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El presente artículo examina la obligación constitucional y convencional de las entidades estatales de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente en el contexto del diseño de algoritmos impulsados por Inteligencia Artificial (IA). El artículo explora, desde la teoría, diversos conceptos, pasando por el machine learning y la analítica de datos, así como los derechos humanos desde definiciones informales hasta formales, analizando sus elementos y los sistemas de protección de estos derechos. Se centra en el Sistema Interamericano y el control de convencionalidad, destacando la obligación estatal de integrar un enfoque de derechos humanos en el diseño y supervisión de sus acciones, incluyendo el desarrollo de IA, y la necesidad de consolidar un marco ético basado en derechos humanos para la creación de IA. Finalmente, se analiza, desde una perspectiva constitucional y convencional, el caso del sistema ROMA, creado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, diseñado para identificar factores de reincidencia delictiva, dejando algunas recomendaciones a manera de conclusión.

En este trabajo de investigación se defiende que algunos de los argumentos utilizados para apostar y defender las bondades de las propuestas de justicia restaurativa tienden a criticar al modelo del derecho penal liberal de forma injustificada, o, como mínimo, exagerada. Por ello, el objetivo principal del presente estudio ha sido el de intentar ofrecer contrargumentos a las críticas de justicia restaurativa referidas. Además, en estas páginas el lector encontrará algunos comentarios sobre posibles aspectos de los procedimientos participativos de justicia restaurativa que, en el campo de lo operativo, pueden presentar algunas tensiones prácticas.

El presente artículo realiza un análisis general del concepto de bien jurídico penal, entendiendo por tal el objeto merecedor de protección por parte del ordenamiento jurídico penal. Analiza su evolución histórica y sus diversas concepciones. Define su contenido y las funciones que debe cumplir dentro del ámbito penal, así como una clasificación de los distintos bienes jurídico penales existentes, todo ello para analizar si sigue siendo un instrumento válido capaz de dar respuesta a los desafíos del Derecho penal

El 7 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la XV Jornada de Derecho Penal Económico, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el auditorio central de la Universidad de Ibagué. Las conferencias, presentadas por profesores de las universidades de Ibagué, Tolima y Javeriana, giraron en torno a los aspectos criminológicos, la política criminal y la victimología. Además, durante el evento se rindió homenaje al Dr. Jorge Augusto Lozano Delgado por sus aportes al derecho penal económico.

Esta investigación constituye un planteo crítico-reflexivo cuya pretensión es dotar de legitimidad al derecho penal. Sus objetivos se basan principalmente en los aportes que la criminología crítica pueda informar al saber jurídico-penal a fin de que este pueda sustentarse en la dignidad humana, como un saber que propicia el bienestar de la sociedad latinoamericana. Debido a aquello, se utiliza el método polifacético de la crítica criminológica, que permite no solo observar la real operatividad del sistema penal, sino además transformar dicha realidad, deconstruyendo al penalismo latinoamericano. En ese sentido, se emplea la técnica de investigación documental para examinar diversos textos relacionados con la hipótesis propuesta. El objetivo es obtener información que contribuya a promover una potencial ruptura epistemológica en el ámbito de este conocimiento jurídico, especialmente en lo que concierne a sus objetivos fundamentales. Así, se establecen algunos aportes para que el derecho penal deje atrás su pasado de persecución hacia los excluidos, su ínsita selectividad penal, así como su indolencia ante las injusticias que perpetra el Estado a través del poder punitivo, todo lo cual es incompatible con las premisas garantistas, encaminándolo como un saber jurídico digno de llamarse derecho y, por tanto, destinado a perseguir crímenes de sistema o globales que afectan gravemente a nuestras sociedades contemporáneas.

El presente trabajo valoró el sistema de sanciones a imponer frente al fenómeno de la delincuencia económica, tomando en cuenta el método histórico jurídico, para estudiar la génesis de nuestro objeto de estudio y sus variaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, se utilizó el método jurídico-doctrinal, en tanto implica análisis de conceptos e instituciones involucradas en los procedimientos y en sus aristas doctrinales, jurisprudenciales y prácticas para la profundización y aporte de información. A través de estos métodos se ahondó en las investigaciones precedentes y actuales sobre la delincuencia económica y las diferentes posiciones teóricas e ideológicas sobre un problema, que se encuentra en la actualidad en el centro de los debates, por las serias consecuencias que acarrea.

La decimocuarta Jornada de Derecho Penal Económico fue llevada a cabo el pasado 20 de septiembre de 2022 en el auditorio central de la Universidad de Ibagué, la sesión se realizó junto con el programa de Derecho de la Universidad de Tolima. En esta oportunidad el evento tuvo como tema de enfoque Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, tema relevante en el ámbito del derecho penal actual.

El presente artículo examina las disposiciones normativas contra la delincuencia en Santa Fe, virreinato de la Nueva Granada, enfatizando en el problema de los hurtos. Se muestra que estos delitos empezaron a ser percibidos por parte de las autoridades locales y monárquicas como un problema social que podía solucionarse y prevenirse por medio de una justicia ordinaria más efectiva y el uso de castigos utilitarios. El artículo argumenta que en esta política penal incipiente, que incluía disposiciones generales de la Corona y medidas locales, están las raíces de lo que más adelante sería la cuestión penal en Colombia.

El siguiente artículo presenta distintas consideraciones relevantes con respecto al error de prohibición y cómo ha sido abordado en el ordenamiento jurídico chileno. El autor abre este capítulo con una breve revisión histórica sobre el rol que ha jugado la antijuridicidad y su conocimiento o desconocimiento dentro de la imputación de hechos, poniendo énfasis en el ámbito penal respecto de delitos. Reseña también las tendencias, posturas y desarrollo doctrinario que este ha tenido en el tiempo. En un segundo apartado, el autor explora de manera sucinta los límites entre el error de prohibición y el error de tipo, de cara a la complejidad que presenta como figura la legítima defensa putativa, culminando con el caso contra Castro Muñoz. A continuación, el autor realiza una revisión a la jurisprudencia previa al caso antes mencionado, explicando en qué consistían las sentencias, además de la aplicación y alcance que tenía el artículo 8 del Código Civil chileno y la idea de voluntariedad presente en el artículo 1 del Código Penal chileno. Termina con un apartado dedicado al criterio que durante las últimas décadas ha admitido, discutido y consagrado el error de prohibición como defensa, tomando varios casos para explicar la consolidación de este, señalar qué delitos presentan aún discusión, y qué factores se deben considerar a la hora de realizar el ejercicio normativo que permita admitir o no la concurrencia de un error de prohibición ante una conducta ilícita.

Este artículo presenta un análisis crítico de discurso aplicado a dos sistemas internacionales de derechos humanos (DDHH) en el ámbito de la violencia contra las mujeres (VCM). Se analizaron cualitativamente convenciones, jurisprudencia y materiales comunicacionales de organismos europeos e interamericanos. Los resultados sugieren una “juridificación” de las respuestas a la VCM y revelan cómo se constituye una penalidad basada en DDHH. Este modelo le atribuye múltiples virtudes a la respuesta penal, caracterizando su activación como diligencia debida. Tal paradigma tiende a marginar las experiencias de las víctimas/sobrevivientes, soslaya la violencia que ejerce el aparato penal y debilita posibles enfoques redistributivos, basados en derechos económicos y sociales. Se sugiere que estos se profundicen en una futura agenda de investigación.

Justice is not only a legal concept, but a social and even economic one, throughout the history of humanity, man has tried to create a system and an efficient application, in the context of the national legal framework, Colombia has two great laws Law 599 of 2000 that issued the Colombian penal code was in force, with law 906 of 2004 that issued the code of criminal procedure, in light of the most important denominations that base their beliefs on the Bible, a sacred text that was inspired by God to men, where the law is stipulated, its application, and the concept of God’s punishment of men, the contrast between the justice of man in light based on the law and the justice of God described in his different books that The Biblical canon, its regulations, principles, a fulfillment of a social duty with an eternal life, mercy and laws favorable to the author of criminal conduct make up the Biblical canon. Through this article the justice of God and the justice of man will be sought. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Conditioning women’s lives from an early age, street harassment constitutes a form of sexual violence that is part of the system of patriarchal terror. Nonetheless, this practice is normalised and disguised as compliments by a large portion of society. Fortunately, the feminist movement has recently raised consciousness about the seriousness of this act. In the Spanish legal context, where street harassment was not regulated but permitted until this year, this awareness has derived into the criminalisation of this practice. The provision requires an “objectively humiliating, hostile or intimidating situation” for the existence of the crime. This work notes that the prerequisite of objectivity reproduces the fantasy that the law is neutral and the judge will be able to impartially apply it to objective facts, as well as objectivity reinforces the abstraction of the case in relation to its structural context. Besides, objectivity has the power to constitute itself as the reference point and hence any form of dissident epistemology is perceived as a mere marginal viewpoint. However, this article argues neutrality is driven by socially constructed power relations and makes those with power the standard. That is, objectivity is subjective, and concretely in this case, it is a masked masculine subjectivity. As a result, the criminalisation of street sexual harassment in the Spanish legislation appears unsatisfactory and originally flawed. Consequently, it is peremptory to design a feminist strategy that problematises the most basic principles and presuppositions of current law in order to understand how the legal response is presented as the only useful tool for women’s liberation while in fact it can also be an obstacle. Condicionando la vida de las mujeres desde una edad temprana, el acoso callejero constituye una de las formas de violencia sexual que componen el sistema de terror patriarcal. Sin embargo, esta práctica se normaliza y disfraza de piropos por una gran parte de la sociedad. Afortunadamente, el movimiento feminista ha conseguido aumentar la concienciación sobre la gravedad de este acto. En el contexto legal español, donde hasta este año el acoso callejero no estaba regulado sino permitido, esta sensibilización ha derivado en la criminalización de esta práctica. La disposición exige una "situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria" para la existencia del delito. Este trabajo advierte que dicho requisito de objetividad reproduce la fantasía de que la ley es neutral y el juez podrá aplicarla imparcialmente a hechos objetivos, así como la objetividad refuerza la abstracción del caso en relación a su contexto estructural. Además, la objetividad tiene el poder de constituirse como el punto de referencia y por tanto cualquier forma de epistemología disidente se percibe como un mero punto de vista marginal. Sin embargo, este artículo argumenta que la neutralidad se fundamenta sobre las relaciones de poder construidas socialmente y convierte a los que tienen poder en la norma. Es decir, la objetividad es subjetiva y, concretamente en este caso, es una subjetividad masculina encubierta. Como resultado, la criminalización del acoso sexual callejero en la legislación española resulta insatisfactoria y originalmente viciada. Consecuentemente, resulta perentorio diseñar una estrategia feminista que problematice los principios y premisas más básicas del derecho actual con el objetivo de entender cómo la respuesta legal se presenta como la única herramienta útil para la liberación de las mujeres cuando en realidad también puede ser un obstáculo.

En el presente artículo se analiza la actual inclinación del legislador ecuatoriano, de identificar al dolo como una situación interna del autor del injusto penal, mediante la definición expresa del conocimiento y la voluntad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta definición expresa ha generado dos consecuencias opuestas: por una parte, el retroceso en el avance del dolo al actual tráfico social (negativa), y por otra, la seguridad jurídica que se le brinda al autor del injusto penal (positiva). Del análisis de estas dos consecuencias se reconoce que el derecho penal ecuatoriano opta por la seguridad jurídica, en detrimento del avance del dolo y del derecho penal. Al respecto, se invita a la reflexión sobre este particular con el objetivo de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo en el tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr esto, como primer paso, se debe cambiar la actual inclinación del legislador, mediante la normativización del dolo. Así, mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica, se emprende una labor de legitimación de esta normativización en el derecho penal ecuatoriano, llegando finalmente a concluir en su viabilidad. Esto se lo hace sin reconocer una normativización plenamente estandarizada, sino también tomando en cuenta criterios que respeten la dignidad humana, mediante la evitabilidad individual.

El delito de acoso persecutorio ha sido recientemente tipificado en el ordenamiento jurídico brasileño, y la importancia del examen temático se traduce en las innumerables situaciones de acoso que se producen a cotidiano, especialmente en relación con las mujeres, con el ánimo de amenazar la integridad física y psicológica de las víctimas; restringir su capacidad de movimiento; o invadir su esfera de libertad e intimidad. La investigación examina las características del delito, haciendo un enfoque histórico y de derecho comparado. Finalmente, hace un análisis crítico de la insuficiencia del derecho penal, concluyendo que toda la cuestión implica una perspectiva multifactorial, pasando por la ejecución de políticas públicas eficientes, no reduciendo el número de casos sólo por la simple protección penal.

El presente artículo analiza la forma en que el Estado colombiano gobierna la resistencia de las personas privadas de la libertad. Mostraremos cómo el Estado ha desincentivado el ejercicio de la protesta al interior de los penales, y cómo esto deja a la acción de tutela como único mecanismo posible para proteger los derechos de la población privada de la libertad. Aunque, como resultado de las acciones de tutela, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de violaciones masivas de los derechos fundamentales, la persistencia de las vulneraciones –acompañada de la exclusión del uso de la protesta como mecanismo de resistencia– deja a la población privada de la libertad inmovilizada entre un discurso constitucional sin efectividad material y la amenaza de la represión violenta de sus actos de resistencia. Para lo anterior, en este artículo se presenta un estudio de caso sobre la lucha por los derechos y la resistencia colectiva de los privados de la libertad de la cárcel La Modelo de Bogotá.

Este artículo analiza el fundamento político de la libertad en Colombia, a partir de la reconstrucción de la división analítica entre los modelos de Estado para reconocer la relación entre la libertad y la aplicación del derecho. Se estudian los tres modelos de Estado propuestos por Mir Puig para identificar sus características. A partir de la diferenciación entre los tres modelos, se responde a la pregunta de cuál de los modelos corresponde a la construcción del Estado colombiano, según su desarrollo constitucional y legal. Finalmente, se reflexiona sobre la libertad de los ciudadanos y el papel de garante que debe cumplir el Estado para la protección y cumplimiento de sus derechos como objetivo prioritario y como fin estatal.

El 9 de septiembre de 2020 se llevaron a cabo en forma virtual las XII Jornadas de Derecho Penal Económico de la Universidad de Ibagué, las cuales contaron con la intervención de destacados panelistas, orgullosamente en su mayoría docentes de esta Universidad. En este evento se abordaron temas de amplia discusión y vivo debate, como el uso del derecho administrativo sancionador en la represión de conductas atentatorias del orden económico social, la organización de la triada Estado, tributación y derecho, y la ubicación de tipos penales de orden tributario dentro del Código Penal.

A nivel mundial los delitos informáticos evolucionan de manera acelerada, causando vacíos legales que obstaculizan el dictamen de sanciones. En este contexto, el objetivo de este artículo fue establecer la necesidad de la tipificación de nuevos delitos informáticos en el Código Penal Boliviano. Se efectuó el análisis normativo y doctrinal, tanto internacional como nacional, con énfasis en las legislaciones boliviana, argentina y colombiana. Como resultado se evidenció que existe un vacío legal en Bolivia en lo que respecta a la tipificación de delitos informáticos. Asimismo, existen países vecinos, como es el caso de Argentina, que ya están actualizando sus normas. Resalta la necesidad de incorporar nuevos delitos informáticos en los arts 363 (bis), 363 (ter) y siguientes del Código Penal, asimismo se deberá modificar la Ley de Servicios Financieros. Finalmente se concluye que estas actualizaciones normativas deberán ir acompañadas de educación ciudadana.

La criminalización de los actos de corrupción en el sector privado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) forma parte de una corriente expansiva e intensiva del Derecho penal que no es aislada o autónoma para el Ecuador. En la nueva legislación anticorrupción es posible observar ciertos problemas, tal vez derivados de los conflictos que existen con los principios limitadores del Derecho penal, dentro del modelo constitucional de derechos y justicia, así como otras incógnitas a la hora de interpretar los elementos objetivos del tipo penal, sobre todo si se tiene en cuenta la política criminal que busca satisfacer esta necesidad. Aplicando una metodología analítica y comparativa frente a estas actuales cuestiones, la experiencia española en materia penal puede servir de guía, por cuanto incorporó a su legislación una figura similar hace ya más de una década. Desde esta perspectiva podrán establecerse una serie de conclusiones que acentuarán la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para evitar previsibles problemas en la aplicación del nuevo delito.

El trabajo analiza tres polémicas sentencias del Tribunal Constitucional español que ponen de manifiesto que se está produciendo una involución en el control constitucional de los límites penales impuestos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, lo cual es especialmente preocupante cuando afecta a la crítica política o social.

La resocialización es uno de los fines de la pena que mayor preocupación viene causando en la doctrina, la política criminal y la sociedad en general, durante los últimos años; la ineficacia de los programas que se adelantan en el sistema penitenciario actual conlleva a la continua reincidencia del delito; a que las prisiones se conviertan no en centros de resocialización sino en escuelas especializadas del crimen. Por tal motivo, en este artículo pretendemos reflexionar acerca de la influencia que pudieran tener las neurociencias en el sistema penitenciario en lo que respecta a la ejecución de la pena desde el fin resocializador; ello, atendiendo a sus ventajas y desventajas.

Esta investigación busca contribuir a identificar los elementos centrales del fenómeno de la violencia a través de la conceptualización de la violencia física. De esta forma, al identificar los elementos del concepto de violencia física, también se identifican aquellos para una concepción más general de la violencia y sus diversas manifestaciones. Si bien parece intuitivamente autoevidente qué es aquello que constituye violencia física, hay varias ambigüedades que aparecen bajo un examen más detallado. Una simple pregunta puede ilustrarlo: ¿son todos los homicidios actos de violencia? Si bien un homicidio doloso causado mediante un disparo es un acto de violencia física, ¿lo es también una muerte causada en un accidente de tránsito? No hay una respuesta obvia a esta segunda pregunta. Para desarrollar una respuesta es necesario conceptualizar primero la violencia física, pero no hay investigaciones específicas que apunten a clarificar su significado. La investigación contribuye a llenar este vacío en la literatura, identificando elementos para conceptualizar qué es la violencia física a través de un análisis filosófico y comparativo, y concluyendo que dichos elementos, debidamente modificados y particularizados, pueden utilizarse para entender diferentes formas de violencia.

La presente colaboración consiste en la reseña del libro publicado por la editorial Thomson Reuters Aranzadi al profesor Aniceto Masferrer en 2020 De la honestidad a la la integridad sexual. La formación del Derecho penal sexual español en el marco de la cultura occidental.

Violence and discrimination against women merits a particular reflection from the United Nations Rules for the treatment of female prisoners and non-custodial measures for female offenders, known as the Bangkok Rules, becoming the central object of this review, with the intention of presenting a current vision of the actions that Ecuador must undertake to guarantee its rights. The international document contains the compendium of standards that add to the central purpose of protecting these people in a state of vulnerability. The review is vital due to the low importance given to the phenomenon of the woman victimizer, but not the woman victim, who has focused all efforts of scientific production and state policies, without noticing as factors determinants of crime violence and discrimination

The objective is to analyze how to apply crime theory in the accusatory criminal procedure system. We worked with a methodology of descriptive documentary type with a bibliographic design, which allowed research in bibliographic and legal sources, allowing to articulate a theoretical reflective body as a contribution to the strengthening of the state of the art of law. Among the main contributions it is presented that everything stated in previous lines, we will be able to collect that in the adversarial system in the field of litigation of the trial-, if you do not have a previously elaborated strategy, you will not be able to reach a specific objective; because improvising the defense at the time, would lead us to mediocrity, denaturing our mission as a lawyer. It is very difficult, at the trial hearing, to be able to choose at that time the criminal dogmatic to be implemented; interrogate without knowing the answers and make allegations without knowing what we want to prove.

El derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de los medios de comunicación no puede llegar a suplir los estudios que el legislador debe hacer para determinar la necesidad o no de intervenir en la vida de los ciudadanos e imponer restricciones a su libertad, por intermedio del Derecho Penal. Debe propenderse por unos medios de comunicación que respeten la objetividad e imparcialidad de los acontecimientos que sean noticia, dejando así que el usuario tome sus propias conclusiones. Los medios de comunicación, como eje gravitacional de la democracia, deben ser autónomos e independientes, sobre todo de los oligopolios que detentan su propiedad

A review is carried out on criminal rates and their importance in determining criminal liability, criminal rates in Ecuador have to be limited according to their structure to crimes against the rights of freedom, crimes against the right to live well, crimes against environment and nature or Pacha Mama, crimes against citizen responsibility, crimes against the structure of the constitutional state, crimes of terrorism and traffic violations. Criminal responsibility is determined in proof of guilt, never in presumption, which is based on the finalist system of the crime in force in Ecuador.

El texto propone un análisis de las categorías de paradigmas del derecho que Ferrajoli en sus obras propone, para entender históricamente cómo el derecho se ha desarrollado y cuáles son las implicaciones que conllevan los cambios a través del tiempo en la manera cómo se estudian y aplican las normas jurídicas. Se explica brevemente cada uno de los paradigmas propuestos por Ferrajoli, partiendo del paradigma jurisprudencial, posteriormente el paradigma legalista y por último el paradigma constitucional, que a su vez se divide en paradigma constitucional garantista y paradigma constitucional principialista. Así mismo, una vez se expongan cada uno de los paradigmas, el texto pretende analizar Colombia, con la Constitución de 1991, a cuál paradigma aduce en su estudio y aplicación del derecho, reconociendo argumentativamente su relación con el paradigma principialista. Para finalizar se exponen algunos de los argumentos que permiten identificar la relación entre el paradigma principialista y el derecho penal. Algunos de estos argumentos son: el papel preponderante del juez constitucional dentro del marco de acción del juez de control de garantías; la vinculación de valores, derechos fundamentales y principios como marco para la comprensión y aplicación de las normas jurídico-penales; y los criterios de relevancia de las normas constitucionales frente a las reglas penales. Esto en aras de concluir con la coherencia del derecho penal con el paradigma constitucional principialista.

Este artículo da una mirada panorámica a la justicia militar portuguesa, basada en tres puntos del Derecho militar: derecho penal; derecho procesal penal; y derecho disciplinario. El sistema de justicia militar portugués se basa en una jurisdicción militar especial. Es decir: se rige por un Código de Justicia Militar (CJM), pero los casos se juzgan en tribunales judiciales (civiles) ordinarios, aunque con la participación de jueces militares. El CJM solo tipifica crímenes estrictamente militares, como aquellos que perjudican los intereses militares de la defensa nacional y otros que la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas y como tales calificados por la ley (art. 1.º, n.º 2, CJM). Por lo tanto, si un militar comete un delito que no es estrictamente militar, no es juzgado en la jurisdicción militar. Cuando el caso se juzga en jurisdicción militar (especial, es decir, en tribunales ordinarios, con la participación de jueces militares), se aplican las reglas de procedimiento especiales de la CJM. De manera subsidiaria, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se aplican a los casos militares, en la medida en que no estén debidamente regulados en la CJM. Finalmente, existe un derecho disciplinario independiente para la violación de los deberes militares que se basa en los valores militares de misión, jerarquía, cohesión, disciplina, seguridad y obediencia.

Desde el ámbito penal, se establecen una serie de garantías a favor del justiciable, pero -igualmente- hay una finalidad de tutela penal a una sociedad que clama protección y lucha contra la criminalidad. Abordamos, en este estudio, la relación de la enfermedad mental con los delitos contra la vida, poniendo de relieve que -con frecuencia- confundimos la enfermedad mental con peligrosidad, explicando el crimen en base a la dolencia que presenta el autor. Se hace necesario, en este sentido, ahondar en las posibles condiciones asociadas al hecho delictivo (etiología), así como a sus manifestaciones (fenomenología), procurando la prevención y tratamiento.

El evidence-based sentencing (EBS) es una denominación reciente para una pretensión que tiene hondas raíces en el Derecho penal: aplicar las penas más adecuadas al nivel de riesgo de reincidencia que presenta cada condenado para intentar reducir ese riesgo al mínimo posible. Esta versión moderna de la prevención especial se inserta en el enfoque más amplio de las «políticas públicas basadas en la evidencia». Considera que la mejor evidencia existente para el control de la reincidencia son las modernas herramientas de valoración estructurada del riesgo, y aduce ser capaz de lograr varios objetivos a la vez: reducir la reincidencia, mantener un elevado nivel de seguridad ciudadana, hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y alejar la política criminal de luchas ideológicas al fundamentarla en evidencia científica objetiva. De los muchos problemas que suscita el EBS, este trabajo analiza solo uno: la calidad de la evidencia científica en que se basa, y los datos disponibles sobre en qué medida alcanza (o no) los objetivos que pretende.

La vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías y, concretamente, de las redes sociales está configurando una sociedad que vive a diario adicta a sus terminales móviles. En un mundo globalizado, cualquier imagen o comentario colgado en una red social alcanza un número incontrolable de destinatarios en apenas segundos; lo que conlleva a desvirtualizar lo virtual. Asimismo, uno de los grandes riesgos que esta sociedad está afrontando es el de convertir la privacidad en un escenario o pasarela abierto permanentemente al público en el que se pierde el control de la esfera privada. El objetivo del presente artículo es abordar los distintos ámbitos de protección jurídica del derecho de la intimidad, analizando de forma más exhaustiva el ámbito penal

El error es uno de esos conceptos cuyo significado muchas veces se da por supuesto en la doctrina penal cuando, en realidad, dista mucho de poder ser definido pacíficamente. En este trabajo se analiza, desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje y la epistemología, el significado de «certeza» y «error» para, acto seguido, extraer algunas consecuencias a la hora de interpretar la regulación del error prevista en el art. 14 del Código Penal. Por último, se analiza si es posible hablar, como ha hecho algún autor, de un error objetivamente invencible sobre el tipo

En La metafísica de las costumbres, Kant planteó su «Doctrina del Derecho» y expuso sus argumentos en abierta polémica con Cesare Beccaria. La controversia no se limitaba a la pena de muerte; concernía también a la fundamentación de las penas y del propio Derecho penal, justificación sustentada en una reflexión sobre la igualdad y la libertad. El artículo analiza esta reflexión, ilustra la controversia antes mencionada y expone de manera pormenorizada las tesis de Kant sobre dos cuestiones que siguen siendo clave en la discusión contemporánea de la dogmática penal: la pena de muerte y el aborto.

El presente trabajo tiene como finalidad examinar los confines del concepto persona en el Derecho penal. Tratándose, a mi juicio, de un término nacido para la diferenciación, para establecer fronteras entre distintos modos de concebir al ser humano y su vida en sociedad, he elegido para su estudio dos puntos de quiebra de la idea tradicional de persona en mi disciplina: la responsabilidad penal de las personas jurídicas (versus el societas delinquere non potest) y la prohibición penal de maltratar animales (versus el principio que establece que el Derecho penal sólo puede proteger intereses reconducibles a una idea de persona). Con ello, y con una aproximación a la problemática del aborto y del llamado Derecho penal del enemigo, intentaré trazar una visión de la furtiva sombra de persona en la legislación penal.

El presente trabajo se propone reflexionar sobre cómo el Derecho Penal y las prácticas judiciales refuerzan el rol materno en las mujeres, premiando a las “buenas madres” y castigando, por el contrario, toda práctica contraria al estereotipo configurado desde la matriz discursiva patriarcal, tomando como objeto de análisis en particular el delito de abandono de persona.

In this paper I intend to reflect on the inability of functionalist dogmatic currents to contain the ius puniendi of the State. I will also point out what are the reasons of the penal system itself that have led to give the legislator a carte blanche, which has led to an unbridled punitiveness, and what fundamentals are proposed to build a more rational criminal response. By reviewing the current situation of criminal dogmatics, the questions of the method and the object of study of this branch of knowledge, we come to the conclusion of an improper relativism of a knowledge that is intended to be scientific. The rational proposal against this relativism is a criminal policy based on human rights.

The huge amount of work accidents in Peru has not produced the implementation of policies aimed at reducing occupational accidents rates. Not only that, there is a certain passivity with informal business and persons who break the law, even when it creates risks to workers’ lives. Criminal Law is the best example, because criminal rules do not apply in fact. We have a symbolic norm; that means a situation that counteracts the preventive effect of Criminal Law. In other words, the legislator has weakened non-criminal instances excluding punishment even for the most serious behaviors in which workers’ lives are endangered. In this context, compliance programs play a big role in labor risk prevention and, therefore, in the reduction of criminal rates.

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