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Los juicios paralelos no son ejercicio de justicia popular, pero sí manifestación de la esencial libertad de expresión en asuntos de interés público. El problema es que no son paralelos, sino oblicuos, porque inciden en la también sagrada presunción de inocencia: pueden pervertir la presunción, la prueba y la imparcialidad judicial. Para solucionar este conflicto de valores constitucionales se han propuesto malas y buenas estrategias. Entre las primeras está la penalización de los juicios paralelos, el aplazamiento del juicio, la absolución y la recusación del juez. Mejor camino es el que marcan los deberes penales de secreto de funcionarios y partes procesales, la prohibición de entrevistas a testigos, la atenuación de la pena en casos extremos y la supresión total o parcial del jurado.

El presente artículo consistió en identificar los criterios de evaluación que posibilitaron poner de manifiesto de manera clara una vulneración al ejercicio del derecho de defensa, con la finalidad de otorgar a los operadores de justicia la facultad de admitir de forma extemporánea el escrito de absolución del requerimiento acusatorio y lo establecido en el artículo 350 inciso 1 del CPP. Establecer criterios claros para el derecho a la defensa fue considerado esencial para asegurar un juicio justo. Este derecho buscó proteger al imputado de la potestad punitiva del Estado mediante la defensa material y técnica, siendo esta última ejercida por un abogado defensor. El enfoque es cualitativo con un diseño de la investigación transversal, descriptivo-explicativa, dogmática-propositiva con el carácter proyectivo. Los resultados obtenidos manifestaron la necesidad de nuestra propuesta de investigación para aprobar un proyecto de ley que fue proponer medidas concretas destinadas a mejorar la actuación del abogado particular en la etapa intermedia y, por ende, la calidad de la defensa. Finalmente, con la investigación se concluyó que fue esencial garantizar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Para enfrentar adecuadamente las acusaciones, el acusado debió estar informado de los cargos y contar con la asistencia de un experto legal que lo representara y asesorara.

Indispensable es tratar temas procesales respecto a la privación de la libertad, presentándose en la actualidad una discusión latente en Colombia, en la que se valora argumentativamente si se debe restringir para una persona este derecho, una vez se ha dictado el sentido del fallo condenatorio cuando existan prohibiciones respecto a beneficios punitivos, denotándose dos posturas de la jurisprudencia que se contraponen. El objetivo perseguido es resolver que frente a un problema jurídico similar se viene decidiendo con dos alternativas distintas que comprometen el derecho a la libertad y, con ello, el despliegue de las múltiples consecuencias del encierro. Así, se iniciará fijando la categoría de la libertad como un presupuesto máximo; enseguida se ubicarán las dos posiciones contrapuestas frente a una misma situación y, a partir de ello, se vinculará al trabajo la trascendencia del rol del juez argumentador. Con apoyo de una metodología cualitativa, que involucra el estudio del tema por medio de jurisprudencia, doctrina y bibliografía, se colegirá que las limitaciones del derecho a la libertad que están en un escenario procesal en pugna pueden deberse a múltiples posiciones valorativas, y debido a ello, solamente se otea un resultado plausible derivado de la garantía de la motivación.

La autora analiza la colaboración eficaz, destacando entre sus re­glas la importancia del adecuado uso de la declaración del colaborador eficaz en las investigaciones y los procesos penales; y realiza un análisis sobre las consecuencias jurídicas en las que se incurriría al no observar los requisitos de uso, mencionando entre ellas la vulneración de derechos, garantías y prin­cipios de rango constitucional. Adicionalmente, realiza una exposición sobre otros aspectos relevantes de esta institución jurídica, tales como la reserva del procedimiento y la necesidad de corroborar la información proporcionada por el delator; así como un breve comentario sobre el proyecto de Ley 6623, que propone modificar la regulación de esta institución jurídica.

En un reciente artículo se ha propuesto invertir la carga de la prueba en el procedimiento sancionador, de manera que sea el administrado quien demuestre su inocencia. Esta nueva regla se utilizaría en aquellos casos en donde es menos costoso para el administrado producir la prueba necesaria para exonerarse de responsabilidad. De esta forma, se enfrentaría el problema de la conducta estratégica que podría tener el administrado para ocultar información. En el presente artículo, se analiza críticamente la propuesta mencionada, cuestionando sus bases teóricas y sus implicancias prácticas. En otras palabras, se asume una defensa de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la misma que, en la posición del autor, no admite ni debe admitir excepciones.

En el presente documento, se explora la acusación de que las reivindicaciones a favor de las mujeres tienen un tinte punitivo, en el sentido de que pretenden combatir los estereotipos de género a través de los medios más coercitivos del Estado, exigiendo, además, que este restrinja los derechos individuales de los procesados para lograr más castigos y más severidad en ellos. Desde el contexto mexicano, se analiza si, en efecto, las pretensiones a favor de las mujeres implican el debilitamiento de garantías, específicamente, de una tan importante como la derivada de la protección del derecho de presunción de inocencia de los individuos sujetos a un proceso penal por delitos que implican violencia hacia las mujeres.

El presente trabajo examina las propuestas de presunción de inocencia civil desarrolladas por Eduardo Da Fonseca y J. Harvie Wilkinson III. Para ello, el autor analiza los presupuestos de ambas propuestas con relación a la concepción de la pena y los criterios morales y políticos asociados a la determinación de estándares de prueba. En ese sentido, se presentan dos aspectos problemáticos comunes a ambas propuestas consistentes en, primero, la adopción implícita de una perspectiva nominalista sobre la pena, y segundo, la ausencia de una problematización sobre los criterios morales y políticos que justifican tanto la exclusividad de la presunción de inocencia penal como su expansión al ámbito civil. El autor concluye que para dar respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de una presunción de inocencia civil se requiere de nociones metaéticas y de filosofía política que ambas propuestas no desarrollan.

En el actual debate sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, resulta interesante proponer una mirada a la luz de las lógicas de los modelos legales de imputación tradicionalmente vinculados con su tratamiento (administrativo-penal). La posibilidad de legitimar un manejo diferenciado de los principios generales de ambos ordenamientos, especialmente del principio de culpabilidad, derivaría unas garantías y exigencias totalmente relevantes a la hora de decidir el tratamiento para los entes jurídicos. En ese sentido, este trabajo pretende explorar la relación existente entre las nociones de culpabilidad, presunción de inocencia y estándar de garantía, como aspectos determinantes para analizar el modelo del que se pretende hacer destinatarios a estos sujetos sociales. En últimas, lo que se pone de presente es una tensión entre un sistema basado principalmente en la eficacia y otro totalmente garantista.

Los reclamos de indemnización de quienes han sufrido detención preventiva legalmente ordenada y después resultan absueltos, incluyendo entre las razones de la absolución la presunción de inocencia, han generado en España y en Colombia recientes decisiones judiciales con efectos opuestos. En el primer país, como consecuencia de la Sentencia STC 85/2019, se ha generado una tendencia a una indemnización, calificada por algunos como automática. En el segundo país, por el contrario, después de la Sentencia SU 46947 de 2018 del Consejo de Estado, la tendencia a la indemnización parece reducirse. Lo cierto es que ambos extremos pueden generar problemas. Por un lado, la automatización puede conducir a restarle importancia a la teoría general de la responsabilidad y, por otro lado, la restricción puede llevar a dejar de indemnizar supuestos de daño injustos.

La presente reflexión se centra en el estudio de los presupuestos legales consagrados en la Ley 906 de 2004 que permiten la imposición de Medidas de Aseguramiento privativas de la libertad, en particular los criterios de peligro para la sociedad y víctima, aunado a los factores de la gravedad y modalidad de la conducta, pues sobre los mismos se puede sostener que obedecen a fines de anticipación punitiva, con lo que se pasa por alto el respeto del principio de presunción de inocencia por cuanto la restricción provisional de la libertad solo debería darse en un Estado de Derecho garantista cuando se persiga la protección del proceso penal, y ello solo es aceptable, cuando exista riesgo de reiteración y de no cumplimiento de la sentencia definitiva.

En el marco de un Estado constitucional de derecho, la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 29, como derecho fundamental, el principio de inocencia, señalando que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Esa misma Constitución dispone, en el artículo 250, que al ciudadano procesado penalmente se le pueden imponer medidas preventivas para proteger la sociedad o la víctima, conservar la prueba u obligarlo a comparecer al proceso, llegando incluso a privar de la libertad a quien no ha sido penado. De esta manera, se privilegia el trámite penal o la mera posibilidad de atentar contra alguien o de fugarse frente al derecho inalienable del ciudadano de presumir que no ha cometido delito.

En las siguientes líneas se pretenderá hacer un análisis de la presunción de inocencia, concentrándose principalmente en los diferentes aspectos tópicos en los que la jurisprudencia constitucional ha sido recurrente, sin dejar de lado una aproximación histórica y una ubicación normativa de este. En ese sentido, el objeto de este trabajo corresponderá a identificar los limites interpretativos que la jurisprudencia constitucional ha establecido para el principio de presunción de inocencia en tanto su conexión necesaria con el debido proceso.

En el proceso penal colombiano se consagran diferentes estándares de prueba, entre ellos, inferencia razonable (para la formulación de imputación), probabilidad de verdad (para la formulación de la acusación) y el conocimiento más allá de toda duda (para la sentencia condenatoria), los cuales permiten identificar la aplicación de conceptos como el de probabilidad en el actual sistema. Al leer el estándar que se exige para dictar sentencia condenatoria desde el garantismo procesal, se encuentra una relación estrecha entre la presunción de inocencia y el umbral a partir del cual el juez puede aceptar una afirmación de hecho o una hipótesis como verdadera dentro del proceso penal, de allí que se proponga el estudio de la presunción de inocencia no solo desde la perspectiva de principio y regla de tratamiento, sino también como regla probatoria y regla de juicio, esto es, cuando no se alcanza el grado de conocimiento exigido al juez para dictar sentencia condenatoria y subsiste la duda debe darse aplicación a la presunción de inocencia como regla de juicio -in dubio pro reo-.

El presente artículo pretende hacer algunos cuestionamientos en torno a la implementación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en la actuación penal, a partir de los elementos brindados por las Reglas de Mallorca y la teoría del garantismo penal, defendida por el profesor Luigi Ferrajoli en Italia, y en Argentina por el profesor Adolfo Alvarado Velloso, desde la perspectiva de una sistemática procesal penal, reconocedora de garantías universales como el debido proceso.

El artículo aborda el alcance de la presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico nacional, teniendo en consideración el derecho convencional internacional de los derechos humanos, el código procesal constitucional y la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales superiores como de la Corte interamericana de Derechos Humanos.The present article analyzes the scope of the presumption of innocence in Chilean law, considering the law of the international treatises on human rights, the constitutional procedural code, and the case material from both Chilean higher courts and the Inter-American Human Rights Court.

Legitimado el Estado para el ejercicio de la actividad penal en toda su dimensión, esto es, imposición de la pena, obligación de probar responsabilidad, si se dice ser ESTADO SOCIAL DE DERECHO FUNDADO EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, no puede ese Estado, amparado en la idea de eficacia de la Administración de Justicia, utilizar al hombre y su cuerpo, SIN SU CONSENTIMIENTO, como evidencia probatoria; lo contrario conduciría ineludiblemente al irrespeto de la dignidad humana "como al irrespeto por sus derechos humanos fundamentales.

Este trabajo pretende mostrar que el “conocimiento más allá de duda razonable”, como estándar de prueba para adoptar una sentencia condenatoria, no es una mera expresión grandilocuente o una moda del legislador (arts. 7.º y 381 Ley 906 de 2004), sino una exigencia legal verificable y controlable, siempre y cuando los jueces y actores del sistema continúen sus estudios de profundización sobre cuestiones de lógica, epistemología y semiótica. Dicho requerimiento, en la práctica, se traduce en el entendimiento de dos limitaciones: i) el proceso penal como reconstrucción de una verdad probable y no de una certeza, y ii) que la presunción de inocencia es un requisito de contenido normativo y no un mero estado psicológico del juez.

La presunción de inocencia, erigida como principio constitucional en el artículo 29 de la Carta Política, ha sido considerada por el Tribunal Constitucional como un derecho absoluto no sujeto a ponderación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sentencia C-774 de 2001, entre otras, señala que la presunción de inocencia no admite excepción y permanece incólume durante toda la etapa de investigación y de juicio. Pese ello, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario continúa teniendo plena validez y aplicación dentro del proceso penal, contrariando el postulado que la misma Corte desarrolla y referido apenas unos renglones atrás. En el presente artículo se evidenciarán las falacias en que incurre la guardiana de la Constitución al valorar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, y se propondrán dos situaciones en las cuales podría romperse dicha presunción e imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

The present article analyzes the order CH/PTJ/09/06, issued by the Special Tribunal for Lebanon, on 29 April 2009, in terms of pre-trial detention, personal freedom, presumption of innocence and right to a fair and expeditious trial. From this point of view the article extend the reflection in considering the principal acts delivered by the Tribunal – Rules of Procedure and Evidence, Rules on Detention, Prosecutor’s applications and Pre-Trial Judge’s decisions – appraising its deep and concrete contribution in human rights protection.