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En mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió aplicar la ley conocida como “2x1” en el caso del represor Luis Muiña. Esta ley había estado vigente entre 1994 y 2001, y establecía un mecanismo de reducción de penas para aquellos condenados que hubieran estado en prisión preventiva por más de dos años. Su aplicación para un caso de delito de lesa humanidad estableció un antecedente para que otros condenados solicitasen el beneficio. El artículo busca analizar el proceso político y social desatado tras el fallo y su culminación en la sanción de la Ley 27.362 que declaraba inaplicable la ley del “2x1” para delitos de lesa humanidad. La hipótesis central es que el estado de deliberación política y movilización social se presentó como un escenario para la re-articulación de un consenso político que hizo pie en los legados de la transición democrática respecto del terrorismo de Estado y en la noción de “impunidad” como categoría puente capaz de articular, de manera contingente, posiciones, tradiciones y racionalidades políticas heterogéneas.