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El presente artículo pretende poner de manifiesto, en primer lugar, que el control de la discrecionalidad es un fenómeno que aparece en diversas esferas del ordenamiento jurídico, tanto en el Derecho público como en el Derecho privado, y que presenta en todas ellas aspectos y problemas comunes, que requieren y de hecho suelen recibir soluciones jurídicas análogas. El artículo trata también de hacer ver que, por esa razón, es posible y útil elaborar una teoría general (o un conjunto de teorías generales relativas a determinados aspectos) del control de la discrecionalidad, válida para cualquier sector del ordenamiento jurídico. En el artículo se esbozan a modo ilustrativo las líneas principales de una posible teoría general tal desde la perspectiva del análisis económico del Derecho.

En ocasiones, una persona sospechosa de haber cometido un delito o penada con prisión delinque nuevamente como consecuencia de que un agente público permitió, deliberada o involuntariamente, que dicha persona se encontrara en libertad. Los tribunales españoles se han mostrado extraordinariamente generosos con las víctimas que en estos casos ejercen acciones de responsabilidad civil extracontractual contra el Estado. Tras detallar los tipos de casos en los que se ha planteado el referido problema y los argumentos utilizados para resolverlo, el trabajo pone de manifiesto las inconsistencias de esta jurisprudencia y critica que en esta materia nuestros jueces hayan aplicado una regla de responsabilidad objetiva e imputado a la Administración todos los daños causados por los delincuentes.

El presente artículo pone de manifiesto e ilustra con varios ejemplos la utilidad que el análisis económico puede tener para clarificar, comprender mejor y evaluar las normas que integran el Derecho probatorio y, en particular, las relativas a la carga y los estándares de prueba utilizados en distintas parcelas del ordenamiento jurídico. El artículo dedica una atención especial al análisis de los estándares probatorios aplicables en el Derecho administrativo y a su relación con el problema del grado de deferencia que los tribunales muestran al revisar las decisiones administrativas o, dicho con otras palabras, el problema del margen de apreciación o discrecionalidad que las administraciones públicas tienen para decidir.

SUMARIO: 1. CONCEPTO, DELIMITACIÓN RESPECTO DE FIGURAS AFINES Y FUNCIONES.—2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—3. CARÁCTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN VIGENTE.—4. REQUISITOS: 4.1. El daño; 4.2. El funcionamiento de los servicios públicos; 4.3. El nexo causal: 4.3.1. La causalidad y su prueba; 4.3.2. Causalidad adecuada y criterios funcionalmente equivalentes; 4.3.3. Concurrencia de causas; 4.3.4. Fuerza mayor; 4.4. El problema de la culpa.—5. LA INDEMNIZACIÓN: 5.1. El principio de reparación integral y sus excepciones; 5.2. Modalidades y cuantificación.—6. VÍAS DE EXIGENCIA: 6.1. Vía judicial; 6.2. Vía administrativa previa; 6.3. Prescripción.—7. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 7.1. Responsabilidad por error judicial; 7.2. Responsabilidad por prisión preventiva no seguida de condena; 7.3. Responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; 7.4. Responsabilidad por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional.—8. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL LEGISLADOR: 8.1. Responsabilidad por leyes ajustadas a Derecho; 8.2. Responsabilidad por leyes inconstitucionales.—9. RESPONSABILIDAD CONFORME AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.—10. RESPONSABILIDAD CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL.—11. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS PÚBLICOS.—12. BIBLIOGRAFÍA: 12.1. Bibliografía citada; 12.2. Bibliografía complementaria recomendada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en su sentencia de 28 de junio de 2022 que la legislación española reguladora de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de leyes contrarias al Derecho de la Unión no respeta en varios puntos el principio de efectividad. La necesidad de revisar y modificar dicha legislación ofrece una buena oportunidad de repensar la regulación de la responsabilidad civil del Estado por los daños causados por normas contrarias a Derecho. Tras analizar el origen, la evolución histórica y los notables defectos de esta regulación, el presente trabajo señala los pilares fundamentales sobre los que debería asentarse el futuro régimen jurídico de la referida responsabilidad.

El presente trabajo analiza algunas de las cuestiones más problemáticas y relevantes, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, que en la actualidad plantea la regulación del procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias: (i) la de los fines que debería perseguir esta regulación; (ii) la inadecuación de este procedimiento para elaborar ciertas disposiciones administrativas atípicas; (iii) la inadecuación de las estructuras organizativas actualmente encargadas de llevar a cabo las actividades en las que consiste dicho procedimiento; (iv) la evaluación ex post de los reglamentos; y (v) las consecuencias jurídicas derivadas de sus vicios de procedimiento y su control judicial.

A global health crisis, broadcasted almost instantly, arguably ensures that most citizens accept health recommendations responsibly, and no coercive measures are needed for them to take precautions. In fact, the first decisions made by the Spanish health authorities with respect to COVID-19 were passed through documents with no regulatory value. However, the rapid spread of the epidemic forced these authorities to increasingly restrict various fundamental rights and freedoms. Three major legal issues arose then: firstly, whether the ordinary provisions of the health legislation were sufficient to deal with this crisis or emergency powers should be triggered; secondly, whether the central government should have powers devolved to better manage the crisis; and, thirdly, under which conditions and to what extent the government may restrict constitutional rights by virtue of these emergency powers.