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Durante años y décadas los productores rurales han asistido, con pasividad, fatalismo y hasta resignación, la reiteración de las siguientes distorsiones que ocurren en las cadenas agroalimentarias: suben los precios de los insumos agrícolas y, como consecuencia, los costos de producción de sus cultivos pero los precios que los agricultores reciben en la venta de sus cosechas no aumentan en la misma proporción; lo mismo ocurre en la producción ganadera; cuando sus cosechas son abundantes bajan los precios que los agricultores reciben por sus productos, pero tal reducción no necesariamente determina una rebaja en los precios que los consumidores finales pagan en los supermercados; los precios de los fertilizantes y pesticidas aumentan supuestamente porque subió el precio del petróleo y el valor del dólar, pero cuando estos dos últimos vuelven a sus niveles normales, los precios de dichos insumos agrícolas no disminuyen; bajan los precios que los intermediarios les pagan por el trigo, por la soja/soya, por la leche y por el ganado porcino vivo, pero ellos nunca ven que en los supermercados bajen los precios de la harina y del pan, del aceite y de la margarina, del queso y del yogurt o del jamón y de las salchichas. Alguien se está apropiando de estas ganancias y ese alguien nunca es el productor rural. Como consecuencia de estas desfavorables relaciones de intercambio, los agricultores se ven obligados a entregar una creciente cantidad de sus cosechas para poder adquirir una misma cantidad de insumos y de servicios; porque el poder de compra de sus “commodities” es cada vez menor. Aquí reside una muy importante causa del empobrecimiento de los productores rurales que es necesario corregir y que, afortunadamente, ellos mismos pueden hacerlo.