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Este artículo distingue dos formas de comprender una constitución, como «norma» y como «máquina» y asume la prioridad de la segunda, desarrollándola una teoría de las instituciones. Esta comprensión de las instituciones es luego desarrollada en la contraposición entre lo político y lo jurídico. Lo político es polémico mientras lo jurídico es imparcial. Después de haber explicado estos conceptos, sus relaciones e influencias recíprocas constituyen el núcleo de la segunda parte.

Se sintetiza y comenta un artículo reciente del filósofo y constitucionalista Ignacio Giuffré intitulado Ampliando las fronteras del constitucionalismo deliberativo. El artículo de Giuffré brinda un panorama claro e informado de la compleja discusión contemporánea en torno al lugar institucional de la deliberación en la comprensión de la Constitución y pautas que formula.

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Se analizará lo relativo a los cambios institucionales y constitucionales en Chile, destacando a las rupturas violentas como un patrón en la historia política del país, cuestión que se manifestó, fundamentalmente, con ocasión de la crisis política que culminó el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado y el fin del proyecto de la Unidad Popular. Se planteará cómo la crisis política e institucional que se había gestado durante la década de 1960 se profundizó bajo el gobierno de Salvador Allende, llevando a un colapso del sistema político vigente y, con posterioridad, al establecimiento de una nueva institucionalidad.

Este artículo original e inédito hace parte del proyecto de investigación “Caminos de la verdad: el derecho a la verdad en los hallazgos y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Aquí se hace un análisis concreto de dicho informe frente a la implementación de Cali Distrito. Es decir, los hallazgos y recomendaciones que suscribe el informe, serán detallados como aportes a la descentralización administrativa y territorial que requiere hacer la ciudad de Cali a la hora de convertirse en Distrito, integrando la población, sus verdades y sus necesidades desde la transversalidad de un conflicto interno que ha impactado fuertemente en el suroccidente colombiano y en esa ciudad como capital de dicha región.

En el marco de la discusión sobre si los jueces debieran tener la facultad de derogar leyes cuando están convencidos de que violan derechos individuales, Jeremy Waldron ofrece una serie de argumentos que dan cuenta sobre su oposición al modelo democrático donde hay control jurídico de la legislación. Sin embargo, los argumentos dados son cuanto menos problemáticos. Por lo tanto, el presente texto tiene como objetivo mostrar que los argumentos ofrecidos por Waldron en contra del control judicial de la legislación, al menos en la discusión de la esencia del argumento, son insuficientes para probar la eliminación de este en los sistemas democráticos. Para esto, en primer lugar, procedemos para mostrar los argumentos mediante los cuales el autor se opone al control judicial. En segundo lugar, nos referimos a las cuatro condiciones necesarias para que su argumentación teórica pueda ser considerada. En tercer lugar, abordaremos una serie de críticas que se le pueden hacer a la argumentación de la oposición de Waldron. Así, finalmente, pretendemos mostrar que los argumentos de Waldron son insuficientes para considerar una oposición categórica al control judicial.

Este artículo reconstruye herramientas de control público a partir de categorías conceptuales elaboradas en la teoría política y doctrina jurídica especializada. Para ello, se distinguen modelos de control según el carácter y competencia del órgano que lo ejerce: control parlamentario, control judicial, control administrativo y control social. El análisis permite evaluar comparativamente las ventajas y antecedentes de dichas tipologías, concluyendo respecto de su relevancia para la democracia, los derechos individuales y el buen funcionamiento de la administración pública. Al final del texto, se incluye una tabla que resume los contenidos y principales ejemplos citados.

La novísima incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, constituye un hito sin precedentes al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. El propósito de esta investigación fue analizar el contenido esencial de los derechos de la naturaleza, cuya regulación jurídica actual tiene como características, la vaguedad y la ambigüedad de su contenido. La metodología empleada se orientó bajo un enfoque descriptivo, utilizando como técnica la hermenéutica y la interpretación de hechos, y se apoyó en el análisis bibliográfico. Los resultados dan cuenta de la actualización de la doctrina en relación a la naturaleza como sujeto de derechos, situación clave para el buen vivir, sumak kawsay, como una posición biocéntrica, que revitaliza las relaciones del ser humano con su entorno. Se concluye con una fundamentación de los elementos configuradores de los derechos de la naturaleza, como soporte teórico para su adecuado desarrollo normativo, jurisprudencial y protección integral en Ecuador.

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En este artículo se analizan los casos más relevantes resueltos por la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 2000 y 2005. Es el último quinquenio de la llamada “Rehnquist Court”, es decir, de la Corte Suprema bajo la presidencia de William Rehnquist, y es por ello que se destaca, en primer lugar, la influencia que tuvo este Chief Justice en el Tribunal. Se hace mención también al significativo rol que tuvieron los jueces Anthony Kennedy y Sandra Day O’Connor, dos conservadores moderados, quienes por medio del swing vote ejercieron una suerte de “arbitraje” entre los jueces conservadores y los liberales. Uno de los hechos más destacables de este período, fruto de ese arbitraje, es que la Corte Suprema estuvo ideológicamente en equilibrio. Todo ello impide ubicar a la Corte Suprema de este quinquenio bajo un marcado signo político, pues, en el balance general, los triunfos entre liberales y conservadores se repartieron proporcionalmente. Como método de trabajo, las sentencias analizadas se clasifican en función de los artículos y enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos que la Corte entendió eran aplicables especialmente en cada caso.

Poco después de sancionada la Constitución de 1853, la provincia de Entre Ríos, una de las integrantes de la Confederación Argentina, fue declarada Territorio Federalizado. Esta transformación implicó la extinción del gobierno provincial y la colocación de Entre Ríos bajo la exclusiva jurisdicción del Estado federal. El artículo examina esta singular experiencia, desatendida por la historiografía, con el propósito de reflexionar acerca de las diversas formas en que la condición de provincia parece haber sido entendida hacia mediados del siglo XIX. En este sentido, se postula que la calidad provincial estaba entonces todavía lejos de ser concebida como una condición perpetua e inalterable, lo que podía llevar a subordinarla a los imperativos dictados por las circunstancias políticas. Con el propósito de restituir la incertidumbre con que los actores se movieron en el proceso, las coyunturas políticas son reconstruidas a partir de los debates parlamentarios y con apoyo en la historiografía sobre el periodo.

La justicia penal militar constituye una forma especializada de justicia encargada de juzgar a militares y policías que han violado la legislación penal. Según la Constitución Política, la justicia penal militar ejerce funciones judiciales al igual que otros tribunales y juzgados. Sin embargo, es importante destacar que esta jurisdicción militar no forma parte de la rama judicial del poder público, sino que está integrada en el poder ejecutivo. Esta ubicación fuera del poder judicial genera numerosos interrogantes, pero hay razones específicas que justifican su existencia dentro de dicho ámbito.

En las páginas que siguen analizaremos cómo fue la relación entre el poder ejecutivo y legislativo en el ámbito específico de la instrucción pública durante el período de vigencia de la Constitución de 1837. Su interés radica en que sin un estudio del juego de la interrelación entre los poderes del Estado no es posible entender el proceso político conducente a la construcción del sistema educativo liberal.

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After four decades of regional taxes, it is time to take stock. Despite the fact that regional taxes are the most refined manifestation of tax autonomy of an autonomous community, reality shows that the current situation suffers from excessive taxes – many of them supposedly ecological –, a high degree of conflict and a lack of information on the adequacy of such taxes for the purposes that inspire them so that it is not possible to assess their effectiveness. For these reasons, perhaps it is convenient to look back at ceded taxes, where there is still room to expand the regulatory capacity of the autonomous communities. The limitation to operate in terms of business activities deserves to be reviewed. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Individual freedoms pose a real challenge in the process of Morocco's national and international legitimation. On a legal level, they are the object of widely varying constitutional reforms. In addition, they raise concerns because of the fragile balance on a domestic stage where the religious legitimacy of the king faces competition from conservative political trends, but also in relation to a straitjacketing international environment. Between the constitutions of 1992, which recognises the universality of human rights, and 2011, which enshrines individual freedoms, this legal dynamic is struggling to be reflected in legislation, an indication of both political caution and law update. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Kenya began its democratic era after its declaration of independence and the adoption of its first constitution in 1963. However, this supreme norm of the country would undergo countless reforms by the political elites from the very beginning, mostly to satisfy the partisan demands of the political leaders at the moment. These reforms succeeded in transforming the initially democratic model into an authoritarian, one-party system. After two decades of corruption and abuse of power, the political changes in the country and the wave of democratization after the fall of the Berlin Wall fueled the popular clamour for constitutional change. This article analyses the development of the constitution-making process, which began with the first constitutional amendments introduced to the constitution of the independence, as well as the main factors that led to the rejection of the new draft constitution in the ratification referendum held on 21 November 2005. A key element contributing to the failure of the whole process is the strong influence of political forces in the process and the partisan use of all of them to achieve their political advantages. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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A partir de la promulgación de la Constitución política de 1991, Colombia atravesó una serie de cambios en sus fundamentos como Estado, pues pasó de ser un Estado de derecho a uno social y democrático de derecho. Tal aseveración instauró la dignidad humana como principal pilar de toda actuación realizada dentro del aparato estatal. Esto permitió la ampliación y el reconocimiento de multiplicidad de derechos, así como de los elementos esenciales que constituían a Colombia. No obstante, tal situación no ha sido totalmente definida y clara para los pueblos indígenas, pues ha sido la Corte Constitucional, mediante su propia jurisprudencia, la que ha ido enmarcando la evolución de los derechos que tales comunidades tienen de cara a la consulta previa, ampliando y creando reglas y subreglas sobre las maneras en que este derecho opera. El problema que se plantea es el siguiente: ¿de qué manera la Corte Constitucional ha amparado los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos tribales dentro del Estado colombiano, respecto del reconocimiento de la consulta previa? La principal respuesta permitió determinar que, al desarrollar su marco jurídico, el alto tribunal ha sido la salvaguardia no solo de las comunidades indígenas, sino también de la operatividad de la consulta previa.

La dimensión jurídica de la bioética, denominada bioderecho, ocupa un lugar importante en los debates sobre este tema. Para que sean reconocidas, las distintas legislaciones francesas sobre bioética requieren una autoridad política competente: la autoridad civil, cuyo vértice es la Constitución francesa (CF), como acto jurídico y ley fundamental que establece la organización y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el ámbito en el que tocamos a la persona humana, a los valores y a los principios fundamentales, la autoridad religiosa, como la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tiene un papel que desempeñar. Es la referencia de valores a través de la cual la conciencia humana puede ejercerse libremente en las realidades políticas, sociales y económicas. Así pues, ¿cuáles son los posibles temas comunes entre la CF y la DSI y qué puede aportar la bioética personalista para conciliar ambas vertientes?

El artículo explora una tensión ética visible a partir de la década de 1840 y cristalizada en el Constituyente de 1842 en torno a la postulación de una moral civil por parte de la autoridad estatal. El objetivo es analizar un instante del proceso histórico de desvinculación, más discursiva que fáctica, entre una moral civil y una moral religiosa a partir del estudio de la opinión pública y las actas del Constituyente. Las fuentes son sobre todo de tres tipos: periódicos, folletos y actas legislativas. El texto presenta un horizonte de mutaciones socioéticas tendientes a una virtud secular, pero sin pretensiones de ruptura en el contexto de una reorganización política. El ajuste moral no es una cuestión abstracta: repercute en cuestiones muy significativas, como la definición de las libertades de prensa y enseñanza, y en elementos procedimentales como las atribuciones de los jurados.

Objetivo: Discutir el derecho a la protección de la salud en España y su no inclusión en la categoría de derecho fundamental. Metodología: Revisión crítica de documentos normativos españoles e internacionales - Constitución, leyes y tratados internacionales - desde la perspectiva del análisis de la salud como un derecho fundamental. Resultados: La garantía y efectividad del derecho a la salud en España no son satisfactorias, ya que a partir de la regulación legislativa y, a menudo, administrativa del tema, surgen reclamaciones jurídicas bien definidas y exigibles ante los órganos jurisdiccionales, como derechos subjetivos individuales. Esto faculta al legislador introducir retrocesos significativos en la determinación del alcance del derecho a la salud. Conclusión: Se impone una reforma constitucional que signifique la reconfiguración de un derecho y su inclusión en la lista de aquellos considerados fundamentales en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, a fin de dotarlo de un contenido esencial, vinculante para el legislador y para que él mismo sea beneficiario de una garantía jurisdiccional directa y máxima, tanto ordinaria como extraordinaria ante el Tribunal Constitucional. Envío: 15/12/23| Revisión: 08/02/24| Aprobación: 08/02/24

La Constitución Política de Colombia reglamenta el pluralismo, y de ahí se desprende el derecho a la consulta previa, la cual es una garantía constitucional para las comunidades étnicas. La Constitución también reglamenta la propiedad intelectual, que involucra los derechos del obtentor. Pero se ha puesto en discusión la primacía del derecho a la propiedad intelectual y el pluralismo, como en el caso del Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, ratificado mediante la Ley 1518 de 2012, que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1051 de 2012, por no haber agotado el requisito de consulta previa. Este artículo pretende analizar cómo el pluralismo en toda su extensión afecta la implementación de tratados internacionales relacionados con propiedad intelectual como la UPOV de 1991.

Tomando como punto de partida una visión amplia de la realidad normativa ecuatoriana y su transformación, articulada entre otros factores, con la respuesta a la exigibilidad social y la coyuntura al desarrollo de los derechos humanos en el orden mundial, la finalidad de este trabajo es, lograr una aproximación a la evolución constitucional ecuatoriana, para verificar los avances en materia de derechos de las mujeres, de manera particular. Para el efecto, se aborda la evolución histórica de los derechos fundamentales de las mujeres en las normas constitucionales promulgadas en la historia del Ecuador, en donde se aplicó la Metodología de Análisis de Género para el fenómeno legal a fin de determinar, además, la existencia o no de sexismo en los enunciados jurídicos encontrados. Entre los principales hallazgos se puede señalar que la evolución denota inexistencia de derechos y mera enunciación de principios en los primeros períodos, más adelante, en un nivel intermedio se encuentran contemplados de manera progresiva algunos derechos los cuales, no obstante, se establecen de manera sexista, ya para el período más reciente, la evolución denota una clara amplitud normativa con nulos rezagos de sexismo. En definitiva, se evidencia la transformación de la normativa constitucional en materia de derechos fundamentales de las mujeres, como el reflejo de las necesidades que demanda la sociedad, el alcance de importantes reivindicaciones de los colectivos, y la clara apertura normativa al cambio gestada mediante una disposición política cada vez más vigente.

En el presente trabajo se presenta una definición del concepto de «poder constituyente» como fenómeno de producción normativa. El objetivo es realizar una labor de clarificación conceptual que pretende aportar ciertos elementos para su mejor comprensión. Más precisamente, se tratará de elucidar qué tipo de poder es el capturado por este concepto y bajo qué perspectiva puede decirse que existe una relación entre el poder constituyente y el derecho.

El presente trabajo analiza mediante el concepto de (des)acontecimiento las implicaciones jurídico-constitucionales de la epidemia de la Covid, haciendo una especial referencia a la Constitución Económica. El «acontecimiento» conlleva un «acontecimiento jurídico». Con el retorno a la normalidad se produce también un «desacontecimiento», que no es neutral en términos constitucionales.

El sistema penal y procesal penal ecuatoriano se ha construido bajo el manto de la doctrina garantista. Sin embargo, podemos cuestionarnos si es que los preceptos fundamentales de este ideal deontológico tienen protagonismo en la resolución práctica de casos concretos o si más bien forman parte de un ideal normativo, alejado de la realidad pragmática. La experiencia a priori nos muestra que la propuesta garantista sigue siendo una meta, cuyo cumplimiento se ve inmerso en perpetuas tensiones producto del ímpetu de eficacia y la expansión de un derecho penal autoritario, amparado en propuestas penales populistas, lejanas del ideal ilustrado. El objetivo de este trabajo será poner de manifiesto el origen de estas contradicciones y las problemáticas a las que somete al proceso penal que se precia de respetar derechos fundamentales, y dentro de las conclusiones fundamentales encontraremos que la estructura normativa del Ecuador no asegura empíricamente el cumplimiento de los postulados normativos en cada caso concreto. Para este estudio, se empleará un método de investigación descriptivo y analítico. A través de la exploración bibliográfica, se busca identificar el origen, la naturaleza y la tensión generada por el modelo dicotómico objeto de análisis.

En el léxico jurídico el vocablo Constitución es utilizado para referirse a la ley suprema de determinada nación que reconoce los derechos humanos de las personas y define, estructura y regula a los poderes públicos. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la defensa de la Constitución en México, desde la sistematización de una propuesta para su actualización en materia electoral. La metodología utilizada fue a partir de un enfoque cualitativo de corte descriptivo, a través de la cual, en primer lugar, se identifica el contenido y alcance de la defensa de la constitución; luego, se procede a la descripción de las garantías constitucionales, por ser de tipo post-positivista, por la interpretación hermenéutica de los documentos examinados. Los resultados dan cuenta de: 1) La defensa de la constitución posee garantías y mecanismos procesales; y, 2) las garantías constitucionales son diversas y crean protecciones hacia los derechos humanos. Se concluye que, la defensa de la Constitución en México es un elemento caracterizador del federalismo; no obstante, constituye una limitación a la autonomía de los Estados Federados, puesto que somete las relaciones y distribución de competencias a un control federal, por tal motivo, restringe el principio de soberanía.

En el presente artículo se analiza la influencia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008 como causa para el posterior aparecimiento de nuevos parámetros de protección en la estructura y dogmática del derecho penal ecuatoriano. Se realiza una breve comparación entre el modelo de tutela ambiental que antecedió el marco constitucional vigente y su evolución considerando el nuevo paradigma; y se profundiza en cuáles son los bienes jurídicos materiales e inmateriales sujetos de protección. Para esto se optó por emplear la metodología de tipo deductiva basada en el análisis bibliográfico y normativo en conjunto con el estudio de casos sobre los delitos tipifcados en el Código Orgánico Integral Penal aplicables en este contexto. Gracias a esta investigación se pudo verificar la existencia de una protección de la naturaleza por su valor intrínseco; sin embargo, esta evolución aún convive con la constante valoración del ambiente en atención a su utilidad para el ser humano. Se concluyó que, debido a la protección de nuevos bienes jurídicos relacionados con la naturaleza, surgieron nuevas conductas punibles cuyo objeto es prevenir y sancionar no solo la afectación del ambiente como objeto, sino también a la vulneración de entornos y ecosistemas naturales como sistemas complejos e independientes, en estricta atención al mandato constitucional.

En el siglo XIX y hasta 1931 la monarquía en España fue incompatible con el liberalismo representativo y con la democracia. Solo la Constitución de 1868 habría permitido conciliar monarquía y democracia, pero la abdicación de Amadeo I frustró esa posibilidad. Sin embargo, la Constitución de 1978, donde por vez primera el rey ha dejado de ser un poder del Estado y que además fue aprobada por partidos conservadores y progresistas, ha permitido conciliar monarquía y democracia bajo la fórmula de la monarquía parlamentaria. Esta conciliación es plena, a pesar de que algunas voces tratan de extraer de la expresión constitucional «arbitra y modera» consecuencias inapropiadas para una monarquía parlamentaria.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos ha influenciado a la Corte Constitucional del Ecuador, en el desarrollo de jurisprudencia que límita el ejercicio arbitrario de la privación de libertad en su vertiente preventiva y permite su constante revisión por parte de los operadores de justicia, esto con el afán de evitar la superpoblación carcelaria y lograr dar cumplimiento a los presupuestos legales, y convencionales de prisión preventiva que se han incoporado en el Ecuador desde un ámbito constitucional, legal y jurisprudencial. El objeto de análisis en este estudio, es precisamente poner de relieve, como el desarrollo de la jurisprudencia supranacional ha sido determinante en la configuración actual del ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia de prisión preventiva.