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El artículo busca examinar el alcance interpretativo de la ilicitud como presupuesto sine qua non para la procedencia de la de extinción del dominio en el Perú, ello en base a la actual regulación y aplicación que se viene dando en esta materia. La ilicitud no se circunscribe a una ilicitud penal, sino a cualquier tipo de ilicitud: penal, civil, administrativo, tributario, etcétera, lo que conlleva una ilicitud extremadamente amplia. El objetivo es determinar la viabilidad de esta práctica y proponer algunas soluciones, considerando el marco constitucional y el irrestricto respecto de los derechos fundamentales, particularmente en la interpretación de la norma para la restricción de derechos. Se lleva a cabo un estudio centrado en la regulación procesal de la extinción de dominio y doctrina vinculada a la ilicitud. Se establece que el alcance interpretativo dado a la ilicitud es lata, no tomando en consideración la interpretación restrictiva de los derechos fundamentales, sino ampliando deliberadamente para extinguir el dominio de los requeridos, se resalta la interpretación constitucional como mecanismo control frente a la vulneración de derechos y garantizar una adecuada aplicación de la norma en el proceso.

El delito de violación sexual mediante engaño tipificado en el artículo 175 del Código Penal Peruano presenta una incorrecta ubicación legislativa, por lo que el objetivo de esta investigación es postular una reubicación de este delito hacia el tipo penal base de violación sexual en el artículo 170 del Código Penal Peruano, utilizando como medio para lograrlo el análisis del concepto de “entorno” en el que la víctima no puede dar su libre consentimiento. Es así que, mediante este ejercicio, la definición de “entorno” se amplía como el conjunto de condiciones tanto externas como internas que influyen en el consentimiento del sujeto pasivo, resaltando las condiciones internas como aquellas producidas dentro de la mente humana mediante la formación de una idea o escenarios en la víctima con la finalidad de consentir el acto sexual. Con este nuevo concepto, se incluye el delito de violación sexual mediante engaño dentro del delito base de violación sexual. Esto permitirá visibilizar y criminalizar conductas lamentablemente normalizadas como el stealthing, utilizando para esta labor el método de investigación deductivo.

Actualmente el Código Penal uruguayo no prevé un título específico sobre los delitos ambientales, donde se tipifiquen delitos cuyo bien jurídico protegido sea el ambiente. Sin embargo, esta realidad podría cambiar en unos meses de aprobarse el Proyecto de Ley sobre delitos ambientales, que cuenta con media sanción al haber sido aprobado por la Cámara de Senadores. Fuera del Código Penal existe un único delito ambiental, previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999, que prevé el delito de introducción de desechos peligrosos. En el presente artículo se analizará el concepto de delitos ambientales, sus características, y un análisis sobre el referido Proyecto de Ley, aportando las experiencias del autor como corredactor de la versión original del referido Proyecto de Ley remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El artículo presenta una conceptualización de las normas de comportamiento punitivamente reforzadas a partir de una clarificación de su estatus ontológico. Tras dar cuenta de algunas controversias doctrinales que muestran la importancia de esa indagación, ofrezco una caracterización crítica de las dos concepciones en torno de las cuales ha tendido a girar el debate contemporáneo acerca de la ontología de las normas en el campo de la teoría del derecho, conocidas como la concepción “expresiva” y la concepción “hilética”. En oposición a estas, sostengo que una concepción “artefactualista” está en mejores condiciones para servir como punto de partida en la elaboración de una teoría de las normas para los sistemas de derecho penal, purgada de todo resabio imperativista.

Este texto presenta algunos comentarios a la concepción “artefactualista” de las normas de comportamiento como punto de partida para una teoría de las normas de los sistemas de derecho penal, avanzada por Juan Pablo Mañalich R. en su ensayo Las normas de comportamiento como artefactos deónticos.

En Colombia, el derecho laboral busca prevenir y sancionar el acoso laboral, entendido como una conducta “persistente y demostrable” con el propósito de cercenar la dignidad del trabajador. Asimismo, el derecho penal tipifica el acoso sexual, comprendido como el hecho de querer valerse de la superioridad con fines sexuales no consentidos. Este tipo penal busca proteger la libertad, la integridad y la formación sexual. Este artículo analiza, utilizando una perspectiva de género, la fragmentación que se ha presentado hasta ahora a raíz de esta doble regulación en escenarios de acoso sexual laboral y que el Congreso de la República busca subsanar con la expedición de la Ley 2365 de 2024. Presentamos seis tensiones o puntos en común entre las regulaciones laborales y penales. Concluimos el artículo proponiendo tres líneas de investigación: (1) sobre las barreras de acceso a la justicia del acoso sexual, (2) continuar la investigación dogmática feminista y (3) sobre las formas de control en escenarios laborales.

Esta investigación constituye un planteo crítico-reflexivo cuya pretensión es dotar de legitimidad al derecho penal. Sus objetivos se basan principalmente en los aportes que la criminología crítica pueda informar al saber jurídico-penal a fin de que este pueda sustentarse en la dignidad humana, como un saber que propicia el bienestar de la sociedad latinoamericana. Debido a aquello, se utiliza el método polifacético de la crítica criminológica, que permite no solo observar la real operatividad del sistema penal, sino además transformar dicha realidad, deconstruyendo al penalismo latinoamericano. En ese sentido, se emplea la técnica de investigación documental para examinar diversos textos relacionados con la hipótesis propuesta. El objetivo es obtener información que contribuya a promover una potencial ruptura epistemológica en el ámbito de este conocimiento jurídico, especialmente en lo que concierne a sus objetivos fundamentales. Así, se establecen algunos aportes para que el derecho penal deje atrás su pasado de persecución hacia los excluidos, su ínsita selectividad penal, así como su indolencia ante las injusticias que perpetra el Estado a través del poder punitivo, todo lo cual es incompatible con las premisas garantistas, encaminándolo como un saber jurídico digno de llamarse derecho y, por tanto, destinado a perseguir crímenes de sistema o globales que afectan gravemente a nuestras sociedades contemporáneas.

El objeto del presente artículo es examinar el sistema penitenciario uruguayo desde una perspectiva del respeto hacia la dignidad humana. Se aborda críticamente la situación de las personas privadas de libertad, evaluando las condiciones de las instituciones carcelarias y la protección de sus derechos. Se hace especial énfasis en la necesidad de explorar reformas necesarias para alinear el sistema penitenciario con los estándares internacionales de Derechos Humanos, proponiendo enfoques que promuevan la rehabilitación y resguarden la dignidad de estos individuos que siguen formando parte de la sociedad.

La ciencia ha generado una nueva forma de restructurar nuestros pensamientos e ideas, además de mejorar la calidad de vida del ser humano; es así que, a partir del siglo XX la neurociencia ha tenido por finalidad estudiar el sistema nervioso, donde se encuentra el génesis de las amalgamas de emociones, pensamientos; así como los comportamientos adoptados por una persona; dicho avance científico nos ha permitido reflexionar y cuestionar las bases teóricas del Derecho Penal, partiendo de los conceptos, que por años se han plasmado en los libros, jurisprudencia y leyes penales en vigor. Conceptos como la pena, su imposición y la finalidad de una condena se han puesto a debate; llevándonos a preguntarnos, si podemos comprender que una persona que ha cometido un delito con conocimiento y voluntad debe ser condenado por su actuación dolosa o este comportamiento se debe a un problema neuronal que viene sucediendo en su cerebro y, por tanto, la condena no sería la solución eficaz para ayudar a este ser humano, ¿cuánto tiempo más seguirá existiendo un Derecho Penal indiferente a los avances de la ciencia?

El presente artículo doctrinal realiza un análisis judicial sobre la prevaricación administrativa. Precepto que se sitúa entre los delitos contra la Administración Pública. En primer lugar, se describen las particularidades necesarias para que se dé el tipo penal y con posterioridad se examina una muestra de cincuenta sentencias condenatorias emitidas por el Tribunal Supremo. Por consiguiente, el método de investigación empleado es un estudio de casos. Donde la variable dependiente u objeto investigado, la prevaricación administrativa, trata de explicarse mediante el tipo de institución afectada, variable independiente. Por tanto, se pretende demostrar la hipótesis de que esta clase de conducta delictual encuentra un mayor abono dentro de las entidades locales, ayuntamientos. Instituciones más proclives a caer en el uso arbitrario del poder.

El presente artículo analiza la represión franquista en el ámbito educativo, concretamente en relación con los profesionales de centros educativos vinculados a la Universidad de Salamanca. Nuestro estudio se basa en la investigación de los informes de depuración vinculados a la citada universidad en el periodo de la guerra civil española. Los resultados obtenidos permiten realizar una esquematización de las distintas características vinculadas a los represaliados. Hemos encontrado la existencia de un método generalizado que buscaba apartar de sus puestos laborales a los docentes no adeptos al régimen. Es destacable también que los procedimientos estudiados tienen como base un derecho penal de autor que negaba a sus víctimas la tutela judicial efectiva.

En este escrito se reseña brevemente el problema de considerar la posibilidad de obrar en contrario como un elemento de la culpabilidad y se propone una interpretación del concepto de libertad compatible con el determinismo y, a su vez, con la responsabilidad penal. Finalmente, se aplican las consideraciones expuestas al análisis de la naturaleza de la disculpa y la ubicación sistemática de la inimputabilidad en la teoría material del delito.

El presente artículo pretende ofrecer una visión aproximativa y general del delito de bigamia en el ordenamiento jurídico-penal español. Para ello, parte de una valoración de la realidad constitucional del matrimonio en España, para adentrase posteriormente en la progresiva evolución que este tipo delictivo ha experimentado en la historia penal española, centrándose fundamentalmente en el estudio de los principales aspectos dogmáticos en torno al delito de bigamia, cuya vigencia actualmente en el Derecho Penal español es cada vez más discutida desde ciertos sectores doctrinales, que llegan así a considerar a este delito como el último vestigio de una suerte de Derecho Penal garante de la moralidad y del ordenamiento civil.

En este artículo de investigación se analiza la cláusula 24 de la diversidad cultural del nuevo Código Procesal Penal Federal desde las pautas interpretativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el marco de la doctrina de los delitos culturalmente motivados, a los fines de determinar el alcance y sentido de la norma y también su acierto o desacierto como instrumento legislativo para responder a los desafíos del multiculturalismo en el ámbito del derecho penal. El estudio comprende un breve repaso por los sistemas comparados, previo a ingresar en el modelo multicultural argentino en el que se inserta la norma, donde se relevarán las distintas disposiciones convencionales, nacionales y locales atinentes al tema, con mención de casos judiciales argentinos en los que se discutieron defensas culturales. Luego, este ensayo propone un análisis particularizado de los distintos aspectos que involucra la cláusula 24 a partir de su formulación textual, su ubicación topográfica dentro del ordenamiento jurídico y la intención del legislador al sancionarla; ello, con el objeto de determinar a quiénes comprende la norma y a quiénes excluye, qué naturaleza tiene (procesal o sustantiva) y qué tipo de obligaciones genera para los operadores judiciales. Sobre esto último, se introduce un nuevo concepto –la “perspectiva cultural”– como primera pauta de trabajo judicial que surge de la manda en análisis, aun con todas las dudas y dificultades que ha venido a despertar y que, por supuesto, motivará en lo sucesivo un trabajo de investigación más profundo.

El presente artículo examina las disposiciones normativas contra la delincuencia en Santa Fe, virreinato de la Nueva Granada, enfatizando en el problema de los hurtos. Se muestra que estos delitos empezaron a ser percibidos por parte de las autoridades locales y monárquicas como un problema social que podía solucionarse y prevenirse por medio de una justicia ordinaria más efectiva y el uso de castigos utilitarios. El artículo argumenta que en esta política penal incipiente, que incluía disposiciones generales de la Corona y medidas locales, están las raíces de lo que más adelante sería la cuestión penal en Colombia.

Este artículo destaca la importancia de la integridad moral para el funcionamiento ético de la sociedad y cómo los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, pueden afectarla negativamente. Se señala que la difusión de información a través de estos canales puede dañar la moral y la honra de las personas, influyendo en la formación de opiniones y valores en la sociedad actual digitalizada. Por ello es necesario fortalecer las herramientas legales para restaurar el derecho a la dignidad e integridad moral cuando este se vea comprometido. Y, aun cuando existe la posibilidad de abordar estos temas a través del derecho constitucional y civil, el derecho penal sirve como remedio extremo en casos particularmente graves y persistentes. En este texto también se resalta que el agravio a la integridad moral no solo se manifiesta en delitos como la injuria y la calumnia, sino también en el contexto de los procesos judiciales de interés nacional, en los que, la cobertura mediática puede contribuir a la estigmatización y pérdida de la referida integridad, afectando en ocasiones las decisiones judiciales. Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de ahondar en el tema de la integridad moral para garantizar juicios justos e imparciales. Se sugiere que los profesionales involucrados en el proceso penal, como jueces, fiscales y abogados, deben mantener altos estándares éticos para aumentar la confianza en el sistema judicial.

El Criminal Compliance resulta ser materia emergente en el Perú, desde su desarrollo e implementación en la Ley 30424 en 2016. Y es debido a dicha condición prematura que tras años de su promulgación se pueden observar en los resultados obtenidos ciertas deficiencias. Es por ello que el autor, en el presente artículo se encarga de analizar la normativa, junto al desarrollo e implementación de la misma en este periodo. Planteando los diferentes puntos teóricos que afectan la utilidad de la normativa, y que representa la necesidad de una reforma que brinde las herramientas necesarias a las personas jurídicas para una correcta implementación del criminal compliance.

El siguiente artículo presenta distintas consideraciones relevantes con respecto al error de prohibición y cómo ha sido abordado en el ordenamiento jurídico chileno. El autor abre este capítulo con una breve revisión histórica sobre el rol que ha jugado la antijuridicidad y su conocimiento o desconocimiento dentro de la imputación de hechos, poniendo énfasis en el ámbito penal respecto de delitos. Reseña también las tendencias, posturas y desarrollo doctrinario que este ha tenido en el tiempo. En un segundo apartado, el autor explora de manera sucinta los límites entre el error de prohibición y el error de tipo, de cara a la complejidad que presenta como figura la legítima defensa putativa, culminando con el caso contra Castro Muñoz. A continuación, el autor realiza una revisión a la jurisprudencia previa al caso antes mencionado, explicando en qué consistían las sentencias, además de la aplicación y alcance que tenía el artículo 8 del Código Civil chileno y la idea de voluntariedad presente en el artículo 1 del Código Penal chileno. Termina con un apartado dedicado al criterio que durante las últimas décadas ha admitido, discutido y consagrado el error de prohibición como defensa, tomando varios casos para explicar la consolidación de este, señalar qué delitos presentan aún discusión, y qué factores se deben considerar a la hora de realizar el ejercicio normativo que permita admitir o no la concurrencia de un error de prohibición ante una conducta ilícita.

El control social proporciona una perspectiva compleja de las formas de lucha antidelictiva. El objetivo de la investigación es realizar una valoración histórica y teórico-doctrinal del control social y sus componentes, a través de un estudio crítico de la experiencia ecuatoriana en la lucha de la criminalidad, con vistas a su mejoramiento. Mediante un enfoque cualitativo y aplicando una revisión documental narrativa, se logra una aportación sistematizada de los instrumentos teórico-doctrinales imprescindibles para construir una teoría propia del proceso de control social de la criminalidad, contextualizada a la realidad ecuatoriana; concluyéndose la necesidad de reformular políticas efectivas de control social del crimen y la violencia en el país.

Este artículo presenta un análisis crítico de discurso aplicado a dos sistemas internacionales de derechos humanos (DDHH) en el ámbito de la violencia contra las mujeres (VCM). Se analizaron cualitativamente convenciones, jurisprudencia y materiales comunicacionales de organismos europeos e interamericanos. Los resultados sugieren una “juridificación” de las respuestas a la VCM y revelan cómo se constituye una penalidad basada en DDHH. Este modelo le atribuye múltiples virtudes a la respuesta penal, caracterizando su activación como diligencia debida. Tal paradigma tiende a marginar las experiencias de las víctimas/sobrevivientes, soslaya la violencia que ejerce el aparato penal y debilita posibles enfoques redistributivos, basados en derechos económicos y sociales. Se sugiere que estos se profundicen en una futura agenda de investigación.

El objetivo de este artículo es presentar la correlación entre la toma de decisiones y la influencia de las emociones en este proceso. Es relevante tanto para las situaciones cotidianas como para el ámbito legal. Por eso, en el trabajo se presentarán los resultados de una investigación propia relacionada con la toma de decisiones por parte de abogados y personas que practican una profesión distinta a la ley en el campo del derecho penal, basándose en un caso de estudio preparado. La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación del instrumento de encuesta.

Discurso del jurista Dr. Claus Roxin por el honoris causa conferido por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el año 2021.

Este trabajo analiza los cambios producidos en la forma de ejercer la abogacía en los últimos años. La formación que ofrecen las Universidades a los estudiantes de Derecho también debe adaptarse a estas nuevas circunstancias, que aparecen caracterizadas, sobre todo, por un predominio del ámbito penal en las preferencias laborales de los jóvenes abogados, las nuevas formas de conciliación y negociación entre el Ministerio Fiscal y los abogados defensores y, también, por el empleo cada vez más acusado de aparatos tecnológicos tanto en el trabajo diario del abogado como en el desarrollo del propio proceso penal.

Al hilo de las sentencias del caso «Ford-Müller» en Argentina, por las que dos dirigentes de la empresa Ford Motor Argentina fueron condenados por complicidad en delitos cometidos durante la Dictadura por las fuerzas armadas y de seguridad contra trabajadores con lazos sindicales, el presente artículo analiza algunas de las dificultades que enfrentan los tribunales penales nacionales al atribuir responsabilidad penal a directivos de empresas multinacionales por complicidad en violaciones de los derechos humanos. Concretamente, el trabajo se centra en los problemas de aplicabilidad de ciertos criterios de imputación provenientes del Derecho penal internacional y el Derecho internacional de los derechos humanos para atribuir responsabilidad penal con base en tipos penales nacionales.

En el presente artículo se analiza la actual inclinación del legislador ecuatoriano, de identificar al dolo como una situación interna del autor del injusto penal, mediante la definición expresa del conocimiento y la voluntad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta definición expresa ha generado dos consecuencias opuestas: por una parte, el retroceso en el avance del dolo al actual tráfico social (negativa), y por otra, la seguridad jurídica que se le brinda al autor del injusto penal (positiva). Del análisis de estas dos consecuencias se reconoce que el derecho penal ecuatoriano opta por la seguridad jurídica, en detrimento del avance del dolo y del derecho penal. Al respecto, se invita a la reflexión sobre este particular con el objetivo de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo en el tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr esto, como primer paso, se debe cambiar la actual inclinación del legislador, mediante la normativización del dolo. Así, mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica, se emprende una labor de legitimación de esta normativización en el derecho penal ecuatoriano, llegando finalmente a concluir en su viabilidad. Esto se lo hace sin reconocer una normativización plenamente estandarizada, sino también tomando en cuenta criterios que respeten la dignidad humana, mediante la evitabilidad individual.

La excelente obra que tengo el gusto de reseñar llegó a mí, como lo hacen casi todos los libros que leo, por mera casualidad mientras deambulaba en los pasillos de alguna librería. La imagen de la caratula me cautivó: una obra de Banksy en la que una chiquilla requisa a un soldado. El título no es menos llama­tivo: Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. La obra está escrita en lenguaje sencillo, pero dotada de amplísimo fundamento empírico y dogmático. Su autora es, ante todo, una abogada, en el más alto sentido del término, es decir, se dedica a abogar, a intervenir a favor de los demás, y, en este caso, de quienes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad: los hombres y las mujeres privados de su libertad y, en general, quienes son sujetos pasivos del poder punitivo.

Este trabajo reflexiona sobre la relación entre el razonamiento jurídico y el razonamiento moral. Con el ejemplo del estado de necesidad justificante y su regulación en el Código Penal argentino, se analiza la nota distintiva de todo derecho: su pretensión de autoridad, esto es, ofrecer razones para la acción cuya validez no esté sujeta a otras razones.

En el presente trabajo se trata de aportar el sustento teórico necesario para determinar si es posible subsumir en los tipos penales de homicidio imprudente y denegación de asistencia sanitaria algunos de los hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia por COVID-19, a partir de un análisis de los datos que hoy por hoy pueden considerarse menos controvertidos, y teniendo en cuenta para ello los escasos pronunciamientos realizados al respecto por las resoluciones judiciales que se han dictado hasta el momento sobre dichos sucesos. Naturalmente, no se trata de propugnar la incoación de procesos prospectivos, sino de dilucidar si existen suficientes indicios para mantener que algunos de tales hechos pueden ser delictivos.

El delito de acoso persecutorio ha sido recientemente tipificado en el ordenamiento jurídico brasileño, y la importancia del examen temático se traduce en las innumerables situaciones de acoso que se producen a cotidiano, especialmente en relación con las mujeres, con el ánimo de amenazar la integridad física y psicológica de las víctimas; restringir su capacidad de movimiento; o invadir su esfera de libertad e intimidad. La investigación examina las características del delito, haciendo un enfoque histórico y de derecho comparado. Finalmente, hace un análisis crítico de la insuficiencia del derecho penal, concluyendo que toda la cuestión implica una perspectiva multifactorial, pasando por la ejecución de políticas públicas eficientes, no reduciendo el número de casos sólo por la simple protección penal.

El presente artículo analiza la forma en que el Estado colombiano gobierna la resistencia de las personas privadas de la libertad. Mostraremos cómo el Estado ha desincentivado el ejercicio de la protesta al interior de los penales, y cómo esto deja a la acción de tutela como único mecanismo posible para proteger los derechos de la población privada de la libertad. Aunque, como resultado de las acciones de tutela, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de violaciones masivas de los derechos fundamentales, la persistencia de las vulneraciones –acompañada de la exclusión del uso de la protesta como mecanismo de resistencia– deja a la población privada de la libertad inmovilizada entre un discurso constitucional sin efectividad material y la amenaza de la represión violenta de sus actos de resistencia. Para lo anterior, en este artículo se presenta un estudio de caso sobre la lucha por los derechos y la resistencia colectiva de los privados de la libertad de la cárcel La Modelo de Bogotá.

La investigación realiza un análisis de la culpabilidad como presupuesto esencial e imprescindible para determinar la responsabilidad de un individuo desde la perspectiva del derecho penal. El primer objetivo principal de este estudio es detallar las características de la reprochabilidad penal y su desarrollo en el derecho paraguayo. Al respecto, se puede referir que en el sistema penal vigente en el país la reprochabilidad es un presupuesto fundamental para la imposición de una sanción penal. La culpabilidad de un sujeto se determina en base a su capacidad de comprender la relevancia del hecho y de actuar conforme a dicha comprensión; que el mismo conozca o haya podido conocer la ilicitud de su conducta; y por último que no existan circunstancias susceptibles de haber impedido o disminuido su capacidad de motivación ante la norma. De esta manera, pretende entregar al lector una noción clara y sistemática de la evolución del principio de reprochabilidad, lo que permite la obtención de una visión global y precisa de los cimientos y el desarrollo de esta figura dentro del sistema penal.

La presente investigación retoma la visión del jurista alemán Niklas Luhmann sobre la autorreferenciación de los sistemas; sin embargo, se hace mayor énfasis en la vertiente de los sistemas autopoiéticos. El objetivo de este artículo es demostrar cómo la efectiva aplicabilidad de la norma jurídico-penal puede combatir la corrupción en México rescatando el Estado democrático a través de la evaluación de las propuestas por la actual Administración, contempladas en el Plan de Desarrollo 2019-2024.

La persecución a determinadas minorías por razón de procedencia o grupo étnico sigue siendo un hecho que, lamentablemente, encontramos en el panorama europeo. Para combatir esta forma de discriminación, la Unión Europea ha auspiciado una serie de mecanismos que permitan tener un marco común a todos los Estados, todo ello a partir de la aprobación de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión. Asimismo, cabe destacar los retos a los que se exponen las instituciones europeas en relación con estos hechos y a su fácil propagación a través de internet, más concretamente en las redes sociales, donde la rapidez y sencillez en la comunicación entre las personas facilita que se puedan propagar este tipo de mensajes, lo que provoca que los propios sujetos puedan encontrar grupos de personas que compartan este ideario contrario a los Derechos Humanos y puedan crear redes peligrosas para el Estado de derecho, que constituye uno de los principios básicos sobre los que se sustenta la Unión Europea.

Este artículo analiza el fundamento político de la libertad en Colombia, a partir de la reconstrucción de la división analítica entre los modelos de Estado para reconocer la relación entre la libertad y la aplicación del derecho. Se estudian los tres modelos de Estado propuestos por Mir Puig para identificar sus características. A partir de la diferenciación entre los tres modelos, se responde a la pregunta de cuál de los modelos corresponde a la construcción del Estado colombiano, según su desarrollo constitucional y legal. Finalmente, se reflexiona sobre la libertad de los ciudadanos y el papel de garante que debe cumplir el Estado para la protección y cumplimiento de sus derechos como objetivo prioritario y como fin estatal.

En el presente trabajo desarrollamos de forma teórica lo que significa la culpabilidad, y su importancia como principio y como categoría. Este desarrollo lo aplicamos en el análisis de la viabilidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tomando en cuenta un enfoque constructivista de la teoría del delito y la propia naturaleza del derecho.

Los procedimientos penales muchas veces están diseñados para dilucidar la verdad detrás de una escena criminal. Sin embargo, la verdad siempre ha sido subjetiva, contextual y cultural, siempre dependerá del grado de convicción de los medios de prueba y los sesgos de las partes procesales que construyen esos medios y esos hechos. Entonces, si partimos de que la verdad es relativa, los procedimientos penales deben reorientar su proceso de construcción probatoria. Para ello, las técnicas de juicio oral y los estándares probatorios se han presentado como herramientas apropiadas para construir esa realidad. En particular, los estándares probatorios se materializan como umbrales que demandan un determinado nivel de convicción probatoria que relaciona el hecho delictivo con la participación del sujeto procesado. Sin embargo, estos estándares con la nueva regulación procesal de la Ley 1826 de 2017 se han visto alterados, en especial aquellos relacionados con la imposición de la medida de aseguramiento.

El soft law es una fuente del derecho internacional que influye en el derecho penal internacional y en el sistema penal colombiano. La evolución del derecho internacional amplió el alcance y las ventajas de las herramientas del derecho blando, dándole preponderancia en el sistema de fuentes. El derecho penal no es ajeno a esta evolución, pues conceptos como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la doble conformidad, esenciales para los ordenamientos jurídico-penales, devienen de elementos no vinculantes que van adquiriendo, con su puesta en práctica, una cada vez más exigente demanda en el concierto de interpretaciones posibles dentro del ámbito del corpus iuris de los Derechos Humanos internacionales.

This article aims to offer a thorough revision of Professor Reinhart Maurach’s vital and academic career, with particular emphasis to his complex relation with the national socialist regime, his partaking in the Second World War and his further intervention during the Nuremberg Trials.

El presente artículo aborda el concepto y la evolución de la figura del ensañamiento en el delito de maltrato animal en los últimos años en España, así como su apreciación en la jurisprudencia, planteando la problemática existente al respecto y posibles soluciones a la misma.

La criminalización de los actos de corrupción en el sector privado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) forma parte de una corriente expansiva e intensiva del Derecho penal que no es aislada o autónoma para el Ecuador. En la nueva legislación anticorrupción es posible observar ciertos problemas, tal vez derivados de los conflictos que existen con los principios limitadores del Derecho penal, dentro del modelo constitucional de derechos y justicia, así como otras incógnitas a la hora de interpretar los elementos objetivos del tipo penal, sobre todo si se tiene en cuenta la política criminal que busca satisfacer esta necesidad. Aplicando una metodología analítica y comparativa frente a estas actuales cuestiones, la experiencia española en materia penal puede servir de guía, por cuanto incorporó a su legislación una figura similar hace ya más de una década. Desde esta perspectiva podrán establecerse una serie de conclusiones que acentuarán la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para evitar previsibles problemas en la aplicación del nuevo delito.

En el presente trabajo se pretende abordar cómo el feminismo ha influido en el Derecho Penal chileno, observando en primer lugar el fenómeno político del feminismo, considerando la gran fuerza que este movimiento ha tenido en Chile, para luego, en segundo lugar, observar la influencia de este movimiento en el Derecho Penal chileno. En dicho contexto, se abordarán tres reformas al Derecho Penal sustantivo de este último tiempo: La Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley Nº21.030; la Ley sobre el Femicidio, Ley Nº20.480; y la Ley sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos, Ley Nº21.153. Como se observará, la tesis central de este trabajo es que, si bien el feminismo ha influido en el Derecho Penal, ello no ha implicado establecer una asimetría inversa, sino que una igualdad de derechos en la legislación penal entre hombres y mujeres. Finalmente, terminaré el trabajo con algunas conclusiones.

La responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Penal tiene un tratamiento de reciente data en el Perú. En este estudio el autor analiza la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, teniendo en consideración el Decreto Legislativo N° 30424. En la efectuada se plantea por qué las personas jurídicas no cumplen con algunos elementos que configuran la estructura del delito.

Este artículo explicó la instigación en el Derecho penal panameño. Desde el Código Penal de Panamá, hasta los principales autores panameños sobre Derecho Penal General. También se explicó la necesidad que el instigador no tenga el dominio del hecho, porque de lo contrario, sería autor y no partícipe. Para esto, se utilizó técnicas de revisión de fuentes bibliográficas panameñas e internacionales y de fuentes normativas nacionales. En la misma se llegó a la conclusión, entre otras, que, en Panamá, es instigador aquella persona que determina a otra (el instigado o autor) de manera dolosa a la realización de un hecho delictivo doloso, incluida la tentativa de dicho delito.

Este artículo explora la relación entre el resentimiento y el derecho penal. El resentimiento se explora a través de la experiencia de dos personas que habitaron dos espacios diferentes, pero que sufrieron eventos límites que marcaron su existencia. Jean Améry, por un lado, quién fue torturado por el simple hecho de ser judío por el régimen nazi, en el terrible campo de concentración de Auschwitz. Y Claudia Ospina, por el otro, quién fue violada y torturada psicológicamente por paramilitares colombianos, solo porque era una mujer que demostraba conocimiento acerca de derechos humanos. Ambos resentimientos, al tiempo tan diferentes y similares, se entrecruzan con diferentes conceptualizaciones del derecho penal, valorando la posibilidad de este tipo de derecho para aliviar aquel sentimiento.

En el presente trabajo, el autor analiza y propone la defensa de un concepto unitario de funcionario público, tratando de superar la excesiva elasticidad funcional que presenta la legislación penal referida a los sujetos que podrían cometer delitos contra la administración pública. Este fenómeno nacido de un listado de sujetos disímiles que son tratados como funcionarios públicos “a efectos de la jurisdicción penal”, ha saltado por completo lo construido por la dogmática del Derecho administrativo, e incluso en los últimos años ha empezado a mostrar una fuerte expansión en campos de la propia función pública, las diversas responsabilidades administrativas y el control gubernamental peruano.

Violence and discrimination against women merits a particular reflection from the United Nations Rules for the treatment of female prisoners and non-custodial measures for female offenders, known as the Bangkok Rules, becoming the central object of this review, with the intention of presenting a current vision of the actions that Ecuador must undertake to guarantee its rights. The international document contains the compendium of standards that add to the central purpose of protecting these people in a state of vulnerability. The review is vital due to the low importance given to the phenomenon of the woman victimizer, but not the woman victim, who has focused all efforts of scientific production and state policies, without noticing as factors determinants of crime violence and discrimination

The objective is to analyze how to apply crime theory in the accusatory criminal procedure system. We worked with a methodology of descriptive documentary type with a bibliographic design, which allowed research in bibliographic and legal sources, allowing to articulate a theoretical reflective body as a contribution to the strengthening of the state of the art of law. Among the main contributions it is presented that everything stated in previous lines, we will be able to collect that in the adversarial system in the field of litigation of the trial-, if you do not have a previously elaborated strategy, you will not be able to reach a specific objective; because improvising the defense at the time, would lead us to mediocrity, denaturing our mission as a lawyer. It is very difficult, at the trial hearing, to be able to choose at that time the criminal dogmatic to be implemented; interrogate without knowing the answers and make allegations without knowing what we want to prove.

El presente estudio examina el delito de cohecho pasivo, variable dependiente. Mientras que la variable independiente o explicativa se centra en saber si este tipo de infracción penal es mayormente cometida por funcionarios o políticos. La investigación se hace a partir del análisis de una muestra de treinta y dos sentencias condenatorias emitidas por el Tribunal Supremo; por tanto, se trata de un estudio de casos. Método de investigación que confirmará la hipótesis de partida, que esta conducta delictual es más propia de funcionarios, pese a la creencia arraigada en la sociedad de que el sujeto activo suele ser el político. Imagen transmitida por el interés de los partidos en utilizar estos procesos como arma arrojadiza contra el adversario. Lo que a la postre impide tener un diagnóstico acertado del mal y obtener consecuentemente las necesarias soluciones para aminorarlo.

El derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de los medios de comunicación no puede llegar a suplir los estudios que el legislador debe hacer para determinar la necesidad o no de intervenir en la vida de los ciudadanos e imponer restricciones a su libertad, por intermedio del Derecho Penal. Debe propenderse por unos medios de comunicación que respeten la objetividad e imparcialidad de los acontecimientos que sean noticia, dejando así que el usuario tome sus propias conclusiones. Los medios de comunicación, como eje gravitacional de la democracia, deben ser autónomos e independientes, sobre todo de los oligopolios que detentan su propiedad

A review is carried out on criminal rates and their importance in determining criminal liability, criminal rates in Ecuador have to be limited according to their structure to crimes against the rights of freedom, crimes against the right to live well, crimes against environment and nature or Pacha Mama, crimes against citizen responsibility, crimes against the structure of the constitutional state, crimes of terrorism and traffic violations. Criminal responsibility is determined in proof of guilt, never in presumption, which is based on the finalist system of the crime in force in Ecuador.