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En este breve ensayo, el profesor Wolfgang Wieland (1933-2015) realiza una incursión en la filosofía de Kant con la pretensión de señalar la existencia de un aspecto de su filosofía del derecho que habría pasado desapercibido para los estudios kantianos. Éstos han atendido fundamentalmente al «plano superior» de su pensamiento jurídico que, orientado por un espíritu iusnaturalista, tendría por objetivo determinar qué normas jurídicas a priori (y, por tanto, suprapositivas) habrá de cumplir cualquier Estado para poder ser considerado un Estado de Derecho y fundamentar tales normas en la naturaleza racional finita del ser humano. Sin embargo, Wieland plantea y desarrolla la hipótesis (que ha de entenderse atendiendo a su enraizamiento en el ámbito de la filosofía hermenéutica, pues el autor de este trabajo fue precisamente discípulo de Gadamer) de que en la filosofía kantiana del derecho existe también un «plano inferior» en el que se trata no ya de establecer normas, sino de pensar las dificultades y los problemas que entraña la aplicación de las normas jurídicas en casos concretos. Frente a lo que pudiera parecer por el tratamiento prioritario (por explícito y sistemático) que Kant dispensa a aquel «plano superior», éste no desconoció al decir de Wieland el hecho de que la resolución de problemas particulares mediante la aplicación de reglas generales resulta en ocasiones problemática. Para rescatar a este Kant interesado en las vicisitudes de la decisión judicial (que de gran interés podría ser en el debate iusfilosófico actual, mucho más propicio para el planteamiento explícito de esta cuestión) se hace necesario un trabajo de reconstrucción, que aquí inicia Wieland, a partir de una serie de textos dispersos en los que Kant pone en explícita conexión su reflexión en torno a la facultad de juicio con su pensamiento jurídico.

Entrevista a Roberto Gargarella en memoria de Carlos Santiago Nino.

Ernesto Garzón Valdés. Un hombre elegante.

El principal propósito de la presente investigación consiste en analizar cuáles son los elementos que constituyen, definen y diferencian la propuesta jusnaturalista sostenida por Lorenzo Peña de otras corrientes como el esencialismo jurídico, asimismo, la vinculación que esta pueda manifestar directamente con la filosofía como con la política. En particular, me interesa analizar cómo la teorización jusnaturalista que realiza el autor se configura en un complejo entramado filosófico que tiene como resultado la exigencia de cierto sistema político que vaya acorde a los postulados y axiomas que el jusnaturalismo de Peña contiene. Finalmente, se verificará el hilo conductor que atraviesa y une estas tres esferas: filosofía, derecho y política.

La idea de que la comunidad política se extiende en el tiempo se encuentra en tensión con presupuestos usuales acerca de la topología del tiempo y la dirección temporal de la causalidad. La tensión puede ser resuelta si se adoptan tres tesis: 1) las normas jurídicas –en especial la Constitución– son la expresión de expectativas o preferencias colectivas futuras de los ciudadanos del pasado; 2) existen algunos objetos que no están en el presente; 3) el valor que tiene la vida que alguien ha vivido depende metafísicamente de la satisfacción de sus preferencias.

En este trabajo, argumento que las principales concepciones de la libertad (las diferentes variantes de la concepción negativa, positiva y republicana) no le han prestado la debida atención a un componente esencial de la libertad: la cooperación social. En este sentido, desarrollo una concepción de la libertad que le da a la cooperación social un papel protagónico: «libertad entendida como cooperación social» (LCS). Argumento que la actividad de elaborar y realizar planes de vida no puede comprenderse en ausencia de un entorno social donde las personas colaboran entre sí. De acuerdo con este enfoque, la cooperación social es constitutiva de la libertad. Sostengo, por otra parte, que LCS reúne elementos atractivos de concepciones previas de la libertad, pero sin dejar de ser una concepción autónoma que descansa en la idea de cooperación social.

El presente trabajo pretende analizar el proyecto de Luigi Ferrajoli de una Constitución para la Tierra y confrontarlo con su teoría jurídica que ha venido desarrollando desde los inicios de su vida académica. La conclusión es que dicha perspectiva teórica no es funcional al ambicioso proyecto y se proyecta sobre el mismo debilitándolo; aunque cabe una segunda conclusión que es entender que la propuesta se apoya en una nueva teoría ferrajoliana que cuenta con un aparato conceptual que no estaba en la que conocíamos del profesor italiano.

Uno de los frentes activos candentes de la política social de las democracias capitalistas en los últimos años ha venido siendo sin duda la lucha contra la discriminación por motivos de género. En España, la llamada «brecha salarial» constituye acaso la expresión más pujante del referido compromiso de los poderes públicos con la protección de los derechos de las mujeres, a través de la intervención del mercado –y de la sociedad civil misma– con objeto de corregir sus naturales inclinaciones o distorsiones machistas y discriminatorias. En efecto, la propuesta brechista acerca de las remuneraciones laborales, a la que no falta sin duda fundamento real, pues no cabe negar que las mujeres cobran menos que sus congéneres masculinos al vender su energía profesional en el mercado de trabajo, ha irrumpido con gran fuerza en la sociedad española. De hecho, se ha expandido sin apenas resistencia en ciertos ámbitos de conocimiento históricamente caracterizados por el compromiso con la causa de los trabajadores más débiles y las personas necesitadas, orillando todo atisbo de argumento crítico o de simple contemplación del fenómeno de las diferencias salariales de una forma alternativa, desde una perspectiva menos directa –más de rodeo o largo alcance– y por ello no intuitiva o autoevidente, aunque no necesariamente falta de verdad ni insensata o descabellada. Este punto de vista alternativo –más distante, contraintutivo, decimos– es el que ofrece la crítica liberal-económica de la brecha salarial, en cuyo contexto –de razones de libre mercado– ésta termina quedando reducida a un «pseudo-problema» que no puede llegar a justificar la sobre-reacción que el Estado ha expresado en medidas de intervención del mercado y la sociedad tan intensas como las que se han venido practicando –y se proyecta practicar– efectivamente, sea en forma de acciones políticas, sea en forma de cambios en el sistema regulatorio (cuotas, regulaciones salariales, permisos para atender cargas familiares, etc.).

En este ensayo se defiende que Alchourrón y Bulygin no se equivocaron al adoptar a la concepción semántica (hilética) de normas y al sostener que ésta es consistente con la teoría jurídica positivista. No obstante, es cierto que no proporcionan argumentos acerca de cómo se relaciona la concepción semántica con la tesis positivista de los hechos sociales. Por lo tanto, en este trabajo se buscan exponer los motivos por los cuales las concepciones rivales no son satisfactorias y, además, se propone al convencionalismo como una vía de explicación acerca de cómo es posible adoptar la concepción semántica de manera consistente con una ontología anti-realista acorde a la tesis de los hechos sociales.

Aulis Aarnio. Uno de los grandes juristas.

El autor realiza un análisis de la jurisprudencia de Antonin Scalia, destacado e influyente jurista del Tribunal Supremo de Estados Unidos, desarrollada para frustrar los principios progresistas destinados a erradicar la estructura de castas raciales y otros vestigios de la esclavitud en Estados Unidos. Las decisiones de Scalia se opusieron a la discriminación positiva en la educación superior, negaron a los negros la protección frente a cambios en los procesos políticos que les perjudicarían y dejaron sin efecto una disposición de la Voting Rights Act of 1965 que exigía a un selecto grupo de jurisdicciones –las más infractoras– solicitar la autorización del gobierno federal antes de instituir nuevos requisitos electorales.

Hegel examina, a propósito del derecho abstracto, no solo la clásica propiedad de las cosas meramente exteriores, distintas de cuerpo y espíritu, sino también una propiedad distinta e intensamente personal, la del espíritu, el cuerpo y la vida. Junto con analizar las peculiaridades y limitaciones de esta propiedad (sobre todo en relación con el suicidio y la esclavitud), el posible tránsito (sea puramente fáctico, sea éticamente justificable) entre la una y la otra, y el sentido de que el cuerpo y la vida sean algo en lo que la persona es y a la vez sean algo que ella posee si y solo si los quiere, este texto indaga en las fuentes de la propiedad espiritual, así como en las posibilidades que abre un tratamiento de cuerpo y vida de corte fenomenológico pero ya no hegeliano.

Con su Modelo de la Plausibilidad Relativa, Ronald Allen y Michael Pardo pretenden dar cuenta del razonamiento probatorio judicial. Como destacaré, la propuesta adolece de una ambivalencia metodológica. Con ella se pretende explicar cómo sucede en los hechos el fenómeno de interés y, al mismo tiempo, guiar la conducta de quienes lo llevan a cabo, de acuerdo con lo que mandan ciertas normas jurídicas. El precio que paga a cambio es elevado. Entre otros problemas, esto dificulta comprender la naturaleza de las aserciones que componen el modelo y favorece las confusiones en el debate académico a su alrededor. Luego de descartar su interpretación como una teoría empírica, aquí propondré entenderlo como un arquetipo, lo cual clarifica sus criterios de corrección y lo sitúa en una mejor posición para afrontar algunas críticas significativas que ha recibido. En mi definición, un modelo arquetípico de razonamiento probatorio judicial es discurso que representa este fenómeno en su versión ideal según ciertas máximas, tomando a la realidad en parte como faro y en parte como límite.

Es común pensar que nuestro moderno concepto de autonomía personal (AP) no ocupa un lugar importante en el pensamiento ético de Kant, si es que ocupa alguno. En contra de esta extendida idea, sostendré aquí que su rol no podría ser más destacado. Para ello, ofreceré primero un esbozo del significado del término. Analizaré luego la investigación de Waldron sobre la posibilidad de ubicar la AP dentro de las reflexiones kantianas sobre la búsqueda de la felicidad. En tercer lugar, revisaré la tesis de Taylor de que una AP propiamente kantiana debe ubicarse dentro del espacio de latitud que dejan los deberes imperfectos de la Doctrina de la Virtud. Pasaré luego a defender mi tesis: toda la filosofía moral kantiana, i.e., tanto el primer principio como los deberes de allí derivados, puede pensarse como una estructura normativa orientada a la defensa y promoción de la AP. Ello porque este concepto está inscrito en la idea misma de humanidad (la capacidad de fijarse a uno mismo fines, tanto morales como de otro tipo) contenida en la segunda fórmula del imperativo categórico.

En su caracterización de la prueba en el derecho, Jordi Ferrer Beltrán divide a la actividad probatoria en tres momentos: la formación del conjunto de elementos de elementos de juicio, la valoración de esa prueba y la adopción de la decisión sobre los hechos probados. Sobre esa base, sostiene que, en sistemas de libre valoración, el segundo momento estaría gobernado exclusivamente por las reglas de la lógica y la epistemología. A su ver, no jugarían allí particularidades propiamente jurídicas, a diferencia de lo que sucede en el primer y tercer momento. En este trabajo se argumenta que esa caracterización debería ser matizada. El argumento se desarrolla en dos pasos. Por un lado, se aborda la diferencia entre la corrección epistémica y la legitimidad moral/jurídica de las generalizaciones empíricas y se concluye que no toda generalización correcta desde el punto de vista empírico es aceptable para elaborar argumentos probatorios en los procesos judiciales. Por el otro lado, se describen tres técnicas que el derecho emplea para controlar el razonamiento justificativo de las decisiones judiciales: la advertencia, la exclusión y una tercera, que consiste en ordenar o prohibir el uso de ciertas líneas de razonamiento inferencial. A partir de estas premisas se concluye que la actividad probatoria en los procesos judiciales no sólo se ve constreñida por razones normativas cuando se trata de formar el conjunto de las pruebas que podrán ser utilizadas o de adoptar una decisión sobre los hechos probados. Pues, además, ciertas reglas jurídicas ordenan o prohíben a los encargados de decidir usar de cierto modo las pruebas de las que disponen, y lo hacen, con una frecuencia no desdeñable, por razones no epistémicas. Esta interferencia jurídica en la valoración de la prueba, buena parte de las veces, se justifica por remisión al contenido de las cláusulas de debido proceso, presentes en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las constituciones rígidas de los modernos Estados de derecho. Por ello, se afirma que el derecho no sólo interfiere a menudo en la valoración de la prueba, sino que lo hace por razones que no es deseable abandonar.

Este artículo distingue dos formas de comprender una constitución, como «norma» y como «máquina» y asume la prioridad de la segunda, desarrollándola una teoría de las instituciones. Esta comprensión de las instituciones es luego desarrollada en la contraposición entre lo político y lo jurídico. Lo político es polémico mientras lo jurídico es imparcial. Después de haber explicado estos conceptos, sus relaciones e influencias recíprocas constituyen el núcleo de la segunda parte.

El populismo está presente en la vida política y en la utilización del derecho penal, operando como fundamento real de las leyes penales que, por ese vicio de origen, dejan de ser las propias de un Estado social y democrático de Derecho. Las conquistas políticas y jurídicas del derecho penal, su orientación a la protección de valores y bienes necesarios para la convivencia pasan a un segundo plano ante los intereses populistas, sectarios por naturaleza, y que fían en la represión como respuesta única y mejor a todo problema social o a las acciones que se decide incriminar para conseguir el aplauso popular. La reflexión jurídica sobre la función y los fines del derecho penal es tildada de argumentación antidemocrática. La invocación de las víctimas, como seres olvidados por el derecho penal, completa la perversión de la ideología populista.

En este trabajo se analizan algunos de los peligros con los que el populismo amenaza la democracia. Se argumenta acerca de si el populismo, que se presenta como la realización perfecta de la democracia, no es sino una forma regresiva de ese régimen político, su indeseable mutación genética. El artículo aborda la difícil y tensa relación entre democracia y elitismo; la condición carismática del líder populista, la desintermediación en su relación con el pueblo y la simplificación que hacen del discurso y asuntos públicos; la crítica que se dirige a los intelectuales y un cierto desprecio por la cultura y la educación de alto nivel; y, por último, se pone de manifiesto el desgaste que sufre el poder judicial y los mecanismos de garantía ante las continuas acusaciones populistas de falta de independencia o de elección directa de sus miembros.

En este trabajo se aborda el problema de los casos difíciles presuponiendo una concepción relacional del derecho, según la cual este es el orden que se da en un grupo cuando se gobierna y administra la coacción en condiciones que permiten el establecimiento de relaciones de legalidad entre sus miembros. Después de presentar el modo en que normalmente se han estudiado los casos difíciles del derecho causados por su indeterminación y los casos moralmente difíciles provocados por la inmoralidad de las decisiones que se siguen de sus normas, se adopta la perspectiva relacional y se aborda el impacto que estos casos o el modo en que se ha propuesto resolverlos tienen sobre la integridad del orden jurídico, es decir, sobre su grado de legalidad. Aparece así un nuevo tipo de caso difícil, el caso difícil para la legalidad, que es el que se da cuando el modo en que están formuladas las normas o el modo en que se resuelven los casos afectan negativamente a la integridad del orden jurídico. Después de señalar que el mejor modo de garantizar la integridad del derecho es gobernando y decidiendo mediante reglas, se concluye analizando otro tipo de caso, el caso trágico para la legalidad, en el que se plantea un conflicto entre reglas y legalidad, cuya solución autorizaría a la derrota de las reglas incluso desde una perspectiva legalista.

En 2022 se cumplieron 30 años de la publicación de «Un país al margen de la ley» de Carlos Nino, este artículo revisa ese trabajo del autor argentino a la luz de los enfoques institucionalistas del desarrollo que se instalaron como principal corriente de pensamiento desde la década de 1990 y que continúan teniendo una fuerte influencia. La revisión que se realiza comparte algunos puntos de partida de «Un país al margen de la ley» pero también ofrece una visión crítica del trabajo y de algunas ideas institucionalistas. La idea central del trabajo es que la descripción que realiza Nino sobre la anomia en Argentina (extensible en la mayoría de los casos al resto de América Latina) no es tanto un producto sociológico o de raigambre histórica como un problema «de la ley». Por lo tanto, las miradas para superar la anomia deberían orientarse a los modelos de discusión y producción legislativa. Finalmente, el artículo realiza una breve reseña de la situación de la Argentina de hoy, evaluando qué ha cambiado desde que Nino escribiera el libro del que se ocupa este trabajo.

Uno de los pilares del positivismo jurídico es la tesis del derecho como hecho. Esta tesis afirma que en cualquier sistema jurídico, S, las atribuciones jurídicas se basan, en última instancia, en la conformación descriptiva de S. Así, no es coincidencia que muchos de los argumentos contra el positivismo no son sino diferentes formas de «rehacer» la famosa ley de Hume: «ningún debe de un es». En este trabajo me ocupo de una explicación de la ley de Hume fundada en una especie de asimetría entre proposiciones descriptivas y normativas bajo extensiones. Relaciono esta explicación con un enfoque semántico de tipo «inexacto» y procuro extraer de eso algunas repercusiones para el debate relativo a la posibilidad del positivismo jurídico como proyecto teórico para el derecho.

Moreso se ha referido a «los intocables del derecho» para aludir –desde su original imagen del derecho– a cierto aspecto de la dimensión institucional de los sistemas jurídicos, por la que, precisamente debido a razones morales, algunas de sus decisiones institucionales no estarían sujetas a una lectura moral, ni ser directamente derrotadas por razones de carácter moral. El objetivo de este trabajo es esbozar la tesis de que Moreso acierta en plantear esta suerte de inmunidad institucional que clausura los sistemas a su permanente lectura moral, pero que ésta podría hallar no solo una mejor justificación sino ciertos matices, si estos «intocables institucionales» se complementasen con algunos «intocables morales» para el derecho –por así decirlo–, justificados en última instancia en una antropología algo más robusta pero no por ello incompatible con nuestros Estados Constitucionales de Derecho, y en una teoría de la acción moral humana que justifique la equidad no solo como un mecanismo o técnica, sino sobre todo como una virtud, tesis propias de la tradición aristotélica.

El presente ensayo ofrece una lectura contemporánea de la posición de cinco personajes de la tragedia sofoclea Antígona: Creonte, Antígona, Ismene, Hemón y Tiresias. Sostengo que en sus planteamientos podemos encontrar los ejes centrales de diversas discusiones de la filosofía del derecho, encarnada en problemas tales como la obediencia al derecho, los órdenes de normatividad del derecho positivo y de la ética, la relación entre derecho y poder, y entre derecho y razón práctica, en la forma de la prudencia y de la modulación en la aplicación de la ley y de sus sanciones. En ese sentido, el análisis es una prueba de la tesis central, es decir, que Antígona es una suerte de caleidoscopio para pensar asuntos centrales de la filosofía del derecho contemporánea y que, en consecuencia, su valor no es meramente histórico.

El presente trabajo tiene por propósito sostener que la pregunta por la justicia social persiste en la actualidad porque su permanente aparición en el pensamiento político se encuentra conectada con la apertura característica de los procesos de subjetivación. De modo que la pregunta por la justicia social permanece abierta porque está enraizada en los procesos de subjetivación, también ellos siempre abiertos. A estos fines, se propone un recorrido tanto por las elaboraciones de la justicia como problema permanente como aquellas dedicadas a la imbricación entre la justicia de los ordenamientos sociales y los procesos de subjetivación. Finalmente, se intentará demostrar que tanto el carácter permanente de la justicia social como problema político y los procesos de subjetivación co-constituyen la formulación contemporánea de la justicia social.

En este artículo examino la controversia académica sobre el concepto de libertad jurídica entre Eduardo García Máynez y Carlos Cossio. Defiendo que la discrepancia entre los autores responde a diferencias estructurales que refieren, en última instancia, a dos concepciones distintas acerca de la libertad humana. Para ello, primero, analizo la definición positiva ofrecida por Máynez de libertad jurídica y sus notas esenciales. Luego examino las principales críticas interpuestas por Carlos Cossio a las ideas de García Máynez, así como el modo en el que García Máynez atendió a estas críticas. Finalmente, argumento que la noción de libertad jurídica revela los compromisos libertarios de García Máynez, mientras que las ideas de Carlos Cossio reflejan su concepción compatibilista de la libertad humana. El objetivo final es interpretar la disputa desde una consideración filosófica que no ha sido explorada aún y que permite situar a los autores en discusiones filosóficas más amplias, como la existencia o inexistencia del determinismo causal.

Este artículo aborda la importancia de tomar en cuenta determinados rasgos de carácter en la selección de jueces, no solo por el poder que ostentan y las altas exigencias de la función judicial, sino por los problemas graves de corrupción judicial, cuando ellos tienen lugar. Dar más importancia a ciertas virtudes en la selección de jueces no supone aceptar el perfeccionismo ético. Por el contrario, es preciso delimitar a qué tipo de virtudes nos referimos, de tal manera de no afectar de manera desproporcionada la autonomía individual. Sin embargo, son virtudes que deben ser practicadas tanto en el ámbito público como en el privado pues no hay que pensar que las personas cambiarán cuando asumen una función pública. Por ello, en la asignación de cargos judiciales, el Estado puede tomar partido por ciertas formas de vida, aquellas que puedan exhibir determinadas virtudes, como la de la integridad. La integridad es mencionada en los Principios Básicos de Naciones Unidas para la Independencia de la Judicatura o en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. La autora propone que la integridad sea entendida como una virtud, compuesta a su vez por otras dos: la honestidad y la responsabilidad, las mismas que son definidas en el artículo.

Ernesto Garzón Valdés. Sobre la generosidad y el deber de gratitud.

Durante el Paro Nacional en Colombia en 2021, las redes sociales se convirtieron en un medio crucial para denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, lo que atrajo la atención de la comunidad internacional. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano para contrarrestar estas denuncias mediante estrategias digitales, no lograron convencer a la opinión pública internacional, lo que llevó a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una reducción en la calificación crediticia del país. El estudio propone investigar las acciones de diplomacia digital del gobierno y la ciudadanía, así como la respuesta internacional, con el objetivo de comprender cómo estas estrategias influyeron en la percepción global durante las protestas. Se plantea un análisis documental basado en fuentes primarias y secundarias, utilizando el enfoque del liberalismo en relaciones internacionales para evaluar la cooperación y los derechos humanos en este contexto.

Este artículo propone una revisión crítica de las decisiones del Consejo de Estado de Colombia, ya que algunos fallos al analizar la responsabilidad del Estado no han tenido en cuenta la flexibilización probatoria en casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. El objetivo es establecer los fundamentos dogmáticos que permiten el dinamismo probatorio en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado entre 2018 y 2022 en Colombia. La metodología utilizada consistió en abordar las causas, el contexto y algunos aspectos teóricos en precedentes judiciales y la literatura especializada sobre el tema, con el fin de comparar analíticamente la información. Se concluye que los principios de equidad y pro homine, permiten efectuar una distribución de la carga probatoria, para lograr una justicia material de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La finalidad del presente artículo de investigación es auscultar el concepto y desarrollo del derecho disciplinario jurisdiccional en Colombia, como su posicionamiento en el mundo jurídico nacional ha resultado relevante para el cumplimiento de los parámetros deontológicos que fueron establecidos por el constituyente en 1991 en el artículo 26 superior. Por medio de una metodología cualitativa bajo el análisis de fuentes documentales como la doctrina, la ley y la jurisprudencia se pretende pasar por generar una conceptualización, búsqueda de antecedentes, apropiación dogmática y una mención del procedimiento, se pretende analizar y mostrar la importancia de la existencia de esta rama del derecho, su aporte a la construcción de sociedad, desde objetivo de prevención y coactivo al cumplimiento de deberes profesionales, así como de una función social de la profesión jurídica, asegurando mandatos y estándares de conducta que permitan que la sociedad tenga herramientas ante los posibles incumplimiento de lo mencionado.

En este trabajo se abordarán las nociones paradigmáticas que han sostenido la conformación legal societario en Colombia, expresado en el artículo 98 del Decreto 410 de 1971, frente a las tendencias vigentes que están poniendo en consideración la tradicional formula legislativa, en enfoque crítico prospectivo del derecho, y en este caso, del derecho societario y la integración de tecnologías disruptivas en la toma de decisiones como en la creación societaria. Con ello, se abordará el análisis del oficio 220-13960 de julio de 2023 del Superintendencia de Sociedades, en cual se estudió la constitución de sociedades mercantiles por SmartContract, ante los paradigmas actuales en vigor.

O artigo se propõe a tratar do atual escopo normativo – e valorativo – da REURB, suas principais modalidades e seus objetivos, como forma de verificar a distância entre o prolongamento e o acirramento penoso e longevo dos conflitos fundiários e a aplicação célere e mediadora da REURB enquanto política de gestão da terra urbana e da cidade. Com esse objetivo, espera-se propor reflexões a partir do seguinte questionamento: sendo a REURB uma das formas de garantia do direito à moradia e da tutela das funções sociais da propriedade urbana, da posse e da cidade, como ela se qualifica enquanto política de gestão de conflitos fundiários? Para tanto, utilizou-se de revisão bibliográfica com abordagem qualitativa e análise normativa, tendo, neste caso, como principal marco a Lei Federal nº 13.465/2017. A conclusão indica que a REURB se mostra como uma política apta a ser utilizada na gestão de conflitos fundiários, pelo seu potencial de redução da insegurança jurídica da população ante à constante ameaça de remoção, desde que planejada e executada sob uma ótica funcional, inclusiva e descentralizada. Além disso se insere em um quadro axiológico, neste quadrante do século XXI, no qual se valorizam soluções mediadas e especializadas em matéria de conflitos fundiários

Diante da relação direta existente entre ideologia e poder, buscamos voltar nossos estudos para o poder punitivo e um dos principais resultados de sua ampliação: o hiperencarceramento frente ao abuso das prisões cautelares. Neste contexto, queremos questionar se é possível afirmar que existe uma ideologia cautelar no espaço judicial brasileiro? E, se for possível, questionar também, como ocorreu a estruturação da ideologia cautelar no processo penal brasileiro? Para responder tais perguntas, esta pesquisa exploratória adota o método histórico, a abordagem qualitativa e os procedimentos bibliográfico e documental, sendo possível concluir que existe uma ideologia cautelar que exerce influência direta no poder punitivo brasileiro e que é estruturada a partir das epistemologias inquisitoriais, guardando relação, sobretudo, com a busca da verdade real; com o abuso das prisões cautelares; com a utilização da tortura; com a perseguição perigosista e com a criminalização da defesa, de modo a “legitimar” formalmente a primazia da presunção de culpabilidade de pessoas selecionadas pelo poder (punitivo (in)formal).

As ideias de John Rawls são importantes para a manutenção das democracias constitucionais contemporâneas, sendo utilizadas, muitas vezes, em fundamentações de decisões proferidas por Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais. Através de uma pesquisa documental, bibliográfica e jurisprudencial, o presente trabalho tem como objetivo analisar como as ideias desenvolvidas por John Rawls são aplicadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) – tanto nos acórdãos, quanto nas decisões monocráticas –, analisando cada um dos resultados da busca. A metodologia utilizada na pesquisa foi a seguintes (i) acessar o site oficial do STF; (ii) selecionar a opção de buscar jurisprudências da Corte; (iii) buscar pela palavra-chave “Rawls”. A pesquisa realizada até o dia 05 de fevereiro de 2024 e nos apresenta o total de trinta e três decisões, das quais são vinte e quatro acórdãos e nove decisões monocráticas. Aplicando o raciocínio lógico-dedutivo, concluímos que há uma utilização dos conceitos da teoria rawlsiana por grande parte dos Ministros do STF (aposentados e em atividade), sem que possamos afirmar que há uma consagração total e irrestrita das ideias do autor.

El derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a derechos humanos tiene diversas manifestaciones, entre ellas, la construcción de la memoria colectiva. En el presente artículo se hace un estudio sobre este tipo de materialización del derecho a la verdad en el contexto de las protestas sociales de Colombia en 2021, partiendo de un análisis de sus causas, desarrollo y consecuencias generadas en esta sociedad. Así mismo, se estudia el concepto de memoria colectiva teniendo como objetivo la clarificación de unas nociones básicas para lograr comprender este fenómeno y además, se expone cómo se configuró este tipo de memoria en el marco de las protestas del estallido social. El presente producto investigativo se hizo a través de un enfoque académico y científico, donde se utilizó a la revisión y análisis documental como técnica base de esta investigación.

¿Es la violencia un fenómeno natural e irresistible que define la condición humana? En perspectiva determinista, desde una teológica de la violencia y una trágica de la violencia, el hombre aparece constreñido por unos dinamismos involuntarios y una fatalidad irracional que le impulsan al daño material y al menoscabo moral. ¿Es la violencia un evento cultural e instrumental que dice la insociable sociabilidad humana? En línea de afirmación de la libertad, desde una sacrálica de la violencia y una política de la violencia, el hombre emerge en cuanto voluntad para la deliberación y la elección y racionalidad para la decisión y la acción. En el esfuerzo por dilucidar este doble interrogante, y mediando entre una violencia natural, para proscribirla y sancionarla, y una violencia cultural, para contenerla y neutralizarla, surge una jurídica de la violencia para fundar las categorías de poder (potestas) y autoridad (auctoritas) y justificar la violencia misma (Gewalt) en cuanto recurso último para el logro del orden justo de pacífica convivencia que el derecho pretende como fin. A partir de unas consideraciones generales sobre los dos grandes imaginarios que soportan las construcciones institucionales de Occidente, a saber, la tradición sacrálico/sapiensal judía, con su deriva teológica cristiana, y la herencia trágico/política griega, con su recepción jurídica romana, se llega a la constatación del imposible diafragma violencia/derecho, siguiendo a Walter Benjamin, en términos de los sin término embates y combates entre legitimidad y legalidad.

Este artículo original e inédito hace parte del proyecto de investigación “Caminos de la verdad: el derecho a la verdad en los hallazgos y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Aquí se hace un análisis concreto de dicho informe frente a la implementación de Cali Distrito. Es decir, los hallazgos y recomendaciones que suscribe el informe, serán detallados como aportes a la descentralización administrativa y territorial que requiere hacer la ciudad de Cali a la hora de convertirse en Distrito, integrando la población, sus verdades y sus necesidades desde la transversalidad de un conflicto interno que ha impactado fuertemente en el suroccidente colombiano y en esa ciudad como capital de dicha región.

In the article, the authors research the conceptual foundations for conducting anticorruption expertise in public administration in theoretical and practical aspects. The relevance of the research is due to the fact that today the corruption-prone properties of normative legal acts are a problem which requires coherence and systematic anticorruption activities of all authorized subjects of power. The authors define the legal nature, concept, features and types of anti-corruption expertise in public administration. The subjects of anti-corruption expertise in public administration are identified. The procedure and stages of anti-corruption expertise are analysed. It is concluded that the procedure for conducting anti-corruption expertise in public administration is a procedure established by law for the activities of authorised entities to analyse, verify and evaluate current regulations and draft regulations for compliance with corruptionrelated factors.

O presente artigo objetiva estabelecer as principais características das Cortes Supremas, a fim de constituir um modelo aplicável e praticável na cultura jurídica latino-americana. Busca-se, portanto, agrupar perspectivas que sejam comuns às Cortes Supremas no âmbito dessa cultura jurídico-política. Parte-se do pressuposto de que o delineamento de princípios comuns às Cortes Supremas pode permitir a prestação de uma tutela jurisdicional mais adequada à realidade jurídica latino-americana, bem como a estruturação de instituições mais duradouras e fortificadas dentro do sistema jurídico de cada país. Sem a pretensão generalizante, bem como resguardando as particularidades da cultura jurídica de cada país, se mostra importante o estabelecimento de linhas mestras sobre a constituição e a função das Cortes Supremas na Latino América. A metodologia utilizada refere-se à revisão da bibliografia produzida sobre a cultura latinoamericana e sobre o moderno papel atribuído às Cortes Supremas nessa realidade jurídicacultural. Ao final, pôde-se concluir que um modelo geral de Corte Suprema pode contribuir para o fortalecimento democrático e para a integração da região Latino América, outorgando a máxima proteção aos direitos humanos.

El día de hoy el llamado derecho internacional ha adquirido un significado que hace unos años hubiese sido difícil de predecir, en especial por sus implicaciones en la vida diaria de la comunidad global. Tal realidad nos lleva a realizar un ejercicio donde se busca una forma, en cierta medida sucinta, llevar a cabo una descripción sobre el desarrollo que ha tenido esta ciencia del derecho y para unos períodos de tiempo determinados. El concepto “Derecho Internacional” engloba una cantidad de áreas que han venido creciendo sin cesar desde siglos atrás, lo cual hace imperativo su estudio desde varias ópticas y por los diferentes actores que están inmersos en el ordenamiento jurídico global. En este sentido, consideramos relevante hacer un pequeño aporte a la literatura sobre la materia con el fin de confrontar posiciones, ideales y realidades y al mismo tiempo contribuir a nuestra manera a su desarrollo.

Este artículo aborda la Ruta de la Integración Latinoamericana, que integrará los océanos Atlántico y Pacífico, con un corredor vial que conectará el puerto de Santos, en Brasil, pasando por Paraguay y Argentina, hasta llegar al puerto de Antofagasta, Chile. De esta manera, los objetivos son presentar una nueva vía de integración en Sudamérica, sus posibles resultados económicos, así como algunas consecuencias dañinas que se derivan de esta cooperación, creando lo que algunos ya dicen ser un nuevo camino para las Indias. Además del fortalecimiento de las relaciones internacionales con países del Medio Oriente, China y el oeste de los Estados Unidos, también tendrá un flujo más rápido y barato de productos que antes se exportaban por el Atlántico. Se concluye que este nuevo camino, para que no se convierta en una simple ruta comercial, la inversión en infraestructura y la creación de políticas públicas para prevenir y/o mitigar posibles daños son necesarias para que la ruta pueda hacerse una realidad perenne. Para el desarrollo del artículo se utilizó la metodología de investigación deductiva, cualitativa y bibliográfica, basada en tratados, legislación, doctrina, artículos científicos, así como sitios web oficiales y no oficiales

O presente artigo tem por escopo analisar a relação intrínseca entre a análise económica do direito e seus institutos, a luz do estudo conceitual e extensivo das falhas de mercado. Ademais, visa analisar de que modo a assimetria de informações, integrador das falhas de mercado, pode potencializar a hipervulnerabilidade consumerista, com ênfase, evidentemente, no contexto jurídico. A proposta é uma tentativa de esmiuçar de que modo a análise econômica do direito pode ser relacionada ao âmbito consumerista, e por consequência, sua influência no cotidiano jurídico, traçando-se um paralelo com as falhas de mercado, especificamente no que se refere à assimetria de informações, e uma determinada prática utilizada, denominada neuromarketing. O método utilizado no artigo consiste na leitura de livros direcionados, análise de trabalhos bibliográficos e artigos relacionados ao tema.

Este breve escrito propone abrir una discusión en torno a un fenómeno complejo pero marcado por su actual expansión que se suma a una crisis civilizatoria en la que se enlazan diversas crisis como la ambiental, la cultural, la social, la económica, la ecológica y la del capital. Este fenómeno es el auge de las extremas derechas como producto de la derechización del malestar y la configuración de neofascismos en relación con el capital; un malestar generado por la imposición del neoliberalismo y sus impactos altamente perjudiciales para la gran mayoría de la población mundial y por las insuficientes o nulas soluciones tomadas por la política tradicional. A través de un análisis de textos y de situaciones concretas donde se manifiestan los imagos y marcos interpretativos de las extremas derechas, plantear algunos elementos constitutivos y mostrar cómo a través de la conducción de los afectos, ese malestar fue capturado por aquellas mediante la polarización y la configuración de un rol identitario hostil y virulento. Uno de los efectos más evidentes es la proliferación de la idea de una Guerra Civil por parte de las extremas derechas.

El estudio propuesto analiza la intersección entre Derecho, Economía, Sociedad y sus discrepancias derivadas de los diferentes ritmos de evolución. A partir de la percepción de Ferdinand Lassalle sobre la disparidad entre el sistema jurídico y la realidad social, la investigación investiga si el sitio web "Reclame Aqui" ejemplifica el pluralismo jurídico en la sociedad brasileña contemporánea. Utilizando un método deductivo, el artículo examina la viabilidad de esta hipótesis a la luz del modelo estatal y político-jurídico establecido por la Constitución de 1988. Al analizar el "Reclame Aqui" como una forma de gestión de conflictos en el contexto del consumo, la investigación propone ampliar la comprensión del Derecho más allá de las normas positivas, buscando una comprensión más integral y pragmática.

En el marco de la discusión sobre si los jueces debieran tener la facultad de derogar leyes cuando están convencidos de que violan derechos individuales, Jeremy Waldron ofrece una serie de argumentos que dan cuenta sobre su oposición al modelo democrático donde hay control jurídico de la legislación. Sin embargo, los argumentos dados son cuanto menos problemáticos. Por lo tanto, el presente texto tiene como objetivo mostrar que los argumentos ofrecidos por Waldron en contra del control judicial de la legislación, al menos en la discusión de la esencia del argumento, son insuficientes para probar la eliminación de este en los sistemas democráticos. Para esto, en primer lugar, procedemos para mostrar los argumentos mediante los cuales el autor se opone al control judicial. En segundo lugar, nos referimos a las cuatro condiciones necesarias para que su argumentación teórica pueda ser considerada. En tercer lugar, abordaremos una serie de críticas que se le pueden hacer a la argumentación de la oposición de Waldron. Así, finalmente, pretendemos mostrar que los argumentos de Waldron son insuficientes para considerar una oposición categórica al control judicial.

La sociedad actual está marcada por avances tecnológicos y una amplia conectividad a través de Internet, especialmente mediante redes sociales. Estas plataformas no solo facilitan la interacción social, sino que también se han convertido en canales influyentes para la visibilización científica. Los investigadores pueden compartir sus descubrimientos con audiencias amplias y diversas de manera casi instantánea, transformando la forma en que se difunde y consume información científica. Sin embargo, este cambio también plantea desafíos legales, como la protección de la propiedad intelectual y la veracidad de la información compartida. El acceso abierto a la ciencia surge como un movimiento que busca democratizar el conocimiento científico, cerrar brechas de desigualdad y promover una comunicación más inclusiva y transparente. Las redes sociales ofrecen oportunidades para un acceso democrático al conocimiento, colaboración global entre científicos, comunicación directa con el público, participación ciudadana en la ciencia y adaptación rápida a tendencias emergentes. A pesar de estos beneficios, es crucial abordar los desafíos éticos y legales para garantizar la integridad y la protección de los datos compartidos en estas plataformas.

El estudio presentado en este artículo tiene como objetivo comprender las creencias sociales en tanto se configuran como ideología y están asociadas a la polarización política y su impacto, de tal manera que se constituyen en obstáculos psicosociales para la paz y la democracia en Colombia entre 2016 y 2020. Se empleó un método cualitativo desde una perspectiva hermenéutica, a través del cual se realizaron o a 256 entrevistas fenomenológicas y en profundidad a participantes de 9 ciudades del país. Los resultados revelaron creencias arraigadas sobre la polarización y convicciones radicales en torno a temas como seguridad, justicia, equidad y libertad, así como deslegitimación y descalificación del adversario político. En este marco más que una lógica de polarización ideológica se constituyen escenarios de polarización afectiva. Por lo que, se concluye que la polarización no se limita a una contraposición ideológica, sino que implica la descalificación del otro como enemigo absoluto, alimentando un escenario de confrontación antagónica arraigado en la historia violenta del país.

La determinación del monto a reintegrar al Estado por parte del agente estatal en la acción de repetición implica tres fases fundamentales. En primer lugar, se debe identificar el valor real atribuible al agente estatal, evitando la inclusión de aspectos ajenos a la conducta del servidor público. En segundo lugar, se procede a distribuir el monto a reintegrar de acuerdo con el grado de participación del agente en los hechos. En tercer lugar, atenuando el monto a reintegrar cuando la conducta del agente estatal sea calificada a título de culpa grave. En estos tres momentos, es posible evitar la imposición de cargas que al ser desproporcionadas puedan afectar injustificadamente derechos individuales. En cuanto a la metodología para la aplicación de los criterios jurisprudenciales que aseguren el principio de proporcionalidad, este artículo propone dos funciones matemáticas que pueden contribuir con su estudio y discusión. 1. El cálculo de la base del monto a reintegrar según el factor temporal. 2. La distribución del monto a reintegrar según el grado de participación y jerarquía funcional a partir de criterios objetivos. Finalmente, a partir de decisiones del Consejo de Estado, es expuesta la metodología para la aplicación de la atenuante. Desde un enfoque universalista, la investigación sugiere la necesidad de la obligatoriedad y seguimiento de los precedentes jurisprudenciales, a menos que surja una solución que proteja de mejor manera los derechos subjetivos del ser humano.

Ingresar al universo jurídico de los estándares de prueba y admitir su incidencia no solo en la sentencia, sino también en momentos procesales previos o anticipados, es una obligación de quienes tienen el rol de tomar decisiones legislativas o jurisdiccionales, también es un deber ético y profesional de los abogados litigantes y doctrinantes e igualmente es tarea por pedagogía jurídica de los estudiosos del derecho y de aquellos que buscan profesionalizarse en altos estudios jurídicos. Así, con fundamento en una metodología cualitativa de orden tipológico teórico, exploratorio y descriptivo y con técnica de interpretación reflexiva, analítica y propositiva, se parte del objetivo de estudiar los criterios jurídicos para imponer la medida de aseguramiento privativa de libertad en Colombia, con enfoque en el pensamiento del jurista Michele Taruffo y sus aportes al campo del estándar de prueba, con significación particular sobre el estándar probatorio mínimo de inferencia razonable de autoría o participación. El estudio concluye sobre la importancia de considerar como necesarios e integrados los presupuestos objetivos y subjetivos de la formulación de la imputación de cargos y los requisitos para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad, con énfasis en la estructura de lo que ha de ser la frontera de la inferencia razonable y el análisis constitucional, los cuales son, en suma, recorridos conexos obligados y propios en función de la estabilidad jurídica de la decisión previa de medida cautelar personal consistente en detención preventiva, para ello, se propone criterios de comprensión y argumentación, destinados a los sectores académicos y jurídicos sobre la aplicación del estándar de inferencia razonable de autoría o participación.

O presente artigo discute o instituto do Direito Internacional Público do refúgio, porém, sob a ótica do Direito Ambiental, especificamente pelo viés da teoria do Direitos dos Desastres, analisando os casos de deslocamentos humanos causados por desastres ambientais. O trabalho discorre sobre os meandros do instituto do refúgio, no direito internacional, relacionando-o, posteriormente, ao direito ambiental e prognosticando a necessidade de alargamento do conceito de refúgio. O artigo foi realizado com base no método dedutivo, partindo de uma premissa geral e chegando a um caso específico, que são os residentes das Ilhas Carteret, considerados refugiados climáticos. O resultado que se chega é pela necessidade urgente de alargamento do conceito de refugiado, par que compreenda a figura do refugiado climático ou refugiado ambiental, primeiramente em nível internacional e, na sequência, nos direitos internos dos diversos Estados.