Search

Cumpliendo exitosamente con un estrecho itinerario, el 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional entregará al Presidente de la República una propuesta de texto constitucional que deberá ser sometida a plebiscito para decidir sobre su aprobación. De aprobarse la nueva Constitución en el Plebiscito del próximo 4 de septiembre, Chile contará con una de las constituciones más modernas e inclusivas de la dimensión digital de la vida de las personas, siendo esta quizás una de las mayores innovaciones de las últimas décadas a nivel mundial en el ámbito del derecho y la tecnología.

En estos días, a fines de 2020, se discute en el Congreso Nacional de Chile, el proyecto de ley que implementa el Convenio de Budapest sobre Cibercrimen y que deroga la Ley Nº19.223 sobre delitos informáticos de 1993. Un proyecto largamente anhelado por la comunidad técnica vinculada a la ciberseguridad y por la comunidad científica del derecho y la tecnología, que, por largos años, ha evidenciado las insuficiencias de la ley vigente —aprobada antes de la existencia y masificación de la web— en múltiples conferencias, seminarios y artículos de doctrina, muchos de ellos publicados en nuestras páginas. Entre las innovaciones que considera el proyecto de ley, varias de ellas fruto del aporte de parlamentarias y parlamentarios interesados en este tema, queremos destacar la incorporación de normas que tienen por objeto proteger legalmente la búsqueda y notificación de vulnerabilidades de ciberseguridad. De aprobarse una disposición expresa que exima de responsabilidad penal a los investigadores en ciberseguridad que habiendo encontrado una vulnerabilidad en una red, sistema o programa computacional, notifiquen inmediatamente de ella a la entidad responsable y, eventualmente, a la autoridad pública competente, Chile pasaría a tener no solo una legislación moderna sino que también de vanguardia en la región y el mundo.

Resumen: El 2020 será un año inolvidable en muchos sentidos. A la pandemia generada por el COVID-19 y al confinamiento parcial de las personas para intentar detener su propagación —parcial porque todavía una buena parte de la población, al menos en Chile y América Latina, debe salir de sus hogares para buscar el sustento diario— debemos sumar, en lo que al derecho y la tecnología le compete en este contexto, un embate fuerte y la instalación —a veces fallida y otras tantas exitosa— de una supuesta tensión entre los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales con el valor de la seguridad, en este caso, en su acepción seguridad sanitaria. En el plano normativo, en junio de 2020 se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que consagró el derecho a protección de los datos personales en Chile, al incorporarla expresamente en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución vigente.

El presente numero de la Revista Chilena de Derecho y Tecnologia es resultado de un largo proceso que se inicio en el ano 2010 con la renovacion del Centro de Estudios en Derecho Informatico, sus equipos docentes, lineas de investigacion y publicaciones academicas.