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RESUMEN: La legislación colombiana, en materia civil, ha introducido de manera paulatina la posibilidad de que las partes incursas en un disenso ante la jurisdicción participen de manera activa en la elaboración de la prueba pericial, definiendo el objeto de la misma para el proceso y designando al especialista encargado de elaborar el dictamen. Durante el primer periodo de la legislación las partes podían hacer uso de la facultad de aportar por su cuenta la prueba de experto al proceso, si a bien tenían hacerlo, lo que dio lugar a que la presentación de tal prueba no gozará de popularidad en la práctica judicial. El Código General del Proceso, por su parte, estableció que la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas y solo se faculta al juez para decretarla ante la solicitud de un amparado por pobre o de oficio. Esta modificación constituye un cambio de paradigma para el juez y las partes, en el área civil, ya que implica la ampliación de los elementos materia de estudio y contradicción de esta prueba, para juez y partes, al exigir el acompañamiento de la experticia con informes que den cuenta tanto de la idoneidad del especialista designado para rendir el dictamen, como de la relación de medios técnicos usados para efectuar las investigaciones y experimentos sustento de la experticia y su relación con los establecidos para el desarrollo ordinario de las actividades de la especialidad."

RESUMEN: El presente estudio tiene la finalidad de presentar el derecho a la prueba en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, analizando su fundamentalidad, su configuración legal y sus límites constitucionales y legales, acompañándose esto de construcción doctrinaria en lo tocante a los derechos fundamentales y el derecho a la prueba propiamente dicho; lo cual se logró a través de revisión documental y análisis jurisprudencial. Con base en los hallazgos, se concluye que el derecho a la prueba es un derecho constitucional fundamental, pues su violación genera causal de procedibilidad de acción de tutela contra sentencias judiciales por defecto fáctico, con base en subreglas jurisprudenciales que constituyen precedente en el sistema jurídico colombiano; asimismo, es protegible constitucionalmente al interior del proceso judicial. De igual manera, el derecho a la prueba se manifiesta en cada una de las fases de la actividad probatoria, esto es, en el aseguramiento, solicitud, admisión, decreto, práctica y valoración probatoria; y admite limitaciones como la pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y licitud de la prueba.