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En el ejercicio de las actividades económicas, tanto de producción como de distribución y servicios, se requiere del apoyo de personas que contribuyan a desarrollar el objeto contractual, estas personas suelen ser vinculadas a través de contratos, ya sean de tipo laboral o civil, los cuales son diferenciados, básicamente, por el elemento de subordinación, debido a que con su sola existencia es suficiente para configurar una verdadera relación laboral, es decir, que este elemento es inherente y exclusivo de un contrato laboral. Así lo manifiesta la Corte Constitucional en la Sentencia C-934 de 2004, definiéndolo como el poder de dirección en la actividad laboral y potestad disciplinaria del empleador. Por el contrario, la relación que existe en un contrato civil de prestación de servicios, entre un contratante y un contratista, es una relación de coordinación de actividades, dado que el contratista siempre será autónomo e independiente. Por esta razón es fundamental distinguir entre los dos elementos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

En Colombia, el matrimonio se encuentra regulado en el Código Civil, que en su artículo 114 dispone: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”; no quedando pues duda alguna de que el vínculo que se forma entre un hombre y una mujer (por ahora y de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política), denominado “matrimonio”, es un contrato en los términos de los artículos 1495y siguientes de la normativa civil. En ese orden de ideas, y a pesar de que se trata de un contrato de alguna manera especial –por regular aspectos personalísimos de los ciudadanos, como lo son su estado civil y sus relaciones familiares–, no por ello escapa al régimen legal que sobre los acuerdos de voluntades se ha establecido, como la figura de la nulidad, los principios aplicables, y las obligaciones pre, contra y pos contractuales; adicionales, claro está, a las que de suyo se generan por cuenta de esa específica tipología contractual (cohabitación, débito conyugal, auxilio mutuo, etc.).