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Hasta hace relativamente poco -finales del S. XIX-, sólo conocíamos del Censo de Augusto por dos fuentes: el Evangelio de San Lucas, y Antigüedades judías del historiador Flavio Josefo. En todo caso, ambos textos coincidían en un hecho tremendamente singular hasta el momento: la universalidad del censo. Hasta entonces, las fuentes nos hablaban de los censos romanos como algo exclusivo de aquellos pocos individuos que disfrutaban del privilegio de la ciudadanía, quienes cada lustro acudían a Roma acensarse con el pesar de los impuestos que ello implicaba, pero también con la ilusión de ver imponerse sus privilegios políticos...

Dentro de la inestabilidad que caracteriza la historia constitucional de nuestro país durante el siglo XIX, el fallecimiento de Fernando VII abrió un nuevo período cargado de certezas e incertidumbres. Las certezas viene marcadas por la indudable necesidad de poner en marcha una serie de reformas económicas, administrativas y políticas que alejaran a nuestro país de las estructuras del Antiguo Régimen, profundamente desgastadas desde finales del siglo XVIII. Las incertidumbres determinarán la elección del procedimiento más adecuado para conseguir aquel propósito. Pero como la historia del siglo XIX no se ha desarrollado de modo equilibrado y sereno en nuestro país, hemos de considerar otro hecho distorsionador que vino a complicar extraordinariamente el panorama: la lucha dinástica que enfrentó a Don Carlos y a la Reina Regente en una cruenta guerra civil. Los gobernantes de tendencia liberal moderada, que asumieron el poder político en aquellos días, tuvieron que arbitrar un mecanismo que les permitiera conseguir su doble propósito de preservar los derechos dinásticos de Isabel II y mantener bajo control a una nación desestructurada desde distintos puntos de vista. El instrumento utilizado a tal efecto fue el Estatuto Real, cuya naturaleza jurídica ha sido muy cuestionada pero que se convirtió, a juicio de los liberales moderados, en la ley fundamental de la época que permitió hacer realidad el principio de soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, alejando el peligro del restablecimiento de la Constitución de Cádiz...

Tradicionalmente se ha venido admitiendo que el derecho de autor confiere a su titular un señorío absoluto sobre la propia obra creada. Éste se manifiesta en un poder inmediato y exclusivo sobre la cosa, que aquí es algo inmaterial. Esta situación se encuentra protegida frente a todos. Si bien la afirmación es verdad, no es, sin embargo, toda la verdad, ya que el referido derecho de autor se halla influenciado, desde un principio, por la naturaleza del objeto sobre el que recae, lo que hace, nuevamente, “espe-cial” la disciplina que está siendo analizada y estudiada en el presente tra-bajo. La propiedad intelectual se trata de una categoría autónoma, la cual aparece como deudora del momento social y cultural en el que surge la creación protegida y que propicia el mantenimiento de una relación pe-renne con la persona del autor, lo que provoca un régimen no unitario para las facultades que componen el contenido del derecho. La conceptualización como una “propiedad especial” o “eminente-mente excepcional” se acuñó por primera vez en el Proyecto de 1851. La incorporación a un texto legal (el Código civil) sirvió para que la doctrina se dividiese y criticase la creación de esta nueva categoría conceptual, bien por insuficiente, bien por carecer de utilidad. A la vista de los textos, de entre todos los factores de individualiza-ción posibles, fueron tres los más utilizados por la doctrina española: en primer lugar, el carácter inmaterial de las obras del ingenio; en segundo lugar, la condición económica de los objetos de los que se ocupan dichas propiedades, lo que las hace excepcionales. En tercer y último lugar, el fac-tor, si cabe más criticado, de una cierta intervención administrativa que desviaría su régimen del de la propiedad ordinaria...

La intención es presentar el tema de la legislación de la trashumancia castellana en el siglo XVIII desde una perspectiva dinámica e inserta en el contexto institucional y agrario. El desconocimiento general, la diversa y abundante documentación, la ausencia de trabajos específicos y las frecuentes interpretaciones erróneas obligan a, según la hipótesis y los objetivos propuestos, explicar y valorar la escasa vigencia o incumplimiento de las leyes y privilegios, sin olvidar la posición de la Corona. Se demuestra la esencia y desarrollo de los ciclos trashumantes, el impacto en el mundo rural y la vigencia. El siglo XVIII contempló el deterioro de las condiciones migratorias y del disfrute pastueño, llegando a desaparecer infinidad de cabañas. En cuanto a las cañadas y caminos, que comunicaban los agostaderos con los invernaderos, los pueblos e ilustrados se empecinaron en negar la consustancialidad del entramado cañariego y la trashumancia. La legislación resultaba contundente: donde había cañadas había jurisdicción cabañil; de ahí que se cerraran, se negaran, estrecharan o cambiaran. Por otro lado, la representatividad fue discutida por estantes, riberiegos y hermanos porque la Institución no proporcionaba resguardo legal suficiente...

En la Nueva España, se conocía con el nombre de "Frontera" un vasto territorio sobre el que no se tenía un control absoluto y que formaba parte de la región llamada el Septentrión. Esta zona estaba integrada por la llamadas provincias internas, que eran las más alejadas de la capital novohispana, a saber, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Nuevo León, las Californias, Sinaloa, Sonora, Nuevo Santander, Coahuila y Texas. Dichos territorios, eran la región periférica, y, a la vez, un espacio en proceso de crecimiento y expansión. En el siglo xviii, la Corona española buscó darle unidad a esta zona, a través del estableciimiento de la Comandancia Generl de las Provincias Internas en 1776. La Comandancia enía a suponer el reconocimiento oficial del carácter especial de dichas provincias, con poblaciones escasas, alejadas y frecuentemente en peligro, que no podían organizarse como el resto de la Nueva España, por la inmensa lejanía en que se hallaban en México, desde donde no se la podía gobernar rápido y bien. POr otra parte, por la presumible penetración inglesa, rusa o angloamericana. Las tareas iniciads por Croix terminan por realizarse. La paz que Nava había procurado a las provincias, permitió el florecimiento del comercio, agricultura y minería. Admás de presidios y misiones, en el Septentrión de la Nueva España surgieron villas y ciudades, eminentemente mineras, pero hubo algunas con gran actividad agrícolas, estancias ganaderas, bosques, carboneras, salinas y pueblos de indios quedaron comunicados por una red de caminos que impulsarons el comercio regional y unificaron un complejo próximo en lo geográfico e interdependiente en lo económico.

La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahíta, se constituyó como parte primordial del Señorío de Valdecorneja. Esta entidad jurídico-administrativa de carácter medieval, poseyó una enorme relevancia dentro del entramado político y económico bajomedieval, sobre el entorno territorial limítrofe a ambos lados del Sistema Central, en la parte conocida como Sierra de Gredos. Su espléndida ubicación geográfica, a caballo entre las dos submesetas, a la vez de ser uno de los pocos pasos francos hacia los territorios de lo que hoy se conoce como Extremadura, así como la explotación de sus riquezas naturales y el establecimiento de un rico centro comercial, fueron sin lugar a dudas, caldo de cultivo suficiente para el desarrollo de una completa actividad legislativa y judicial, toda vez que en ella también se asentó el más completo sistema fiscal real y señorial. El Archivo Histórico Municipal de Piedrahíta, atesoró a lo largo de los siglos, un rico acervo documental que ha servido como inigualable referencia a la hora de estudiar la secuencia histórico-jurídica del último siglo de la Edad Media. Así pues, partiendo de esas premisas iniciales, decidí, hace ya muchos años, comenzar mi particular andadura científica e investigadora, destinada a desentrañar las realidades jurídicas que la historia de esta figura jurídico-administrativa aún albergaba. Aunque, contra mas me sumergía en el pasado, mas materias y contenidos jurídicos surgían sobre los que me sentía en la obligación de encontrar un sentido legal, pergeñado a partir de fundamentos normativos de la historia nacional y local. Esa constante labor de estudio e investigación se ha prolongado durante mas de quince años, recopilando información y documentación, en las que la búsqueda del Derecho se entremezclaba con cuestiones de índole institucional, políticas, sociales, fiscales y militares. Inicié mi larga andadura, partiendo de la labor de aquellos insignes eruditos que anteriormente trabajaron con presteza para desenterrar parte de ese pasado: Jesús Lunas Almeida hace casi cien años, abrió una inestimable brecha hacia el pasado, recuperando para el presente los documentos del antiguo archivo medieval. Hace casi treinta años, Elisa Carolina de Santos Canalejo, trazó una vía histórica con carácter marginal, en la investigación de esta Tierra, al estudiar los orígenes medievales de Plasencia. Carmelo Luís López, Director de la Institución Gran Duque de Alba, ha trabajado de forma continuada e incansable sobre nuestros orígenes históricos, desde la década de los ochenta del pasado siglo, hasta la actualidad. Toda su labor historiográfica se aglutina, cual simiente histórica, a partir de la que surge en mi labor investigadora, nuevas vías de estudio favorables o en contradicción a sus hipótesis, encaminadas todas ellas, hacia el estudio de la Historia del Derecho.

Esta comunicación tiene por objeto presentar dos experiencias docentes de asignaturas que pertenecen alárea de la Historia del Derecho. La idea principal consistió en implementar el aprendizaje colaborativo através del uso de las herramientas que dispone el Campus Virtual, especialmente la plataforma Moodle. Afin de potenciar el trabajo colaborativo de los alumnos se utilizaron dos herramientas que ofrecía la web2.0, nos referimos a las wiki y los blogs. En este sentido analizaremos, por un lado, la creación de una wikipara la asignatura de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de la América Colonial Hispá-nica y por el otro, la elaboración de blogs en la materia de Historia de las Instituciones Políticas de España.Los resultados de ambas experiencias han sido satisfactorios y nos han permitido avanzar en la adaptación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de la enseñanza del Derecho.

El trabajo es una reflexión acerca de los métodos de estudio de la Historia Económica de la Antigüedad utilizados desde el nacimiento de ésta como disciplina autónoma a finales del siglo XIX; también sobre las aportaciones de la economía al conocimiento de otras dimensiones de la sociedad romana de la Antigüedad. A partir de esta reflexión, el artículo implica, asimismo, plantearse una vez más la cuestión de la oportunidad de los estudios de naturaleza interdisciplinar en la investigación del historiador del Derecho y el romanista. This work is an overview about Ancient Economic History study methods used since its birth as a discipline at the end of 19th century. At the same time, this work will also show Economy contributions to the knowledge of another ancient roman society dimensions. From this point, the article raises once again the matter of interdisciplinary studies for the Law and Roman Law researcher. Le travail est une réflexion sur les méthodes d’étude de l’Histoire Économique de l’Antiquité utilisées depuis la naissance de celle-ci comme discipline autonome à la fin du XIXème siècle; aussi sur les contributions de l’économie à la connaissance d’autres dimensions de la société romaine de l’Antiquité. À partir de cette réflexion, l’article implique, de même, se poser une fois de plus la question de l’occasion des études de nature interdisciplinaire dans la recherche de l’historien du Droit et de l’historien romaniste. ihrer Entstehung als eigenständiges Fach zu Ende des 19. Jahrhunderts angewandt wurden. Thematisiert wird der Beitrag der Wirtschaft zur Erschließung anderer Bereiche der römischen Gesellschaft in der Antike. Ausgehend von dieser Überlegung will der Artikel erneut aufzeigen, wie günstig sich die Interdisziplinarität von Untersuchungen auf die Forschungen von Rechtshistorikern und Romanisten auswirkt.

La unidad del derecho en la obra de Hans Kelsen, desde la primera vinculación a la metodología kantiana hasta su metamorfosis por el abandono de los principios lógicos en el derecho positivo, ya no nos parece segura. Para comprobarlo se presentan los elementos básicos de su ciencia jurídica: de un lado, las premisas neokantianas; de otro, una descripción positivista del derecho. La difícil relación entre ambos postulados acaba siendo insostenible y todo el edificio de la unidad Derecho = Estado termina por derrumbarse. El sistema escalonado de normas (supra e infra-ordenadas, hasta llegar a la Constitución jurídico-positiva), con la Grundnorm como Constitución lógico-jurídica que valida toda la unidad del Derecho (ordenación jerarquizada, coherente y plena), no se rechaza, pero cambia su fundamento último: de hipótesis lógica (norma presupuesta) a ficción imaginada (contradictoria con la realidad y consigo misma). La función esencial de la Norma Básica sigue siendo la fundamentación de la validez de todas las normas que forman el orden jurídico, pero modifica su naturaleza y se convierte en la ficción que necesitan, tanto los juristas como los destinatarios de las normas, para interpretar –dentro un sistema coercitivo y en términos generales efectivo– los mandatos subjetivos como si fueran normas objetivas/válidas. Y cuando las normas positivas sólo pueden ser fundamentadas por los actos de voluntad de los individuos que las crean, la unificación entre ordenación estatal y derecho internacional, junto con la nueva reconstrucción de la democracia –desde la participación de todos los ciudadanos que se hayan sometidos a un sistema jurídico positivo– serán los nuevos ejes para reformular una ciencia del derecho que ya no puede neutralizar el poder, ni confundir la mera legalidad con la legitimidad del sistema. The unity of law in the work of Hans Kelsen, from his first Kantian methodology to his metamorphosis through the abandoning of the logical principles in positive law, no longer seems so certain. In order to test this thesis the basic elements of his legal science are presented: on the one hand, the neo-Kantian premises; on the other, a positivist description of law. The difficult relationship between these two elements are finally unsustainable and all building of the unity Law = State eventually collapse. The tiered system of norms (super-ordinate and sub-ordinate norms, whose highest level is the Constitution in positive-legal sense), with the Grundnorm as Constitution in the transcendental-logical sense that validates the whole unity of law (hierarchical, coherent and total order), is not rejected, but changes its from logical hypothesis (presupposed norm) to imagined fiction (not only contradicting reality but also within itself). The essential function of the Basic Norm is still the grounding of the validity of all the norms forming the juridical order, but it changes its nature and becomes the fiction they need, both jurists and addressees of the rules, to interpret – within a by and large effective coercive system– the subjective commands as if they were objective valid norms. And when the positive norms can only be founded by acts of will of the individuals who create them, the unification between state order and international law, together with the new reconstruction of democracy – from the participation of all the citizens who have been submitted to a positive-legal system– will be the new lines to reformulate a juridical science that no longer can neutralize the power, nor confuse the mere legality with the legitimacy of the system.

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