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El presente artículo pretende analizar las implicaciones de la ausencia del delito de feminicidio en los enlistados en el artículo 68a Código de Procedimiento Penal o Ley 906 de 2004 sobre la exclusión de los beneficios y subrogados penales, lo que repercute indiscutiblemente en un mensaje negativo de prevención especial y general- fines del derecho penal, permitiendo su consecución bajo anales legislativos permisivos frente a su impunidad. El Estado colombiano falla en proteger a las mujeres y las niñas ante la violencia, disposición consagrada en la Convención de Belém Do Pará ratificada vía bloque de constitucionalidad en Colombia, por tanto, son fundamentales y necesarios todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones de los patrones socio-culturales que faciliten la sanción social de la violencia contra las mujeres y alienten reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas, “en las que ser mujer no implique riesgo para la vida”. This article aims to analyze the implications of the absence of the crime of femicide in those listed in article 68 of the Code of Criminal Procedure or Law 906 of 2004 on the exclusion of benefits and criminal surrogates, which indisputably has a negative message of prevention special and general-purposes of criminal law, allowing its achievement under permissive legislative annals in the face of impunity. The Colombian State fails to protect women and girls from violence, a provision enshrined in the Convention of Belém do Pará ratified via the constitutionality block in Colombia, therefore, all efforts that contribute to the transformation of the Socio-cultural patterns that facilitate the social sanction of violence against women and encourage reflections towards the construction of equitable relationships, "in which being a woman does not imply risk to life." Magister en Derecho Penal y Procesal Penal Maestría

Para el caso colombiano el procedimiento estipulado en la normatividad nacional para investigar, acusar y juzgar a los altos dignatarios ha sido muy flexible y, se podría decir, improductivo. Estos altos dignatarios son: el presidente de la República, los Magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación. Son ellos quienes ostentan la más alta jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, como todos los funcionarios estatales, deben cumplir con sus funciones. Es menester tener presente que estos funcionarios, en virtud del fuero constitucional que los cobija y precisamente por su especial investidura, deben ser investigados, acusados y juzgados por un órgano especial. Este órgano especial, para el caso colombiano, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en vigencia de dicha comisión, a lo largo de la historia no se ha podido culminar ningún procedimiento de acusación, investigación y juzgamiento de ningún Presidente de la República de Colombia, ni magistrado de las altas Cortes; A excepción del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, en el segundo semestre del año 2019, contra el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, como responsable del delito de concusión. Hasta la fecha en Colombia jamás había sido posible agotar o tan siquiera continuar la etapa de acusación y mucho menos la etapa de juzgamiento de los altos funcionarios del poder público. En este sentido, lo que se busca con la presente investigación es comparar y analizar la normatividad, el procedimiento, la estructura y las facultades empleadas por las instituciones estatales que se encargan de conocer y adelantar una investigación, acusación y juzgamiento en contra del Presidente de la República, como altos dignatarios estatales de Colombia y sus homólogos en Ecuador y Chile, en virtud de los lineamientos de cada uno de estos países para estos dignatarios como aforados; Así como también se estudiará el escenario fáctico y político en el que se desarrollan tales funciones dentro del sistema de gobierno de estos tres países de América Latina. In the Colombian case, the procedure stipulated in the national regulations to investigate, accuse, and try high-ranking dignitaries has been very flexible and, one could say, unproductive. These high dignitaries are: the President of the Republic, the Magistrates of the High Courts and the Attorney General of the Nation. It is they who hold the highest hierarchy within our legal system and, like all state officials, must fulfill their functions. It is necessary to bear in mind that these officials, by virtue of the constitutional jurisdiction that covers them and precisely because of their special investiture, must be investigated, charged and tried by a special body. This special body, for the Colombian case, is the Commission of Accusations of the House of Representatives. However, throughout history it had not been possible to complete any accusation, investigation and trial procedure of any President of the Republic of Colombia, nor a magistrate of the high courts; With the exception of the political trial during the years 1958 and 1959 against General Gustavo Rojas Pinilla and the ruling issued by the Supreme Court of Justice, in the second half of 2019, against former magistrate Jorge Ignacio Pretelt, as responsible for the crime of concussion. To date, in Colombia it had never been possible to exhaust or even continue the accusation stage, much less the trial stage of high officials of the public power. In this sense, what is sought with this investigation is to compare and analyze the regulations, procedure, structure and powers used by state institutions that are in charge of hearing and carrying out an investigation, accusation and trial against the President of the Republic, as high state dignitaries of Colombia and their counterparts in Ecuador and Chile, by virtue of the guidelines of each of these countries for these dignitaries as graduates; As well as the factual and political scenario in which such functions are developed within the government system of these three Latin American countries will also be studied. Magister en Derecho Público http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

La corrupción es tema de frecuente mención en los países de América Latina, para circunscribir el alcance del presente artículo, ya que no son estos países los únicos escenarios en los que el fenómeno es protagonista frecuente de la vida nacional. En este artículo se aborda la temática, más que de la corrupción, del trato de que ha sido objeto los últimos años en Brasil y que, en criterio del autor, debe erigirse como ejemplo para los demás países de la región, especialmente en Colombia, país que, por razones obvias, ocupa la atención del autor. Se hace un somero análisis sociojurídico del problema, a la luz de la normatividad recientemente adoptada en Brasil, como respuesta al impacto de la corrupción en ese país. La Ley Anticorrupción es mencionada especialmente, sin prestar atención a sus consecuencias penales, pero haciendo énfasis en su contenido sociojurídico, indudablemente orientado no sólo a combatir el fenómeno al interior sino también al entorno del país, sancionando a quienes, desde el interior brasilero, incurren en acciones de corrupción que afectan a otras naciones y proyectan una fea imagen de la política y de la probidad de la administración brasilera. Se aplicó una metodología con base en el estudio descriptivo, con método inductivo, de corte transversal y cualitativo. El análisis permitió establecer que el principal impacto de la Ley Anticorrupción es la toma de conciencia por parte del ciudadano medio, sobre la necesidad de aplicar la ley cuando se dan actos de corrupción, independientemente de quiénes sean los culpables y su figuración en el listado político del país. Corruption is a topic of frequent mention in Latin American countries, to circumscribe the scope of this article, since these countries are not the only scenarios in which the phenomenon is a frequent protagonist of national life. This article addresses the issue, rather than corruption, of the treatment that has been the subject of recent years in Brazil and that, at the author's discretion, should be set as an example for other countries in the region, especially in Colombia, country that, for obvious reasons, occupies the attention of the author. A brief socio-legal analysis of the problem is made, in light of the regulations recently adopted in Brazil, in response to the impact of corruption in that country. The Anti-Corruption Law is mentioned especially, without paying attention to its criminal consequences, but emphasizing its socio-legal content, undoubtedly oriented not only to combat the phenomenon inside but also to the environment of the country, punishing those who, from the Brazilian interior, incur in corruption actions that affect other nations and project an ugly image of the policy and integrity of the Brazilian administration. A methodology was applied based on the descriptive study, with inductive, cross-sectional and qualitative methods. The analysis allowed to establish that the main impact of the Anti-Corruption Law is the awareness of the average citizen, about the need to apply the law when acts of corruption occur, regardless of who are to blame and their figuration in the political list from the country. Magister en Derecho Administrativo Maestría

En este artículo se presentaran los diferentes resultados de las investigaciones elaboradas en el tema de la lucha contra la corrupción presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las cuales han sido depositadas en la base de datos de Jstor, para ello, estas se tomaran como base, como también se aportaran diferentes publicaciones con el fin de entender y explicar un fenómeno que se ha presentado en el marco de la contratación pública en Colombia. Además, se realizará un acercamiento conciso relacionado con la corrupción en contratación estatal produciendo delitos de cuello blanco. Para este trabajo se dará definición al término “corrupción” y “contratación estatal”, para así comprender la procedencia de un comportamiento sistematizado en los contratos que se vienen desarrollando en el país. Se hará un acercamiento a casos como Carrusel de la Contratación de Bogotá, El Guavio Hidroeléctrica de Cundinamarca, y varios direccionamientos de contratos, el cual pone en evidencia como cada una de las actuaciones de las instituciones del poder público van perdiendo legitimidad por el grado de impunidad que se presenta en estos hechos, con lo cual se va evidenciando una cultura de privilegios. In this article we will present the different results of the investigations elaborated in the topic of the fight against corruption presented by CEPEAL which have been deposited in the database of Jstor, for this purpose, these will be taken as a basis, as also will be contributed different publications in order to understand and explain a phenomenon that has been presented in the framework of the public procurement in Colombia. For this work the term “corruption” and “state procurement” will be defined to understand the provenance of a systematized behavior in contracts being developed in the country. There will be an approach to cases such as Contract Carousel of Bogotá, El Guavio, Hydroelectric of Cundinamarca, and various contract directions, which show how each of the actions of the institutions of public power is losing legitimacy due to the degree of impunity that is presented in these events, thus evidencing a culture of privilege. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

En este trabajo, se hace un abordaje sobre el elemento de la justicia en el acuerdo de paz entre el Estado Colombiano, y la guerrilla de las Farc. Allí analizamos los antecedentes; jurisprudencias; doctrina; marco internacional; y otros procesos de paz en el mundo. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

En el primer capítulo, se realizará una breve descripción acerca del origen, significado, funciones, características y finalidades de la investigación penal de análisis de contexto, como instrumento de política criminal, y estrategia de solución a las limitaciones en el proceso de investigación, por parte de la Justicia Penal Ordinaria, en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, con el objetivo de superar los índices de impunidad de dichas conductas criminales, desmantelar a las diversas organizaciones criminales existentes en Colombia, y lograr, los fines de la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa a favor de sus víctimas. En el segundo capítulo, se darán a conocer los diversos criterios de priorización de situaciones y casos, que han sido empleados, para investigar los crímenes de lesa humanidad, desde el Derecho Internacional, y en particular por parte de los Tribunales Penales Internacionales, tales como, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y los Tribunales ad hoc, dentro de los cuales, se han implementado políticas de priorización. En el tercer capítulo, se realizará una descripción, de los criterios de priorización de situaciones y casos, que han sido empleados hasta el momento, para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, señalando a grandes rasgos, las deficiencias dentro de dichos procesos de investigación para estas conductas, como crímenes de alto impacto nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos de sus víctimas, identificar a los máximos responsables de estos grupos criminales, y lograr la imputación de la responsabilidad penal consecuente de sus conductas. 3 Finalmente, y con el propósito de demostrar la importancia de implementar dicha estrategia de investigación para los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia, por parte de la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, en el cuarto capítulo, se presentará un estudio de un caso que fue investigado con base en dicha estrategia, sobre el delito de desplazamiento forzado por la violencia agravado, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir agravado, realizado por parte de la Fiscalía Local de Buenaventura, y la realización y análisis, de tres entrevistas semiestructuradas, a funcionarios de la Dirección de Análisis y Contextos, y de la Dirección de Políticas Públicas, de la Fiscalía General de la Nación, y de la Corte Constitucional, que han llevado a cabo sus investigaciones por medio de dicha estrategia de política criminal. Palabras clave: Investigación, análisis de contexto, política criminal, crímenes, lesa humanidad, impunidad, justicia transicional, justicia restaurativa, criterios de priorización, justicia penal ordinaria, impunidad, conductas criminales, justicia transicional, justicia restaurativa, criterios de priorización, mecanismos de investigación, desplazamiento forzado, victimas, máximos responsables, responsabilidad penal, derecho penal internacional, tribunales penales internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Tribunales ad hoc del Derecho Penal Internacional, estudio de caso, concierto para delinquir agravado, estrategia, entrevistas semiestructuradas, Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional. In the first chapter, a brief description will be made about the origin, meaning, functions, characteristics and purposes of the criminal investigation of context analysis, as an instrument of criminal policy, and strategy of solution to the limitations in the investigation process, by part of the Ordinary Criminal Justice, in relation to the crimes against humanity perpetrated in Colombia, with the aim of overcoming the indices of impunity of said criminal conducts, and dismantling the various criminal organizations existing in Colombia, and achieving the ends of Transitional Justice and Restorative Justice in favor of its victims. In the third chapter, the various criteria for prioritizing situations and cases that have been used to investigate crimes against humanity will be announced, from International Law, and in particular by the International Criminal Tribunals, such as , the International Criminal Court, the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the American Convention on Human Rights, and the ad hoc Tribunals of International Criminal Law, within which prioritization policies have been implemented. In the third chapter, a description will be made of the criteria for prioritizing situations and cases, which have been used so far, to investigate the crimes against humanity perpetrated in Colombia, pointing out in broad terms, the deficiencies within said processes of investigation for these conducts, like crimes of high national impact, with the aim of safeguarding the rights of their victims, identifying the maximum responsible for these illegal groups, and entering to impute the consequent criminal responsibility of their behaviors. Finally, and with the purpose of demonstrating the importance of implementing this research strategy in the crimes against humanity perpetrated in Colombia, by the Directorate of Analysis and Contexts of the Office of the Attorney General of the Nation, in the fourth chapter, it will be presented the study of a case that was investigated based on this strategy, on the crime of forced displacement due to aggravated violence, in heterogeneous contest with the crime of aggravated conspiracy to commit, carried out by the Local Prosecutor's Office of Buenaventura, and the realization and analysis, of three semi-structured interviews, to officials of the Analysis 5 and Contexts Directorate, and of the Directorate of Public Policies, of the General Prosecutor's Office of the Nation, and of the Constitutional Court, who have carried out their investigations through said criminal policy strategy. Keywords: Research, context analysis, criminal policy, crimes, crimes against humanity, impunity, transitional justice, restorative justice, prioritization criteria, ordinary criminal justice, impunity, criminal behavior, transitional justice, restorative justice, prioritization criteria, mechanisms of investigation, forced displacement, victims, maximum responsible, criminal responsibility, international criminal law, international criminal tribunals, the International Criminal Court, the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the American Convention on Human Rights, ad hoc Courts of International Criminal Law, case study, aggravated conspiracy, strategy, semi-structured interviews, Office of the Attorney General of the Nation, Constitutional Court. Magister en Derecho Penal http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, dichos hechos ocurren principalmente en la esfera privada e íntima. Por muchos años se le restó importancia e incluso no se consideró un delito. Actualmente la violencia contra las mujeres sí se reconoce como tal, sin embargo, las mujeres se ven afectadas por las limitaciones prácticas que impiden el ejercicio real del derecho al acceso a la justicia en materia de la violencia que las afecta. La presente investigación analiza los límites en el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de maltrato por su pareja en Colombia. Para ello caracteriza la situación, identifica las consecuencias para la sociedad y describe las acciones desarrolladas por la política colombiana frente a la problemática de la violencia contra las mujeres. Violence against women is a serious public health problem and a violation of human rights. Such acts occur mainly in the private and intimate spheres. For many years, these acts were downplayed and was not even considered a crime. Violence against women is now recognized as a crime; however, women are affected by the practical limitations that impede the effective exercise of the right to access to justice in relation to the violence that affects them. This research analyzes the limits on access to justice by women victims of abuse by their partner in Colombia. To this end, it characterizes the situation, identifies the consequences for society and describes the actions developed by Colombian policy in the face of the problem of violence against women. Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

Este trabajo muestra una investigación realizada con el fin de conocer estrategias de acompañamiento psicojuridicas que se han desarrollado con víctimas de diferentes hechos, así mismo, con la búsqueda de documentos que permitieron conocer más cerca de dichas estrategias implementadas no solo a nivel nacional sino internacional, de manera que sea un aporte para lograr a futuro diseñar unas acordes a las necesidades de la población que se pretenda beneficiar con la reapertura del centro de victimología Fray Bartolomé de las casas. Teniendo en cuenta que las victimas requieren una atención interdisciplinaria, desde el ámbito jurídico, como el psicológico, a través del respectivo acompañamiento psicojuridico, que favorezcan la exigencia y acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. This work shows an investigation carried out with the purpose of knowing psycho-legal accompaniment strategies that have been developed with victims of different facts, likewise, with the search of documents that allowed to know more about said strategies implemented not only at national but international level, so that it is a contribution to achieve in the future design some chords to the needs of the population that is intended to benefit with the reopening of the Fray Bartolomé de las Casas victimology center. Bearing in mind that victims require interdisciplinary attention, from the legal, as the psychological, through the respective psycho-legal accompaniment, that favor the demand and access to the rights of truth, justice, reparation and non-repetition. Especialista En Psicología Jurídica Especialización

Desde hace mucho tiempo, Colombia viene enfrentando una dura situación de violencia que se ha empezado a atenuar con la firma de diversos acuerdos y tratados, que de manera interna, busca disminuir los niveles de violencia generada entre los grupos armados ilegales, llámese paramilitares, guerrilla, bandas emergentes, grupos de disidencia, entre otros muchos que le han generado costos altísimos al estado, disminuyendo de igual forma, su capacidad para atender otro tipo de necesidades sociales. En ese orden de ideas, habría que tomar en cuenta que hacia el año 2005 bajo la promulgación de la Ley 975, se establecieron acuerdos concretos con grupos de autodefensas que delinquían en muchas zonas del territorio nacional, generando desplazamiento, desapariciones forzadas, pobreza, pero que a la luz de dicha firma, permitió que muchas regiones azotadas por muchos años por la violencia en todas sus manifestaciones, pudiese recuperar la paz y forjar cambios. Aunque hay que tomar en cuenta que en materia de cesación de la violencia, se debe ser un poco más realistas toda vez que en casos como la Ley 975 de 2005, que buscaba un acuerdo con los grupos de autodefensas, no se generaron los resultados esperados al evidenciarse la creación de grupos de disidencia que se apoderaron de dichos territorios, infringiendo no sólo la norma, sino afectando los derechos fundamentales de las comunidades, y sin que el estado como tal, definiera respuestas efectivas que disminuyeran los efectos negativos. For a long time, Colombia has been facing a harsh situation of violence which has begun to be attenuated with the signing of various agreements and treaties, which internal, seeks to decrease the levels of violence generated among the illegal armed groups, Call them paramilitaries, guerrillas, emerging gangs, dissident groups, among many others. that have generated very high costs to the state, decreasing in the same way, its capacity to meet other types of social needs. In that order of ideas, it should be taken into account that towards the year 2005 under the enactment of Law 975, specific agreements were established with self-defense groups who commit crimes in many areas of the national territory, generating displacement, enforced disappearances, poverty, but which, in light of this signature, allowed many regions lashed for many years by violence in all its manifestations, could regain peace and forge change. Although it must be taken into account that in the matter of cessation of violence, one must be a little more realistic since in cases such as Law 975 of 2005, which sought an agreement With the self-defense groups, the expected results were not generated when the creation of dissident groups that seized these territories, infringing not only the norm, but affecting the fundamental rights of the communities, and without the state as such, define effective responses that decrease negative effects. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal Maestría

Se realizó una compilación documental que permite la identificación de: las principales tipologías, causas y consecuencias de la corrupción; los órganos de control y la normatividad existente; los casos de éxito de lucha contra este flagelo en otros países y el papel del interventor como factor fundamental para mitigar su impacto. Se describió mediante -el estudio de caso: Sede para los XX Juegos Nacionales y IV Para nacionales de Ibagué 2015-, en el que hasta el momento, La Contraloría General de la República ha abierto 11 procesos de responsabilidad fiscal por $60.153.000 por los hallazgos que detectó en la ejecución de los contratos de diseño y obra por: asignación indebida de contratos, faltantes de obra, deficiencias de calidad y sobrecosto. Especialista en Interventoría de la Construccion Especialización

El control fiscal es, en Colombia, una función pública que consiste en verificar la manera en que se manejan o administran los dineros públicos. Los funcionarios públicos y particulares en ejercicio de funciones públicas, o contratistas que manejen o administren recursos públicos, al hacerlo deben consultar los intereses públicos de manera transparen- te, de conformidad con los principios y la normatividad aplicables, protegiendo el patrimonio público, asegurándose que todas las actividades tecnológicas, legales y económicas, la adquisición, la planifica- ción, la conservación, la administración, la custodia, la explotación, la enajenación, el consumo, el gasto, la inversión se efectúen según los fines esenciales del Estado y conforme a los principios consti- tucionales y legales, tales como la legalidad, la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, la impar- cialidad, la moralidad, la transparencia, la publicidad y la evaluación de los costos ambientales. En Colombia las autoridades que ejercen el control fiscal son la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y la Auditoría General de la República. Su función fiscalizadora permite poner en evidencia presuntos responsables fiscales que con su omisión o acción, dentro del concepto de ges- tión fiscal, han causado detrimento patrimonial, que una vez judicializados sean castigados y resarcido el daño causado al erario. No obstante existir en Colombia la figura sólida de la responsabilidad fiscal como acción legal orientada a recuperar el patrimonio público dañado, la Corte Constitucional como máxima autori- dad en temas constitucionales la ha convertido en una herramienta rota que impide la recupera- ción del patrimonio público dañado. Con la sentencia C-619 de 8 de agosto de 2002, la Corte Constitucional impuso al funcionario instructor del proceso de responsabilidad fiscal la necesidad de probar culpa grave para responsabilidad fiscalmente, en lugar de culpa leve que se equipara a la negligencia tal como estaba previsto originariamente por el legislador al expedir la Ley 610 de 2000. Esta decisión de la Corte trajo como resultado un obstáculo que impide la recuperación del patrimonio público dañado con culpa leve y en lugar de atacar la corrupción, es un anuncio de tolerancia frente a la impunidad. Treasury responsibility in Colombia: A broken tool that impedes damaged public funds of being indemnified or compensated. Treasury control is, in Colombia, a civil service that consists of watching the way that public office holders manage or handle national or public funds. Public office holders, in fulfilling their official duties and responsibilities, shall make decisions consulting the public interests in a manner that will bear the closest public scrutiny, an obligation that goes by acting within the law. They have to proceed protecting the public funds, watching in all the technological, legal, and economic activities an adequate and correct acquisition, planning, conservation, administration, custody, exploitation, alienation, consumption, awarding, expense, investment and disposition of the public goods, according to the essential purposes of the State, and to the constitutional principles as legality, efficiency, economy, efficacy, equity, impartiality, morality, transparency, publicity and appraisal of the environmental costs. In Colombia the authorities that control the way others administrate public or national funds, are the Contraloría General de la República, the Contralorías Territoriales and Auditoría General de la República. Their comptrollership function gives public infringers away, so if they have caused damage or any detriment or commit a fail to do, they can be punished thru a fair administrative trial1 , and the public funds compensated. Neverthless exists in Colombia a strong legal action to recover damaged public patrimony, denominated “treasury responsibility”, the Corte Constitucional, top national authority in constitutional matters in Colombia has converted it, in a broken tool that somehow impedes damaged public funds compensated. With the judgment C-619 (august 8th of 2002) the Corte Constitucional imposed to administrative judge to proof gross negligence instead of culpa levis or negligence, to judge against responsibles for cause any proved fiscal damage to public funds. This decision brought as a result a legal obstacle that impedes damaged public funds of being compensated, and also instead of attacking the corruption, is sheltered the guilty deterioration of the public funds and also the tolerance of impunity.

This paper analyses -from a critical and historical focus- the recent reform of the penal system in Colombia adopted by the Bill 906 of 2004. The reform was presented to the public opinion as a deep transformation of the Colombian penal system that will soon guarantee high rates of efficiency, law rates of impunity, and the diminishment of criminality. This article questions this thesis. In the first place, this paper makes a critical study of the theorical and philosophical basements presented to justify the reform. In the second place, it contrasts the main theorical and philosophical basements with what was really approved, underlying the lacks and inconsistencies of the penal reform. Finally, it shows the implications that the new penal system will present in the Colombian legal order. It particularly insists on the fact that the society will not find in this reform a truly material justice, but on the contrary it foresees that the society will be submitted to the loss of judicial guarantees and the rights adopted in the Colombian Constitution. Desde una perspectiva histórica y crítica, el texto analiza la reciente reforma al sistema penal colom- biano promulgada en la Ley 906 de 2004, reforma que ha sido presentada ante la opinión pública como una profunda transformación del sistema penal colombino, que garantizará en un futuro cerca- no altos grados de eficiencia, bajos niveles de impunidad y la disminución de la criminalidad, tesis que es puesta en duda en el presente artículo. El texto realiza, en primer lugar, un estudio crítico de los fundamentos teóricos y filosóficos que son presentados como justificación de la reforma; en segundo lugar, se contrastan los principios teóricos y filosóficos propuestos y lo que realmente se aprueba señalando los vacíos e inconsistencias de la reforma penal; y, por último, se presentan las implicaciones que el nuevo sistema penal va a presentar al ordenamiento legal colombiano y en particular a la sociedad que no va a encontrar en esta reforma una verdadera justicia material; por el contrario, se prevé que la sociedad se va a ver sometida a la pérdida de garantías jurídicas y de los derechos que señala la Constitución colombiana.

Este trabajo de investigación se basa en los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, que son analizados desde la mirada del Trabajo Social para abordar así la problemática de la violencia intrafamiliar como una forma de vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas. Para esto, se realizará un análisis sobre los casos de violencia intrafamiliar recibidos en el Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Bogotá, desde enero de 2010 hasta junio de 2011. Se toma esta periodicidad ya que para comienzos de 2011 se solicitó esta información a la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá, y en la base de datos suministrada se encontraba registradas denuncias desde enero de 2010 hasta junio de 2011, denuncias que habían sido interpuestas en la ciudad de Bogotá. Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales Maestría