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En esta monografía se pretende realizar un trabajo de investigación, acerca del cumplimiento del Estado colombiano sobre lo ordenado por la Corte IDH en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia, adicionalmente, propondré alternativas viables para el ajuste la legislación interna de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera que, expondré instrumentos jurídicos para la investigación, análisis y alternativas viables para que el Estado colombiano ajuste la legislación interna de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la convención americana de los derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana en este sentido., It is intended to carry out a research work, about the compliance of the Colombian State with what was ordered by the Inter-American Court in the sentence Petro Urrego vs. Colombia will also propose viable alternatives for the adjustment of domestic legislation in accordance with the provisions of Article 23.2 of the American Convention on Human Rights. So, I will expose legal instruments for the investigation, analysis and viable alternatives so that the Colombian State adjusts the internal legislation in accordance with the provisions of article 23.2 of the American Convention on Human Rights and the pronouncements of the Inter-American Court in this sense.

Con la firma del Acuerdo de Paz, tanto el Estado como la sociedad colombiana adquieren la obligación de construir un futuro tras más de 60 años de conflicto armado y de atender las necesidades de aquellos que han sufrido los estragos de la guerra. Esta necesidad de actuar de manera ágil para la consecución de la paz territorial a la que se refiere el Acuerdo de Paz ha generado la implementación de medidas como las ‘Obras por Impuestos’, la cual plantea el desarrollo y la inversión en proyectos de alto impacto en zonas afectadas por el conflicto, como una forma de extinguir la obligación del pago del impuesto a la renta para algunos contribuyentes. Motivo por el cual, este proyecto busca analizar los antecedentes y el marco jurídico en torno a las ‘Obras por impuestos’ como alternativa para disminuir la brecha social y la desigualdad y además exponer algunas de las ventajas que ha ofrecido este mecanismo tras su implementación y los retos a los que la misma se enfrenta., With the signing of the Peace Agreement, both the State and colombian society acquire the obligation to build a future after more than 60 years of armed conflict and to attend to the needs of those who have suffered the ravages of war. This need to act swiftly to achieve the territorial peace referred to in the Peace Agreement has led to the implementation of measures such as 'Works for Taxes', which increases development and investment in high-impact projects in conflict-affected areas as a way for the taxpayers to pay its income tax obligations. Therefore, this project seeks to analyze the background and the legal framework around 'Works for Taxes' as an alternative to reduce the social gap and inequality in the country in order to recognize its advantages and the challenges it faces.

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un aporte desde la dogmática jurídica sobre la figura de las inhabilidades electorales en Colombia. Para lograrlo, fue necesario indagar la historia y el marco teórico de las inhabilidades y los derechos políticos, siendo clave entender que este tipo de derechos tienen diferentes limitaciones para su ejercicio, por ejemplo, en cuanto existen figuras jurídicas como las inhabilidades, las cuales condicionan y ponen restricciones a quienes pretenden ser elegidos popularmente. Dentro de este contexto, fueron explicados los principios fundamentales que acompañan al Estado democrático de derecho, como lo son la separación de poderes, el principio de legalidad y el principio democrático, los cuales son fundamentales para asegurar la imposición de límites al poder, la estabilidad de los derechos políticos y el establecimiento de las inhabilidades electorales. Adicionalmente, este texto contiene el análisis sobre la finalidad de las inhabilidades y la necesidad de su existencia para asegurar la estabilidad del Estado, la prevalencia del interés general y que los cargos de elección popular sean dirigidos por individuos moralmente aceptados, con altos estándares de idoneidad y probidad para el ejercicio de cargos públicos. Por otro lado, este proyecto de investigación contiene argumentos sobre la manera como están prescritas las inhabilidades en el territorio colombiano, siendo explicadas cada una de las causales de inhabilidad electoral, tanto de origen común como específicas, prescritas en la Constitución Política y en las diferentes leyes que contienen inhabilidades para quienes aspiren a ser alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas. Por último, para complementar la investigación y lograr tener un poco más claro cómo están configuradas las inhabilidades en Colombia, fue necesario estudiar las potestades de las autoridades judiciales para proteger los derechos políticos a través de procedimientos, This research project aims to make a contribution from legal dogmatics regarding the concept of electoral disqualifications in Colombia. To achieve this, it was necessary to investigate the history and theoretical framework of disqualifications and political rights. It is crucial to understand that these types of rights have different limitations on their exercise. For example, legal concepts like disqualifications condition and impose restrictions on those who seek to be elected by popular vote. Within this context, the fundamental principles accompanying the democratic rule of law were explained, such as the separation of powers, the principle of legality, and the democratic principle. These principles are essential to ensure the imposition of limits on power, the stability of political rights, and the establishment of electoral disqualifications. Additionally, this text contains an analysis of the purpose of disqualifications and the need for their existence to ensure the stability of the State, the prevalence of the general interest, and the requirement that individuals occupying positions of popular election be morally accepted and possess high standards of suitability and integrity for the exercise of public office. Furthermore, this research project presents arguments regarding the way in which disqualifications are prescribed in Colombian territory, explaining each electoral disqualification cause, both common and specific, as prescribed in the Political Constitution and the different laws containing disqualifications for those aspiring to be mayors, governors, councilors, deputies, and congressmen. Finally, to complement the research and gain a clearer understanding of how disqualifications are structured in Colombia, it was necessary to study the powers of judicial authorities to protect political rights through procedures such as loss of investiture or electoral nullity. In this context, additional arguments were presented regarding the powers of administ

With the emergence of transformative Latin American cons-titutionalism, it is necessary to review the metaphors that serve as its foundation and that prescribe its proper functio-ning. To do this, it is proposed to assimilate these constitu-tions to a master plan aimed at social change. This analogy has important implications from recent developments in ontology and social philosophy. For the branches of the Sta-te as agents linked to the development of the constitutional project, this implies the maxims of mutual responsiveness, commitment to the joint activity and commitment to mu-tual support. The latter is where the analytical foundation of the duty of collaboration between the public powers to comply with the constitutional plan lies. In addition to this, a significant number of Latin American constitutions ex-pressly provide that mandate, together with devices that develop it and practices such as structural sentences that use it as a foundation. Therefore, addressing the meaning and scope of the principle of harmonious collaboration bet-ween powers is not only novel, but also promising in order to improve the effectiveness and compliance of constitutional texts with a transformative vocation., Con la aparición del constitucionalismo transformador latinoamericano se hace necesario revisar las metáforas que le sirven de fundamento y que prescriben su debido funcionamiento. Para ello, se propone asimilar estas constituciones a un plan maestro orientado al cambio social. Esta analogía trae importantes implicaciones a partir de los recientes desarrollos de la ontología y la filosofía social. Para los órganos y ramas del Estado, como agentes vinculados al desarrollo del proyecto constitucional, les implica el cumplimiento de las máximas de mutua receptividad, compromiso con la actividad compartida y de apoyo mutuo. En esta última es donde radica el fundamento analítico del deber de colaboración entre los poderes públicos para el cumplimiento del plan constitucional. Adicional a ello, un número significativo de constituciones latinoamericanas prevén expresamente dicho mandato, junto con algunos dispositivos que lo desarrollan y prácticas como las sentencias estructurales que lo usan de fundamento. Por lo tanto, abordar el significado y alcance del principio de colaboración armónica entre poderes resulta no solo novedoso, sino prometedor de cara a mejorar la eficacia y cumplimiento de los textos constitucionales con vocación transformadora.

Este texto aporta en primer lugar recomendaciones para las ciudades en materia de protección ambiental, transporte público seguro y eficiente, energía limpia y renovable, y espacios públicos y accesibles para el encuentro, el esparcimiento y la cultura. Asimismo, presenta sugerencias para profundizar la incompleta descentralización colombiana, en particular a partir de la reforma administrativa y el fortalecimiento de la participación ciudadana. El capítulo cierra con propuestas en materia de finanzas territoriales y desarrollo regional rural, apoyado este último en la consolidación de los ingresos de los pequeños y medianos campesinos, y en la transición a la agricultura inteligente para el cambio climático

Formula siete recomendaciones específicas sobre aspectos que van desde la incorporación al cuerpo de policía hasta su organización. También propone alternativas para aliviar la grave congestión penitenciaria del país y opciones para mejorar la penosa situación actual de los internos. Finalmente, este capítulo presenta una serie de propuestas sobre sustitución de cultivos, legalización parcial y prevención de consumo de drogas

The following paper aims to analyze the legal framework of public procurement created with the expedition of Decree 092 of 2017. Through legal research methods, the paper proposes a systematic analysis of the legal framework recurring to normative, jurisprudence and doctrinal sources. Doing so, this paper will be focus on the definitions, typologies, main features and some problematic issues that the regulation implies. It will be held that this new regulation distinguishes between association public agreements, regulated by Act 489 of 1998 and partly by the mentioned decree, and “public interest” agreements that are supported by article 355 of the Colombian Constitution. About the similarities among both agreements it could be established that, (i) both public contracts must be sign up with nonprofit organization with recognized suitability, (ii) neither can imply a commutative relationship, (iii) both are regulated by the regime of disabilities and incompatibilities provided by Act 80 of 1993, (iv) the legal and constitutional principles of public procurement are applicable to them, and (v) both of them are subjects of the general norms applicable to public procurement except on the precise content of Decree 092 of 2017., El presente artículo tiene como objeto analizar el régimen jurídico creado con la expedición del Decreto 092 de 2017. Para ello, se recurre a la dogmática jurídica, con el fin de ofrecer un análisis sistemático del régimen en cuestión, acudiendo a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales. A partir del análisis, se sostiene que esta nueva regulación distingue entre los convenios de asociación, establecidos en la Ley 489 de 1998 y reglamentados por una parte del mencionado decreto, y los denominados convenios de “interés público” que están previstos en el artículo 355 constitucional. En cuanto a las principales similitudes entre ambas figuras valga destacar que: (i) ambos convenios deben celebrarse con personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, (ii) no pueden implicar una relación conmutativa entre las partes, (iii) están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (iv) les aplican los principios de la contratación estatal y (v) están sujetos a las normas generales aplicables a la contratación pública excepto en lo reglamentado en el Decreto 092 de 2017. El presente artículo realiza un estudio de estos dos tipos de convenios previstos en el régimen de contratación pública con el fin de explicitar su definición, características, similitudes, diferencias y algunos problemas a los que ha dado lugar su celebración.

Respondiendo a la apuesta y al compromiso de EAFIT con el esfuerzo actual de terminación negociada del conflicto armado interno colombiano, desde septiembre del año pasado el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Escuela de Humanidades de la Universidad emprendió el proyecto de publicación de una serie de Cuadernos de Trabajo como una aproximación académica y cívico-política preliminar al proceso de paz y a los acuerdos que en el transcurso del mismo han ido suscribiendo paulatinamente el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. A esta iniciativa ha querido contribuir la Escuela de Derecho de la Universidad mediante la elaboración del Cuaderno de Trabajo relativo al “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” dado a conocer a la opinión pública el pasado mes de diciembre. Este acuerdo crea el así llamado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (SIVJRNR) y ha sido considerado casi unánimemente como el punto de inflexión o de “no retorno” en el intento de alcanzar un acuerdo de paz definitivo dada la enorme dificultad que supuso convenir un sistema de justicia transicional. En sintonía con la finalidad que persigue el proyecto, los aportes realizados por los profesores de las distintas áreas de la Escuela que participaron en la confección de este Cuaderno, no sólo buscan contribuir con el análisis teórico y/o académico de los distintos componentes del sistema de justicia transicional pactado, sino también con la divulgación y la comprensión del mismo y de sus implicaciones tanto por parte de los distintos sectores de la sociedad como por parte de la población en general; así mismo, procuran establecer un canal de comunicación efectivo con quienes tienen en sus manos la implementación jurídica del acuerdo. Una vez más, agradecemos profundamente a la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia) por la colaboración y el apoyo ofrecidos para la realización del presente Cu

The Colombian Constitution has a particular interest for the environmental issues. As part of it, the Constitutional framework includes the possibility to introduce international environmental norms to the Colombian legal system. As a general rule, the Constitution provides a process of ratification for international norms to make them part of Colombian legal system. But exceptionally, the Constitutional Court has recognized that some international norms could make part of the Constitution and at same normative level. This doctrine has been called as "block of constitutionality". In recent rulings, the Constitutional Court has held that some international environmental norms made also part of the Colombian Constitution and share the same legal hierarchy. This is precisely the case of the international environmental norm of the Precautionary Principle, for whom the Court has held expressly that it has a Constitutional status. Due to the implications of this recent holding to the Colombian and international environmental law, the present paper addresses the legal background of these jurisprudence, places it in a comparative perspective and suggests some perspectives from this seminal doctrine., La Constitution Politica de Colombia tiene un interes particular en los asuntos ambientales. Como parte de ello, el marco constitucional incluye la posibilidad de introducir normas ambientales internacionales al sistema juridico colombiano. Como regla general, y una vez hayan surtido el proceso que la Constitution establece, estas normas entrardn al ordenamiento juridico national y tendrdn el mismo rango que una ley de la Republica. Sin embargo, excepcionalmente, la Corte Constitucional ha reconocido que algunas normas del derecho internacional pueden llegar a ser consideradas parte de la Constitucion y, por ende, tienen su mismo rango normativo. Esta doctrina ha sido llamada "Bloque de Constitucionalidad". En fallos recientes, la Corte Constitutional ha sostenido que algunas normas ambientales internacionales hacen parte de la Constitucion, a traves del Bloque de Constitucionalidad, y por ende tienen su misma jerarquia normativa. Este es el caso particular del principio internacional ambiental de Precaution, el cual para la Corte ha sido "constitucionalizado". Debido a las implicaciones de esta reciente pero ya consistente posicion jurisprudencial para el derecho colombiano e internacional, este articulo aborda el contexto de dicha jurisprudencia, la ubica desde una perspectiva comparada y sugiere algunas perspectivas para esta incipiente doctrina constitucional.

This paper analyzes the transitional justice dilemma from a constitutional perspective and has the purpose to understand how the Colombian constitutional framework could respond to a transitional process, in particular, with regard to the issue of criminal accountability for the perpetrators of atrocities during the armed conflict in a process of negotiation addressed to achieve peace and reconciliation. In other words, the present exercise is focused on which constitutional mechanisms are provided by the Colombian Constitution to resolve the conflict generated during a transitional process between the right to peace and to justice, how those mechanisms shall be interpreted, and what are the implications of each of them., El artículo aborda el dilema de la justicia transicional desde la perspectiva del derecho constitucional vigente en Colombia. El propósito es presentar cómo dicho marco constitucional puede responder a la aplicación de la justicia transicional, en especial en relación con el problema de la responsabilidad penal de quienes cometieron atrocidades durante el conflicto armado, dentro de un proceso de diálogo y negociación. En otras palabras, el presente escrito está enfocado en presentar cuáles son los mecanismos previstos en la Constitución colombiana para resolver la tensión generada entre el derecho a la paz y a la justicia en un proceso transicional, cómo deben ser interpretados y cuáles son las implicaciones de sus usos.

The IACHR is relevant organ in the Inter American System of Human Rights. As was foreseeable, it work and powers has caused a significant tension among the state- members that has increased in recent years. This tension is due to the clash between two different paradigms in international relations, on one hand, the liberalism paradigm that emphasized in the idea of cooperation and human rights, and, on the other, the realistic paradigm that is focus in the notion of sovereignty and self- interest of the States on the international level. Recently, this stress has been growing and a reform process has been opened with the purpose to make some changes in the work of the Commission. On one side, the Commission and some organizations of the civil society want to preserve their autonomy, independence and powers. On the other side, some States want to restrict the powers of the Commission and are threatening to block the system. This article tries to address this tension giving to the reader some key elements about the context and some perspectives of a process that is still ongoing and could implied significant effects to the international protection of human rights in the region., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano relevante dentro del Sistema Interamericano de Protección de derechos Humanos. Como era previsible, su trabajo ha causado tensión entre los Estados miembros. Recientemente, esta tensión se ha venido incrementando, en parte debido al conflicto entre dos paradigmas diferentes en las relaciones internacionales. Por un lado, del paradigma liberal que enfatiza en la idea de la cooperación y los Derechos Humanos, y por otro, el paradigma realista que se centra en la noción de soberanía y en el propio interés de los Estados en el plano internacional. A causa de la creciente tensión entre ambos paradigmas, un proceso de reforma se ha abierto con el propósito de hacer algunos cambios en el funcionamiento de la Comisión. Por un parte, la Comisión y algunas organizaciones de la sociedad civil pretenden preservar su autonomía, independencia y competencias. Por la otra, algunos Estados presenten restringir las competencias de la Comisión y han amenazado con bloquear al sistema. Este artículo trata de abordar dicha tensión, dando al lector algunos calves sobre el contexto y perspectivas sobre el proceso de reforma que aún permanece abierto y que pudiera tener serios efectos en la protección internacional de los Derechos Humanos en la región.

From an international perspective, there has been a tendency to try and restrict or even avoid the use of military tribunals to prosecute members of the military or police responsible for serious human rights violations. Colombia has become a part of this trend over the past few decades, particularly through its Constitutional Court jurisprudence and a handful of legislative developments. However, Colombia’s Legislative Act 02 of 2012 interrupted this trend by attempting to amend the country’s Constitution and extend the scope of military jurisdiction in Colombia, arguing that more confidence should placed in Colombia’s military and police. Although Colombia’s Constitutional Court quickly declared this constitutional reform unconstitutional due to some flaws in the congressional approval process, the substantial content and implications of this attempt at reform must be the starting point for subsequent debates about the benefits and scope of military criminal justice reform., No âmbito internacional vem se consolidando uma tendência consistente em restringir ou inclusive proibir o uso de tribunais militares para a persecução de membros do exército ou das forças de polícia que têm sido responsáveis pela comissão de graves violações aos direitos humanos. Durante as últimas décadas, a Colômbia tinha feito parte desta tendência, especialmente através da jurisprudência da Corte Constitucional e de recentes reformas legislativas. Porém, com a expedição do Ato Legislativo 02 de 2012, esta tendência se viu interrompida, já que com o argumento de gerar certeza nos trabalhos das forças militares e de polícia, se procedeu a estender o âmbito de aplicação da justiça militar na Colômbia. Apesar que esta tentativa de reforma constitucional tenha sido rapidamente declarada inconstitucional pela Corte Constitucional por vícios em seu processo de aprovação no Congresso da República, seus conteúdos e implicações deverão ser levados em consideração como ponto de partida para futuras discussões no tema., En el ámbito internacional se ha venido consolidando una tendencia consistente en restringir o incluso prohibir el uso de tribunales militares para la persecución de miembros del ejército o de las fuerzas de policía que han sido responsables por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Durante las últimas décadas, Colombia había hecho parte de esta tendencia, especialmente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de recientes reformas legislativas. Sin embargo, con la expedición del Acto legislativo 02 de 2012, ésta tendencia se vio interrumpida, ya que con el argumento de generar certeza en las labores de las fuerzas militares y de policía, se procedió a extender el ámbito de aplicación de la justicia militar en Colombia. A pesar que éste intento de reforma constitucional fue rápidamente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios en su proceso de aprobación en el Congreso de la República, sus contenidos e implicaciones deberán ser tenidos en cuenta como punto de partida para futuras discusiones en el tema.

Comúnmente, se afirma que en los procesos de justicia transicional inmersos en un contexto de negociación política orientada a la terminación de un conflicto armado interno, hay una tensión irreductible entre justicia y paz. No obstante, en esta visión subyace un paradigma predominantemente retributivo de justicia apuntalado en el deber internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en escenarios de justicia transicional como el referido, además de que los problemas de legitimación de la justicia penal son aún mayores que los que hay en contextos “ordinarios”, este deber internacional no es absoluto y, en cambio, deja un margen importante para la concesión de amnistías e indultos condicionados y para la imposición de penas alternativas. Lo anterior posibilita la adopción prevalente de un paradigma restaurativo de justicia en esta clase de procesos de justicia transicional, lo que permite tanto reducir considerablemente la tensión en ellos existente entre justicia y paz, como desencadenar una auténtica reconciliación política nacional. Esto hace que tal paradigma resulte más idóneo no solo para facilitar la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Farc-EP, sin renunciar a la justicia, sino también para impulsar un verdadero proceso de reconciliación política del pueblo colombiano.