacer aclaraciones a normas relacionadas con la consulta popular, ha ocasionado restricciones al derecho de participación ciudadana. Esto a través de la obstaculización en el ejercicio de la democracia directa e incertidumbre en el procedimiento de consulta popular por iniciativa ciudadana. De esta manera, se analizan tres puntos fundamentales. En primer lugar, el alcance de la consulta popular ha sido limitado, en virtud de que la enmienda constitucional de 2015 restringió el derecho de participación ciudadana. En segundo lugar, a través de jurisprudencia obligatoria, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que el control constitucional se realiza luego de la recolección de firmas. Lo que ha llevado a que los ciudadanos tomen el riesgo de dedicar esfuerzos económicos y físicos a recolectar firmas con la incertidumbre de que las preguntas sean constitucionales. Esto ha conllevado la obstaculización e ineficacia del procedimiento de consulta popular. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de su reglamento, ha cambiado el conteo de plazos y términos escudándose para no cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. Así, todas las actuaciones de la Corte Constitucional del Ecuador han llevado a determinar un claro gobierno de los jueces.

Se sostiene que la Corte Constitucional ha usado la distinción disposición/ norma ejerciendo control sobre la jurisprudencia de las altas cortes estratégicamente, para reivindicar su superioridad funcional como guardiana de la Constitución y obtener soporte judicial para sus decisiones, evitando confrontaciones directas o "choques de trenes" con dichas cortes. Como consecuencia de esto, se presentan algunas ambigüedades sobre la concepción y aplicación del derecho viviente. Para desarrollar esta hipótesis el artículo se divide en tres partes. La primera presenta el uso de la distinción disposición/ norma y sus repercusiones políticas, luego reconstruye la doctrina, significado y alcance del derecho viviente, como escenario constitucional en el que dicha distinción tiene aplicación. La segunda parte evalúa el uso estratégico de la claridad y la ambigüedad de la doctrina, interpretando el sentido de la validez constitucional del derecho viviente, la forma en que se realiza su control respecto a la comunidad jurídica y la extensión de dicho concepto a la jurisprudencia interamericana. La última parte sintetiza las conclusiones.

It is of vital and transcendental importance in the study of current constitutional law, as well as legal theory, to deal with the analysis of the judicial precedent and its capacity to create binding sub-rules that are enforceable against the judges and users of the administration. of Justice. We will try not only to develop the nature of these sub-rules, but also to look at the position they occupy within the legal system. We will conclude, with perfect success, that determining the location that said precedents have in the Colombian legal staging will also be the power and binding nature that they have within the regulatory system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La afiliación fraudulenta a la seguridad social ha sido un asunto que de vieja data ha ocupado el interés de las autoridades nacionales, en razón del desequilibrio económico que puede generar al interior del Sistema y la defraudación de la confianza legítima de los ciudadanos que actualmente son inducidos a esta práctica por intermediarios que sacan provecho indebido del vacío legal existente. En la presente reflexión se hace un recuento de la evolución normativa y jurisprudencial de este fenómeno a la luz del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales, para concluir que se carece de instrumentos jurídicos concretos para evitarlo y sancionarlo, aunado a que la jurisprudencia presenta un manejo ambiguo del tema, lo que impone varios retos de política pública al sistema.

Afirmar que existe una moral pública en una democracia liberal siempre es motivo de controversia. La relación entre ética y Estado es problemática y en Colombia ese debate ha estado presente por la alusión a la “moral social” en la Constitución Política de 1991. El presente texto busca analizar lo que ha significado dicho concepto para la democracia colombiana a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se afirmará que tras distintas interpretaciones se ha impuesto una perspectiva liberal ética que tiene el desafío de establecer con claridad los fundamentos de la moral pública.

El debido proceso es una institución que tiene por objeto que las partes tengan acceso a la justicia, por medio de diversas garantías substanciales y de las formalidades legales establecidas. El presente artículo descubrirá esta institución jurisdiccional desde la experiencia de la Corte Constitucional colombiana, en que se desentrañará su concepto, contenido y alcance del debido proceso.

El presente artículo analiza los significados que la Corte Constitucional le ha atribuido a la expresión «acto administrativo», contenida —tanto en su forma singular, como plural— en varios enunciados normativos de la Constitución Política de 1991, con la finalidad de concluir si dicha Corporación, en ejercicio de su rol de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, ha construido una definición uniforme de acto administrativo o si, por el contrario, ha utilizado nociones diversas, incluso contradictorias. Así mismo, el artículo se pregunta, ofreciendo una posible respuesta, si de la Constitución puede derivarse la existencia de una definición correcta del acto administrativo, es decir, que más se avenga al contenido de aquella, o si esta es una actividad radicada en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional, en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, los cuales gozan de libertad configuradora para la estructuración de dicho concepto.

The document that is presented below, shows the results of the research limitation of the right to the free development of personality within the framework of the Colombian educational system, from a jurisprudential perspective of the Constitutional Court, developed within the framework of the research group "PRIMO LEVY "of the Pedagogical and Technological University of Colombia, which has as its fundamental purpose to describe the constitutional parameters outlined by the Constitutional Court for the limitation of the right to the free development of the personality within the educational system, through the development of qualitative research, which uses the descriptive method as a research method, based on the use of the methodology of Professor Diego López Medina onjurisprudential lines. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

A partir de la perspectiva que plantea la jurisprudencia terapéutica en el estudio de casos judiciales, fueron sometidos a revisión los nueve fallos que hasta ahora ha emitido el Alto Tribunal de la Jurisdicción Constitucional colombiano acerca del problema jurídico más importante relacionado con la intersexualidad, esto es, el de la obtención del consentimiento informado en los procedimientos de reasignación de sexo o normalización. La regla jurídica adoptada como precedente judicial genera eventuales efectos terapéuticos o anti-terapéuticos según la obtención del consentimiento informado privilegie el ejercicio de la autonomía del menor de edad intersex, o el de sus representantes legales.

El Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, tiene el mismo nivel jerárquico que la Corte Constitucional, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado son órganos de la rama judicial autónomos e independientes. No obstante, la Corte ha conocido acerca de las acciones de tutela contra los fallos proferidos por el Consejo de Estado. Lo anterior ha ocasionado un conflicto de jurisdicciones entre estos dos cuerpos colegiados. Actualmente, en sus últimos fallos, el Consejo de Estado ha expresado que es procedente interponer esta acción contra una de sus providencias cuando estas vulneren derechos fundamentales.

La Constitución Política de Colombia tiene un interés particular en los asuntos ambientales. Como parte de ello, el marco constitucional incluye la posibilidad de introducir normas ambientales internacionales al sistema jurídico colombiano. Como regla general, y una vez hayan surtido el proceso que la Constitución establece, estas normas entrarán al ordenamiento jurídico nacional y tendrán el mismo rango que una ley de la República. Sin embargo, excepcionalmente, la Corte Constitucional ha reconocido que algunas normas del derecho internacional pueden llegar a ser consideradas parte de la Constitución y, por ende, tienen su mismo rango normativo. Esta doctrina ha sido llamada “Bloque de Constitucionalidad”. En fallos recientes, la Corte Constitucional ha sostenido que algunas normas ambientales internacionales hacen parte de la Constitución, a través del Bloque de Constitucionalidad, y por ende tienen su misma jerarquía normativa. Este es el caso particular del principio internacional ambiental de Precaución, el cual para la Corte ha sido “constitucionalizado”. Debido a las implicaciones de esta reciente pero ya consistente posición jurisprudencial para el derecho colombiano e internacional, este artículo aborda el contexto de dicha jurisprudencia, la ubica desde una perspectiva comparada y sugiere algunas perspectivas para esta incipiente doctrina constitucional.

Este artículo rastrea la trayectoria de las reformas e intentos de reforma a la justicia constitucional colombiana y revela cómo actores políticos y académicos, con distintos propósitos y estrategias, y bajo determinados contextos políticos y doctrinas legales, la construyeron entre 1910 y 1991. La historia consta de cinco momentos: Inicia en 1910 cuando la Asamblea Constituyente le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de decidir sobre la exequibilidad de las leyes que ante ella demandara cualquier ciudadano. Continúa con el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien en 1953 intentó establecer un Tribunal de Garantías Constitucionales y luego en 1956 creó una Sala de Negocios Constitucionales dentro de la Corte Suprema. El tercer momento es el intento de crear una Corte Constitucional en 1968, que terminó en la modesta creación de una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. El cuarto trata de la frustrada reforma constitucional de 1979, la cual modificó las funciones de juez constitucional de la Sala Plena de la Corte Suprema, y luego fue declarada inconstitucional por ese mismo Tribunal en 1981. El último momento es la creación de la Corte Constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Cuando la Corte Constitucional revisa la constitucionalidad y la convencionalidad de las leyes, declara su adecuación o inadecuación a los principios, derechos y normas consagrados en la Constitución y en la Convención a mericana sobre Derechos Humanos; desarrollando un accionar “judicial” bastante complejo, en la medida en que –muchas veces– entra en ámbitos políticos propios de legislador. Situación que genera fuertes tensiones entre el poder legislativo y el judicial, pues se argumenta que este no ha sido elegido popularmente, como sí ocurre con el legislador. Por tanto, esta investigación tiene como objetivo describir dichas tensiones en el contexto del control de constitucionalidad y convencionalidad a las leyes en Colombia. Resal - tando la importancia de este último como un tipo de control concurrente, complementario y necesario al control de constitucionalidad. Para ello se realiza un ejercicio de teorización a partir de revisión bibliográfica e ilustración con sentencias, desplegado desde un enfoque cualitativo.

La búsqueda de los derechos fundamentales en el ser humano ha sido una lucha incansable en la que los diferentes Estados asumen, en veces, posiciones nugatorias, excluyentes y avasallantes. En países de tradición formalista como el colombiano esta importante misión fue asumida por los órganos legislativos y ejecutivos, tradicionalmente dominantes de la política y el derecho; sin embargo tras la ascensión de la Constitución política de 1991 hubo una refundación en el sistema, a partir de allí el máximo tribunal constitucional se arroga una función creadora, fundando sus decisiones en principios morales encontrados en la constitución lo que hace factible no solo un nuevo derecho sino una garantía para sectores antes excluidos.

La desidia e ineficacia de los órganos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha función, como del Jefe del Ejecutivo en su condición de legislador excepcional, para adoptar y expedir políticas públicas, especialmente en materia económica, y sobre todo de cara al deber constitucional que, como autoridades públicas les asiste frente a la protección de todas las personas, y en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, han propiciado el desborde de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional mediante la injerencia, quizá justificada de hecho por la desidia legislativa, pero a su vez, indebida e ilegítima, en la órbita de competencias de las otras Ramas del Poder Público. Tal situación comporta un desentendimiento de la teoría tradicional de la separación de poderes y el subsecuente problema de legitimidad que se suscita ante la arrogación de facultades que de suyo no le son propias a la Corte Constitucional.

El artículo aborda la postura que ha adoptado la Corte Constitucional en relación con los argumentos religiosos en procesos de inconstitucionalidad en casos controvertidos. El análisis del problema propuesto tiene como referente teórico la propuesta filosófica de Jürgen Habermas sobre el rol de la religilisis jurisprudencial de tres propuesta acerca del rol de la religisipor todos los Magistrados de la Corte Constitucional (posión en la esfera pública. Se reflexiona sobre los argumentos propuestos en el debate constitucional al interior de la Corte Constitucional, en el caso del matrimonio igualitario abordado en la Sentencia C – 577 de 2011. Se analiza la forma en que se incorporan los argumentos del debate con el fin de valorar si son coherentes o no con la perspectiva liberal y el papel de los argumentos religiosos en dicho debate.

Este artículo pretende mostrar una nueva facultad que se le quiere asignar a la Corte Constitucional. Esta es la de suspender provisionalmente las leyes que hayan sido demandadas por inconstitucionalidad. En el trabajo se comprueba que esta función existe en el derecho público colombiano desde la Colonia y que tuvo un amplio desarrollo en el siglo XIX en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

El comienzo de la vida humana se encuentra en vilo en Colombia, ante la ratificación del Protocolo Facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999, ratificada en el año de 2005. El tema se desarrolla en dos Sentencias, la primera, C-355 de 2006 despenaliza el aborto en tres situaciones excepcionales: Violación, enfermedad de la madre y malformación del feto. La segunda, T-388 de 2009 abarca la objeción de conciencia, que solamente es reconocida a las personas naturales; afirmando el máximo Tribunal Constitucional que no es un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas o el Estado, limitando a las clínicas, hospitales y centros de salud que presenten objeción de conciencia para la no realización de la práctica del aborto. El no cumplimiento de esta declaración ha producido sanciones a las instituciones sanitarias privadas por el no acatamiento de los efectos erga ommes de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; estas instituciones reclaman objeción de conciencia institucional por su ideario y creencias religiosas. Estos criterios tienen implicaciones bioéticas y biojurídicas frente a la interpretación pluralista de orden filosófico, religioso y jurídico del artículo 18 de la Carta Política; el cual, garantiza la libertad de conciencia en nuestro Estado Social de Derecho y, es el legislador quien debe reasumir su competencia a través del bioderecho.

En la República de Corea, tras casi cuarenta años de disposiciones de rango constitucional en las que se consagraba el control constitucional, la Constitución de 1987 estableció un sistema efectivo de poderes de control constitucional otorgados a la Corte Constitucional. Además de revisar la constitucionalidad de las leyes, la Corte tiene la autoridad para decidir sobre la disolución de partidos políticos, la destitución de altos funcionarios, conflictos de competencia, recursos de protección de derechos individuales. Los poderes antes enunciados han dado a la Corte una posición especial dentro del sistema democrático de Corea del Sur, habilitándola para ampliar el significado de la Constitución y extender su protección respecto de la cotidianidad de los ciudadanos.

Dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas privadas de la libertad – acusados o sentenciados– la Corte Constitucional colombiana impone deberes al Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los centros carcelarios. Este artículo elabora el análisis del tema, sirviéndose de varias situaciones judiciales que lo ilustran.

La jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales fundamentales, que en su gran mayoría conllevan intereses económicos, es una muestra de la transformación de la cultura tanto política como jurídica y su sensibilización respecto de las necesidades básicas y la prioridad política de tomarse en serio el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha venido diseñando y poniendo en práctica una concepción moderna del Estado en la que el cumplimiento de los deberes sociales del mismo ocupa un lugar central en la reorganización de las instituciones públicas. Sin embargo, un cambio tan drástico conlleva indefectiblemente incongruencias y desfases en la política jurisprudencial de la Corte.

En la investigación sobre Enfoques epistemológicos de la Corte Constitucional en los fallos de tutela período 1992 a 2005 sobre el Derecho Fundamental a la Participación Política encontramos que los derechos más invocados fueron el derecho a elegir y ser elegido1, el acceso a cargos públicos2, el derecho al voto3 y el derecho a participar en la conformación de partidos y movimientos políticos4. No encontramos que fueran invocados los derechos a revocar el mandato, a participar en plebiscitos o consultas populares. Colombia cuenta con una rica consagración constitucional que excede el simple derecho al sufragio y que otorga al ciudadano colombiano gran diversidad de competencias que le permiten una actuación más activa frente a los asuntos del Estado, no obstante el desarrollo jurisprudencial y doctrinal del derecho a la participación política se ha dado de manera tangencial. El método escogido fue de tipo comprensivo e interpretativo