Search

This paper explains the creation of an intelligible suggestion for better understanding the administrative sanction in many disciplines in social sciences: the bureau-repression. The coining of this concept is due especially to the repression to which social protestors and demonstrators have been subject since the birth of the 15-M movement in Spain. However, bureau-repression had already begun being exercised in the years following the Transition, and it has developed in parallel to the stage of Security State that characterizes the state system of social control. A detailed analysis of the administrative sanction is performed for many benefits which such sanction provides for those in power, who use it both to silence voices from the street and to dispose of elements which are harmful for the neoliberal system (disadvantaged groups or immigrants). In short, the reader will find the underlying political and repressive background which, at first glance, is usually a monetary fine, and will discover that there are ways to avoid this dense surveillance exercised over the governed people (bureau-resistance)., Este artículo explica la creación de una sugerencia inteligible para una mejor comprensión de la sanción administrativa en muchas disciplinas de las ciencias sociales: la burorrepresión. Este término nació especialmente a raíz de la represión que han sufrido los manifestantes de las protestas sociales desde el nacimiento del movimiento 15-M en España. Sin embargo, la burorrepresión ya había comenzado a ejercerse en los años que siguieron a la Transición, y se ha desarrollado de forma paralela al estado de seguridad que caracteriza el sistema estatal de control social. Se realiza un análisis detallado de la sanción administrativa, desarrollada en beneficio de los que están en el poder, quienes la usan tanto para silenciar las voces de la calle como para deshacerse de elementos que sean perjudiciales para el sistema neoliberal (grupos desfavorecidos o inmigrantes). En resumen, el lector encontrará el trasfondo político y represivo subyacente que, a primera vista, es habitualmente una multa económica, y descubrirá que hay formas de evitar la estrecha vigilancia que se ejerce sobre los ciudadanos (burorresistencia).

Se valora el significado de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las causas que la “justifican” que no son sino el intento de criminalizar el activismo y la protesta de las organizaciones y movimientos sociales que no se resignan a ser quienes paguen la crisis.

Se valora el significado de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las causas que la “justifican” que no son sino el intento de criminalizar el activismo y la protesta de las organizaciones y movimientos sociales que no se resignan a ser quienes paguen la crisis.

This book discusses the intensity of the repression of social protest in Spain after the emergence of the 15-M movement in 2011. We explore the sequence of events in an attempt to explain the correlation between the protest and the drafting and development of the Public Safety Act in 2012. We also examine the types of fines imposed depending on the type of infraction, and how those infractions compare to what might be called “typical” protests – highly visible collective actions or those which can easily be associated with certain social movements – which helps to explain why the Act came to be known as the “gag law”., Este libro discute la intensidad de la represión de la protesta social en España después de la emergencia del movimiento 15-M en 2011. Exploramos la secuencia de eventos en un intento de explicar la correlación entre la protesta y el bosquejo y desarrollo de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2012. También examinamos los tipos de multas impuestas dependiendo de la infracción, y cómo esas infracciones se parecen a lo que deberían ser llamadas protestas “típicas” (acciones colectivas muy visibles o que pueden ser asociadas a ciertos movimientos sociales con facilidad), lo que ayuda a explicar por qué la ley ha llegado a ser conocida como “ley mordaza”.

Se valora el significado de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las causas que la “justifican” que no son sino el intento de criminalizar el activismo y la protesta de las organizaciones y movimientos sociales que no se resignan a ser quienes paguen la crisis.