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El objetivo de este artículo es analizar el aporte que puede ofrecer a los procesos de justicia transicional las orientaciones y mecanismos de la justicia restaurativa, para negociar la paz en conflictos armados. Para lo cual se usó una metodología cualitativa con diseño descriptivo y exploratoria, con un enfoque histórico y con fuentes secundarias consistentes en tratados internacionales, estudios, acuerdos de paz y experiencias comparadas. Análisis en el que se concluye que los conflictos armados son parte de la historia de la humanidad, siendo el siglo XX unos de los más letales, frente a los que se requiere para mitigar sus graves consecuencias, implementar procesos de justicia transicional, la que necesita incorporar como uno de sus formas de intervención, mecanismos de justicia restaurativa, doctrina que mediante procesos de negociación mediada, permita esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, preservar la memoria histórica y construir caminos de paz.

Este artículo analiza cómo distintos actores, utilizando discursos que decían sustentarse en el orden legal transnacional de la responsabilidad, orientaron la negociación del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia el componente retributivo. Este orden, acompañado de discursos anti-impunidad de distinto tipo, orientó los debates sobre el Acuerdo de Paz a centrarse en la discusión sobre el componente de justicia, el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la materia y la impunidad, evitando que la justicias restaurativa y distributiva tuvieran un mayor alcance en el modelo de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En els darrers anys ha augmentat la producció legislativa autonòmica sobre la memòria històrica i la reparació a les víctimes del franquisme. Deu de les disset comunitats autònomes compten avui amb lleis de memòria, que supleixen les mancances de la legislació estatal. L'estudi comparat d'aquestes lleis mostra una sintonia evident respecte de les seves fonts doctrinals i teòriques, la seva inspiració en el dret internacional dels drets humans, la seva filosofia i conceptes vertebradors, així com les polítiques públiques de les quals són font de legalitat i legitimitat. Aquesta inspiració comuna, filosofia i continguts fa que, amb els seus límits i particularitats, es pugui parlar d'una via autonòmica per a la recuperació de la memòria històrica i la reparació a les víctimes del franquisme. A l'anàlisi dels elements comuns que defineixen i caracteritzen aquesta via (lleis, drets i polítiques públiques) està dedicat aquest treball.

Tras su consolidación durante la década del 80, la perspectiva teórico política de la justicia transicional ha hegemonizado los debates en torno al conjunto de medidas tendientes a reparar las violaciones de derechos humanos perpetradas por regímenes militares o autocráticos. El objetivo principal de este trabajo reside en reconstruir y analizar los postulados de la justicia transicional con la intención de explorar su fecundidad para la comprensión de los procesos que analiza, partiendo de la vinculación entre este campo de estudios y la experiencia de reparación a los crímenes de Estado en Argentina entre 1983 y 2015. A partir de las concepciones de justicia, transición y democracia que subyacen a la justicia transicional, se presentarán algunas consideraciones relativas al modo en que la misma comprende los conflictos sociales del pasado en oposición a la representación de una sociedad futura en la cual la institucionalidad democrática se configura como garantía de la no violencia. Finalmente, tras identificar los alcances y limitaciones de esta perspectiva, se presentará la concepción de prácticas reparatorias, construida como una alternativa para el estudio de las medidas tendientes a la reparación.

El presente artículo realiza un estudio comparativo de la aplicación del derecho internacional por parte de los tribunales superiores de Argentina y España, en relación con los modelos de justicia transicional adoptados en cada caso. Para ello, el trabajo adopta los enfoques teóricos y metodológicos propuestos por el Derecho de las relaciones exteriores y por el Derecho internacional comparado, explicados de manera general en la primera parte. La investigación sugiere que el grado de aplicación del derecho internacional por los tribunales de Argentina y España, al decidir acerca de la posibilidad de enjuiciar criminalmente los delitos de lesa humanidad, tiene relación directa con diversos aspectos del derecho interno de cada Estado.

El escrito tiene como objetivo formular una crítica a la Sentencia C-674 de 2017, en la cual la Corte Constitucional colombiana, con fundamento en la teoría de la sustitución de la Constitución, declaró inconstitucional el acto legislativo que preveía que los terceros civiles que participaron en crímenes durante el conflicto armado debían ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con fundamento en que se reemplazaba integralmente la garantía del juez natural. En el texto se realiza un análisis de la doctrina y la jurisprudencia para concluir que, contrario a lo sostenido por la Corte Constitucional, el aludido acto legislativo sí superaba el juicio de sustitución de la Constitución, desde una perspectiva transicional.

Acaba de publicarse Aprendiendo de la Transición. Lecciones y desafíos del modelo de justicia transicional en Colombia, una compilación de investigaciones relacionadas con el estudio de la justicia transicional en Colombia, que cuenta con 19 autores, y 3 editores académicos, todos ellos miembros de las Universidad de La Sabana y Los Andes. Esta reseña busca realizar algunos comentarios y descripciones que aborden grosso modo las tres partes que conforman el libro, así como las contribuciones que pretenden realizar para enriquecer el debate sobre un tema de vigencia en Colombia.

Usualmente la literatura académica y algunos sectores políticos entienden la justicia transicional como un proceso deseable, en cuanto aspira a dirigir a las sociedades hacia arreglos de organización y convivencia más justos y a la superación de las violencias. Sin embargo, la adopción de modelos alternativos de justicia y la búsqueda de verdades históricas —a veces no compartidas por toda la sociedad— puede hacer emerger viejos y nuevos clivajes ideológicos y grupos de interés para desacreditar estos procesos. Este artículo es un intento por entender cuáles fueron los marcos narrativos utilizados por la prensa y los sectores de la política electoral para legitimar o deslegitimar los mecanismos de justicia transicional en Colombia (2016), Filipinas (2014) y Kenia (2008). Para esto, analizamos 66 piezas de prensa y 24 declaraciones políticas, las que luego clasificamos entre aquellas que apoyan o resisten a la justicia transicional. Encontramos que la prensa puede ser una caja de resonancia para las narrativas adoptadas por los políticos, y que la resistencia a los mecanismos de la justicia transicional puede buscar su desacreditación, pero en otros casos puede orientarse a robustecer los procesos transicionales. Así, la i/legitimidad de los procesos de justicia transicional se deriva tanto de las corrientes ideológicas arraigadas en una sociedad, como de los intereses coyunturales amenazados por la transición.

Aquest treball vol recordar l’ús de la política monetària franquista com a arma a la Guerra Civil Espanyola i la confiscació il·legítima dels diners republicans per part de l’Estat franquista. Aquesta confiscació cal entendre-la com un dany patit per ciutadans particulars, dany efectiu que no ha estat reparat per l’Estat democràtic espanyol dins la justícia transicional espanyola. Dins d’aquesta manca de reparació, comentem la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1470/2017, que desestima la reclamació judicial d’aquest dany; un dels fonaments de la Sentència és la manca de responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador per l’omissió legislativa que reguli aquella reparació. En aquest treball plantegem una possible via de reclamació, que seria basar-nos en l’Informe del relator especial de l’ONU sobre justícia transicional, a l’empara del nou posicionament del Tribunal Suprem sobre l’obligatorietat de les recomanacions dels comitès internacionals, sobre la base de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1263/2018, que per primera vegada en reconeix la vinculatorietat per a l’Estat espanyol.

En septiembre de 2016 se celebró la firma de un Acuerdo de Paz que quiso poner fin a más de cincuenta años de guerra entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC- EP). La dejación de armas de la guerrilla activa más antigua del mundo necesitó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diseñada para juzgar los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Se acor- dó que a la JEP también podían acceder representantes de las fuerzas armadas, bajo el entendido de que el Estado fue un actor relevante en el conflicto y que la verdad contada por militares, que incluso cometieron crímenes de lesa huma- nidad, podía servir para esclarecer décadas de guerra y aportar a la reparación de las víctimas, bajo un paradigma de justicia restaurativa. Este artículo hace un análisis de la primera audiencia realizada por el tribunal en el marco del Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de representantes del Estado, desde la perspectiva de un grupo de víctimas cuyos hijos fueron asesinados por el Ejército en el contexto de una política conocida con el nombre de falsos positivos. El objetivo del texto es analizar, a través de sus testimonios, si la audiencia cumplió las expectativas del grupo en términos de verdad, justicia y reparación.

Este artículo analiza de qué manera el recuerdo sobre ciertos eventos pasados de violencia llegaron a ser delimitados como problema público y a convertirse en objeto de políticas estatales en Argentina. Se realizó a partir de una perspectiva antropológica, sustentada en una investigación etnográfica realizada en la Ciudad de Buenos Aires (entre 2004 y 2019), en esta se distinguen algunas de las particularidades locales del proceso de institucionalización de la memoria sobre el terrorismo de Estado y su inscripción como un imperativo ético por parte de la ciudadanía. Esta descripción analítica, por un lado, permite exponer de qué manera el trabajo colectivo de hacer memoria sobre estos eventos violentos ha sido significado social y políticamente de maneras variables, y cómo se han asignado responsabilidades históricas en torno a ellos. Por otra, permite examinar cómo este trabajo ha dialogado con doctrinas humanitarias y mecanismos transicionales globales, evidenciando algunas de sus potencialidades y limitaciones.

El concepto de jus post bellum ha sido propuesto para designar el marco normativo de la transición del conflicto armado a una paz sostenible, recogiendo la creciente influencia del derecho internacional en procesos de transición. Sin embargo, concebido en la tradición de la guerra justa, el concepto enfrenta múltiples desafíos para su configuración como noción legal. En este sentido, el artículo ofrece una introducción al jus post bellum desde la literatura legal que lidera este debate, así como la discusión de los principales aspectos sobre su alcance, contenido y perspectivas para su desarrollo bajo el derecho internacional.

Uno de los escenarios de mayor conflictividad existente para el derecho penal y sus respuestas sancionatorias y prevencionistas se encuentra en la confluencia de conflictos armados, siendo estos un motor inagotable de producción de actos delictivos regulados tanto a nivel nacional como internacional. El presente trabajo centrará su estudio en aquellos delitos conexos a los conflictos armados internos y en cómo podemos arribar a una lógica jurídica de mayor integralidad desde una perspectiva dogmática penal derivada de la teoría del delito —más que una respuesta política cimentada en la amnistía—, específicamente a través de los estados de necesidad, al momento de brindar resolución definitiva a un contexto de conflicto armado, lo cual exige soluciones penales no limitadas a las fronteras dialécticas de cada gobierno de turno.

La experiencia colombiana con la justicia transicional (TJ) es anterior al reciente acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Colombia representa un caso único de esfuerzos significativos hacia TJ antes de que se lograra un fin negociado del conflicto armado. Las leyes, instituciones y programas que implementaron estos mecanismos anteriores de TJ sentaron las bases para un entorno posterior al conflicto, a pesar de que su implementación tuvo lugar en medio de un conflicto en curso. Cada administración ha podido identificar áreas de mejora para los mecanismos que ya existen y los ha fortalecido mediante cambios en la estructura normativa o mediante la creación de nuevas instituciones. Después de un breve resumen de la evolución del concepto de los mecanismos de TJ y TJ, el documento proporciona una breve descripción de los casos comparativos de TJ en América Central. Luego se considera el caso colombiano, examinando primero las iniciativas de TJ anteriores al acuerdo de paz, antes de centrarse en los mecanismos de TJ negociados entre el gobierno colombiano y las FARC. Analizar el caso colombiano en una perspectiva tanto histórica como comparativa puede ayudar a arrojar luz sobre algunos de los desafíos clave que se avecinan para la responsabilidad de TJ en Colombia.

Este artículo evalúa la proporcionalidad de las sanciones propias de la JEP a la luz de la obligación internacional de Colombia de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para ello, analizo en primer lugar los límites y alcances de esta obligación, con especial referencia al Estatuto de Roma. En segundo lugar, estudio los objetivos del castigo o la sanción penal en contextos transicionales. Por último, realizo un juicio de roporcionalidad de las sanciones propias para establecer que hay un equilibrio compensatorio entre la afectación baja de la dimensión retributiva de la justicia, la alta satisfacción del derecho a la paz y la satisfacción media de los derechos de las víctimas. Así, las sanciones propias no eluden el deber de investigar, juzgar y sancionar, sino que lo aseguran en el marco de la justicia transicional.

Este texto muestra el papel del perdón dentro de un fenómeno que tiene que ver con la manera en que las democracias enfrentan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictaduras o conflictos armados, sean internos o externos, y que llamamos justicia transicional. Así, se reconstruyen las dos dimensiones del perdón: el perdón interpersonal y el perdón político o de Estado. En el primero se habla de un perdón personal, del perdón de la víctima, y en el segundo, de un perdón que, como su nombre lo indica, es del Estado, este lo concede y, en cierta medida, lo impone a las víctimas por un imperativo de paz y reconciliación nacional. Las dificultades en torno a estos dos tipos de perdón se examinarán a la luz del objetivo de la justicia transicional.

La acción restitución de tierras como componente de la justicia transicional en Colombia cuenta con importantes herramientas para el logro de la reparación integral a las víctimas y el cumplimiento de los objetivos de la reconciliación y la paz. En este artículo se destacan las principales características de esta acción, enfatizando su naturaleza especial, describiendo los rasgos predominantes de su fundamento constitucional, que se logran rastrear incluso con anterioridad a la expedición de la Ley 1448 de 2011. La dimensión constitucional de esta ac ción permite una comprensión integral y contextualizada de este instrumento, así como distinguirla de procedimientos y normas del derecho ordinario.

La mediación restaurativa tiene estrechos lazos con la justicia transicional y, aunque una y otra no sustituyen los procesos relacionados con la tutela judicial, los vínculos que mantienen, nos permiten sugerir que la solidaridad, como vertiente ética del comportamiento racional de toda persona, contribuye a la recomposición de las estructuras sociales ante conflictos que por su magnitud no pueden ser resueltos en forma integral a través de los métodos adversariales, por lo que en escenarios de violencia generalizada como los que se presentan en la actualidad en nuestro país, la mediación restaurativa constituye una opción deseable de las políticas públicas.

En 2007 se creó en Ecuador una Comisión de la Verdad (CVE) con el objetivo de investigar hechos violatorios a los derechos humanos ocurridos durante el período 1984-2008, así como de formular políticas de reparación, judicialización y reformas institucionales. Durante su investigación, la CVE incorporó como fuentes de información tanto testimonios de víctimas y/o sus familiares como documentación desclasificada proveniente de archivos de instituciones militares y policiales, además de algunas denuncias documentadas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). El proceso desatado por la CVE dio paso a procesos de formulación de políticas dirigidas a la judicialización y reparación, pero también impulsó a la emergencia de otras acciones y expresiones diversas –que sobrepasaron los límites de lo jurídico e institucional–, favoreciendo el aparecimiento de un escenario compartido entre memorias convergentes y disidentes de un pasado de violencia política. Estas últimas ofrecen visiones alternativas a la oficial.

Las reflexiones del presente artículo pretenden demostrar que -independientemente de su grado de cumplimiento- las sentencias de restitución de tierras juegan un rol de importancia respecto de la legitimación del paradigma transicional porque contienen una validez auto referencial con significación de ser la joya de la corona de reparación a las víctimas en Colombia. Para ello, se presenta una comprensión crítica del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, y haciendo uso de herramientas teóricas del Análisis Crítico del Discurso, se expone cómo se han producido y reproducido ciertas prácticas discursivas frente a la población desplazada forzadamente, tanto desde el sector institucional como no gubernamental, que se replican en la política de restitución de tierras. Por último, desde un enfoque de Investigación Acción Participativa, se desarrolla un estudio de uno de los casos pioneros de la política de restitución, a fin de verificar que las sentencias de restitución de tierras representan y reproducen un orden discursivo con eficacia simbólica sobre los derechos de las víctimas, aún si solamente se limitan a solemnizar una relación legal-formal de propiedad.

Este artículo analiza de manera crítica las implicaciones del reciente acuerdo firmado entre Volkswagen (VW) do Brasil y el Ministerio Público Federal que da por finalizadas las acciones civiles planteadas por víctimas de la dictadura brasileña que alegaban la complicidad de su empresa empleadora en graves violaciones a los derechos humanos. Para entender el comportamiento cómplice de las empresas primero se explican las políticas económicas impuestas durante las dictaduras en la región y se presentan los avances que se registran en materia de responsabilidad por complicidad empresarial. Luego se describen los antecedentes y alcances del acuerdo de VW do Brasil a la luz de los objetivos de la justicia transicional. A continuación, se presentan los estándares de derechos humanos aplicables al caso, enfatizando en los interamericanos, para luego discutir los desafíos y complejidades que presentan las negociaciones y acuerdos en el ámbito de la complicidad corporativa. Al analizar las potencialidades y limitaciones de las negociaciones relacionadas con casos de complicidad corporativa, se concluye que el monto indemnizatorio no solo puede cumplir el rol de reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sino que adquiere un significado relevante en materia de sanción a los responsables y como garantía de no repetición.

This investigation seeks to vindicate the importance of constructing, as an object of study, a category of law called operational law, to contribute to the socio-juridical debate of the relations that arise or occur in the actions of the Public Force, understood these as Military Forces and National Police. In that sense, it is entirely plausible to build complete knowledge around the normative imperatives that regulate the procedures of military and police institutions, respectively. Thus, an attempt is made to make an approximation to the axial or defining axes of this legal arrangement. Eventually, it could give in-deep explanations to phenomena of the social environment and that are related to the containment of the threats of society. Finally, the document proposes an analysis of the validity and effectiveness of the operational rules, given their administrative roots, justifying them as a principle of lex artis of the science and art of military operations and police operations. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Este artículo tiene por objetivo explicar las causas y efectos de la violencia para- militar en la comunidad de Zipacoa (Villanueva, Bolívar), a partir del testimonio de las víctimas y las intervenciones institucionales realizadas en el proceso de reparación colectiva. Se analizan las consecuencias producidas por el conflicto armado en Zipacoa, identificando los hechos victimizantes ocurridos y su arti - culación en la construcción de medidas de reparación. Metodológicamente, los resultados se construyen desde un enfoque cualitativo, articulado a una perspec- tiva holística de la investigación social. Se usaron técnicas de recolección de la información que articulan la sistematización de documentos y la consolidación de relatos por actores de la comunidad. Para cumplir con estos objetivos, el artículo se divide en tres partes. En la primera se analizan los presupuestos teóricos de la reparación colectiva en el marco de la justicia transicional y la justicia restau- rativa respecto a las medidas de rehabilitación y satisfacción. La segunda parte del trabajo describe a Zipacoa como territorio afectado por el conflicto armado, concretamente por la violencia paramilitar, génesis de la ruptura del tejido social de la comunidad. Finalmente, la tercera parte analiza las afectaciones y su inci- dencia en el plan integral de reparación colectiva. Ello arroja como resultado que la falta de condiciones para trabajar la tierra es el problema por el cual la violencia persiste en el territorio. Las conclusiones de este artículo muestran que los efectos de la violencia paramilitar consolidan toda una serie de afectaciones que históri- ca y culturalmente han golpeado a la comunidad; cualquier tipo de medida que pretenda consolidarse en el territorio, no solo debe enfocarse en la articulación de procesos que fortalezcan la productividad de esta, sino a apostarle a una transfor- mación del tejido social.

La recuperación del modelo de vida democrático en aquellos países que se han visto sometidos por gobiernos autoritarios, o que han sufrido períodos de violencia y restricción de las libertades fundamentales, requiere la adopción de toda una serie de medidas jurídicas excepcionales. Las políticas públicas adoptadas en pos del derecho de memoria pueden ser clasificadas en dos dimensiones ya mencionadas por Elizabeth Jelin: las conmemorativas y las pedagógicas. Las políticas conmemorativas están más asociadas a la reparación de las víctimas, mientras que las pedagógicas buscan actuar como garantías de no repetición en el futuro, construyendo un sistema democrático respetuoso de los derechos humanos. En el presente trabajo se busca relevar, clasificar y analizar las políticas públicas implementadas en el período 2003-2015 para establecer: cuál es la proporción de cada uno de los tipos mencionados, cómo surgieron y cuáles son sus objetos; y qué clase medidas es necesario reforzar.

Colombia es escenario de uno de los conflictos armados de mayor data en la historia de Latinoamérica. Luego de diez intentos para poder armar la paz, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos decide sentar a los cabecillas de la guerrilla en La Habana con el objeto de lograr un acuerdo definitivo. Sin embargo, la firma del cese del conflicto es solo un escalafón formal dentro del proceso de construcción de una paz estable y duradera. Por ende, el desarrollo de un modelo de justicia transicional para la Colombia del post conflicto es un tema crítico. Este artículo se enfoca en exponer, analizar y contrastar los principales puntos del modelo de justicia transicional presentado por el Dr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de Colombia que, en definitiva, contrae los grandes temas de discusión dentro del derecho penal y los derechos humanos con relación a los escenarios jurídicos, políticos y sociales posconflicto.

El presente trabajo se articula en torno a tres dilemas o posibles antinomias en materia de Justicia Transicional: memoria y castigo versus olvido y perdón; paz versus justicia; y justicia penal versus justicia histórica. En relación al primero, intentare argüir que hay sólidas razones para afirmar que el olvido y la impunidad no debieran ser una opción viable. Respecto al segundo y tercero, argumentaré que en lugar de plantear dichas relaciones en términos antinómicos, es posible concebir a las mismas en términos de complementariedad.

Este artículo tiene como propósito presentar los avances y dificultades en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) en el departamento de Antioquia, entre 2011 y 2017, a partir de los resultados de las entrevistas realizadas a operadores administrativos del SNARIV en esta entidad territorial y el análisis de informes de gestión y evaluación de la política emitidos por las entidades coordinadoras. Esta revisión muestra que el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Antioquia se ha visto limitado por las dificultades económicas, políticas y financieras que han sido históricas y estructurales al modelo de Estado centralizado en Colombia; obstáculos de desarrollo económico y geográficos, sumados a la persistencia del conflicto armado; lo que pone en evidencia la existencia de un marco normativo que reconoce y promueve derechos, pero al mismo tiempo crea nuevas instituciones que no cuentan con la capacidad financiera y administrativa suficiente para la implementación de las medidas de la reparación, y que pueden dejar a esta en un nivel de mera expectativa para las víctimas del conflicto armado.

El presente artículo se centra en describir las experiencias de 5 víctimas de una toma suscitada en el año 2001 en la cabecera municipal de Almaguer-Cauca. El objetivo ha sido analizar la aplicación del concepto de víctima operado en la Ley 1448 de 2011, en contraste al concepto de víctima construido por la doctrina. En este sentido, partimos de la hipótesis de la transición, anclado a la noción de víctima institucionalizada por la norma jurídica, al empoderamiento y superación individual o colectiva de esta condición, en un tránsito hacia la paz dentro del marco del posconflicto. De este modo, desde una investigación cualitativa, basada en la metodología de historias de vida, se develó la importancia de la percepción de la víctima antes, durante y después del conflicto, posibilitando la reconceptualización o nueva noción de víctima, más amplio, y con un nuevo enfoque direccionado a la justicia transicional, en boga en nuestro país, donde se otorgue mayor consideración a las diversas medidas que permitan que las personas que han sufrido vulneración a sus derechos, transiten de la condición de víctima hacia la sanación, superación y logro y/o reconstrucción de metas en su vida.

A partir de un análisis cualitativo de las sentencias emitidas por jueces de restitución de tierras en el Caribe colombiano, este artículo busca rastrear algunos de los elementos que han permitido ampliar el concepto de propiedad en la transición colombiana. Revisar el papel de los jueces y de su jurisprudencia permite entender las complejidades y matices dentro de la concepción jurídica de la propiedad, que van más allá de un modelo binario que transita entre las teorías clásicas y la función social de la propiedad. Los resultados de esta investigación sugieren que el juez de restitución de tierras ha excedido la simplicidad del concepto formal de la propiedad, y en su lugar ha desarrollado una nueva concepción de la propiedad, que responde a las condiciones del contexto específico, reconoce las particularidades de las partes interesadas, así como sus condiciones sociales y culturales, y le permite enmarcar esta figura en un contexto amplio y dinámico.

Las diferentes manifestaciones de la justicia transicional están dadas por la relación existente entre esta y el poder de los actores enfrentados en períodos de tránsito de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Estas relaciones de poder determinan que la justicia transicional se constituya en un instrumento del poder, un reflejo del poder o un límite al poder. ¿Cuáles han sido las relaciones existentes entre justicia transicional y poder desde el Tribunal de Núremberg hasta la Corte Penal Internacional?, es la pregunta de la que se ocupa este artículo. Como respuesta a dicha inquietud se encuentra que debido a los requerimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, la justicia transicional ha ido evolucionando: de ser un instrumento del poder se ha convertido en un límite del mismo y una herramienta para la construcción de una paz sostenible.

Este artículo es resultado de una revisión al tema de la valoración que tiene la criminalidad en la seguridad ciudadana, y que fue analizada desde tres enfoques, fueron considerados puntos neurálgicos: partiendo del conocimiento de algunas de las políticas de los gobernantes, frente a la convivencia y seguridad ciudadana, tomándose como ejemplo las planteadas por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., donde una de sus mayores preocupaciones es el tema de la seguridad y su fortalecimiento a través de la inversión social, continuando nuestro recorrido hasta el corazón de la misma ciudadanía, donde se denota no solo una sensación de inseguridad, sino de casos puntuales donde ciudadanos del común expresan el miedo que sienten al salir a las calle a ejercer sus actividades cotidianas, aspecto que lleva a la ciudadanía pensar en la impunidad que azota a nuestro país, y aún mayor, cuando se impone la aceptación de situaciones como la justicia transicional, a su vez premial, para individuos que cometen actos de barbarie y crueldad donde miles de víctimas esperan más que una indemnización económica, una reparación integral, entiéndase, donde realmente se cumplan los preceptos y pilares de nuestro sistema de enjuiciamiento, frente al contenido de verdad, justicia y reparación, y no una mezcla amañada que favorezca intereses políticos.

This research article develops and analyzes the Transitional Justice that is given by the Signature of the Peace Agreement between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (hereinafter FARC), to achieve the long-awaited stable and lasting peace. To this end, there is evidence of doctrinal and jurisprudential development to achieve a proper judicial articulation of the Colombian legal system instruments and, thus, to implement the new victims of the conflict, such as members of the Armed Forces within the framework of Law 1448 of 2011 and the Final Agreement [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El proceso de incorporación de la justicia transicional en Colombia puede analizarse desde tres momentos muy marcados: el primero, de la esquizofre nia a la razón, se refiere a la convulsa relación entre paramilitares y algu nos sectores del establecimiento político y militar, lo que generó un estado esquizofrénico que quiso recuperar la razón con la adopción de normas de justicia transicional a partir de la Ley de Justicia y Paz; el segundo momento corresponde al reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno por parte del legislador colombiano con la Ley 1448 de 2011, lo cual, a su vez, implicó una resignificación del rol de las víctimas; y el tercer momento se refiere a la constitucionalización de la justicia transicional con el Marco Jurídico para la Paz, en el que se eleva a categoría constitucional la utiliza ción de criterios de priorización y selección como estrategia de juzgamiento y se introducen mecanismos extrajudiciales que pretenden satisfacer los es tándares internacionales.

El presente artículo analiza el alcance y las limitaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el ejercicio de su competencia contenciosa frente a la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Este análisis está construido en el marco de la experiencia latinoamericana de transición de regímenes autoritarios hacia la democracia y de la guerra a la paz. De esta manera, se examina la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre comisiones de la verdad y sobre la compatibilidad entre las leyes de amnistía y la Convención Americana de Derechos Humanos. El objetivo principal del texto es indagar sobre la existencia o no de parámetros diferenciados en lo referente a situaciones de tránsito hacia la paz o de terminación negociada de un conflicto armado interno. En ese sentido, se demuestra que la Corte Interamericana tiene una aproximación diferenciada del cumplimiento de las obligaciones internacionales para los Estados inmersos en esas situaciones.

La coyuntura que enmarca al país en un posible escenario de salida dialogada al conflicto armado presente hace más de 50 años en la historia colombiana, pone de presente grandes desafíos en materia de acondicionamiento del aparato estatal a las nuevas necesidades de un país en posconflicto, particularmente mediante la planeación y puesta en práctica de leyes que garanticen la efectividad de una justicia transicional para garantizar una paz estable y duradera. El presente ensayo pretende en este sentido, ser un insumo de discusión en torno a la problemática de la justicia transicional y el marco jurídico para la paz, con el fin de establecer cómo este Marco, contribuye a la efectividad de una justicia transicional en el país para el proceso de diálogos llevados a cabo en La Habana, Cuba.

Con este texto se busca hacer un análisis de los planteamientos sobre la aplicación de la Justicia Transicional para alcanzar la paz en los acuerdos de la Habana y sus posibles consecuencias en el posconflicto con el grupo subversivo FARC, teniendo en cuenta el contexto actual e histórico de la sociedad colombiana. Para lograr este objetivo principal, se iniciará con una conceptualización del término justicia transicional, así mismo, se resaltarán los planteamientos y propuesta alcanzados en las mesas de negociación de La Habana, y finalmente, se expondrán algunos ejemplos a nivel internacional, en los cuales se ha llevado a cabo este tipo de procesos de paz y cuáles fueron los resultados de la misma.