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La Constitución española de 1869 ha sido considerada la Carta Magna del liberalismo español. Tras su promulgación tuvo lugar la aprobación de la Ley sobre Organización del Poder Judicial de 1870, ley que supuso el nacimiento del tercer poder del Estado en España. Por mediación de la Ley de Tribunales de 1870 se unificó el acceso a la carrera judicial y fiscal mediante oposición. Igualmente, la ley mencionada dispuso la presencia del Gobierno en diversos ámbitos del poder judicial en relación con la Junta calificadora actuante en el acceso a la judicatura, la tramitación de los expedientes de los opositores y el ingreso y ascenso de los jueces. Asimismo, su intervención fue manifiesta, dentro de la Administración de Justicia, en la inspección de los juzgados y tribunales. Finalmente, en relación con el Ministerio Fiscal, la ley dispuso una organización jerarquizada y ordenada por categorías en la que el Fiscal del Tribunal Supremo se situaba bajo la dependencia del Ministro de Gracia y Justicia. Recibido: 25.04.2024 Aceptado: 10.05.2024

Desde que comenzó este año 2023 las huelgas se están enseñoreando de los Juzgados y Tribunales. Terminan unas y empiezan otras. Esta realidad podemos analizarla desde muy diversos frentes. Yo voy a hacerlo centrándome en dos aspectos de la misma que, entiendo, son de interés por su carácter problemático. En primer lugar, quiénes pueden ejercer el derecho de huelga en la Justicia española. A continuación, abordaremos los efectos laborales que producen las huelgas en los sujetos de la Administración de Justicia y sus consecuencias.

El presente artículo tiene por objetivo abordar el origen y la evolución jurídico-histórica del delito de prevaricación, y cómo este llega a estar contemplado en los artículos 223 y siguientes del Código Penal chileno, tanto en sus hipótesis sustantivas como en sus reglas adjetivas o procesales. Esto con el objeto de dar cuenta de aquellos fundamentos materiales, históricos, sociales y jurídicos que guiaron la elaboración de dicha norma y, por lo tanto, que permitan identificar elementos típicos en la discusión histórica sobre la misma. En este sentido, la presente investigación informa sobre el desarrollo histórico del delito desde su origen en la monarquía romana hasta la codifi-cación penal chilena, centrando su atención en la relación entre las formas de organización políticas de un periodo jurídico determinado con su relación en la afección al deber de los jueces frente al derecho.

La presente investigación considera como objetivo principal el demostrar la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reestructurar al Poder Judicial de la Federación en la separación de facultades de competencia y jurisdicción de los juicios de garantías, con una metodología deductivo-inductiva, ya que la estructura conformada actualmente, al ser modificada en forma general, redundará en beneficios específicos y también el uso del método histórico, que permitirá la obtención de beneficios futuros, de un antes, un ahora y la expectativa futura de mejora, obteniendo resultados de un análisis comparativo lógico-jurídico, con el fin de entender la problemática de un monopolio de la administración de justicia que lo hace susceptible de diversas áreas de oportunidad en demerito de los justiciables, por una mala praxis y resultados criticables por los diversos operadores del derecho, concluyendo que nos encontramos ante la existencia de deficiencias sustanciales en la función jurisdiccional federal, en exceso del ejercicio del imperio de la ley, mismas que deben ser enmendadas por los máximos tribunales mexicanos y establecer la reestructura ad hoc requerida en nuestro país, para garantizar la eficiente impartición de justicia, en el sistema de justicia mexicano.

La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido repercusiones evidentes en la Administración de Justicia en España y las continuará teniendo en un futuro próximo. Este trabajo pretende examinar cómo las medidas de lucha contra la pandemia han afectado a la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ámbito contencioso-administrativo. Con este fin, por una parte, se analiza, desde una perspectiva crítica, el impacto que han tenido las medidas adoptadas por las autoridades gubernativas para combatir la pandemia en el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otra, de lege ferenda, también se plantean algunas propuestas de mejora del actual marco normativo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y se valoran, también con una mirada crítica, las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad jurisdiccional en este ámbito y las medidas ya adoptadas o proyectadas por el Gobierno, para agilizar la actividad judicial en este ámbito.

En el presente artículo se estudia el delito de obstrucción de la justicia, que fue incorporado recientemente en la legislación ecuatoriana, en el marco de un proyecto de ley que pretende combatir la corrupción. Se analizan los supuestos que requiere la norma y cada una de sus modalidades delictivas. Esto debido a que de la simple lectura del delito surgen algunos cuestionamientos sobre la correcta composición dogmática del tipo penal y su aplicación práctica. Así, se examina la deficiente técnica legislativa adoptada por el legislador y la especial composición en torno a la tutela judicial efectiva como bien jurídico protegido, que soluciona la discusión dogmática alrededor de su justificación. Todo ello se contrasta con el derecho comparado, que aporta buenos criterios útiles para remarcar diferencias, problemas y aciertos con respecto a este delito. Para lograr los objetivos del estudio se emplea una metodología inductiva y hermenéutica.

El objetivo de este artículo es establecer la existencia de desigualdad entre empleados públicos y trabajadores oficiales en Colombia frente a los términos para acceder a la administración de justicia en materia laboral, puesto que existen tiempos diferenciados para acudir a reclamar derechos laborales ante las autoridades judiciales y administrativas: El método de investigación a partir del cual se desarrolló el trabajo es de carácter cualitativo, mediante el uso de técnicas como el análisis documental, de normatividad, jurisprudencia y doctrina, así como de la técnica de estudio de caso, que permite ejemplificar y visualizar eventos puntuales de desequilibrio en el acceso a la administración de justicia. Entre las conclusiones o hallazgos de la investigación encontramos la existencia de la vulneración del derecho a la igualdad en empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del régimen ordinario, principalmente debido a que en eventos de reclamación laboral se han establecido términos distintos para acudir y buscar la reparación, lo cual se constituye como un obstáculo para acceder a la garantía del acceso a la administración de justicia en Colombia.

El presente trabajo analiza la organización de tribunales en Soria y su actividad judicial a lo largo de la II República española (1931-1936). Se estudian en profundidad las principales reformas normativas republicanas sobre Justicia y su implicación en la organización de tribunales sorianos y en los distintos procedimientos judiciales según su concreta jurisdicción (penal, contencioso-administrativa y civil), tanto desde el ámbito provincial (Audiencia Provincial de Soria) como también desde el de los distintos partidos judiciales y municipios (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados Municipales). El trabajo constata una razonable normalidad en el funcionamiento habitual de la Administración de Justicia en Soria durante el régimen republicano, tanto a nivel organizativo y de personal como desde el punto de vista judicial y administrativo.

El presente texto, no busca abarcar el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del Derecho en nuestro país, probablemente la tecnología puede llevar a la cristalización de ideas maravillosas para impartir justicia de manera pronta y oportuna, sin embargo se pueden avizorar ciertas amenazas y peligros en su implementación, cuando a nivel mundial se plantean métodos de solución de controversias virtuales y juzgados digitales mediante la inteligencia artificial, aquello que se pensaba por la humanidad en un futuro muy lejano, esta realidad toma fuerza en el sector justicia.

Diversas instituciones públicas y privadas vienen señalando en las últimas décadas las deficiencias que presenta la Administración de Justicia en España y, en consecuencia, se han realizado propuestas de reforma, entre ellas, el establecimiento de sistemas alternativos de resolución de los conflictos (ADR) que, ineludiblemente, surgen entre las personas. Ambos, en realidad, representan dos formas de resolver los conflictos sociales, de hacer justicia, pero en los que la observancia de las garantías jurídicas de los ciudadanos debe de estar reservada al Sistema Judicial, como procedimiento ordinario. Por tanto, las ADR no son mecanismos competidores en el sentido de excluyentes o alternativos, sino complementarios, que abren la posibilidad de que las empresas y los consumidores utilicen vías extrajudiciales para resolver sus conflictos. La mediación en las actividades del consumo presenta en relación al sistema tradicional y ordinario de justicia una serie de elementos que aconsejan su empleo pues pueden colaborar a la mejora de la eficiencia y de la equidad en la gestión de la Justicia en España y, por tanto, al aumento del bienestar de la mayor parte de la población. Nos referimos, sobre todo, al menor coste, menor duración, mayor transparencia y, por tanto, previsibilidad en la resolución de los conflictos y, además, estás ventajas se incrementarán con la incorporación de plataformas digitales a la gestión de estos procedimientos.

Se propone hacer un análisis de la institución del Conjuez en Colombia, observando su dinámica, particularmente en la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de una revisión documental de la normatividad y la doctrina que se ha referido al tema, develar la discusión acerca de su naturaleza jurídica y su implementación en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se observan dificultades en el desarrollo de la figura que pueden comprometer la imparcialidad, la independencia judicial y el desempeño del Conjuez en la tarea de administrar justicia.

La presencia en nuestra vida cotidiana de las más modernas tecnologías de la información y la comunicación, así como de la llamada inteligencia artificial (IA), es cada vez mayor a la par que más valiosa. Las Administraciones públicas no pueden permanecer inmóviles ante una nueva realidad social que ofrece también una brillante oportunidad para incrementar su eficiencia y eficacia en ámbitos muy concretos como, por ejemplo, la lucha contra el fraude y las irregularidades. Los retos y desafíos jurídicos que presenta la IA, empero, son muchos y muy significativos, cuya afectación se proyecta en ámbitos tan diversos como la protección de datos personales, la igualdad, la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros. Los problemas se multiplican exponencialmente en el ámbito de la Administración de Justicia y, muy especialmente, para determinados usos en el marco del proceso penal. Aunque la justicia no es ni debe convertirse en un mero acto de predicción ni en un modelo matemático que pueda encerrarse en fórmulas, no es menos cierto que el empleo de la IA para fines concretos puede resultar muy útil en todos los órdenes jurisdiccionales. El presente artículo plantea en este complejo entramado los términos del debate analizando el marco legal europeo, los usos de la IA en el ámbito de la justicia penal y su impacto en los derechos fundamentales.

Resumen La inteligencia artificial es una herramienta que cada vez se encuentra más presente en el desarrollo de las actividades cotidianas realizadas por los seres humanos, y, en esta medida, se busca aplicarla en diferentes sectores, como lo es el campo del Derecho, principalmente en lo relacionado con las decisiones judiciales. Este artículo pretende resolver diferentes interrogantes que existen en relación a la aplicación de inteligencia artificial a decisiones judiciales, analizando si la misma genera utilidad, si es factible su implementación y las consecuencias que trae consigo que un sistema jurídico experto participe en la toma de decisiones jurídicas. Como resultado de esta investigación académica y teórica, se determina que la participación de un sistema experto jurídico en la toma de decisiones judiciales tiene como principal implicación el aumento de la seguridad jurídica en el sistema judicial, como consecuencia de un aumento de confianza en la misma. Dicho aumento de confianza, acompañado de la mayor celeridad de la administración de justicia, puede justificar los costos que tiene su aplicación. No obstante las ventajas, no se puede desconocer que la responsabilidad de estas decisiones recaerá siempre en el ser humano, para el caso concreto en el juez.

La “justicia comunal”, es una forma de solución de conflictos de carácter conciliatorio en comunidades campesinas y nativas que reconoce nuestro sistema de justicia en el Perú, pues en el artículo 149° de la Constitución establece que las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona; sin embargo este articulo al no tener una “Ley de coordinación jurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria” que reglamente su aplicación ha venido siendo utilizada de manera inadecuada y en muchas veces con abuso de derecho por las Rondas campesinas a nivel nacional y de manera muy específica se recoge las actuaciones de las Rondas Campesinas del distrito de Macusani provincia de Carabaya de la Región Puno, pues ellos de forma errada invocando y amparándose en el Artículo 149° de la constitución creen tener jurisdicción y competencia para administrar justicia en un Distrito urbano como es Macusani, ciudad donde existe presencia del Estado a fin de administrar Justicia ordinaria, por ende es necesaria la implementación en nuestro sistema jurídico la “Ley de coordinación jurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria”.

Los operadores judiciales en algunas ocasiones pueden revictimizar a quienes denuncian un hecho delictivo. El objetivo de la presente investigación es diseñar un instrumento para evaluar este tipo de victimización, el cual se realizó con base en los planteamientos sobre victimización secundaria y la evidencia empírica arrojada por las entrevistas realizadas a 18 víctimas que interpusieron denuncias. El estudio piloto se efectuó con 367 personas, la prueba final se aplicó a 825, con 336 se realizó un análisis factorial exploratorio y con las 489 restantes, un análisis confirmatorio. Los participantes fueron personas mayores de 18 años, de diferente estado civil, orientación sexual, nivel educativo, estrato, ocupación y ubicación geográfica. La validación de contenido del instrumento se realizó con once expertos. La consistencia interna del instrumento, los análisis factoriales y el ajuste de los ítems al modelo de Rasch, indicaron que el instrumento es válido y fiable.

La administración de justicia ha sido siempre una actividad humana mediatizada por la forma como se ejerce el poder y el sistema político en que se halla inmersa. Se pretende en esta reflexión teórica analizar someramente como ha sido ese recorrido histórico y como las categorías de Estado, democracia, participación y justicia, se entrecruzan y modelan los tipos de juez y sus atribuciones. También como la búsqueda de la garantía de equilibrio en las decisiones judiciales, es un ideal al que aspiran los justiciables, del cual depende la credibilidad y estabilidad de cualquier sistema de justicia, aquí lo develamos desde una visión crítica y esa imparcialidad se traduce en un conocimiento positivo de la realidad de las partes que se hallan en el litigio. Se avizora que un Estado que no monopoliza la potestad de juzgar sino que reconoce y aúpa la participación popular en la administración de justicia profundiza la democracia, pudiendo ser la justicia de paz comunal un comienzo. Es una investigación documental basada en la revisión bibliográfica del tema objeto de estudio, como técnica se utiliza el análisis de contenido de la información extraída de las fuentes revisadas

La institución denominada jurado está basada en la democratización de la justicia, para que sean los ciudadanos los que resuelvan sobre la culpabilidad de las causas expuestas ante ellos. Este trabajo presentará y analizará los elementos que componen esta institución judicial en los Estados Unidos de América.

El sistema judicial paraguayo es producto de una evolución histórica nacional relativamente reciente. La justicia como institución o poder estatal representa un servicio público con consecuencias sensibles en la sociedad, ya que es la única competente para interpretar, integrar y aplicar las leyes positivas. Por lo tanto, se pondrá a consideración y análisis al sistema normativo vigente en la República del Paraguay a fi n de identifi car las debilidades existentes en su esquema, si es que realmente existen en dicho ámbito. También se razonará a la justicia como valor, como moral, presente en cada individuo en forma natural, y que lo llevó, desde los orígenes de la historia, a buscar respuestas en todos ámbitos de su vida - lo religioso, divino, privado hasta en lo público en el Estado-. De hecho, el concepto analizado presenta estas dos manifestaciones; y se pretende enfrentarlas en los acontecimientos reales, para de esa manera extraer el origen de sus inconvenientes y sus posibles soluciones.

This work deals with the General Council of the Judiciary and its decentralization through regional councils of justice. To do this, first its mention the composition, functions and powers of the General Council of the Judiciary, also its mention the relationship between the General Council of the Judicial Power with the Supreme Court, to the the regional councils of justice and then there is an analysis about the implications of the decentralization of the General Council.Published online: 01 December 2014

Este texto propone una historia alternativa de la crisis financiera que gene- ró la pérdida de la vivienda de miles de deudores hipotecarios hace quince años. Mucho se ha dicho sobre este tema en este lapso. Las altas Cortes de las distintas jurisdicciones, constitucionalistas, economistas, asociaciones de deudores, etc. han examinado las causas, consecuencias y la eficacia de las estrategias que desde las ramas del poder público se asumieron para enfren- tar el problema. Concretamente, este artículo se elaboró a partir del análisis de la experiencia de los jueces y magistrados competentes para atender los procesos ejecuti- vos hipotecarios que surgieron por el incumplimiento de las obligaciones del UPAC. Estos jueces, a pesar de ser conscientes de la precaria situación de los deudores de vivienda, se resistieron a dar aplicación a los fallos cons- titucionales que ordenaban la terminación de los trámites judiciales y que pretendían evitar la pérdida del derecho de propiedad y el remate de los bie- nes. En consecuencia, muchos deudores perdieron su vivienda con todo y la protección prohijada por parte de la Corte Constitucional, pero ¿por qué los jueces se negaron a aplicar estas sentencias?

Este artículo analiza la concepción del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, para lo cual parte de sus notas configuradoras básicas. Al efecto, se estudian sus implicaciones desde el ámbito constitucional y del Código Orgánico de la Función Judicial, como sus líneas directrices en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (órgano que ha estudiado ampliamente el tema), para luego determinar cómo se ha considerado el ámbito del derecho por los tribunales ecuatorianos. This article discusses the concept of the right to an effective access to justice as a fundamental right based on its basic configuring notes. To this end, its implications in the constitutional sphere and the Organic Code of the Judiciary are here studied, as its guidelines in this doctrine and the case law of the Spanish Constitutional Court (organism that has extensively studied this subject matter), in order to determine how laws have been considered in the Ecuadorian courts.

Resolver por parte de los operadores jurídicos y en los casos en los que el derecho aplicable es indeterminado, con mecanismos y técnicas que son asimismo imprecisas, genera ciertas consecuencias: en estos supuestos los jueces no cuentan con criterios nítidos que guíen su toma de decisiones. dado que la extensión de lo indeterminado es indeterminada, la indeterminación es ineliminable no solo del contenido de las reglas jurídicas sino también de los recursos y mecanismos interpretativos del derecho. Así sucede en los “casos difíciles”, en los que el “deber de resolución” que impone a los jueces el Estado de derecho deviene impreciso y de realización incierta. When legal practitioners decide cases, especially in those circumstances where the applicable law is undetermined, using mechanisms and techniques that are also inaccurate, certain consequences are originated: in such cases the judges do not have clear criteria to guide its decision making. Given that the extension of the indefinite is indefinite, the indeterminacy is impossible to eliminate not only from the content of legal rules but also from the interpretative resources and mechanisms of law. So this is particularly true for those “difficult cases”, in which the “judicial decisions” imposed on judges by the rule of law becomes vague and uncertain.

La Constitución Política del Ecuador, al igual que instrumentos internacionales sobre derechos de los indígenas, ha reconocido la potestad de las autoridades indígenas para ejercer jurisdicción en sus conflictos y que puedan resolverlos de conformidad con sus propias normas. Lamentablemente estos principios constitucionales no han sido desarrollados por una ley y tampoco han merecido un trato serio, salvo contadas excepciones, por parte de la Función Judicial y el Ministerio Público. En este ensayo se reflexiona sobre las tensiones entre la jurisdicción indígena y los derechos humanos, entre la jurisdicción indígena y ordinaria, se establecen algunos parámetros para determinar la validez del sistema ancestral de solución de conflictos y las obligaciones que tienen los operadores de justicia frente al derecho consuetudinario indígena. Finalmente, se insiste en la necesidad de reconocer, con todas sus implicancias, el pluralismo jurídico.

Este artículo examina la estructura de la Función Judicial en la vigente Constitución Política de la República, se anotan los problemas que se han presentado a partir de 1998 en que entró en vigencia la Carta Fundamental y se insinúan algunas posibles reformas en orden a alcanzar una organización de la Función Judicial que supere las falencias detectadas.

Este trabajo analiza un tema de vital importancia en el seno de cualquier sociedad: el relacionado con la imagen que tienen los ciudadanos, en este caso de Barranquilla, de la administración de justicia, la rama del poder público del Estado encargada de resolver los conflictos que se suscitan entre las personas a partir del derecho. La importancia de determinar la imagen de los ciudadanos acerca de la administración de justicia tendrá consecuencias directas en los medios que estos adopten para solucionar sus controversias, pues a mayor credibilidad en el sistema, existirán más posibilidades de que las personas acudan a los medios institucionales para solucionar sus conflictos. Esta situación tendrá repercusiones en el plano social, económico y de seguridad para la ciudad.

Identificar las distintas variables de la realidad en las dinámicas de violencia en nuestro país es algo que se ve fortalecido desde el reconocimiento de los diversos trabajos académicos y literarios adelantados frente a esta realidad. El caso de la comuna 13 de la ciudad de Medellín es el eje en el cual se centra el estudio del estado del arte sobre tres categorías principales para abordar la problemática: administración de justicia, justicia pública y privada, y guerra y justicia, sobre las cuales se realizó el rastreo bibliográfico en las principales bibliotecas de la ciudad de Medellín. De esta forma se presenta la información categorizada a lo largo del rastreo bibliográfico, de manera concreta y detallada con el contraste de variables específicas.

Ante el colapso del sistema judicial en Colombia, desde hace dos décadas se aceptó que los particulares participaran en la administración de justicia con el propósito de descongestionar los despachos judiciales. Ahora bien, gracias a las recientes metodologías de identificación de “necesidades jurídicas” sobre las que hemos investigado, es posible detectar los problemas de la justicia desde el punto de vista del usuario, permitiendo conocer lo que hace realmente el ciudadano con su conflicto; se evidencia así que son los particulares quienes por medio de la regulación comunitaria y de “acuerdos directos” asumen la mayor parte de los problemas jurídicos. Los pleitos que entran al sistema judicial son una minoría, y gran parte de los litigios que el sistema rechaza se descarga sobre el poder ejecutivo, asumiendo este una competencia que constitucionalmente no le corresponde para tomar decisiones de fondo. Pero el principal reto para el sector justicia está en el 50% de problemas jurídicos donde se observan fenómenos como la resignación, la demanda no regulada o la no expresada. Se trata de un área de caos que cuestiona el papel de todas las instituciones e invita a replantear la administración de justicia, a promover todos los esfuerzos para proveer una arquitectura jurídica más diligente e institucionalizar buenas prácticas donde los ciudadanos se involucren.

Ante el colapso del sistema judicial en Colombia, desde hace dos décadas se aceptó que los particulares participaran en la administración de justicia con el propósito de descongestionar los despachos judiciales. Ahora bien, gracias a las recientes metodologías de identificación de “necesidades jurídicas” sobre las que hemos investigado, es posible detectar los problemas de la justicia desde el punto de vista del usuario, permitiendo conocer lo que hace realmente el ciudadano con su conflicto; se evidencia así que son los particulares quienes por medio de la regulación comunitaria y de “acuerdos directos” asumen la mayor parte de los problemas jurídicos. Los pleitos que entran al sistema judicial son una minoría, y gran parte de los litigios que el sistema rechaza se descarga sobre el poder ejecutivo, asumiendo este una competencia que constitucionalmente no le corresponde para tomar decisiones de fondo. Pero el principal reto para el sector justicia está en el 50% de problemas jurídicos donde se observan fenómenos como la resignación, la demanda no regulada o la no expresada. Se trata de un área de caos que cuestiona el papel de todas las instituciones e invita a replantear la administración de justicia, a promover todos los esfuerzos para proveer una arquitectura jurídica más diligente e institucionalizar buenas prácticas donde los ciudadanos se involucren.

El objeto del artículo es realizar un balance del marco institucional que rige la administración de justicia en Colombia con posterioridad a 1991. En tal sentido, se ubican cuáles fueron los objetivos básicos de la reforma a la justicia en dicho año, de qué forma se buscó su cumplimiento y cómo se puede valorar su alcance concreto. A partir de lo anterior, se identifican elementos para una evaluación de la misma, tales como las tensiones entre un mayor acceso a la justicia y la congestión, la judicialización de la política y la división de poderes, y la defensa de la autonomía judicial con limitados impactos en la gestión. inalmente, se plantea que las posibles causas de la ‘crisis’ de la justicia no provienen de la Constitución.

La Jurisprudencia constitucional nacional e internacional ha precisado los aspectos que integran el derecho de acceso a la justicia en el contexto de un Estado constitucional como el colombiano. Estos aspectos se refieren al acceso a un juez o tribunal independiente, en condiciones de igualdad y sin obstáculos desproporcionados que dificulten la resolución del caso en un plazo razonable. En la ciudad de Santiago de Cali el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) trabajó el caso de los usuarios de la justicia local que durante el trámite de sus asuntos a través de los consultorios jurídicos experimentaron obstáculos en el acceso o tratos discriminatorios en los despachos judiciales de la ciudad. Estas prácticas se abordaron en un contexto macro de dificultades objetivas derivadas de la precariedad de la infraestructura de la justicia local. Dado que el trabajo del Grupo incluye la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, se decidió constituir una veeduría judicial, reconocida por la Personería Municipal, y organizar a partir de ella una investigación exploratoria sobre las interacciones entre usuarios y funcionarios que podrían identificarse como barreras al acceso a la justicia. Este artículo expone los resultados de este trabajo, mediante la descripción de prácticas concretas que dificultan el acceso a la justicia de los usuarios de los consultorios jurídicos de la ciudad y que afectan la confianza ciudadana en la administración de justicia. A partir de estos hallazgos se formulanrecomendaciones realizables, que tienen como fin la corrección de los problemas identificados.

El estudio del Ministerio Fiscal presenta ciertas dificultades derivadas de su peculiar evolución histórica, su naturaleza jurídica. La importancia que ha cobrado en las modernas democracias como institución de defensa de la justicia y, especialmente, de los derechos fundamentales dista mucho de su origen como institución histórica claramente vinculada al Rey y cuyas funciones se centraban inicialmente en la defensa del patrimonio regio. Progresivamente, la institución del Fiscal cobró importancia en el marco de la Administración de Justicia hasta llegar a ser un elemento fundamental de la misma. La Constitución de 1812 no recoge una regulación específica de la institución del Fiscal como también sucedió con constituciones posteriores, a excepción de algunas referencias contenidas en la Constitución de 1845 y 1876 en relación a la posibilidad de que los fiscales fueran senadores. Sin embargo, durante el periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz diversas normas regularon la figura del Fiscal y la creación del Supremo Tribunal de Justicia en 1812, al que se incorporaron dos Fiscales, es uno de los hechos más significativos de este periodo. En el periodo «gaditano» se sentaron las bases para una regulación posterior que llevó a la consolidación de la institución avanzado ya el siglo XIX. The study of the Prosecutor presents certain difficulties because of its peculiar evolution throughout the history and its legal nature. In the current democracies this institution promotes justice and, in particular, the protection of fundamental rights. Rather, its functions used to be linked to the King and the defense of the Crown patrimony. The institution played an increased role within the judiciary, down to become one of its essential elements. The 1812 Constitution does not regulate specifically the Prosecutor. Neither did most later constitutions, except the 1845 and 1876 texts, which allowed the prosecutors to become senators. However, as long as the Constitution of Cadiz was in force different laws regulated the institution of the Prosecutor. The creation of the Supreme Court of Justice in 1812, joined by two prosecutors, is one of the most remarkable facts in this period. In fact, the Cadiz period laid the foundations for a later regulation consolidating the institution in the late 19th century.

El contexto constitucional contemporáneo supone un replanteamiento del clásico principio de separación de poderes y por esta vía de una nueva división de competencias entre la rama legislativa, la administración y la judicial. Y es precisamente este hecho el que determina un repensar de la actividad del juez en nuestros Estados. Por otra parte es necesario precisar que las nuevas realidades constitucionales a las que me refiero tienen como principal punto de referencia al Estado constitucional colombiano; puede ser redundante, pero sin embargo esto no puede distraernos en el sentido de que a la realidad a la que me refiero es común a los países latinoamericanos, con variaciones de cantidad e intensidad, pero todos partícipes de las mismas transformaciones. La estructura del texto es sencilla. Primero haremos una especie de ubicación de contexto de nuestra organización estatal y de nuestro Estado constitucional, para luego hacer una enunciación no exhaustiva de las consecuencias de estas transformaciones para el ejercicio de las funciones y responsabilidades inherentes a la administración de justicia. En la parte final nos centraremos en plantear una breve reflexión sobre algunos de los principales retos de los jueces y la administración de justicia en este contexto.

Se plantean dos falencias que el autor observa en un plan de capacitación presentado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia en el Segundo Encuentro de esta institución, celebrado en Medellín entre el 21 y el 24 de noviembre de 2001, basado en la necesidad de atender especialmente dos aspectos, a saber: en primer lugar, la formación política del juez como herramienta necesaria para entender el carácter de Poder Público de la Judicatura, lo mismo que las nuevas tareas que el modelo de Estado (Social de Derecho) que ha sido adoptado por la Constitución Política colombiana en su artículo 1.° le asigna en su tarea de administrador de justicia, lo mismo que la necesidad de conocer y entender la sociedad en la que se desenvuelve como requisito fundamental para darle mayor importancia y pertinencia a la noble labor que cumple y finalmente como elemento fundamental de la consolidación de la independencia judicial, afectada de diferentes maneras, desde dentro y desde fuera del Estado. En segundo lugar, se llama la atención sobre la necesidad de contar con la academia colombiana para mejorar la formación judicial, no solamente en los aspectos dogmáticos sino políticos, de tal forma que se supere cierta "endogamia" presente cuando son los mismos funcionarios judiciales quienes realizan la capacitación de otros miembros de la rama judicial.

Justicia y administración de justicia

Señor Presidente, Honorables Socios. Hoy me cabe el honor de dirigiros la palabra en esta reunión, no porque mis exiguas fuerzas me habiliten para ello, sino más que todo para dar cumplimiento al deber reglamentario que me exige dictar una conferencia.

¿Es perfecta la administración de justicia en Colombia?

Señores socios del Centro Jurídico: Hace al´gún tiempo la prensa anunciaba el viaje de un abogado norteamericano quien, enviado por algunas poderosas casas de los Estados Unidos, iba a venir a Colombia con la misión de investigar el modo como se administra justicia en nuestra Patria (...)

Fue Inglaterra tal vez la primera Nación que introdujo a sus leyesel sistema de administración de justicia por medio del jurado, tomándolo de la antigua Roma, hasta donde se remonta a su origen.(...)

Señores socios del Centro Jurídico: Hace al´gún tiempo la prensa anunciaba el viaje de un abogado norteamericano quien, enviado por algunas poderosas casas de los Estados Unidos, iba a venir a Colombia con la misión de investigar el modo como se administra justicia en nuestra Patria (...)