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La justicia penal militar constituye una forma especializada de justicia encargada de juzgar a militares y policías que han violado la legislación penal. Según la Constitución Política, la justicia penal militar ejerce funciones judiciales al igual que otros tribunales y juzgados. Sin embargo, es importante destacar que esta jurisdicción militar no forma parte de la rama judicial del poder público, sino que está integrada en el poder ejecutivo. Esta ubicación fuera del poder judicial genera numerosos interrogantes, pero hay razones específicas que justifican su existencia dentro de dicho ámbito.

The military disciplinary law (here on DDM) in Colombia, plays an important role in the in promotion and prevention of Human Rights, reason why it is relevant to check the historical background, the current situation DDM and this contributes to the continuous improvement of the Human Rights of the armed forces, especially in the strengthening of these within the national army.

Las investigaciones judiciales contra militares ha sido un tema actual objeto de discusión por parte de la comunidad en general desde hace más de una década. Estas investigaciones realizadas por las autoridades judiciales abordan las funciones de los militares en el área de combate cuestionando así sus operaciones. Sin embargo, siendo estas el objetivo principal de los procesos judiciales, también debe serlo el análisis y la interpretación de las reglas que las rigen, esto es el Derecho Operacional. Este artículo analiza el Derecho Internacional Humanitario, su aplicación en Colombia, la legitimación que hace éste al Derecho Operacional, la normatividad utilizada en las investigaciones judiciales que se adelantan contra militares y a propósito de las conversaciones de paz en La Habana, la normatividad que se pretende y espera aplique para los militares cuando de revisión y discusión sobre los resultados operacionales reportados se trate.

El artículo se analiza el marco jurídico que rige la función constitucional de las Fuerzas Militares, en aras de dar pleno cumplimiento a la misma, en cada uno de los momentos del Estado colombiano, incluyendo acápites sobre el fuero penal militar, los procedimientos judiciales y disciplinarios y el Manual de Derecho Operacional, para contribuir a que las tareas desplegadas por los miembros de las FF. MM. se ciñan a los postulados del Estado social de derecho, especialmente, dentro de la protección y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos.

Este artículo presenta una revisión general de la literatura nacional e internacional acerca diversos enfoques y temáticas relacionadas con el respeto y el ejercicio de los derechos por las fuerzas militares. El tema de los derechos fundamentales y los militares es abordado desde el neoconstitucionalismo y ofrece recursos bibliográficos actualizados para estructurar marcos teóricos para la investigación relacionada en este tema.

This article describes the legal framework governing the constitutional role of the armed forces in order to give full effect to it, in each of the stages of the Colombian state, including clauses on military criminal jurisdiction, judicial procedure and disciplinary and Operational law Handbook, in order to contribute to the tasks deployed by members of the Military Forces they adhere to the principles of the rule of law, especially in the protection and respect of Human Rights and International Law of Human Rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente artículo muestra un recuento de los antecedentes históricos más relevantes, que dieron origen y sustento al régimen penal militar actual, donde se observa cómo estaba conformado un Consejo de Guerra o Corte Marcial, cuál era su campo de aplicación, qué delitos y personas eran sometidas a su conocimiento y cual su procedimiento, para terminar con un recuento de las principales posiciones jurisprudenciales relacionadas con este tema.

En los medios de comunicación de Colombia aparecen continuas informaciones relacionadas con la ocurrencia de hechos de violencia en nuestro país que principalmente afectan a la población civil por la acción de grupos al margen de la ley, por los cuales se viene atribuyendo responsabilidad al Estado y consecuencias penales y disciplinarias por comisión por omisión contra miembros de la Fuerza Pública. Todo parte de la posición de garante de las Fuerzas Militares en relación con la defensa nacional y de la Policía sobre la seguridad nacional que obliga a todos sus miembros a proteger la vida y los demás derechos fundamentales relacionados con este de todos los residentes en Colombia. Precisamente el artículo 25 de la Ley 522 de 1999 se encarga de regular la posición de garante en Colombia y el tema adquiere mayor importancia cuando se trata de juzgar conductas de miembros de la Fuerza Pública debido a que la imputación de la omisión se origina precisamente en la delimitación de los ámbitos de competencia de estas instituciones. Sin embargo, la experiencia del conflicto armado nos indica que no existen fronteras perfectamente delimitadas entre las funciones de defensa y seguridad nacional y en el caso de la misma omisión impropia y la posición de garante hay posiciones doctrinales divergentes que no ofrecen ninguna seguridad al asunto y que dificultan la aplicación de esta figura tal como lo reseñamos a lo largo del trabajo y como los destacan importantes autores nacionales y extranjeros. Todo lo anterior viene afectando el desarrollo de las causas penales y a ello se suman las deficiencias del sistema judicial de Colombia particularmente el cuestionamiento nacional e internacional de la jurisdicción penal militar y las sanciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano. Así mismo, el concepto de relación con el servicio del artículo 221 de la carta Política nos parece que merece un análisis particular por que en los análisis que realizaron dentro del trabajo de investigación estos nos indican que su comportamiento en la omisión impropia es distinto al de la acción por cuanto el servicio que presta la Fuerza Pública es a su vez la base y el fundamento de la posición de garante y en consecuencia, el eje central de la imputación penal y disciplinaria. El trabajo se orientó a demostrar el estado actual de la cuestión por esta razón nos parece oportuno dar a conocer los resultados obtenidos respecto de la posición de garante con la idea de iniciar la discusión académica que merece esta figura jurídica.

The legal institution of military jurisdiction has been constantly questioned by considering that it has been used to abuse and it has worked as a source of impunity in front of serious human rights violations. Before the discredit of Military Justice, the military jurisdiction has been traditionally restricted, but recently it suffered an amendment that has motivated critics from many sectors, reform which established new Military Justice bodies with functions that overlap their powers together to define conflicts of jurisdiction between the ordinary courts and the military justice system, leaving doubts about the consistency by which the aforementioned theme is treated. Due to these considerations, this research seeks to clarify whether the military criminal jurisdiction is a functional guarantee, as it is constitutionally and legally established, or whether on the contrary, in practice it has been distorted by the actions of the security forces and is rather a condition of impunity. [ABSTRACT FROM AUTHOR]