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Este trabajo se inspira en el marco de los Empirical Legal Studies, corriente posterior a la Law and Society (Eisenberg, 2011). Los estudios empíricos del derecho aspiran a promover la comprensión de los fenómenos jurídicos cerrando la brecha entre la teoría jurídica y la práctica del derecho como profesión. Una situación cada vez más común es que el sistema de justicia penal colombiano deba tramitar conflictos violentos de pareja, en algunos casos el denunciante de violencia es un hombre, mediante este trabajo de investigación, he podido documentar la gran cantidad de obstáculos para que accedan a la justicia, derivados de estereotipos de género que afloran en los operadores de justicia encargados de recibir la denuncia, investigar y acusar penalmente. Estos obstáculos les dificultan a los hombres tramitar sus conflictos por vías legales, pacíficas y respetuosas del Estado de derecho. Y eventualmente, podría estar relacionados con una escalada de la violencia de pareja. This work is inspired by the framework of Empirical Legal Studies, a trend that followed Law and Society (Eisenberg, 2011). Empirical legal studies aim to promote understanding of legal phenomena by bridging the gap between legal theory and the practice of law as a profession. An increasingly common situation is that the Colombian criminal justice system must process violent couple conflicts, in some cases the complainant of violence is a man, through this research work, I have been able to document the large number of obstacles for them to access justice, derived from gender stereotypes that emerge in the justice operators in charge of receiving the complaint, investigating and criminally accusing. These obstacles make it difficult for men to process their conflicts through legal, peaceful means that respect the rule of law. And eventually, it could be related to an escalation of intimate partner violence. Magister en Derecho Penal Maestría

El estudio de correlación de la eficiencia judicial, la conflictividad y los procesos relacionados con problemáticas socioeconómicas en el departamento del Meta, busca la validez de hipótesis determinadas en las relaciones mismas de orden estructural que pudieran afectar el derecho constitucional expuesto en la función judicial específica de los temas tratados en el presente. Como objetivo general se plantea determinar la relación de variables definidas por indicadores de conflictividad y economía ilegal, con variables de eficiencia y congestión de los despachos judiciales en los municipios del Meta 2019. Definiendo la población de estudio como los juzgados de los municipios del departamento del Meta (muestra censal), y la pregunta problema definida en ¿qué relación tienen la eficiencia de los despachos judiciales en la administración de justicia con la conflictividad y la economía de los municipios del departamento del Meta 2019?; bajo el supuesto de hipótesis de trabajo que estima la existencia de relación entre la eficiencia y congestión de los despachos judiciales, la conflictividad, la economía y otras variables de tipo socioeconómico en los municipios del departamento del Meta. Haciendo uso de bases de datos de diferentes entidades, con el fin de entender el contexto sociológico y los resultados de la correlación, se identifican aspectos del desempeño de la rama judicial y la aplicabilidad de las normas relacionadas con el acceso a la administración de justicia. Palabras claves: Eficiencia judicial, economía ilegal, conflictividad, rama judicial, acceso a la justicia. The correlation study of judicial efficiency, conflict, and processes related to socioeconomic issues in the department of Meta seeks to validate specific hypotheses regarding the structural relationships that may affect the constitutional right exposed in the specific judicial function of the topics addressed herein. The general objective is to determine the relationship of variables defined by indicators of conflict and illegal economy with efficiency and congestion variables of judicial offices in the municipalities of Meta in 2019. The study population is defined as the courts of the municipalities of Meta (census sample), and the research question is "What is the relationship between the efficiency of judicial offices in the administration of justice with conflict and economy in the municipalities of Meta in 2019?" Under the hypothesis that estimates the existence of a relationship between efficiency and congestion of judicial offices, conflict, economy, and other socio-economic variables in the municipalities of Meta. Using databases from different entities to understand the sociological context and the correlation's results, aspects of the performance of the judiciary and the applicability of rules related to access to justice are identified. Abogado http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion Pregrado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creó y reguló diversos mecanismos de participación como la entrega de informes por parte de organizaciones de víctimas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR). Por ello, este trabajo de investigación desde una investigación cualitativa y descriptiva se centra en conocer de qué manera los informes entregados por organizaciones de víctimas y de derechos humanos ante la SRVR de la JEP son una expresión de verdad y a su vez un avance en la consolidación del derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, la investigación se estructuró en cuatro capítulos. Primero, inició con una conceptualización sobre la justicia transicional, el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, en aras de brindar un marco de referencia y sustento teórico al trabajo. Segundo, se describió el contexto y proceso de negociación Acuerdo Final, y el Sistema Integral. Tercero, se explicó la competencia temporal, material y personal de la Jurisdicción Especial para la Paz, enfatizando en la presentación de informes como un mecanismo de participación dispuesto en la entidad. Por último, a partir de la selección de tres informes se analizó cómo se materializan los aportes de verdad y las demandas de acceso a la justicia. The Special Jurisdiction for Peace (JEP), which is the justice component of the Integrated System for Truth, Justice, Reparation, and Non-Repetition (SIVJRNR) created and regulated several mechanisms for participation such as the submission of reports. These reports are presented by social and victim organizations to the Chamber of the Recognition of Truth, Responsibility, and Determination of Facts and Conducts (SRVR). Henceforth, this qualitative and descriptive research focuses on how victim’s and human rights organizations' reports made to the SRVR are an expression of truth and simultaneously an advance in the consolidation of the right of access to justice. The research was structured into four main chapters. First, it begins with the conceptualization of transitional justice and the right of access to justice and truth, to provide a framework of reference and theoretical support. Secondly, it describes purposely the context and process of the negotiation of the Final Agreement and the Integral System. Furthermore, the third chapter discusses the temporary, material, and personal competence of the Special Jurisdiction for Peace, emphasizing the presentation of reports as a participation mechanism. The final part draws together the analysis of how are indeed materialized the contributions of truth and justice demands, based on the rapport of three reports. Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales Maestría

En los últimos años a nivel internacional se ha visto un auge en la utilización de medios tecnológicos en distintos aspectos de la vida diaria de los ciudadanos, aspectos comerciales, financieros, acceso a la información entre otros, es por ello que el derecho, a pesar de que por tradición sea netamente documental ha introducido en su conjunto normativo el satisfacer esta necesidad de actualización y evolución. Para el caso colombiano no es un tema propiamente nuevo que se haya introducido de un día para otro, por el contrario, es plausible observar como la evolución de las leyes ha intentado dar soluciones mediante medios tecnológicos al problema de atraso y congestión judicial buscando con ello que los procesos judiciales sean cada vez más eficaces y eficientes, por tanto no puede ser ajeno en la actualidad el uso de la tecnología, de esta manera se pueden revisar normas tales como la Ley 270 de 1996 en la cual en su artículo 95 menciona el hecho de que se debe “implementar la tecnología en la administración de justicia”, por su parte la Ley 1395 de 2010, ley conocida como de descongestión judicial, introduce la posibilidad de utilizar medios tecnológicos en temas de notificación así como en la aplicación de técnicas de investigación, ni que decir del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 norma que en su artículo 103, consagra que “en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. ” Por último y no menos importante se tiene el Decreto Legislativo 806 de junio 4 de 2020, el cual con ocasión a la declaración de estado de emergencia económica, determino la implementación en todas las actuaciones judiciales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conocidas por sus siglas TIC, que si bien ya venía regulándose en códigos procesales colombianos, con ocasión a la pandemia, se vio la necesidad de acelerar su ejecución. La adopción por tanto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones se ha venido materializando no solamente por el uso de equipos, programas informáticos, redes o medios tecnológicos, que han facilitado el procesamiento, transformación y almacenamiento de información ya sea mediante imágenes, videos, textos, mensajes de datos o simplemente voces, toda vez que un tema que se ha potencializado como mecanismo de desarrollo de estas tecnologías y aplicación eficaz para la búsqueda de la celeridad de procesos ha sido la inclusión de la Inteligencia Artificial, la cual debe ser entendida como la capacidad de un ordenador y/o equipo para dar solución a problemas complejos, mediante la utilización de algoritmos este concepto aplicado al derecho, especialmente al derecho procesal privado, puede permitir obtener un razonamiento jurídico más eficaz, ya que facilita realizar análisis estadísticos, y correlacionar doctrinas, jurisprudencias y leyes que permitirían al juez dar celeridad a los procesos en cuanto a que con apoyo de estos análisis podría realizar una valoración teniendo en cuenta variables generales de las cuales puede partir, lo que aceleraría la toma de sus decisiones para sus fallos y con ello la efectivización del acceso a la justicia. In recent years at the international level there has been a boom in the use of technological means in different aspects of the daily life of citizens, commercial and financial aspects, access to information among others, that is why the right, despite that by tradition it is purely documentary has introduced in its normative set to satisfy this need for updating and evolution. For the Colombian case, it is not a properly new issue that has been introduced from one day to the next, on the contrary, it is plausible to observe how the evolution of the laws has tried to provide solutions through technological means to the problem of backlog and judicial congestion, thereby seeking that the judicial processes are increasingly effective and efficient, therefore the use of technology cannot be alien at present, in this way norms such as Law 270 of 1996 can be revised in which article 95 mentions the The fact that it is necessary to "implement technology in the administration of justice", for its part, Law 1395 of 2010, a law known as judicial decongestion, introduces the possibility of using technological means in matters of notification as well as in the application of techniques of investigation, needless to say of the General Code of the Process, Law 1564 of 2012 norm that in its article 103, establishes that “in all judicial actions you must the use of information and communication technologies in the management and processing of judicial processes, in order to facilitate and expedite access to justice, as well as expand its coverage. "Last and not least, there is Legislative Decree 806 of June 4, 2020, which on the occasion of the declaration of a state of economic emergency, determined the implementation in all judicial actions of information and communication technologies , known by its acronym TIC, which, although it had already been regulated in Colombian procedural codes, on the occasion of the pandemic, it was necessary to accelerate its execution. Therefore, the adoption of information and communication technologies has been materializing not only through the use of equipment, computer programs, networks or technological means, which have facilitated the processing, transformation and storage of information either through images, videos, texts, data messages or simply voices, since an issue that has been potentiated as a mechanism for the development of these technologies and effective application for the search for speed of processes has been the inclusion of Artificial Intelligence, which must be understood as the ability of a computer and / or equipment to solve complex problems, through the use of algorithms this concept applied to law, especially private procedural law, can allow obtaining a more effective legal reasoning, since it facilitates analysis statistics, and correlate doctrines, jurisprudence and laws that would allow the judge to give celerity to the processes in that with the support of these analyzes it could carry out an assessment taking into account general variables from which it can start, which would accelerate the making of its decisions for its rulings and with it the effectiveness of access to justice. Magister en Derecho Privado Maestría

Since 1991 Colombia´s Constitution, promoted in their Citizens an active role in the construction of Social State in order to reach essential goals, which are consolidated through solidarity acts and promote peaceful coexistence, common good, justice, human dignity, diversity and pluralism.However, the alternative dispute resolution in Colombia is not used in the peacebuilding and in the conflict’s resolution in the national territory, because there are used as strategies to decrease the index of judicial congestion in order to accomplish the purpose of legal reforms.Therefore, the conciliation is used from a limited perspective as a complement of law and not as a way to resolve conflicts. The impact will be in a negative way in the consolidation of the litigation culture as a guarantee of the protection of legal rights, which are established in the Colombian legal system. A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia promovió que sus habitantes asumieran un rol activo dentro del Estado, con el fin de proteger los pilares esenciales y sus fines que se consolidan a través de actos solidarios de las personas para promover la convivencia pacífica, el bien común, el orden justo, el respeto a la dignidad humana, la diversidad y el pluralismo.No obstante lo anterior, los mecanismos de resolución de conflictos aún no son usados como herramientas para la construcción de paz y la participación ciudadana en la gestión consensuada de conflictos en el territorio nacional, sino como estrategias propias originadas de reformas legales para disminuir las cifras de congestión judicial.La conciliación es utilizada como un medio complementario de resolución de conflictos y no como un método eficaz que coadyuve a la transformación de resolución de conflictos, por eso, mientras se siga fortaleciendo estos mecanismos desde una óptica limitada al ejercicio legal va a incidir en la consolidación de la cultura de litigio como respuesta que garantiza la protección de los bienes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico.

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, dichos hechos ocurren principalmente en la esfera privada e íntima. Por muchos años se le restó importancia e incluso no se consideró un delito. Actualmente la violencia contra las mujeres sí se reconoce como tal, sin embargo, las mujeres se ven afectadas por las limitaciones prácticas que impiden el ejercicio real del derecho al acceso a la justicia en materia de la violencia que las afecta. La presente investigación analiza los límites en el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de maltrato por su pareja en Colombia. Para ello caracteriza la situación, identifica las consecuencias para la sociedad y describe las acciones desarrolladas por la política colombiana frente a la problemática de la violencia contra las mujeres. Violence against women is a serious public health problem and a violation of human rights. Such acts occur mainly in the private and intimate spheres. For many years, these acts were downplayed and was not even considered a crime. Violence against women is now recognized as a crime; however, women are affected by the practical limitations that impede the effective exercise of the right to access to justice in relation to the violence that affects them. This research analyzes the limits on access to justice by women victims of abuse by their partner in Colombia. To this end, it characterizes the situation, identifies the consequences for society and describes the actions developed by Colombian policy in the face of the problem of violence against women. Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Maestría

En este artículo se sostiene que la institucionalidad del Estado de derecho en América Latina, si bien ha logrado avances formales, no ha permitido avances claros en materia de igualdad. Por el contrario, en determinados ámbitos, como el acceso a la justicia y la regulación de la economía, aquel se ha conver- tido en un factor de exclusión y no de integración social. El anterior rol cumplido por las instituciones jurídicas se entiende si se tiene en cuenta que éstas no pueden considerarse al margen de las relacio- nes de desigualdad y marginación que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. In this article is supported that the unconstitutionality of the state of right in Latin America had gotten formal advances but it doesn’t allow clear advances in equality matter. On the contrary, in some topics like justice access, the regulation of the economy, the state of right had converted in an exclusion factor instead of social integration. This role performed by juridical institutions is understood if it is taken into account that these institutions can’t be considered at the side of inequality relationships and exclusion that characterize the Latin American societies.

This article propose some trends about the access to justice of third world states in the ICSID of the World Bank and the WTO dispute settlement mechanism. In that sense identify a group of hypothesis about opportunities and obstacles for this access taking into account an analytical framework that recognizes the particularities of international justices in comparison to national. Este artículo identifica un conjunto de tendencias que caracterizan el acceso a la justicia de los Estados del tercer mundo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, y el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En tal sentido, plantea un conjunto de hipótesis sobre lo que serían las principales oportunidades y obstáculos para dicho acceso a partir de un marco analítico que ubica las particularidades que tiene la justicia internacional en comparación con la Administración de Justicia de tipo nacional.

Este documento pretende analizar las consecuencias jurídicas por la ausencia de una regulación efectiva, amplia y determinada de la profesión de abogado (así como la inexistencia de una colegiación general, obligatoria y reglada), en el marco de la afectación del acceso a la justicia, visto este como derecho fundamental, pilar ético-político del Estado social y democrático de derecho y como parte del núcleo esencial de otros derechos esenciales como el debido proceso y la igualdad. En este sentido, el problema de investigación a resolver es si se afecta al derecho de acceso a la justicia por la ausencia de una colegiatura de los abogados en Colombia. This paper aims to analyze the legal consequences from the absence of an effective,comprehensive and specific regulation of the legal profession (as well as the lack ofa comprehensive and compulsory formal licensing), as part of an effect on access tojustice, saw this as a fundamental right of social and political ethics and democraticrule of law pillar as part of the core of other essential rights such as due process andequality. In this sense, the research problem to be solved is if it affects the right ofaccess to justice by the absence of a fellowship of lawyers in Colombia.To that end, we try to determine what we mean by nature subjective right andlining in that context access to justice. Then we try to define or try to shape theessential and distinguishable features of the fundamental right of access to justice;then through concrete situations of judicial activity outreach we need for theexistence of a clear, decisive and effective legal regulation (including a mandatorymembership), as prerequisite for the realization of access to justice, this basis indetermining what is and has been the function of a legal regulation of the legalprofession and compulsory membership, and its alleged importance and interestfor the realization of the right of access to justice for the general public. We holdthat a non-unionized, unprotected without a body trained lawyer, develop ethicalcontrol and exercise control to professional litigant, makes nullifying human rightsin the context of judicial activity, particularly access to justice, in such conditionsis a mere statement.