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El estudio de caso discute un problema identificado en la literatura global: la dificultad de los Estados nacionales de traducir instrumentos de política para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en acciones efectivas al nivel del territorio local. Revisamos dos ópticas del territorio y modos de intervención: (i) las de las agencias de gobierno en el ámbito de la Reserva de Biosfera Huascarán en Áncash (ii) y las que despliegan organizaciones locales en el contexto de un proyecto de gestión de riesgo de desastres. El estudio de caso presenta evidencia sobre el potencial de enfoques participativos para generar información que permita identificar estrategias que articulen acciones de adaptación y reducción del riesgo a los objetivos de bienestar y los sistemas productivos locales. Se concluye que existe la necesidad de desarrollar espacios de aprendizaje colaborativo entre agencias del Estado y comunidades para mejorar la efectividad de instrumentos de política para la reducción del riesgo de desastres.

Las profundas transformaciones estructurales del mercado laboral –ya sean tecnológicas, organizacionales, asociadas a la producción y al medioambiente, o incluso a nuevas modalidades atípicas de actividad, empleo o a la disminución de la seguridad y los derechos laborales (Mercure y Vultur, 2019)–, cuestionan el modelo dominante de empleo, en tanto norma social y estadística, su impacto, su significado para los individuos, pero también las categorías administrativas, institucionales y políticas que las abordan. Este artículo se focaliza en la categoría NINI, “ni estudian ni trabajan”, utilizada para caracterizar la situación de jóvenes al margen de las actividades generalizadas de empleo y educación durante esta etapa de la vida. Por su heterogeneidad y vaguedad, dicha categoría constituye un caso paradigmático para comprender las transformaciones estructurales del mercado de trabajo, reflejadas tanto en las trayectorias sociolaborales y educativas de dichos y dichas jóvenes, en la resistencia subjetiva a las normas de empleo que las mismas revelan, y en los desafíos que la categorización de esas trayectorias crean a las políticas públicas y al conocimiento. Los resultados provienen de una investigación cualitativa realizada con 81 jóvenes de 17 a 34 años que viven en Quebec (Canadá) y que han experimentado al menos un período NINI de un año o más. Los mismos ponen en evidencia las trayectorias biográficas, actividades, decisiones, dificultades y desigualdades sociales que las atraviesan, permeables a una multiplicidad de cambios en el empleo, que contrasta con la visión estática, binaria y negativa impuesta a través de la categoría NINI.

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Puerto Norte may be analysed as a large-scale urban project and as one of most relevant urban policy interventions in Rosario City. Part of the bibliography that studied these projects, found in the instruments, and in the possibilities of capturing urban surplus value, the alternatives to counter possible regressive processes, product of its implementation. Upon these results, this paper endeavours to revisit instruments, through the analysis of their formulation and implementation process, to examine the modalities according to which the actors network operates from its own resources, strategies and differential capabilities, in the areas of agreement generated. The possibility of focusing the scope on actors and processes allows to illuminate new nuances about how the porous borders that are settled between the public and private spheres are, which also changes with time.

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In political and administrative contexts in which the practices of the new public management have been installed, public policies are oriented towards efficiency, in sense of organizing public resources to the accumulation of capital in any of his forma. Faced with this reality, Feminist Critical Theory proposes to structure public action in non-binary form. This text explores the possibilities of the tool of intersectionality for that purpose. To this end, the metaphoric thought and the metaphor of marked bodies is presented as potentially useful in the design, implementation and evaluation of public policies. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En contextos políticos y administrativos en los que se han instalado las prácticas de la nueva gestión pública mediante una visión neoempresarial, las políticas públicas se orientan a través de una noción de la eficiencia que pasa por organizar los recursos públicos de una forma que garantice la acumulación de capital en sus distintas expresiones. Frente a esta tendencia la teoría crítica feminista propone estructurar la acción pública de una forma no binaria. Este texto explora las posibilidades de la herramienta de la interseccionalidad para ese fin. Concretamente, indaga en la potencialidad del pensamiento metafórico a partir de la metáfora de los cuerpos marcados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

En el marco de un recurso interpuesto por Gurasos Elkartea ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la autorización ambiental integrada y la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de valorización energética de residuos promovido por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa en el término municipal de Donostia-San Sebastián, la codemandada Diputación Foral de Gipuzkoa opuso en el trámite de alegaciones previas la falta de legitimación activa de la asociación recurrente, por no cumplir los requisitos del art. 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa (LJCA), ni de los arts. 22 y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Y si bien inicialmente esa alegación fue desestimada por la Sala, formuladas las contestaciones a la demanda la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco promovió una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Este precepto, al amparo del cual la entidad recurrente sostenía su legitimación para sostener el recurso interpuesto, señalaba que: “4. Será pública la acción para exigir el cumplimiento de lo previsto en esta ley, tanto en vía administrativa como jurisdiccional”. Ahora bien, la Sala de instancia únicamente cuestionaba el inciso final –«como jurisdiccional»–, por vulnerar la competencia exclusiva del Estado sobre «legislación procesal», reconocida en el art. 149.1.6 CE. En suma, como señala el Tribunal Constitucional en la Sentencia ahora comentada “La duda se contrae, por tanto, a la acción pública en vía judicial, sin extenderse a la vía administrativa, que quedará fuera de nuestro enjuiciamiento”. Cuestión que se resuelve declarando “la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «como jurisdiccional» del art. 3.4 de la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco, por invadir el ámbito competencial [en materia de legislación procesal] reservado al Estado en el art. 149.1.6 CE” Destacamos los siguientes extractos: (FJ 3) “La duda planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene carácter exclusivamente competencial. La Sala cuestiona si, al disponer que es pública la acción para exigir en vía jurisdiccional el cumplimiento de la Ley ambiental vasca, el legislador autonómico excede o no el ámbito de sus competencias. “(…) la acción «pública» o «popular» en vía judicial que instituye el inciso cuestionado es una acción quivis ex populo, reconocida a cualquier ciudadano sin legitimación especial, como especialidad frente a la regla general de legitimación basada en un derecho o interés legítimo del art. 19.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). De forma reiterada, este tribunal ha incardinado las reglas sobre legitimación procesal dentro de la legislación procesal de cuya distribución competencial se ocupa el art. 149.1.6 CE. Así lo hizo tempranamente en las SSTC 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; y 123/1988, de 23 de junio, FJ 2, ambas referidas a preceptos autonómicos que facultaban a ejercer la acción judicial en defensa de la normativa lingüística de la respectiva comunidad autónoma. (…) la regla del art. 149.1.6 CE ha de prevalecer sobre las reglas competenciales sectoriales, en particular, la del art. 149.1.23 CE sobre medio ambiente. Lo contrario supondría vaciar de contenido la competencia sobre «legislación procesal»… En suma, la acción que regula el último inciso del art. 3.4 de la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco tiene su encaje preferente en «legislación procesal» y no en el art. 149.1.23 CE, por lo que su constitucionalidad habrá de examinarse a la luz del canon previsto en el art. 149.1.6 CE. (FJ 4) “Una vez situada la duda competencial en el marco del art. 149.1.6 CE, debemos tener en cuenta que el mismo no establece una reserva absoluta en favor del Estado de la legislación procesal, sino que, como hemos recordado en el fundamento jurídico anterior, admite «las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas». (…) [E]l tribunal ha afirmado que «la competencia asumida por las comunidades autónomas al amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art. 149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión ‘necesarias especialidades’ del citado precepto constitucional, tan solo pueden introducir aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la propia comunidad autónoma, o, dicho en otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las comunidades autónomas han de limitarse a aquéllas que, por la conexión directa con las particularidades del derecho sustantivo autonómico, vengan requeridas por estas» [SSTC 47/2004, FJ 4, y 80/2018, FJ 5 a)]. Por tanto, de acuerdo con nuestra consolidada doctrina, no basta con que la norma procesal autonómica represente una innovación o una mejora de la legislación procesal para una comunidad autónoma si no viene justificada por una especialidad del derecho sustantivo autonómico [en este sentido SSTC 123/1988, de 23 de junio, FJ 2; 243/2004, de 16 de diciembre, FJ 6; 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 e); 31/2010, de 28 de enero, FJ 27, y 21/2012, de 16 de febrero, FFJJ 7 y 9]. Le corresponde al legislador autonómico… ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables, cuando menos siempre que del propio examen de la Ley no se puedan desprender o inferir esas «necesarias especialidades» (SSTC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5, y 21/2012, de 16 de febrero, FJ 7). b) Aplicando dicha doctrina al supuesto enjuiciado en el presente proceso constitucional, observamos lo siguiente: (i) en primer lugar, el derecho sustantivo autonómico viene conformado en el presente caso por las normas en materia medioambiental recogidas en la propia Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco; (ii) el precepto autonómico no introduce propiamente una especialidad, sino que modifica, ampliándola, una categoría jurídica relevante en el ámbito procesal y, por tanto, regulada por el derecho procesal general, como es el ejercicio de la acción pública o acción popular; y (iii) por último, esa ampliación no se conecta de forma directa con una peculiaridad del derecho sustantivo de la comunidad autónoma. Ni el Parlamento ni el Gobierno Vasco han ofrecido justificación alguna de la eventual necesidad de una especialidad procesal, en conexión con el derecho sustantivo autonómico. Esa necesidad tampoco se deduce de la propia Ley 3/1998, cuyo preámbulo se limita a anunciar que se reconoce «el derecho a la acción pública para exigir su cumplimiento». Por consiguiente… la previsión del art. 3.4, último inciso, de la Ley ambiental vasca no puede considerarse una «especialidad procesal» autonómica en el sentido del art. 149.1.6 CE. (…) las representaciones tanto del Gobierno como del Parlamento Vasco sostienen que la acción pública judicial prevista en el art. 3.4, último inciso, de la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco se justifica en la necesidad de asumir los compromisos europeos e internacionales sobre justicia medioambiental, citando, en particular, el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente firmado el 25 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca) en el marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Convenio de Aarhus). … las instituciones autonómicas comparecidas en este proceso invocan como fundamento de la norma cuestionada el art. 9.3 del Convenio de Aarhus, conforme al cual «cada parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional». En respuesta a lo anterior, debemos tener presente la doctrina de este tribunal según la cual: (i) los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea «no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal» (entre otras, SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 14; 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 254/1993, de 20 de julio, FJ 5; 12/2008, de 29 de enero, FJ 2, y 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 6); y (ii) la ejecución de los compromisos internacionales asumidos por España y, en particular, los derivados del Derecho de la Unión Europea, debe hacerse con arreglo a las normas que establecen el orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas (entre otras muchas, SSTC 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3; 148/1998, de 2 de julio, FJ 4; 22/2012, de 16 de febrero, FJ 5, y 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6). Por consiguiente, no cabe esgrimir el Convenio de Aarhus ni el Derecho de la Unión para aprobar una norma de naturaleza procesal en contravención del orden constitucional de distribución de competencias. La incorporación al derecho interno de las reglas internacionales y comunitarias sobre acceso a la justicia en materia medioambiental debe tener lugar con respeto a dicha distribución, sin invadir el ámbito competencial ajeno [por todas, SSTC 15/2018, de 22 de febrero, FJ 2, y 87/2019, de 20 de junio, FJ 6 b)]. C) En suma, solo el Estado, en ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.6 CE, puede determinar los supuestos de legitimación para accionar en vía judicial, ya sea por el título general del «derecho o interés legítimo», ya sea por los títulos especiales, entre los que se encuentra la acción popular, respecto de la cual ya advertimos que «la Ley 29/1998 [art. 19 h)] ha optado por excluir la acción popular jurisdiccional, salvo que una ley estatal la haya previsto específicamente» (STC 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 6). (…) la extralimitación competencial apreciada es de origen y no deriva de que el Estado haya aprobado reglas específicas de legitimación procesal en materia medioambiental ni de la mayor o menor coincidencia de la norma autonómica con tales reglas, ya que, como hemos recordado recientemente, «un precepto autonómico será inconstitucional por invasión competencial siempre que regule cuestiones que le están vedadas, con independencia de la compatibilidad o incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada por el Estado» [STC 65/2020, FJ 8 D) a)]. Por todo lo expuesto, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «como jurisdiccional» del art. 3.4 de la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco, por invadir el ámbito competencial reservado al Estado en el art. 149.1.6 CE. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Este trabajo analiza la convergencia de actores gubernamentales y no gubernamentales para instrumentar una acción pública local como alternativa para dotar de agua potable a las colonias sin dicho servicio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para ello se hace un análisis de las dimensiones macrosocial y microindividual, que permiten observar el alcance de la acción pública factible de realizarse por parte de ambos actores. Se busca, de manera específica, explorar el componente endógenamente inducido de la acción pública local, sus características y su evolución a través del tiempo. Los resultados indican que no hay convergencia entre actores, ya que ni el gobierno ni los agentes no gubernamentales estudiados, en este caso los jefes de hogar, han podido desarrollar estrategias conjuntas; hay algunos elementos importantes que tomar en cuenta, tanto macrosociales como microindividuales, para desarrollar, si acaso, una acción pública local.

This text discusses the role of civil society in public action to face the consequences of the COVID-19 pandemic in Brazil. Based on a pragmatic approach, the study examines the collective actions promoted by civil society actors in Brazil, highlighting the characteristics, scope, and limits in the governance of this crisis. The study uses documental analysis to observe the recent mobilization of civil society in the country and field research to explore the reality of the city of Florianópolis. The results offer an overview of the performance of "invisible networks" of civil society actors, pointing out the challenges and outcomes of their actions. The findings suggest the need for further studies exploring the role, perspectives, and dilemmas of civil society in the production of "experimentalist governance" in response to the numerous challenges posed by the pandemic at the local level. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Facing the unprecedented situation of the COVID-19 pandemic, public officials at the municipality-level have no clear benchmarks or tested policies. In this situation, decision-making becomes a controversial process. This article provides insights for public agents in the Brazilian municipalities to deal with the initial stages of the COVID-19 pandemic. We analyzed the actions taken by city halls of the 52 Brazilian municipalities at least thirty days since the first confirmed case of COVID-19. We used a fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to identify the combinations of contextual factors and public actions that reduced COVID-19 transmission during the critical initial stage. The empirical results show three main paths to guide policy-making: (1) a plural collaboration path involving public and private sectors, operating in a fragile health system; (2) a public action path providing aid programs through intense collaboration inside public bureaucracy; and (3) a resource-based path relying on a well-structured health system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Los conceptos principales que se utilizan hoy en dí­a para analizar la situación en el mercado laboral de las diferentes categorí­as de fuerza de trabajo son a menudo heredados del periodo de los Trente Glorieuses (N de la T: Edad de oro del capitalismo, en español). Un concepto que se convirtió enun objeto de investigación, que varios trabajos trataron de circunscribir y de definir de varias maneras, es el de inserción laboral. Los objetivos de este artí­culo son: a) mostrar el carácter histórico de la noción de inserción laboral, b) analizar la ambigüedad de sus definiciones proteiformes, utilizadas en gran parte por los investigadores en función de sus preocupaciones especí­ficas de investigación y c) resaltar el aspecto societal de la inserción laboral a partir de una mirada comparativa sobre el contenido de esta concepción y de su utilización en Francia y en Quebec. Este proceso nos llevará a un amplio cuestionamiento sobre la adecuación de este concepto a la realidad de los recorridos de formación y del mundo del trabajo contemporáneosque sufren profundas y rápidas transformaciones y requieren nuevas conceptualizaciones más detalladas y más rigurosas. Cristina Vicente Lucas (Trad.)

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The Brazilian constitutional principle of the indissociability between teaching, research and extension in universities remains a permanent challenge in the everyday. There is a growing tendency to measure academic productivity only by research and innovation results, in detriment of more integration between university and community. The efforts to change this scenario often run into problems both at the structural level and at the everyday micro-relations level. The objective of this article is to discuss the challenges of articulation between research, teaching and extension in the public university, from the report of actions in Social Psychology and Human Rights. This action refers to a master's research and undergraduate classes from the University of São Paulo, developed in the Jaguaré neighborhood, between 2014 and 2016. The results reveal that challenges for the insertion and permanence of extensionist actions in the community are linked to factors such as: temporalities, institutions, financing, negotiations and interests of different actors involved. We argue that the potential of articulation between research, teaching and extension in the university coexists with the difficulties of effecting the principle of inseparability. A possible way to transform this scenario is to observe with attention the challenges that presents in the everyday life of universities. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El artículo compara los procesos de reforma del trabajo autónomo puestos recientemente en marcha en España y en Francia. Se analiza, en primer lugar, la actuación de ambos Estados en dicho proceso para, posteriormente, abordar el carácter paradójico y ambiguo –a medio camino entre la independencia y la subordinación– que han revestido algunos de los estatutos de empleo impulsados por este proceso de reforma en ambos países. De este análisis comparativo se deducirá que, en ambos casos, la acción pública, más que desencadenar trata de responder a una sucesión de acontecimientos y mutaciones ya en marcha que apuntan a la existencia de un proceso de transformación del salariado de mayor calado, dentro del cual habría que situar y analizar las mutaciones del trabajo autónomo registradas.

Desde finales de los años setenta el Estado colombiano inició el proceso de configuración de la institucionalidad dedicada a la protección de los derechos de las mujeres. Dicho proceso se ha caracterizado por una constante transformación de la estructura del mecanismo nacional y, a la vez, por los cambios en las prioridades que este ha puesto en la agenda nacional en relación con el adelanto de las mujeres. El presente artículo buscará analizar, a la luz del contenido de las exigencias y visiones internacionales en materia de los derechos de las mujeres, el ajuste institucional y el sustento de la transformación de la acción de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM). Así, teniendo en cuenta las prioridades esbozadas en el referencial internacional, se pretende identificar los referenciales a partir de los cuales la cpem ha venido impulsando la inclusión del tema de las mujeres en la agenda pública nacional.

Toward the end of the 1970s, the process of establishing an institutional framework dedicated to the protection of women's rights began in Colombia. This process has been characterized by a constant transformation of the national mechanism structure and, at the same time, by the changes in the priorities that said process has placed on the national agenda in relation to the empowerment of women. This article seeks to analyze, in light of the content of international pressures and visions regarding women's rights, the overall institutional adjustment and the related support for the transformation undertaken by the Presidential Council for Women's Equality (cpem). Accordingly, taking into account the priorities outlined in the international framework, it intends to identify the référentiel from which the cpem has been promoting the inclusion of women in the national public policy agenda. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El artículo propone un análisis de la significación participativa y la comunicación deliberativa presentes en los procesos de participación ciudadana vinculados a las decisiones públicas. El principal objetivo radica en analizar en qué condiciones se produce la deliberación y qué efectos cognitivos y valorativos produce en los participantes, con el fin de articular decisiones colectivas y acción institucional. Como soporte pragmático y empírico de las ideas trabajadas, se utiliza la figura del presupuesto participativo, que constituye un espacio de participación orientado a la propuesta, deliberación y toma de decisiones relacionadas con la política pública. El texto concluye señalando la importancia de aspectos como la valoración de la solidaridad y la democracia interna en las asambleas ciudadanas, la valoración del tiempo y la información disponibles para el debate o la percepción del grado de compromiso institucional como factores que influyen en la calidad deliberativa de procesos participativos ligados a las decisiones públicas.

Siria ha experimentado en los últimos once años una serie de cambios de primer orden, tanto a niveleconómico como social, que han modificado a su vez la naturaleza del régimen. Esta nota de investigaciónpretende aprehender, a través de las asociaciones caritativas, las metamorfosis del autoritarismosirio. La hipótesis principal consiste en que la disminución de los recursos económicos del Estado juntocon la coyuntura política regional e internacional, han conducido al régimen baathista a promover uncierto tipo de sociedad civil en cuyo seno sobresalen las iniciativas caritativas. Las nuevas políticasgubernamentales de Bashar al-Asad con respecto al sector asociativo se enmarcan paralelamente en unalógica de redefinición de la acción pública basada tanto en la privatización parcial de los serviciossociales como en lo que se ha denominado la “descarga del Estado”. Ambos factores reflejan una clarareorientación del antiguo pacto social.

Tesi presentada al Departament de Psicologia Social de la UAB per Marc Grau-Solés. Dirigida pels doctors Lupicinio Íñiguez i Joan Subirats. Aquesta tesi presenta noves perspectives que l’Actor-Network Theory obre per a l'anàlisi i la gestió de polítiques públiques. La principal idea és que gestionar la complexitat i la incertesa implica reconèixer i tractar amb realitats múltiples i híbrides. Basant-nos en les aportacions de la teoria de l'actor-xarxa (ANT), la ciutat s'analitza com un assemblatge urbà múltiple. L’ANT permet pensar la ciutat com un objecte heterogeni i descentralitzat. La noció d’assemblatge urbà permet donar compte de la naturalesa múltiple i híbrida de la ciutat. A més, s'analitza la naturalesa dicotòmica de la noció moderna de la política. Finalment, a través de l'anàlisi dels rendiments substantius de la participació ciutadana en les polítiques urbanes, es proposa una noció híbrida de la participació ciutadana i dels processos polítics. Thesis presented at the Departament de Psicologia Social of the UAB by Marc Grau-Solés. Supervised by Professor Lupicinio Íñiguez and Professor Joan Subirats. This thesis presents new perspectives opened by actor-network theory for policy analysis and policy making. The main idea is that managing complexity and uncertainty involves recognizing and dealing with multiple and hybrid realities. Drawing on inputs from Actor-Network Theory (ANT), the city is explored as a multiple urban assemblage. ANT allows thinking the city as a heterogeneous and decentred object. The notion of urban assemblages is introduced to account for the multiple and hybrid nature of the city. Besides, the dichotomous nature of the modern notion of politics is analyzed. Finally, through the analysis of substantive consequences of citizen participation in urban policies a new hybrid notion of citizen participation and policy processes is proposed.Tesis presentada en el Departamento de Psicología Social de la UAB por Marc Grau-Solés. Dirigida por los doctores Lupicinio Íñiguez y Joan Subirats. Esta tesis presenta nuevas perspectivas que el Actor-Network Theory abre para el análisis y la gestión de políticas públicas. La principal idea es que gestionar la complejidad y la incertidumbre implica reconocer y tratar con realidades múltiples e híbridas. Basándonos en las aportaciones de la teoría del actor-red (ANT), la ciudad se analiza como un ensamblaje urbano múltiple. La ANT permite pensar la ciudad como un objeto heterogéneo y descentralizado. La noción de ensamblaje urbano permite dar cuenta de la naturaleza múltiple e híbrida de la ciudad. Además, se analiza la naturaleza dicotómica de la noción moderna de la política. Finalmente, a través del análisis de los rendimientos sustantivos de la participación ciudadana en las políticas urbanas, se propone una noción híbrida de la participación ciudadana y los procesos políticos.

This article draws upon the literature on governance so as to analyze substantive consequences of citizen participation in urban policies. Nevertheless, we believe that such analysis must take into account public policy’ ability to incorporate complexity. In order to do so, we suggest the notion of "integrality". Thus, understanding cities as urban assemblies made up of multiple versions of reality leads us to rethink the notion of politics. Subsequently, the idea of public action is developed offering new, hybrid and non modern concepts of political subjects and democracy. El presente artículo parte de la literatura sobre gobernanza para abordar el análisis de los rendimientos substantivos de la participación ciudadana en políticas urbanas. Entendemos que dicho análisis debe considerar la capacidad de las políticas públicas de incorporar la complejidad y para ello sugerimos el concepto de “integralidad”. En este sentido, el concebir las ciudades como ensamblajes urbanos formados por múltiples versiones de la realidad nos lleva también a replantear la noción de política. Finalmente, desarrollamos el concepto de acción pública y ofrecemos una nueva concepción, híbrida y no moderna, de los sujetos políticos y la democracia.

El artículo hace un recuento de la intercessio romana, el derecho de veto, el justicia mayor en el reino de Aragón, los recursos de amparo en el período colonial, la acción pública de la primera república en Colombia, como elementos protectores de los derechos ciudadanos. Consideramos que el estudio es importante para que en nuestro país el derecho público pueda tener desarrollo doctrinal.

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El análisis de la acción pública en los diversos niveles político-administrativos españoles parece no superar el carácter selectivo, sectorial o anecdótico, cuando no se queda en un mero discurso político. La evolución de los modelos y enfoques analíticos de políticas reflejan posiciones muy distintas y a la par la gran dificultad de llevarlos a cabo, lo que invita a pensar que estamos ante otro discurso, esta vez científico-académico. De otra parte los análisis teóricos cuando se utilizan son fundamentalmente descriptivos y generalmente reflejan los factores del juego político-institucional que impiden que se hagan de manera óptima o mejorable, y pocas veces cómo podrían mejorarse. A su vez los modelos teóricos normativos son de difícil o complejísima factura. ¿Es posible romper con esta dinámica o hay que empezar a buscar nuevos instrumentos analíticos?

En este artículo, pretendemos analizar y discutir el Plan Ceibal, desde la perspectiva de la Acción Pública y la Teoría del Actor-Red. Consideramos que el Plan Ceibal, implementado en el Uruguay a partir del 2007, ilustra el concepto de acción pública, ya que en él participan una multiplicidad de actores gubernamentales y no gubernamentales, a la vez que componentes humanos y no humanos. En este sentido, la Teoría del Actor- Red (TAR) aporta elementos para reflexionar en torno a la apropiación tecnológica. Creemos que una tarea clave consiste en el ensamblaje de los distintos componentes humanos y no humanos que hacen al Plan Ceibal, propiciando la fortaleza de sus asociaciones, donde los diversos enrolamientos y las traducciones múltiples constituyen el núcleo central de la problemática. Nos preguntamos acerca de ¿cuáles son los retos teórico-metodológicos que enfrentan las intervenciones de los técnicos, en especial los psicólogos, en este campo?