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La inembargabilidad general que consagra el artículo 63 de la Constitución Política de 1991 ha sido reconocida como una garantía necesaria para preservar los recursos destinados a satisfacer los fines del Estado. Su desarrollo normativo ha provocado importantes conflictos con el derecho de acceso a la justicia, la propiedad, la vigencia y reconocimiento de los derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica.Dicha tensión ha sido estudiada, desde el análisis jurisprudencial, aplicada a decisiones de la Corte Constitucional proferidas entre 1992 y 2019, de donde se identificaron tres criterios que exceptúan la inembargabilidad de los bienes y recursos públicos: i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) cuando se trate del pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) ante la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado. Al observar la aplicación de dicho precedente por el Consejo de Estado, se evidencia su adopción y aplicación a los procesos ejecutivos desde los años noventa y hasta la actualidad.

La presente reflexión pretende analizar, qué protección ha otorgado el legislador bonaerense a la vivienda, única y de ocupación permanente, cuando ha estipulado su inembargabilidad e inejecutabilidad a través de la ley 14432, a la luz del Estado constitucional y convencional de Derecho.En éste contexto, se analizará cuál ha sido la postura de los tribunales bonaerenses al respecto, con especial atención a lo decidido por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala I, del Departamento Judicial de Azul, toda vez que se inclinó por la inconstitucionalidad de la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única de ocupación permanente.Asimismo, en contraposición, se considerará un fallo de la Sala 2 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Plata, del año 2015, donde la Jueza Bermejo realiza un control de convencionalidad de la normativa en cuestión, declarando su constitucionalidad.

Protection against the seizure of public assets as enshrined in Article 63 of the 1991 Political Constitution has been recognized as necessary to guarantee that the State has sufficient resources to carry out its functions. However, the normative development of this law has generated important conflicts in relation to the right of access to justice, property, the validity and recognition of fundamental rights, and the principle of legal security. The article addresses these tensions through analysis of legal decisions of the Constitutional Court emitted between 1992 and 2019, in which three exceptions to the nonseizability of public assets and resources were identified: i) when the state needs to make good on debts or other obligations in respect of public sector workers in order to guarantee the right to work in dignified and fair conditions; ii) when the state is legally bound to pay compensation for damages in order to guarantee legal security and the rights of those affected by the state's actions; and iii) when it is a question of the fulfilment of a clear, express and legally enforceable obligation contained in an executive order issued by the state. These exceptions have been adopted by the Council of State and applied to executive proceedings from the 1990s to the present. [ABSTRACT FROM AUTHOR]