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En la actualidad, la Constitución del Ecuador señala al Estado ecuatoriano como un estado constitucional de derechos y justicia por lo que, es imperante que los derechos constitucionales sean tutelados de manera efectiva en favor de los ciudadanos con la finalidad que los derechos constitucionales sean plenamente respetados y garantizados. Por esto, las garantías jurisdiccionales han sido consagradas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como una herramienta para garantizar los derechos, y, en virtud de aquello, es necesario que existan jueces especializados en materia constitucional. Considero que la dentro del sistema de justicia constitucional, existen carencias al sustanciar las garantías jurisdiccionales, debido a que los jueces de primera instancia y de apelación, que conocen las acciones jurisdiccionales, no tienen el conocimiento suficiente ni están especializados en materia constitucional puesto que, diariamente conocen otras materias como lo son la laboral, penal, civil, etc… y solo en casos excepcionales tienen conocimiento de acciones jurisdiccionales. Dentro del presente trabajo vamos a desarrollar varias falencias de los juzgadores en relación a la falta de uniformidad de sus decisiones, la falta de uniformidad en la interpretación de los criterios emitidos por la Corte Constitucional aplicables en el ámbito constitucional, la falta de conocimiento del manejo de los procedimientos de garantías jurisdiccionales y los principios aplicables al ámbito constitucional. At present, the Constitution of Ecuador indicates the Ecuadorian State as a constitutional state of rights and justice, therefore, it is imperative that constitutional rights be effectively protected in favor of citizens with the purpose that constitutional rights are fully respected. and guaranteed. For this reason, jurisdictional guarantees have been enshrined in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control as a tool to guarantee rights, and, by virtue of that, it is necessary that there are specialized judges in constitutional matters. I believe that within the constitutional justice system, there are shortcomings when substantiating jurisdictional guarantees, because the first instance and appeal judges, who hear jurisdictional actions, do not have sufficient knowledge or are specialized in constitutional matters since, they are aware of other matters on a daily basis such as labor, criminal, civil, etc... and only in exceptional cases are they aware of jurisdictional actions. Within the present work we are going to develop several shortcomings of the judges in relation to the lack of uniformity of their decisions, the lack of uniformity in the interpretation of the criteria issued by the Constitutional Court applicable in the constitutional field, the lack of knowledge of the management of the procedures of jurisdictional guarantees and the principles applicable to the constitutional field.

Se define a la violencia sexual contra la mujer, como todo acto que forza a su voluntad, siendo irrelevante la relación con su agresor cercana o lejana, producida física o coercitivamente, pero siempre intimidantemente, con sustancias psicotrópicas o estupefacientes, entre otras. Los antecedentes, evidencias y estadísticas, vinculadas con la actividad delincuencial, abarcan el objetivo general en este trabajo de investigación, dotándolo de una metodología aplicable, elementos y causas suficientes, atendiendo a la lógica y a la correcta hermenéutica jurídica, lo que amerita acciones eficaces, radicales y el debido proceso, elaborando proyectos y programas con normativas preventivas de tales hechos, siendo su efecto causal la sanción, según la gravedad del delito, que afecte la convivencia, imponiéndose recurrir a la normativa ecuatoriana, específicamente, el Código Orgánico Integral Penal, tratados y convenciones internacionales, doctrina, jurisprudencia nacional e internacional y entrevistas a especialistas en la materia, para incorporarlos al análisis y a las conclusiones imperativas. A lo precisado, se agrega el resultado de una encuesta realizada a mujeres entre los 16 y 65 años, para extender una visión más completa y clarificadora de lo acontecido en Ecuador, siendo pertinente recurrir a la metodología, que permita aplicar un alcance exploratorio, descriptivo y explicativo, de tipo no experimental con corte transversal, así como se impone utilizar un método jurídico – doctrinal - comparado, soportado en derecho, que viabilice la formulación de un Plan Estratégico, para prevenir y erradicar la violencia sexual contra las mujeres en el Ecuador. Sexual violence against women is defined as any act that forces their will, the relationship with their aggressor close or distant being irrelevant, produced physically or coercively, but always intimidatingly, with psychotropic or narcotic substances, among others. The background, evidence and statistics, linked to criminal activity, cover the general objective in this research work, providing it with an applicable methodology, elements and sufficient causes, taking into account logic and correct legal hermeneutics, which warrants effective actions, radicals and due process, developing projects and programs with preventive regulations for such events, its causal effect being the sanction, depending on the seriousness of the crime, that affects coexistence, imposing recourse to Ecuadorian regulations, specifically, the Código Orgánico Integral Penal, international treaties and conventions, doctrine, national and international jurisprudence and interviews with specialists in the field, to incorporate them into the analysis and imperative conclusions. To what is specified, the result of a survey carried out on women between the ages of 16 and 65 is added, to extend a more complete and clarifying vision of what happened in Ecuador, being pertinent to resort to the methodology, which allows an exploratory, descriptive scope to be applied. and explanatory, of a non-experimental type with a cross-section, as well as the use of a legal - doctrinal - compared method, supported by law, that makes possible the formulation of a Strategic Plan, to prevent and eradicate sexual violence against women in Ecuador.

El enfoque del presente trabajo de investigación, se centra en el estudio de los instrumentos jurídicos aplicables en las relaciones laborales entre los empleadores y trabajadores en el sector público frente al abuso del derecho, el mismo que surge cuando un derecho es ejercido arbitrariamente sin respetar los límites para su aplicación, conforme a lo que determina la normativa que lo reconoce o le otorga la facultad de solicitar licencias de trabajo. Los métodos empleados tienen un enfoque cualitativo con categoría no experimental que permite el análisis de supuestos teóricos, normativos y jurisprudenciales del debido proceso en las relaciones laborales, el abuso del derecho y las licencias en el trabajo; para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta, obteniendo resultados satisfactorios, ya que efectivamente nuestro sistema jurídico comprendido en la Ley Orgánica de Servicio Público, no regula el ejercicio de los derechos de los servidores públicos, pues no se encuentran previstas las prohibiciones, consecuencias, responsabilidades y sanciones, a los actos abusivos con los que se violan las garantías básicas del debido proceso, haciéndose necesario Reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de evitar el ejercicio abusivo de los derechos por parte de los servidores públicos al tramitar las licencias de trabajo. The focus of this research work focuses on the study of the legal instruments applicable in labor relations between employers and workers in the public sector abuse against the right, the same that arises when a right is exercised arbitrarily without respecting the limits for its application, in accordance with what is determined by the regulations that recognize it or grant it the power to request work licenses. The methods used have a qualitative approach with a nonexperimental category that allows the analysis of theoretical assumptions, regulatory and jurisprudential abuse of due process in labor relations, law and work licenses; for which the survey technique was applied, obtaining satisfactory results, since effectively our legal system included in the Organic Law of Public Service, does not regulate the exercise of the rights of public servants, since the prohibitions were not foreseen, consequences, responsibilities and sanctions, to abusive acts with which the basic guarantees of due process are violated, making it necessary to reform the Organic Law of Public Service, in order to avoid the abusive exercise of rights by public servants to process work licenses.

La acción de protección como garantía jurisdiccional es la que más se utiliza en el Ecuador, y se ha hecho común su aplicación como recurso de última instancia. Tanto jueces como profesionales en el derecho podrán tener resultados satisfactorios al momento de aplicarla según el conocimiento que tengan en función de elementos fácticos y requisitos de procedibilidad. El objetivo de la presenta investigación es proponer una estrategia que contribuya a utilizar de mejor manera la acción de protección, y que no se obvien en especial temas de legalidad que todavía se siguen empleando por los administradores de justicia y obvian la doctrina constitucional sobre derechos vulnerados. La metodología utilizada dentro de la presente investigación es mixta debido a la finalidad de este estudio que es identificar el problema sobre el uso excesivo de esta garantía jurisdiccional por la vulneración de derechos que se cometen por parte de instituciones públicas del estado. El tema contribuye de manera positiva a proteger constitucionalmente los derechos de los individuos en el sector público concentrando la presente Investigación en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de El Oro, en el Servicio de Apoyo Migratorio de la ciudad de Huaquillas, ya que se han cometido muchos actos y resoluciones que no van apegadas a la Constitución de la República violando el debido proceso, la seguridad jurídica, falta de motivación, y tutela judicial efectiva, siendo el Estado Garantista de estos derechos hacia la sociedad. The protection action as a jurisdictional guarantee is the most widely used in Ecuador, and its application as a resource of last resort has become common. Both judges and legal professionals may have satisfactory results when applying it according to the knowledge they have based on factual elements and procedural requirements. The objective of the research is to propose a strategy that contributes to better use the protection action, and that does not ignore in particular issues of legality that are still used by the administrators of justice and ignore the constitutional doctrine on violated rights. The methodology used within this research is mixed due to the purpose of this study, which is to identify the problem of the excessive use of this jurisdictional guarantee due to the violation of rights committed by public institutions of the state. The issue contributes positively to constitutionally protect the rights of individuals in the public sector by concentrating this Investigation in the Ministry of Government of the Province of El Oro, in the Migration Support Service of the city of Huaquillas, since many acts and resolutions have been committed that are not in accordance with the Constitution of the Republic violating due process, legal certainty, lack of motivation, and effective judicial protection, being the State Guarantor of these rights towards society.

En la investigación se realiza un análisis del contenido y alcance del derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, en el periodo 2017-2021, con el objetivo de determinar las líneas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional del Ecuador en cuanto al derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial, mediante un estudio doctrinal y jurisprudencial. Se aplicó una metodología cualitativa de tipo documental, mediante la cual se revisaron las fuentes relevantes para el tema como libros y artículos científicos, legislación, instrumentos internacionales y jurisprudencia de nacional e interamericana, lo que permitió identificar las líneas jurisprudenciales en materia de derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica que deben ser garantizados por los jueces, que son quienes precisamente pueden incurrir en violaciones a esos derechos en el ejercicio de sus funciones. La revisión de sentencias arrojó como saldo que en el período estudiado la Corte Constitucional ha ido delineando los criterios que deben tener en cuenta los jueces para precautelar de mejor manera los mencionados derechos, para evitar afectaciones a los derechos y garantías de las partes. Al final del texto se formulan las conclusiones y recomendaciones pertinentes con las que se responde a las preguntas de investigación y se demuestra que se alcanzaron los objetivos planteados. In the investigation, an analysis of the content and scope of the right to legal certainty and effective judicial protection in the Ecuadorian constitutional jurisprudence is carried out, in the period 2017-2021, with the objective of determining the jurisprudential lines established by the Constitutional Court of Ecuador. Regarding the right to legal certainty and judicial protection, through a doctrinal and jurisprudential study. A qualitative methodology of documentary type was applied, through which the relevant sources for the subject were reviewed, such as books and scientific articles, legislation, international instruments and national and inter-American jurisprudence, which allowed identifying the jurisprudential lines in the matter of right to effective judicial protection and legal certainty that must be guaranteed by the judges, who are precisely the ones who can incur in violations of these rights in the exercise of their functions. The review of judgments showed as a balance that in the period studied the Constitutional Court has been outlining the criteria that judges must take into account to better safeguard the aforementioned rights, to avoid damages to the rights and guarantees of the parties. At the end of the text, the pertinent conclusions and recommendations are formulated with which the research questions are answered and it is demonstrated that the proposed objectives were achieved.

El enfoque del presente trabajo de investigación se centra en el procedimiento a seguirse en el trámite de visto bueno establecido en el Código del Trabajo, así mismo se va a identificar las normativas vigentes para establecer el procedimiento adecuado para la terminación contractual entre el empleador y el trabajador mediante visto bueno y así garantizar la aplicación de los principios constitucionales en dicho procedimiento, tales como, el debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica, a fin de avalar las garantías básicas en este procedimiento. La metodología tiene un enfoque cualitativo, con categoría no experimental, que permitió realizar un análisis a los presupuestos teóricos, doctrinarios, normativos y jurisprudenciales, sobre el debido proceso establecido en la norma constitucional. Por lo cual se aplicó la técnica de la encuesta, obteniendo resultados satisfactorios, ya que efectivamente se corroboró que el procedimiento que se sigue en el trámite de visto bueno en nuestro sistema jurídico, no cumple un procedimiento adecuado, dando como resultado la limitación del tiempo para realizar las diligencias de investigación y garantizar las garantías del debido proceso regulado en la norma constitucional, principalmente el derecho a la defensa que tienen las partes dentro de un proceso sea administrativo o judicial. Por lo que se propone elaborar un anteproyecto de Ley Reformatoria al artículo 621 del Código del Trabajo, en relación al procedimiento que debe seguirse en el trámite de Visto Bueno como forma de dar por terminada la relación laboral, a fin de garantizar la efectiva aplicación del debido proceso. The focus of this research work focuses on the procedure to be followed in the process of approval established in the Labor Code, likewise the current regulations will be identified to establish the appropriate procedure for the contractual termination between the employer and the employee. worker through approval and thus guarantee the application of constitutional rights in said procedure, such as due process, right to defense, legal certainty in order to guarantee the basic guarantees of due process. The methodology has a qualitative approach, with a non-experimental category, which allowed an analysis of the theoretical, doctrinal, normative and jurisprudential assumptions, on the basic guarantees of due process established in the Constitution of the Republic of Ecuador. Therefore, the survey technique was applied, obtaining satisfactory results, since it was legally corroborated that the procedure to be followed in the process of approval in our system does not locate or identify the development of the legal institution of the approval. , nor about its procedure, resulting in having a very limited procedure to carry out the investigation procedures and guarantee the basic guarantees of due process, especially the right to defense that the parties have within a process, whether administrative or judicial. Therefore, it is proposed to prepare a preliminary draft of the Reformatory Law to article 621 of the Labor Code, in relation to the procedure that must be followed in the process of Approval as a way to terminate the employment relationship, in order to guarantee the effective application of the Due process.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus artículos del 696 al 699, detalla el otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas privadas de la libertad (PPL), la falta de debida diligencia e inobservancia del principio de celeridad que se vincula en los trámites y/o procedimientos en atención a las diferentes garantías penitenciarias y la vulneración de derechos de los PPL, así como también la protección de la funcionalidad institucional son premisas de esta tarea de estudio que se propone analizar la indeterminación de plazos que existen en los trámites para la reinserción al régimen civil en cumplimiento de las convocatorias de audiencia para otorgar dichos beneficios a los PPL, por ello, es importante identificar omisiones en la normativa ecuatoriana que ocasionan la demora en las convocatorias de las audiencias afectando el debido proceso, razón por la cual en la presente investigación se especifican diferencias y/o analogía entre Ecuador y Colombia respecto a las atribuciones y/o derechos de los/as PPL. El empleo concurrente de revisión documental y entrevistas permiten concluir que existen menoscabos en la falta de diligencia y celeridad procesal en el proceso en relación con el cumplimiento de las convocatorias de audiencia para otorgar cambio de régimen a los/as PPL, esto debido a la demora en convocar las audiencias condicionado por la falta rapidez y tutela judicial efectiva. The Organic Comprehensive Criminal Code (COIP), in its articles from 696 to 699, details the granting of prison benefits to persons deprived of liberty (PPL), the lack of due diligence and non-observance of the principle of speed that is linked in the procedures and/or procedures in attention to the different penitentiary guarantees and the violation of the rights of the PPL, as well as the protection of the institutional functionality are premises of this study task that intends to analyze the indeterminacy of deadlines that exist in the procedures for reintegration into the civil regime in compliance with the hearing calls to grant said benefits to the PPL, therefore, it is important to identify omissions in the Ecuadorian regulations that cause the delay in the hearing calls affecting the due process, reason for which in the present investigation, differences and/or analogy between Ecuador and Colombia are specified regarding the attributes tions and/or rights of the PPL. The concurrent use of documentary review and interviews allow us to conclude that there are impairments in the lack of diligence and procedural speed in the process in relation to compliance with the hearing calls to grant a change of regime to the PPL, this due to the delay in call the hearings conditioned by the lack of speed and effective judicial protection.

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las consecuencias y la vulneración al debido proceso con la notificación única y la contestación contenidas en los artículos 9 y 10 del Acuerdo Ministerial No MDT-2021-219 referente a la Norma Técnica que regula el procedimiento de Visto Bueno, para luego analizar las posibles alternativas para evitar que la Norma Técnica vulnere el derecho a la defensa de la parte accionada en el procedimiento antes mencionado. Como antecedentes previos destacan las investigaciones de Caicedo y Monesterolo que han realizado estudios similares. Para el avance de la investigación dentro de la metodología se eligió por el diseño no experimental en virtud que no se maniobran de manera intencional las variables. En cuanto al método se consideró el deductivo ya que simboliza parte de la construcción del análisis que tiene el investigador sobre el argumento que se indaga. Con respecto a la población está integrada por 200 abogados litigantes en materia laboral en la ciudad de Guayaquil. Los resultados demostraron la vulneración del debido proceso, lo cual se ratificó dentro de la discusión planteada en la investigación. Como conclusión se propone la modificación de los artículos 9 y 10 de la norma técnica que regula el procedimiento de visto bueno, para los efectos de que exista mayor tiempo y poder dar contestación a la solicitud dentro de este tipo de trámites administrativos por parte del accionado. The general objective of this research is to analyze the consequences of the single notification provided for in the technical standard that regulates the approval procedure, as well as to demonstrate the impact of due process with the single notification of the approval provided for in the article 9 of the technical standard, to then analyze the possible alternatives to prevent the technical standard from violating the right to defense of the accused party in the aforementioned procedure. As previous antecedents, the investigations of Caicedo and Monesterolo, who have carried out similar studies, stand out. For the advancement of the research within the methodology, the non-experimental design was chosen because the variables are not intentionally manipulated. Regarding the method, the deductive method was considered since it symbolizes part of the construction of the analysis that the researcher has on the argument that is investigated. With respect to the population, it is made up of 200 trial lawyers in labor matters in the city of Guayaquil. The results demonstrated the violation of due worker process, which was ratified within the discussion raised in the investigation. In conclusion, the modification of articles 9 and 10 of the technical standard that regulates the approval procedure is proposed, for the purpose of having more time and being able to respond to the request for approval by the defendant.

Antecedentes: El presente trabajo tiene el propósito de determinar el debido proceso en el Régimen Sancionatorio de los docentes del Sistema de Educación Superior. Se observa que la normativa actual vulnera los derechos constitucionales, por lo que hay necesidad de Reformas. Objetivo: Determinar la incidencia del Art. 206 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que habla del Régimen disciplinario sancionatorio de los docentes del Sistema de Educación Superior, para establecer si son vulnerados los Derechos Constitucionales en el ámbito del Debido Proceso. Metodología: Investigación de enfoque cualitativo con alcance exploratorio, descriptivo y explicativo. Resultados: En el análisis del problema planteado se pudo determinar que en el Art. 206 de la LOES hay contradicciones Constitucionales al sancionar a los docentes, extralimitándose en las competencias en función de la autonomía que la Ley dispone para tales efectos. Conclusión: Para responder a esta problemática fue necesario recurrir a textos jurídicos de la legislación ecuatoriana, más el criterio de profesionales del Derecho y el estudio de nuestra Constitución, a fin de establecer si la Ley en su Art. 206 está en armonía o conformidad con los principios constitucionales. El resultado del estudio demostró el vacío legal existente y que este instrumento sancionador está en franca incompatibilidad con la Ley Constitucional del Estado Ecuatoriano ocasionando excesos de la autoridad señalada al inicio del trabajo. Se plantea Reformar el Art. 206, de la LOES para precautelar los derechos y garantías de los docentes del Sistema de Educación Superior. Background: The present work has the purpose of determining the due process in the Punishment Regime of the teachers of the Higher Education System. It is observed that the current regulations violate constitutional rights, so there is a need for reforms. Objective: To determine the incidence of art. 206 of the Organic Law of Higher Education (LOES), which speaks of the punitive disciplinary regime of teachers of the Higher Education System, to establish if Constitutional Rights are violated in the field of Due Process. Methodology: Research with a qualitative approach with an exploratory, descriptive and explanatory scope. Results: In the analysis of the problem posed, it was possible to determine that in Art. 206 of the LOES there are Constitutional contradictions when sanctioning teachers, exceeding the competences based on the autonomy that the Law provides for such purposes. Conclusion: To answer this problem, it was necessary to resort to the legal texts of Ecuadorian legislation, plus the criteria of legal professionals and the study of our Constitution, in order to establish whether the Law in its Arts. 206 is in harmony or conformity with constitutional principles. The result of the study emerged the existing legal vacuum and that this sanctioning instrument is in frank incompatibility with the Constitutional Law of the Ecuadorian State, causing excesses of the authority indicated at the beginning of the work. It is proposed to Reform the Arts. 206 of the LOES to safeguard the rights and guarantees of teachers in the Higher Education System.

La legislación ecuatoriana debe garantizar el respeto a los derechos derivados de las leyes aplicables, y garantizar de una forma adecuada y oportuna la tutela judicial efectiva, que es un derecho importante en todo proceso legal dentro de un juicio. De ahí que el objetivo de la presente investigación es dar por examinar si el procedimiento directo establecido en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal al momento de ser sustanciado por las partes asegura el cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso y el derecho a la defensa que implica todo proceso penal en el que debe primar los principios constitucionales, siendo la investigación mixta, es decir cualitativa y cuantitativa, de tipo bibliográfica documental y de campo, obteniendo como resultados que mayoría de jueces, abogados y fiscales encuestados consideran que el procedimiento directo no es utilizado en la mayoría de delitos flagrantes, dado a que el mismo únicamente es procedente en aquellos delitos sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 años y que no se vinculen con delitos de lesa humanidad, u otros delitos, concluyendo que la legislación ecuatoriana da solo 20 días para la audiencia de juicio y el anuncio de prueba debe realizarse según la regla general 3 días antes de la solicitud de audiencia final, quedando 17 días preparación para la defensa, lo cual impide contar con el tiempo oportuno para realizar una defensa técnica efectiva e imparcial. Ecuadorian legislation must guarantee respect for the rights derived from applicable laws, since guaranteeing adequate and timely protection is an important right in any trial. Hence, the objective of the investigation is given by examining whether the direct procedure established in Art. 640 of the Organic Comprehensive Criminal Code at the time of being substantiated by the parties ensures compliance with the basic guarantees of due process and the right to justice. defense that implies all criminal proceedings that are governed by constitutional principles, being the mixed investigation, that is to say qualitative and quantitative, of a documentary and field bibliographic type, obtaining as results that the majority of judges, lawyers and prosecutors considered that the direct procedure does not it is used in the majority of flagrant crimes, since it is only appropriate in those crimes sanctioned with imprisonment of up to 5 years and that are not linked to crimes against humanity, concluding that Ecuadorian legislation gives only 20 days for the hearing and the announcement of the test must be submitted 3 days before the request for hearing, q It takes 17 days to prepare for the defense, which prevents an effective technical defense.

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la existencia de una motivación adecuada en la estructura de las resoluciones judiciales, analizar las problemáticas del incumplimiento de plazos y términos en la reducción a escrito de las resoluciones, así como también proponer opciones para mejorar la motivación en las resoluciones judiciales. La metodología utilizada en la presente investigación estuvo sustentada en el enfoque cualitativo por cuanto tuvo por objeto el análisis de casos específicos en los cuales se pudo evidenciar que en las resoluciones judiciales en la Provincia de Los Ríos periodo 2019 existieron resoluciones dictadas fuera de los tiempos establecidos por la ley, así como también carentes de motivación, lo que produce una vulneración del debido proceso. La investigación concluyó señalando, que la motivación es un requisito fundamental en toda sentencia judicial a tal punto que en caso de no existir o que la misma no cumpla con los parámetros establecidos puede ser susceptible de anulabilidad por cualquiera de los recursos que se encuentran contemplados en la ley, así como también la notificación de las resoluciones fuera del tiempo legal acarrea gravísimas vulneraciones del derecho, por violaciones a la garantía del debido proceso. The general objective of this research was to determine the existence of adequate motivation in the structure of judicial resolutions, analyze the problems of non-compliance with deadlines and terms in the reduction of resolutions to writing, as well as to propose alternatives for the correct motivation of court decisions. The methodology used in the present investigation was based on the qualitative approach since it had as its objective the analysis of specific cases in which it was possible to show that in the judicial resolutions in the Province of Los Ríos period 2019 there were resolutions issued outside of those of the times established by law, as well as lacking motivation, which produces a violation of due process. The investigation concluded by pointing out that the motivation is a fundamental requirement in any judicial sentence to the point that if it does not exist or that it does not comply with the established parameters, it may be subject to annulment by any of the resources that are contemplated in the law, as well as the notification of resolutions outside the legal time, entails very serious violations of the right, due to violations of the guarantee of due process.

Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo, aplicando además el método analítico - sintético, deductivo, exegético, descriptivo y jurídico comparado, para buscar la posible incorporación dentro de las acciones laborales, de ajustes razonables que beneficien la admisibilidad y valoración de pruebas para con los grupos vulnerables: adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de libertad y con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Esto con el fin de derribar las asimetrías de poder y, por tanto, procurar el debido proceso, ya que como se da cuenta, existe desigualdad entre las partes que se suscita en materia probatoria, aun cuando el debido proceso se encuentra establecido en los parámetros de la ley y se vengan cumpliendo en los juicios laborales. Tras considerar las bases del principio de ajuste razonable para disminuir las asimetrías de poder de los grupos vulnerables dentro del proceso, así como revisar lo propuesto en legislaciones de otros países como Argentina, Colombia y España, se plantea una reforma legal que ajuste criterios generales con respecto a la carga probatoria, admisibilidad de la prueba y presunciones judiciales dentro de su valoración, promoviendo así la igualdad de condiciones de ambas partes, garantizando paridad de armas en favor de los grupos vulnerables dentro de acciones laborales al momento de admitir y valorar la prueba, sin que con ello se considere que el juzgador esté vulnerando el principio de imparcialidad. This investigation was performed with a qualitative approach, also applying the analytical - synthetic, deductive, exegetical, descriptive, and comparative law methods; to seek the possible incorporation within the labor actions of reasonable definitions that benefit the admissibility and assessment of evidence for vulnerable groups: older adults, children and adolescents, pregnant women, people with disabilities, prisoners, and those with catastrophic or highly complex illnesses. This to break down the asymmetries of power and, therefore, seek the due process, since there is inequality that arises in Proof requirements even when due process is established in the parameters of the law. After considering the basics of the principle of reasonable accommodation to reduce the asymmetries of power of vulnerable groups within the process and reviewing what is proposed in the legislation of other countries such as Argentina, Colombia and Spain, a reform is proposed that adjusts general approaches regarding the burden of proof, admissibility of evidence and judicial presumptions within the assessment, thus promoting equal conditions for both parties, guaranteeing parity of weapons in favor of vulnerable groups within labor process at the time of admitting and assessing the proof, without it being considered that the judge is violating the principle of impartiality.

La presente investigación nace como una repuesta a la tardanza que a la actualidad existe en los procedimientos en cuanto a la ejecución de una sentencia o resolución, dado que, la temporalidad se encuentra determinada en el Código Orgánico General de Procesos y no es aplicado. Como objetivo principal analizar los efectos que produce la inejecución de una sentencia en el ámbito civil en la ciudad de Guayaquil. Pero es, ante la falta de aplicación de la normativa vigente que se produce tardanza, lo que puede traer como consecuencia que ejecutar una sentencia entre la obtención de las copias certificadas y la inscripción, fácilmente exceda los seis meses, podría existir responsabilidad de los administradores de justicia o los actuarios de cada despacho, lo que vulneraría el respeto a la seguridad jurídica y es en el marco del debido proceso como garantía constitucional, que a través del uso de una metodología basada en una investigación pura, a través de la revisión documental, con un enfoque cualitativo que se podrá obtener una propuesta factible de aplicación obligatoria de los tiempos establecidos en la normativa vigente. The present investigation was born as a response to the delay that currently exists in the procedures regarding the execution of a sentence or resolution, given that the temporality is determined in the General Organic Code of Processes and is not applied. The main objective is to analyze the effects produced by the non-execution of a sentence in the civil sphere in the city of Guayaquil. But it is, due to the lack of application of the current regulations that delay occurs, which can have as a consequence that executing a sentence between obtaining the certified copies and the registration, easily exceeds six months, there could be responsibility of the administrators of justice or the actuaries of each office, which would violate respect for legal security and it is within the framework of due process as a constitutional guarantee, that through the use of a methodology based on a pure investigation, through documentary review , with a qualitative approach that it will be possible to obtain a feasible proposal of mandatory application of the times established in the current regulations

Esta investigación se orientó a establecer las causas por las cuáles en los juicios de alimentos no se cumple con el Principio Constitucional del Debido Proceso, consagrado en el artículo 76 la Constitución de la República y en el artículo 257 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, especialmente en las audiencias de revisión de apremios, por cuanto no siempre se cumple con esta diligencia previo a dictar la medida correspondiente. Es necesario que sea un solo y único procedimiento o que este sea homologado y universal, de aplicación obligatoria, conforme lo señala la sentencia Constitucional No. 238- 2017, y no quede la libertad de una persona al arbitrio de los jueces; de ahí la necesidad de que el Consejo de la Judicatura señale las directrices o instructivo del procedimiento pertinente, para girar BOLETAS DE APREMIO, en casos de primera vez y cuando existan reincidencias. Esto se determinó al observar que las audiencias de revisión de apremio en los juicios de alimentos, así como resultado de las entrevistas a abogados especializados en la materia de Niñez y Adolescencia y a los diferentes Jueces de la Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil, relacionadas al cumplimiento del debido proceso en los juicios de alimentos. El apremio personal se considera necesario y como opción para aquellos alimentantes que no se preocupan por sus hijos, o no desean cumplir con el pago de las pensiones alimenticias; considerando también que el apremio personal directo vulnera el debido proceso, puesto que no se conocen las circunstancias del alimentante para no cubrir con su obligación, las cuales pueden variar de un tiempo a otro y no se puede generalizar que no asiste el alimentante porque no le importa alimentar a su hijo. De ahí que se hace necesario dictar un instructivo, que oriente a los jueces a dictar medidas de apremio en contra de los obligados principales, pues por la manera como se viene aplicando se está vulnerando el debido proceso al momento de dictar el apremio sin llamar a audiencia, so pretexto que ya fue convocada la primera vez y no asistió el alimentante a la misma. The objective of this investigation is to establish the causes for which in food trials the Constitutional Principle of Due Process is not complied with, enshrined in the Constitution in Art. 76, and Art. 257 of the Organic Code of Children and Adolescents, especially in coercion review hearings in which the coercion review hearing is not always called prior to issuing the corresponding measure. It is necessary that it be a single and unique procedure or that it be approved and universal, by each and everyone, of mandatory application, as indicated in Constitutional sentence No. 238-2017, and there is no freedom of a person or the discretion of the judges, hence the objective of this research work and the need for the Council of the Judiciary to indicate the guidelines or instructions of the relevant procedure to issue BOLERTS OF APPRECIATION, in the case of 1st. Time and following. This was determined by observing that the hearings for the review of enforcement in the food lawsuits, as well as interviews with lawyers specialized in the matter of Children and Adolescents, interviews with the different Judges of the North 1 Judicial Unit of Family, Women, Childhood and Adolescence of the Guayaquil canton, related to compliance with due process.- In relation to article 137 of the General Code of Procedures, which indicates that personal pressure is considered necessary and as the option for those feeders who do not care about their children and do not wish to comply with the payment of alimony, also considering that the direct personal pressure violates due process since the circumstances of the obligor are not known for not meeting their obligation, which may vary from one time to another and can generalize that the feeder does not attend because he does not mind feeding his child.- Relevant aspects of the investigation ion establishes the need to issue an instruction so that the judges can issue a measure of constraint against the principal obligated parties.- Finally, this research work, whose main topic is the hearing for the review of constraint measures, in which it is addressed As in the current procedure, it is violating due process at the time of issuing the request without calling a hearing, under the pretext that it was already called the first time and did not attend it.

En virtud del aumento en el uso de las tecnologías de la información en el comercio y en la práctica del derecho, los clickwrap agreementes se han ido implementando para contraer obligaciones derivadas de las novaciones de contratos de mutuo, denominados como refinanciamientos y reestructuraciones. Frente a esta nueva aplicación de los contratos clickwrap, analizamos el reconocimiento legal que la normativa ecuatoriana le ha dado a este tipo de contratos y las normas procesales aplicables en caso de exigir su cumplimiento por vía judicial. El objetivo general de este trabajo es analizar la normativa vigente aplicable para esta contratación electrónica con el fin de poder determinar cuales son las solemnidades que se deben de cumplir para ser reconocidos legalmente y como consecuencia de esto, que puedan ser exigibles judicialmente. La metodología que se aplica en el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, el cual se enfoca en el estudio de la legislación procesal que ampara la ejecución judicial de estos contratos en caso de incumplimiento a base del análisis del derecho comparado y de los criterios legales que actualmente tienen los profesionales del derecho y jueces de la materia. Los resultados que se han obtenido en este trabajo demuestran la necesidad de incorporar un apartado en la Ley que trate las normas procesales que deben de aplicarse para la ejecución de judicial de los clickwrap agreementes en los casos de cobro de dinero generados de novaciones de contratos de mutuo o préstamos de dinero. Under the increase of the use of information technologies in commerce and in the practice of law, clickwrap agreements have been implemented to incur obligations derived from the novations of loan agreements, known as debt refinancing and debt restructuring. Faced with this new application of clickwrap contracts, we analyze the legal recognition that Ecuadorian regulations have given to this type of contract and the applicable procedural rules in case of demanding compliance by judicial means. The general objective of this work is to analyze the current applicable regulations for this electronic contracting in order to be able to determine which are the solemnities that must be fulfilled to be legally recognized and as a consequence of this, that may be legally enforceable. The methodology applied in the present work has a qualitative approach, which focuses on the study of the procedural legislation that protects the judicial execution of these contracts in case of non-compliance based on the analysis of comparative law and the legal criteria that they currently have legal professionals and judges on the matter. The results that have been obtained in this work demonstrate the need to incorporate a section in the Law that deals with the procedural norms that must be applied for the judicial execution of the clickwrap agreements in the cases of collection of money generated from novations of contracts of money loans agreements.

El abandono es la renuncia deliberada por parte del actor de seguir un procedimiento, sin perjuicio que se reserve seguir otra demanda con la misma pretensión, por cuanto se trata del abandono de una pretensión procesal y no de una pretensión jurídica. El Código Orgánico General de Procesos (2019) estipula que procede el abandono de los procesos que se puede dar en primera y segunda instancia y casación, cuando los sujetos procesales han dejado de continuarlo por un término de tiempo de ochenta días, luego de ello en primera instancia no se puede proponer una nueva demanda, situación que vulnera el derecho y pretensión jurídica a la tutela judicial efectiva que para muchas personas puedan acceder a la justicia, generando una controversia al debido proceso dentro de los procesos judiciales. Como objetivo general del estudio se espera crear un documento analítico el cual evidencie como la declaratoria de abandono violenta el derecho fundamental a la defensa judicial efectiva. El diseño de investigación es cualitativo, con alcance exploratorio, descriptivo y explicativo. Como resultado se evidenció que el estudio del abandono de los procesos no debe limitar su pretensión jurídica de seguir una nueva acción, debe regularse que el abandono de primera instancia, garantizando eficacia y eficiencia en la administración pública. Abandonment is the deliberate resignation by the actor to follow a procedure, without prejudice to the fact that it is reserved to follow another claim with the same claim, since it is the abandonment of a procedural claim and not a legal claim. The General Organic Code of Processes allows the abandonment of the process in the first instance, second instance or cassation when all the parties that appear in the process have ceased in its prosecution during the term of eighty days, but its effect of first instance is that it is not may file a new lawsuit, which violates the right to effective judicial protection of access to justice, limiting the person to lose their legal claim, violating the due process that must exist in all judicial proceedings. Objectives: General.- Create an analytical document which is evidenced as the declaration of violent abandonment of the fundamental right to effective judicial protection. Methodology: Qualitative research design, with exploratory, descriptive and explanatory scope. Results: From the study of the abandonment of the processes, it should not limit its legal claim to follow a new action, it must be regulated that the abandonment of the first instance, guaranteeing effectiveness and efficiency in the public administration.

La prueba de oficio constituye en la actualidad uno de los temas que más debate ha generado entre los procesalistas del foro. Así, un sector ha planteado la necesidad de dotar al juez de poderes probatorios para la búsqueda de la verdad de los hechos controvertidos, en tanto, otro sector ha expuesto de manera vehemente sus críticas y rechazo a dichos poderes por considerarlos autoritarios. El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general definir cuáles deben ser los límites a la iniciativa probatoria del juez, al decretar de oficio la práctica de pruebas frente a la carga de la prueba, a fin de asegurar en el proceso, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las partes. La metodología empleada fue el teórico jurídico, con un enfoque histórico, comparado y documental, para analizar la doctrina y los antecedentes históricos del proceso, la prueba, su objeto, su finalidad, sus principios, la prueba de oficio, su comparación con legislaciones de otros Estados y examinar las corrientes procesales a favor y en contra de la prueba de oficio. Los resultados muestran que la prueba de oficio es la herramienta que el juez tiene para aproximarse a la verdad de los hechos controvertidos en el proceso, a fin de alcanzar a través de una decisión fundada en hechos verdaderos, el ideal superior de justicia y paz social. En conclusión, se determinó la necesidad de definir los límites que deben contrarrestar un ejercicio arbitrario y abusivo de la iniciativa probatoria del juez. The ex officio evidence is currently one of the topics that has generated the most debate among the forum's proceduralists. Thus, one sector has raised the need to provide the judge with evidentiary powers to search for the truth of the disputed facts and another sector has vehemently exposed its criticisms and rejection of said powers for considering them authoritarian. The general objective of this research work is to define what should be the limits to the evidence initiative of the judge, when decreeing ex officio the taking of evidence against the burden of proof, in order to ensure in the process, the full validity of the fundamental rights and guarantees of the procedural parties. The methodology used was the legal theorist, with a historical, comparative and documentary approach, to analyze the doctrine and the historical antecedents of the process, the evidence, its object, its purpose, its principles, the ex officio evidence, its comparison with legislation of other States and examine the procedural currents for and against the ex officio test. The results show that the ex officio evidence is the tool that the judge has to approach the truth of the controversial facts in the process, in order to reach, through a decision based on true facts, the superior ideal of justice and social peace . In conclusion, the need to define the limits that must counteract an arbitrary and abusive exercise of the judge's evidentiary initiative was determined.

La actividad probatoria civil, en la práctica litigiosa del derecho, es un elemento trascendental en los procesos judiciales civiles, donde la prueba es practicada por las partes y valorada por el Juzgador para poder resolver sobre los asuntos de controversia durante la audiencia, para lo cual la reforma procesal vigente desde el año 2016 el legislador ha planteado el procedimiento a fin de garantizar eficazmente el derecho a la defensa de las partes. Con la ayuda de la doctrina procesal de autores reconocidos se repasa los conceptos, garantías y definiciones prácticas del derecho a la defensa dentro de la actividad probatoria civil, además, se prestará particular atención a los artículos 143, 158, al 231 del COGEP, analizando la información recopilada bajo la mirada de los métodos jurídico, exegético y estadístico, contrastando esto con los datos recolectados a través de una encuesta donde nos informaran de la experiencia vivida en su rol de profesionales del derecho durante la actividad probatoria en las audiencias civiles, información que reflejaría la afectación de las partes en estas diligencias, para tener una imagen de la realidad procesal del derecho civil ecuatoriano, donde nuestro estudio se centrará a profesionales que ejerzan el derecho en las Unidades Judiciales Civiles de la ciudad de Guayaquil. Por último, una vez analizados los resultados de la información obtenida, se procederá a establecer conclusiones y recomendaciones, que abonen al acerbo científico del derecho procesal civil ecuatoriano, en la práctica probatoria, defensa y que posibiliten eficientemente llegar a la verdad al juzgador. Civil evidence activity, in the litigious practice of law, is a transcendental element in civil judicial processes, where the evidence is practiced by the parties and valued by the Judge in order to be able to resolve controversial matters during the hearing, for which purpose the procedural reform in force since 2016, the legislator has proposed the procedure in order to effectively guarantee the right to defense of the parties. With the help of the procedural doctrine of recognized authors, the concepts, guarantees and practical definitions of the right to defense within the civil evidentiary activity are reviewed, in addition, particular attention will be paid to articles 143, 158, to 231 of the COGEP, analyzing the information collected under the gaze of legal, exegetical and statistical methods, contrasting this with the data collected through a survey where they will inform us of the experience lived in their role as legal professionals during the evidentiary activity in civil hearings, information which would reflect the involvement of the parties in these proceedings, to have an image of the procedural reality of Ecuadorian civil law, where our study will focus on professionals who practice law in the Civil Judicial Units of the city of Guayaquil. Finally, once the results of the information obtained have been analyzed, conclusions and recommendations will be established, which contribute to the scientific knowledge of Ecuadorian civil procedural law, in the evidentiary practice, defense and that make it possible to efficiently reach the truth to the judge.

La detención con fines investigativos es una medida cautelar que permite a la fiscalía privar de su libertad a una persona por un lapso de tiempo determinado, con la finalidad de recabar elementos de cargo y descargo dentro de la investigación previa. En este trabajo investigativo analizamos la figura jurídica de la detención y su aplicación material en el campo jurídico; así es como explicamos la existencia o no de la vulneración de derechos cuando existe una mala aplicación de esta medida cautelar. Esta necesidad surge a raíz de la falta de coherencia entre el ser y deber ser de la norma con la realidad, en cuanto a la detención con fines investigativos y la pluralidad de opiniones respecto a cómo debe aplicarse esta figura jurídica, tanto de parte de fiscales, como jueces. En relación a la metodología, se aplicarán los métodos deductivo, descriptivo y jurídico doctrinal. Dentro de la presente investigación se busca determinar la vulneración del derecho a la libertad que tienen las personas que son detenidas con fines investigativos dentro de la etapa preprocesal penal (investigación previa), fase cuya titularidad recae en la Fiscalía General del Estado, como órgano autónomo de la Función Judicial, que ejerce la titularidad de la acción penal pública, para lograrlo daremos un vistazo a la práctica jurídica a través de mecanismos como la entrevista, lo cual nos dará paso a diferentes puntos de vista que pondremos a discusión para un análisis correcto de los resultados obtenidos, y elaborar la propuesta que debe ser implementada para evitar la vulneración de los derechos de libertad y el debido proceso. Arrest for investigative purposes is a precautionary measure that allows the prosecution to deprive a person of his liberty for a specified period of time, in order to collect charge and disclaimer elements within the previous investigation. In this investigative work we analyze the legal figure of detention and its material application in the legal field; this is how we explain whether or not the violation of rights exists where there is a misapplication of this precautionary measure. This need arises from the lack of coherence between being and duty to be of the norm with reality, detention for investigative purposes and the plurality of opinions on how this legal figure should be applied, both from prosecutors and judges. In the present, we are going to use a deductive method along with the descriptive method and doctrinal legal; as well as, we take a look at legal practice through mechanisms such as interviewing, which will give us way to different points of view that we will put to discussion for a correct analysis of the results obtained, and develop the proposal that should be implemented to avoid infringement of the rights of freedom and due process.

El presente trabajo tiene como objeto de investigación la aplicación del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador y presenta como objetivo determinar la conformidad de su aplicación respecto al principio procesal de legalidad y las garantías del debido proceso previstos en la norma constitucional y legal. Al respecto, se realiza el análisis de los fundamentos normativos y teóricos que definen a la legalidad y el debido proceso penal dentro del marco del ejercicio de la defensa, conjuntamente con la recopilación de una evaluación al sistema procesal en la aplicación del procedimiento directo. Se sustenta la información obtenida mediante la recopilación bibliográfica, la recopilación de legislación comparada de países de la región latinoamericana y en la obtención de encuestas dirigidas a profesionales del derecho, donde determinan su criterio respecto al problema presentado. Se presentan los resultados de la investigación y se elabora una propuesta de reforma legislativa dirigida a garantizar la conformidad de los principios y garantías en la aplicación del procedimiento directo. The purpose of this study is to investigate the application of the direct procedure provided for in the Código Orgánico Integral Penal of the República del Ecuador and its objective is to determine the conformity of its application with respect to the procedural principle of legality and the guarantees of due process provided for in the constitutional and legal norm. In this regard, an analysis of the normative and theoretical foundations that define legality and criminal due process is carried out within the framework of the defense exercise, together with the compilation of an evaluation of the procedural system in the application of the direct procedure. The information obtained by means of the bibliographic compilation, the compilation of comparative legislation of countries of the Latin American region and in the obtaining of surveys directed to legal professionals, where they determine their criteria regarding the problem presented, is supported. The results of the investigation are presented and a legislative reform proposal is prepared aimed at guaranteeing the conformity of the principles and guarantees in the application of the direct procedure.

El juicio de cobro de honorarios profesionales entre abogado y cliente fue instaurado con la expedición de la Ley de Federación de Abogados en marzo de 1973 para resolver las controversias generadas por el no pago o pago incompleto de los honorarios profesionales que un cliente debe a su abogado por las gestiones técnicas que este último ha realizado en la tramitación de los asuntos concernientes a su profesión, no obstante, la resolución que pone fin a esta controversia no es susceptible de apelación según lo que redacta el artículo 333 numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos. En ese sentido, el objetivo general del presente trabajo es determinar si la imposibilidad de apelar a la sentencia que trae consigo la precitada norma del COGEP vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de poder recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. La metodología que se emplea tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, que toma como objeto de estudio: análisis doctrinario, normativa nacional, jurisprudencia local e internacional, y entrevista y encuestas a expertos en la materia. Los resultados demuestran que existe vulneración al debido proceso por la imposibilidad de apelar a la sentencia del juicio instaurado en el artículo 847 del Código Procedimiento Civil (hoy derogado). Se concluye, que es necesaria una reforma al numeral 6 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, a fin de incluir el recurso de apelación en el juicio de cobro de honorarios profesionales entre abogado y cliente. The collection of professional fees between lawyer and client Trial was established with the issuance of the Federation of Lawyers law in March 1974 to resolve disputes generated by the non-payment or incomplete payment of professional fees that a client owes to his lawyer for the technical steps that the latter has taken in the processing of matters concerning his faculties. However, the resolution that puts an end to this dispute is not subject of appealing according to Article 333, paragraph 6 of the General Organic Code of Processes. In this sense, the general objective of the present work is to determine whether the impossibility of appealing the sentence brought by the aforementioned COGEP rule violates the right to due process in guaranteeing the right to appeal the ruling to a higher judge or court. The methodology used in this work has a qualitative approach, taking as its object of study: doctrinal analysis, national regulations, jurisprudence local and international, and interviews with experts in the field. The results show that there is a violation of due process due to the impossibility of appealing the sentence of the trial established in article 847 of the Civil Procedure Code (now repealed). It is concluded that an amendment to Article 333(6) of the General Organic Code of Procedure is necessary in order to include the appeal in the trial for the collection of professional fees between attorney and client.

El uso del testimonio anticipado protege los derechos de la víctima; estableciéndolo en la práctica como un medio de prueba donde se vulnera el derecho a la defensa del presunto infractor; al no ser debidamente notificado para que comparezca con su defensor técnico a elección, este medio de prueba es considerado fundamental durante la investigación previa. La metodología se desarrollará a través de la modalidad cuantitativa, no experimental direccionado en el bosquejo metodológico, descriptivo y analítico sobre el investigado y la víctima, garantía del debido proceso, derecho a la defensa, el testimonio anticipado y la investigación previa desde sus orígenes hasta la actualidad. Además, se usó los métodos teóricos, descriptivos, analíticos, deductivos y empíricos como la observación y la encuesta. Consecuentemente se desarrollará como proyecto una ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (2014) con el fin de garantizar la aplicación de los principios de inmediación y contradicción. The use of advance testimony protects the rights of the victim; establishing it in practice as a means of proof where the right to defense of the alleged offender is violated; As he is not duly notified to appear with his chosen technical defender, this means of proof is considered essential during the preliminary investigation. The methodology will be developed through the mixed modality of quantitative, non-experimental category, directed in the methodological, descriptive and analytical sketch on the investigated and the victim, the guarantees of due process, the right to defense, the anticipated testimony and the investigation. previous from its origins to the present. In addition, theoretical, descriptive, analytical, deductive and empirical methods such as observation and survey were used. Consequently, a reform law to the Comprehensive Organic Penal Code (2014) will be developed as a project in order to guarantee the application of the principles of immediacy and contradiction.

El presente trabajo de investigación guarda como pretensión principal, el análisis de la importancia de las herramientas tecnológicas en el sistema procesal oral ecuatoriano, en protección del debido proceso. En virtud de esta premisa, estas nuevas innovaciones técnicas han emergido como elementos de ayuda para la solución de deficiencias, tradicionalmente presentes en el desarrollo de los procesos judiciales; sin embargo, a pesar de haberse empezado a comprender su relevancia y siendo mencionadas en disposiciones legales, su integración a la dinámica propia del sistema oral nacional ha constituido un auténtico desafío. Es por ello que, a través de una investigación jurídica de tipo cualitativa, descriptiva, no experimental, se explorarán las diversas problemáticas que forman parte del espectro de las nuevas tecnologías aplicadas en el sistema procesal oral, enfocando los diversos escenarios, desde la perspectiva concreta de las garantías básicas del debido proceso, como parámetros de mínimo cumplimiento en el desenvolvimiento de la gestión jurisdiccional procesal. Evidentemente, tal desarrollo investigativo, permitirá determinar las pautas necesarias encaminadas hacia la solución a proponer, basada en una reforma procesal integral y estructural, que incorpore de manera objetiva e integral, las herramientas tecnológicas en las instituciones procesales tradicionales. The present research work keeps as its main claim, the analysis of the importance of technological tools in the Ecuadorian oral procedural system, in protection of due process. By virtue of this premise, these new technical innovations have emerged as helpful elements for the solution of deficiencies, traditionally present in the development of judicial processes; However, despite having begun to understand their relevance and being mentioned in legal provisions, their integration into the dynamics of the national oral system has been a real challenge. That is why, through a qualitative, descriptive, non-experimental legal investigation, the various problems that are part of the spectrum of new technologies applied in the oral procedural system will be explored, focusing on the various scenarios, from the specific perspective of the basic guarantees of due process, as parameters of minimum compliance in the development of the procedural jurisdictional management. Obviously, such investigative development will make it possible to determine the necessary guidelines aimed at the solution to be proposed, based on a comprehensive and structural procedural reform, which incorporates in an objective and comprehensive manner, the technological tools in traditional procedural institutions.

La presente investigación tiene como título, efectos de la declaratoria de abandono de la causa por falta de comparecencia del actor a las audiencias establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, que tuvo como objetivos, analizar e identificar los derechos y garantías que los jueces transgreden al declarar el abandono de la causa por la inasistencia o retardo del actor a las audiencias en el escenario que asista solo su abogado patrocinador sin procuración judicial con cláusula especial para transigir, para así proponer una reforma al numeral uno del artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, y para lo cual, nuestro trabajo de investigación se llevó a cabo bajo un proceso centrado en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, empleándose los métodos jurídico doctrinario, histórico jurídico y analítico sintético del contenido normativo, así como la aplicación del instrumento de recolección de información como la entrevista aplicada a abogados en libre ejercicio y a funcionarios judiciales de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador; igualmente el estudio de un caso laboral respecto a la inasistencia del actor a la audiencia única teniendo como consecuencia la declaratoria de abandono por parte del juzgador y el análisis jurisprudencial de las Sentencias de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional del Ecuador. Respecto de esta causa se concluyó que existe vulneración del derecho al debido proceso por parte de los jueces al declarar el abandono de la misma por cuanto el demandante no asistió a las audiencias estipuladas en referido cuerpo normativo al presentarse solo su abogado patrocinador sin procuración judicial con cláusula especial para transigir, por lo que se determinó la importancia de reformar el numeral uno del artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, con la finalidad de que se le permita a la parte actora solicitar al juez por una sola vez en un término de cinco días, que señale nueva fecha y hora para su comparecencia a la respectiva audiencia para que así tenga la oportunidad de ser escuchado y ejerza el derecho a su defensa, garantizando de esta manera el derecho al debido proceso. The title of this investigation is the effects of the declaration of abandonment of the case due to the failure of the actor to appear at the hearings established in the General Organic Code of Processes, which aimed to analyze and identify the rights and guarantees that the judges violate when declaring the abandonment of the case due to the absence or delay of the actor to the hearings on the stage that only his sponsoring lawyer attends without judicial authority with a special clause to compromise, in order to propose a reform to numeral one of article 87 of the General Organic Code of Processes, and for which, our research work was carried out under a process focused on the interpretive paradigm, with a qualitative approach, using the legal doctrinal, historical legal and synthetic analytical methods of the normative content, as well as the application of the information collection instrument such as the interview applied to lawyers in free and court and judicial officials from the city of Guayaquil, Guayas province, Ecuador; likewise, the study of a labor case regarding the non-attendance of the plaintiff at the sole hearing, resulting in the declaration of abandonment by the judge and the jurisprudential analysis of the Sentences of the National Court of Justice and the Constitutional Court of Ecuador. Regarding this case, it was concluded that there is a violation of the right to due process on the part of the judges when declaring the abandonment of the same because the plaintiff did not attend the hearings stipulated in said normative body when only his sponsor lawyer appeared without judicial prosecution with special clause to compromise, for which it was determined the importance of reforming numeral one of article 87 of the General Organic Code of Processes, in order to allow the plaintiff to request the judge only once in a term of five days, to set a new date and time for his appearance at the respective hearing so that he has the opportunity to be heard and exercise the right to his defense, thus guaranteeing the right to due process.

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar las medidas de protección contra la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar. Como objetivos específicos, en primer lugar, se analizaron las concepciones jurídicas y doctrinarias sobre el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar, también se estudiaron las medidas de protección en el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar y se determinó cómo se establece el derecho a la presunción de inocencia en delitos de violencia intrafamiliar en el contexto del derecho comparado.La metodología se desarrolló a partir de una investigación documental, que se enfocó en el paradigma interpretativo positivista con un nivel descriptivo, exploratorio y explicativo. Para ello, se utilizaron métodos de análisis sintéticos, doctrina jurídica, inferencias hipotéticas, que permitieron elaborar análisis y conclusiones sobre el abordaje del tema. Se concluyóEl juez para decretar cualquier medida de protección dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, debe evaluar muy bien las condiciones del caso concreto a los efectos de verificar en qué casos es procedente una medida y cuando no. Por último, se recomendó a todas las autoridades judiciales, policiales, de investigación o de carácter administrativo que realicen una investigación en cintra de cualquier ciudadano que deben garantizarle el principio de presunción de inocencia en cada una de las fases del proceso. The general objective of this investigation was to determine the protection measures against the violation of the right to the presumption of innocence in crimes of domestic violence. As specific objectives, in the first place, the legal and doctrinal conceptions on the right to the presumption of innocence in crimes of intrafamily violence were analyzed, protection measures were also studied in the right to the presumption of innocence in crimes of intrafamily violence and It was determined how the right to the presumption of innocence is established in crimes of domestic violence in the context of comparative law. The methodology was developed from a documentary research, which focused on the positivist interpretive paradigm with a descriptive, exploratory and explanatory level. For this, synthetic analysis methods, legal doctrine, hypothetical inferences were used, which allowed the elaboration of analyzes and conclusions on the approach to the subject. It was concluded The judge to order any protection measure within a process of intrafamily violence, must evaluate very well the conditions of the specific case in order to verify in which cases a measure is appropriate and when it is not. Finally, it was recommended to all judicial, police, investigative or administrative authorities to carry out an investigation of any citizen that they must guarantee the principle of presumption of innocence in each of the phases of the process.

El enfoque de esta investigación es el estudio de la figura procesal del procedimiento directo establecido en el Código Orgánico Integral Penal e identificar las normativas jurídicas vigentes que permitan la aplicación de los derechos y principios constitucionales en dicho procedimiento, tales como, el debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y el principio de celeridad, con el fin de avalar el principio de celeridad y el garantismo penal. La metodología tiene un enfoque cualitativo, que permitió realizar un análisis crítico jurídico a las resoluciones de las causas penales y casos prácticos acogidas al procedimiento directo del COIP en primera instancia del periodo 10 de agosto del 2014 hasta 10 de agosto 2015; 2019 y 2020 en la Unidad Judicial Penal del cantón Portoviejo, verificando si cumple con el principio de celeridad y el garantismo. Además, la categoría es no experimental, la cual inició con los aspectos generales y características del procedimiento directo establecido en el COIP y su Ley Orgánica Reformatoria. Por el cual se aplicó el diseño de tipo entrevista; obteniendo resultados satisfactorios, ya que efectivamente la aplicabilidad del procedimiento directo, en la atención al principio de celeridad y el garantismo no cumple con la obediencia del garantismo penal, cuyas consecuencias es la vulneración dentro las garantías básicas del debido proceso, tales como, el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad en la aplicación del ius puniendi. The focus of this research is the study of the procedural figure of the direct procedure established in the Comprehensive Organic Criminal Code and to identify the legal regulations in force that allow the application of constitutional rights and principles in said procedure, such as due process, law to defense, legal security and the principle of speed, in order to support the principle of speed and criminal guarantees. The methodology has a qualitative approach, which made it possible to carry out a critical legal analysis of the resolutions of criminal cases and practical cases under the direct procedure of the COIP in the first instance from the period August 10, 2014 to August 10, 2015; 2019 and 2020 in the Criminal Judicial Unit of the Portoviejo canton, verifying if it complies with the principle of speed and guarantees. In addition, the category is non-experimental, which began with the general aspects and characteristics of the direct procedure established in the COIP and its Reform Organic Law. For which the interview type design was applied; obtaining satisfactory results, since effectively the applicability of the direct procedure, in the attention to the principle of speed and the guarantee, does not comply with the obedience of the criminal guarantee, the consequences of which is the violation of the basic guarantees of due process, such as due process. process, right to defense and security in the application of ius puniendi.

El siguiente trabajo tuvo como título Debida Aplicación de las Medidas Cautelares Personales en Sujeción al Debido Proceso, el cual tuvo como objetivo el analizar la medida cautelar personal de la prisión preventiva con la finalidad de una revisión a su correcta aplicación en los procesos penales del Ecuador, con sujeción al debido proceso. Para esto se utilizaron métodos de investigación documental, exegético jurídico, jurídico comparado con el fin de presentar el estado actual de la prisión preventiva en el Ecuador. Sobre la presente investigación, se llegó a la conclusión de que la prisión preventiva, aunque estipulada adecuadamente en el COIP, esta no es aplicada adecuadamente por lo que se sugirió que existiera un mayor control en estos casos y se considerara un principio de proporcionalidad al momento de medir los efectos que esta medida tendría en los ciudadanos para preservar sus garantías constitucionales de los procesados. The following work was entitled Due Application of Personal Precautionary Measures in Subjection to Due Process, which aimed to analyze the personal precautionary measure of preventive detention with the purpose of a review of its correct application in the criminal proceedings of Ecuador, subject to due process. For this, documentary, legal exegetical and comparative research methods were used in order to present the current state of preventive detention in Ecuador. Regarding the present investigation, it was concluded that preventive detention, although adequately stipulated in the COIP, is not properly applied, so it was suggested that there be greater control in these cases and that a principle of proportionality be considered at the time. to measure the effects that this measure would have on citizens to preserve their constitutional guarantees of the accused.

La formulación de cargos deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 595 del COIP, sin perjuicio de la observación de las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución de la República. El problema central es si la resolución de imputación que realiza el fiscal cumple con los parámetros de la motivación. La investigación se orienta a la armonía entre la formulación de cargos, con los derechos constitucionales, específicamente en la garantía de la motivación, como parte del derecho a la defensa. Para ello, la metodología utilizada fue la cualitativa, que permitió el análisis de la doctrina acerca de la imputación y del derecho a la motivación; en la misma línea, se pudo analizar la normativa constitucional, ordinaria y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De la misma manera, se realizaron entrevistas a fiscales y expertos en derecho penal, respecto a la temática abordada. Mediante la discusión de los resultados se pudo obtener datos acerca de la finalidad, fundamento jurídico, características, errores y satisfacción de la motivación en la imputación que realiza el fiscal. El aporte del presente trabajo consiste en un criterio para verificar la motivación en la formulación de cargos, en el que se incluye los parámetros de razonabilidad, coherencia y comprensibilidad. La conclusión a la que se arriba es que la imputación debe cumplir no solo con los requisitos dispuestos en la ley, sino también, con los presupuestos de la motivación, como medio de control y exclusión de la arbitrariedad en las resoluciones del poder público. The formulation of charges must comply with those guidelines established in article 595 of the COIP, without prejudice to the observance of the guarantees of due process established in the Constitution of the Republic. The central problem is whether the resolution of the imputation carried out by the prosecutor complies with the parameters of the motivation. The investigation is oriented to the harmony between the formulation of charges, with the constitutional rights, specifically in the guarantee of the motivation, as part of the right to defense. To do this, the methodology used was qualitative, which allowed the analysis of the doctrine about the imputation and the right to motivation; Along the same lines, it was possible to analyze the constitutional and ordinary regulations and the jurisprudence of the Constitutional Court. In the same way, interviews were conducted with prosecutors and experts in criminal law, regarding the issue addressed. Through the discussion of the results, it was possible to obtain data about the purpose, legal basis, characteristics, errors and satisfaction of the motivation in the imputation made by the prosecutor. The contribution of this work consists of a criterion to verify the motivation in the formulation of charges, which includes the parameters of reasonableness, coherence and understandability. The conclusion reached is that the imputation must comply not only with the requirements established in the law, but also with the presuppositions of the motivation, as a means of control and exclusion of arbitrariness in the resolutions of the public power.

El enfoque de esta investigación es el estudio de la figura jurídica del abandono y sus efectos, desde su naturaleza jurídica dentro del derecho procesal en el tiempo actual; examinando los efectos del abandono a partir del derogado Código de Procedimiento Civil, luego el Código Orgánico General de Procesos y después las reformas que se realizaron en el mismo, a fin de identificar los derechos legales y garantías constitucionales que son vulnerados al momento de aplicarse lo establecido en su artículo 249 inciso segundo de la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP, es decir, al imponer el plazo de seis meses para instaurar una nueva demanda en primeras instancias. La metodología tiene un enfoque cualitativo con categoría no experimental, por ser lo más utilizado frente al estudio de la figura jurídica del abandono que trae como consecuencia la vulneración de las garantías básicas del debido proceso, así como los derechos a la defensa, acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Por el cual se aplicó el diseño de tipo encuesta y entrevistas; obteniendo resultados satisfactorios, ya que efectivamente el inciso segundo del Art. 249 de la Ley Reformatoria al COGEP, sería inconstitucional por atentar con los preceptos jurídicos determinados en los artículos 75, 76 y 82; por lo que se concluye que el hecho de esperar seis meses no es tan correcto, bastaría con que se ejecute el auto que declara el abandono para presentar una nueva demanda. The focus of this research is the study of the legal figure of abandonment and its effects, from its legal nature within procedural law at the present time; examining the effects of abandonment from the repealed Code of Civil Procedure, then the General Organic Code of Processes and then the reforms that were made in it, in order to identify the legal rights and constitutional guarantees that are violated when applying the provisions of article 249, second paragraph of the Organic Reform Law to COGEP, that is to say, by imposing the term of six months to establish a new demand in the first instance. The methodology has a qualitative approach with a non-experimental category, as it is the most widely used when studying the legal figure of abandonment, which results in the violation of the basic guarantees of due process, as well as the rights to defense, access to justice, legal security and effective judicial protection. By which the survey and interview type design was applied; obtaining satisfactory results, since effectively the second paragraph of Article 249 of the COGEP Reform Law, would be unconstitutional for violating the legal precepts determined in articles 75, 76 and 82; reason why it is concluded that the fact of waiting six months is not so correct, it would be enough with the execution of the order that declares the abandonment to present a new demand.

La presente investigación busca tutelar los derechos de la niñez y adolescencia ante organismos judiciales cuando se ejecutan actas de mediación por acuerdos celebrados entre los progenitores o representantes legales realizados por iniciativa directa, sin la existencia de una acción judicial previa siguiendo la normatividad sobre el procedimiento de ejecución establecida en el Código Orgánico General de Procesos, pero que para éstos casos parcialmente no es viable por no delimitársela en forma clara, siendo necesario realizar una revisión de los antecedentes existentes en la temática y del planteamiento del problema que existe en el campo de la niñez y adolescencia. El objetivo planteado es aplicar normas complementarias del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, del mismo Código Orgánico General de Procesos con sus reformas que actualmente se encuentran aprobadas por la Asamblea Nacional, Código Civil, sentencia constitucional No.12-2017 y demás disposiciones internacionales y reglas de interpretación de la ley conexas a la materia en discusión, aplicándose métodos teóricos histórico-jurídico, doctrinal, análisis-síntesis, jurídico comparado que conlleva a los métodos dialectico y de análisis documental con revisión de expedientes judiciales y encuesta, teniendo como conclusión la unificación de procedimiento en la ejecución de acta de mediación en asuntos de niños, niñas y adolescentes ante los Jueces del cantón Jipijapa. This research seeks to protect the rights of children and adolescents before judicial bodies when the mediation proceedings are run by agreements between the parents or legal representatives by direct initiative, without the existence of a previous judicial action following the regulations on the procedure of implementation established in the General organic code of processes, but for ėstos cases partially is not viable for not enclosed in a clear manner, it being necessary to to review the existing in the thematic background and approach to the problem that exists in the field of childhood and adolescence. The stated goal is to apply complementary norms of the organic code of childhood and adolescence, of the same code organic General of processes with reforms that are currently approved by the National Assembly, Civil Code, sentence constitutional No.12-2017 and other international provisions and rules of interpretation of the law related to the matter under discussion, applying theoretical methods, historical - legal, doctrinal, análisis-sintesis, legal relative to that it leads to methods dialectic and documentary analysis with a review of court records and survey, having as a conclusion the unification of procedure in the implementation of the Act on mediation in matters of children, girls and adolescents before the judges of the Jipijapa cantón.

Los antecedentes de esta labor investigativa están constituidos por la existencia de un marco constitucional y procesal que permite que las personas procesadas por el delito de cohecho puedan ser juzgadas en condición de ausencia. Esta situación conlleva a un problema jurídico puesto que se desconoce y se vulnera el derecho a la defensa en igualdad de oportunidades, con lo que la persona procesada al ser juzgada lo está siendo en condición de desventaja. En consecuencia, el objetivo que se plantea en esta investigación es enmendar el artículo 233 de la Constitución para derogar el juzgamiento en ausencia de la persona procesada en los delitos de corrupción pública, en especial en delito de cohecho. En esta investigación se recurrió al uso de la modalidad cualitativa donde se ha empleado la revisión de doctrina, análisis de normas jurídicas, revisión de casos jurídicos, opinión de expertos y validación de la propuesta. Todos estos instrumentos de recolección de la información demuestran la realidad del problema y su impacto en los derechos y garantías procesales a nivel penal, concretamente que el juzgamiento del cohecho en ausencia limita la efectividad de la defensa técnica de la persona procesada. En efecto, estas técnicas llevan a la conclusión y a los resultados que la propuesta de enmienda al artículo 233 de la Constitución garantiza con mayor eficiencia el derecho a la defensa en condiciones de igualdad debido al juzgamiento del cohecho únicamente llevado a cabo con la presencia de persona procesada, fortaleciéndose los derechos humanos y fundamentales. The background to this investigative work is constituted by the existence of a constitutional and procedural framework that allows people prosecuted for the crime of bribery to be tried in absentia. This situation leads to a legal problem since the right to defense on equal opportunities is unknown and is violated, which means that the person prosecuted when judged is being disadvantaged. Consequently, the objective set forth in this investigation is to amend article 233 of the Constitution to repeal the trial in the absence of the person prosecuted in crimes of public corruption, especially in the crime of bribery. In this research, the use of the qualitative modality was used, where the review of doctrine, analysis of legal norms, review of legal cases, expert opinion and validation of the proposal have been used. All of these information gathering instruments demonstrate the reality of the problem and its impact on procedural rights and guarantees at the criminal level, specifically that the trial of bribery in absentia limits the effectiveness of the technical defense of the person prosecuted. Indeed, these techniques lead to the conclusion and results that the proposed amendment to article 233 of the Constitution more efficiently guarantees the right to defense under equal conditions due to the trial of bribery only carried out with the presence of a person processed, strengthening human and fundamental rights.

Esta investigación refleja sus antecedentes en la aplicación del procedimiento abreviado raíz del garantismo constitucional vigentes desde el 2008, y del nuevo orden procesal penal que parte de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal vigente a partir de 2014. Desde la implementación del procedimiento abreviado, mucho se ha discutido acerca de los requisitos para su aplicación. Por lo tanto, el problema consiste en que el procedimiento abreviado vulnera a los derechos fundamentales, puesto que para ser aplicado requiere de la aceptación del procesado en la comisión del hecho punible. Por lo tanto, este procedimiento vulnera el principio de presunción de inocencia. El objetivo principal de esta investigación es impulsar la derogación del procedimiento abreviado del sistema procesal ecuatoriano. En el desarrollo de esta investigación se ha empleado la modalidad cualitativa, que se fundamenta en el análisis de doctrina, de normas jurídicas, de opiniones de expertos y estudios de caso. Por lo tanto, los resultados de esta investigación demuestran que en la práctica del procedimiento abreviado la negociación de una pena rebajada propuesta por los agentes fiscales a las personas procesadas no contempla la dimensión real de los derechos fundamentales de estas personas. Respecto de la discusión de esta investigación, se aprecian posturas a favor y en contra del procedimiento abreviado, fundamentándose en mayor medida su carácter vulneratorio al debido proceso. Finalmente, se valora que la propuesta es viable por tratarse el principio de presunción de inocencia de un derecho de mayor jerarquía como parte de los derechos fundamentales. This investigation reflects its antecedents in the application of the abbreviated procedure root of the constitutional guarantee in force since 2008, and of the new criminal procedural order that starts from the validity of the Organic Integral Criminal Code in force as of 2014. Since the implementation of the abbreviated procedure, much The requirements for its application have been discussed. Therefore, the problem is that the abbreviated procedure violates fundamental rights, since in order to be applied it requires the acceptance of the defendant in the commission of the punishable act. Therefore, this procedure violates the principle of presumption of innocence. The main objective of this investigation is to promote the repeal of the abbreviated procedure of the Ecuadorian procedural system. The qualitative modality has been used in the development of this research, which is based on the analysis of doctrine, legal norms, expert opinions and case studies. Therefore, the results of this investigation demonstrate that in the practice of the abbreviated procedure the negotiation of a reduced penalty proposed by the tax agents to the persons prosecuted does not contemplate the real dimension of the fundamental rights of these persons. Regarding the discussion of this investigation, there are positions in favor and against the abbreviated procedure, based on a greater extent its violation of due process. Finally, it is valued that the proposal is viable because it is the principle of presumption of innocence of a higher right as part of the fundamental rights.

El presente trabajo refleja un estudio de tipo cualitativo del auxilio judicial para corregir su ambigüedad a través de una propuesta de reforma legal. Esta figura está contenida en el artículo 159 del COGEP y si bien se han realizado escasas investigaciones al respecto, ya algunos autores ha planteado la inquietud de cómo debe actuar el juez y la parte en caso tal caso; es decir, qué requisito deben exigirse para su concreción o cómo podría conciliarse la discrecionalidad del juez con el debido proceso. Para la elaboración de este trabajo ha sido importante el uso de métodos teóricos como lógico, exegético y comparativo a fin de considerar la naturaleza del auxilio judicial, su ambigüedad legislativa y la proposición de su posible solución. Asimismo, se emplearon métodos empíricos que implicaron el estudio de la norma legal y la entrevistas a expertos en materia procesal civil. Entre los resultados más significativos se ha encontrado en el principio favor probationes un elemento importante para hacer más flexible y beneficioso el auxilio judicial pues le da más importancia a la prueba en sí que a las formalidades. The present work reflects a qualitative effort for the study of the judicial assistance in order to correct its ambiguity according to a legal reform proposal. This figure is contained in article 159 of the COGEP and although there have been few investigations in this matter, and some authors have raised the concern of how should act the judge and the party in such a case; that is, what requirement should be asked for its implementation or how the discretion of the judge with due process could be reconciled. For the elaboration of this work it has been important the use of theoretical methods as logical, exegetical and comparative in order to consider the nature of judicial assistance, its legislative ambiguity and the proposal of its possible solution. Likewise, empirical methods were used that involved the study of the legal norm and the interviews of experts in civil procedural matters. Among the most significant results has been found in the principle favor probation is an important element to make more flexible and beneficial judicial assistance because it gives more importance to the test itself than to the formalities.

Antecedente: El presente estudio académico se realizó en virtud de las múltiples violaciones procesales al momento de dictar la medida cautelar de Prisión Preventiva, y debido a los efectos restrictivos que causa ésta en el derecho a la Libertad individual y personal de los ciudadanos. Objetivo General: Analizar la prisión preventiva como extralimitación de las medidas cautelares en el derecho a la libertad individual. Metodología: Investigación de índole jurídico-descriptiva, evaluativa y cuantitativa no experimental que permite establecer el grado de afectación en el derecho a la libertad personal al momento de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Resultados: Una vez concluido el proceso investigativo, establecer conclusiones objetivas, así como, recomendaciones que permitan la elaboración de una propuesta de solución a la problemática determinada. A partir de la determinación de la implementación desnaturalizada de la Prisión Preventiva en delitos con poca afectación al bien jurídico tutelado por el derecho penal. The present academic study was carried out by virtue of the multiple procedural violations at the time of issuing the precautionary measure of Preventive Prison, and due to the restrictive effects that this causes in the right to individual and personal freedom of citizens. General Objective: Analyze preventive detention as an overreach of precautionary measures in the right to individual liberty. Methodology: Research of a legal-descriptive status, evaluative and quantitative non-experimental nature that allows establishing the degree of affectation in the right to personal liberty at the time of imposition of the precautionary measure of preventive detention. Results: Once the investigative process is concluded, establish objective conclusions, as well as recommendations that allow the elaboration of a proposed solution to the determined problem. From the determination of the denatured implementation of the Preventive Prison in crimes with little effect on the legal good protected by criminal law.

Antecedentes: En dicha investigación se exponen teorías relacionadas a doctrinas, normas jurídicas y jurisprudencias en base a la legítima defensa en el debido proceso, considerando la falta de motivación que se pudiera dar en las actuaciones procesales, dando paso a la vulneración de los derechos en los diversos pronunciamientos judiciales. El Derecho de defensa, es la facultad propia de la persona acusada o procesada para poder defenderse ante los juzgados y tribunales de garantías penales, ello de forma contraria con el ofendido o víctima de un delito; basado en las normas concedidas por la Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal. Objetivo: Determinar las consecuencias por la falta de motivación en la vulneración del derecho a la legítima defensa. Metodología: El diseño de la investigación se enfocará a una metodología cualitativa, además de plantear el método histórico – jurídico y sistematización jurídica – doctrinal como métodos teóricos, además de un análisis documental, entrevista a profundidad y análisis de sentencia como métodos empíricos. Resultados: Como novedad científica se plantea los procedimientos especiales en materia penal al propender a la celeridad y economía procesal, incurren en una aplicación indebida de principios y garantías que afectan precisamente al plazo razonable, al derecho a la defensa efectiva y al debido proceso como el valor global del garantismo que debe caracterizar al sistema penal, y que en el caso del procesalismo ecuatoriano a pesar de disponer de mejores garantías procesales que en épocas anteriores, éstas, en ciertos ámbitos procesales, no se logran aplicar a cabalidad. Conclusiones: el juicio oral tiene como pieza esencial la acusación fiscal, y la defensa del acusado, pues la validez de la sentencia presupone un debate confrontativo y público dentro del cual, el grado de certeza debe producirse con estricta observancia de los principios que rigen el debido proceso. Background: In this investigation theories related to doctrines, legal norms and jurisprudence are exposed based on the legitimate defense in due process, considering the lack of motivation that could be given in the procedural actions, giving way to the violation of rights in the various judicial pronouncements. The right of defense is the power of the accused or prosecuted person to defend themselves before the courts and tribunals of criminal guarantees, this is contrary to the offender or victim of a crime; based on the norms granted by the Constitution of the Republic and the Code of Criminal Procedure. Objective: To determine the consequences for the lack of motivation in the violation of the right to self-defense. Methodology: The research design will focus on a qualitative methodology, in addition to raising the historical - legal and legal - doctrinal systematization method as theoretical methods, in addition to a documentary analysis, in-depth interview and sentence analysis as empirical methods. Results: As a scientific novelty, the special procedures in criminal matters are raised as they tend to speed and procedural economy, incur in an undue application of principles and guarantees that affect precisely the reasonable period, the right to effective defense and due process such as global value of the guarantee that should characterize the criminal system, and that in the case of Ecuadorian proceduralism despite having better procedural guarantees than in previous times, these, in certain procedural areas, cannot be fully applied. Conclusions: the oral trial has as an essential piece the fiscal accusation, and the defense of the accused, since the validity of the sentence presupposes a confrontational and public debate within which, the degree of certainty must occur with strict observance of the principles that govern the due process.

Desde la vigencia del actual ordenamiento constitucional ecuatoriano, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, que se fundamenta en la aplicación del modelo garantista, es decir que procura por sobre todas las cosas, incluso del propio poder estatal garantizar los derechos de las personas. Así en el ámbito procesal, y concretamente para la adecuada administración de justicia, se han instituido en la Constitución algunos principios, como que la omisión de formalidades no implicará el sacrificio de la justicia. Pese a la vigencia de este principio esencial, y descuidando el criterio de ponderación entre principios y normas que debe aplicarse para resolver adecuadamente los procesos, muchos juzgadores exigen el cumplimiento de formalidades que no tienen una incidencia directa en el proceso, retardando el proceso y en los casos más graves negando pretensiones de los justiciables por meros requisitos formales incumplidos, afectando la vigencia de la justicia. Este problema se aborda en este trabajo investigativo que en cumplimiento de los lineamientos metodológicos se ha desarrollado con un sustento teórico, fáctico y que termina con el planteamiento de conclusiones, sugerencias y reformas sobre el problema estudiado. From the validity of the current Ecuadorian constitutional order, Ecuador is a constitutional State of rights and justice, which is based on the application of the guarantee model, that is to say that it seeks above all things, including the state power itself to guarantee the rights of the people. Thus, in the procedural field, and specifically for the proper administration of justice, some principles have been instituted in the Constitution, such that the omission of formalities will not imply the sacrifice of justice. Despite the validity of this essential principle, and neglecting the weighting criteria between principles and standards that must be applied to adequately resolve the processes, many judges require compliance with formalities that do not have a direct impact on the process, delaying the process and in the most serious cases denying claims of the defendants for mere unfulfilled formal requirements, affecting the validity of the justice. This problem is addressed in this research work that in compliance with the methodological guidelines has been developed with a theoretical, factual basis and ends with the approach of conclusions, suggestions and reforms on the problem studied.

Antecedentes: El presente trabajo académico ha sido realizado en virtud de los yerros en la forma de realizar la notificación, teniendo como Objetivo General: Fundamentar doctrinariamente como una adecuada notificación hace efectivo el debido proceso. Metodología: Es una investigación de índole jurídico-descriptiva, cuantitativa no experimental, que permite obtener conocimiento sobre el grado de insatisfacción de los profesionales del derecho en libre ejercicio con respecto de la notificación. Resultados: Con la finalidad de una vez realizado el proceso investigativo elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas, como también la elaboración de una propuesta que conlleve a la solución de la problemática establecida. Background: The present academic work has been carried out by virtue of the errors in the way of making the notification, having as a General Objective: Determine what are the main shortcomings in the acts of communication (notification) within a judicial process, with the purpose to propose a solution to avoid incurring in procedural nullities, that violate due process, and that generate the presentation of jurisdictional guarantees and constitutional control actions. Methodology: This is a non-experimental, quantitative-descriptive, legal research that provides information on the degree of dissatisfaction of legal professionals in free exercise with respect to notification. Results: With the purpose of once the investigative process is done, draw up the respective conclusions and recommendations, as well as the elaboration of a proposal that leads to the solution of the established problem.

El tema relacionado con “El Recurso de Apelación en materia procesal penal frente a la Doble Conformidad en el Ecuador” se rige en la ley principal que es la Constitución de la República del Ecuador cuyo fin es dar garantía a los derechos que tienen las personas, considerando instrumentos nacionales e internacionales para la obtención de una visión acertada de recurrir a fundamentos teóricos y normativas para definir la doble Conformidad. El problema se presenta por la necesidad de conocer cuáles son los factores impiden que el recurso de apelación en materia procesal penal, cumpla con una verdadera función de revisión y control de las decisiones en el Ecuador, el objetivo general abarca el fundamentar a partir de una sistematización histórica, doctrinal, comparada con una nueva forma de conocer y resolver el recurso de apelación en materia procesal penal por audiencia, alcanzando la garantía de los derechos de todos los sujetos procesales, a la doble conformidad. La premisa abarca diversos factores de índole normativo, teórico e interpretativo que impiden que el recurso de apelación en materia procesal penal, cumpla con una verdadera función de revisión y control de las decisiones de primer nivel. La metodología utilizada es Teórico-Jurídico, Histórico-Jurídico; y, Jurídico-comparado, se utilizar la entrevista a profesionales experto en el área para el ordenamiento jurídico ecuatoriano en la doble conformidad. En conclusión se deben de plantear bases que permitan mejorar la institución de la apelación en comparación con el presente y el futuro evolucionando con otras aristas del derecho. The topic related to “The Objection of Appealing in criminal proceedings against the Double Consent in Ecuador” is ruled by the Core Law which the Constitution of Ecuador is; and which main goal is to provide the assurance to people’s rights. This considers national and international mechanisms to be used in order to achieve the proper vision so the Double Consent can be defined through theoretical basis and norms. The setback is presented due to the need to recognize which factors impede the appealing resource as Penal Process subject to fulfill its real processes of revision and control of the legal decisions in Ecuador; the main objective covers the action of founding the regulations from a historical and doctrinal systematization compared to a new way to distinguish and solve the appealing resource in terms of penal and legal processes by the means of an audience. This guarantee is attained for all the process subjects under the Double Consent. The premise covers up diverse norm, theoretical, and interpretation factors which criminally obstruct the Appeal resource to accomplish its real purpose to revise and control first-level decisions. The methodology applied is Theoretical-Juridical, Historical-Juridical; and compared Juridical. Interviews to experts in the area of Double Consent in Ecuadorian legislation were carried out. In conclusion, Basis to improve the founding of Appealing must be considered and these must be compared to the present and future times so an evolution in Law will be met.

Antecedentes: Las “Limitaciones de los sistemas de prueba tasada y libre valoración probatoria para obtener la verdad procesal” surge por los enfoques controvertidos sobre la concepción de la prueba y valoración probatoria; el objetivo sistematiza un campo conceptual doctrinario en relación a tal temática, compleja y nuclear en el proceso. La metodología de la investigación es cualitativa, se aplicó una encuesta a 40 jueces para indagar sus criterios sobre dichos sistemas, especialmente la sana crítica y a 44 abogados se averigua sobre las limitaciones en la admisibilidad, práctica y valoración de la prueba. Los resultados obtenidos señalan la sana crítica como el medio de valoración probatoria fundamentado en la razón, la lógica, la experiencia y el conocimiento del juzgador coherente con el aporte científico, libre de arbitrariedades. En cuanto a los errores en la actividad probatoria mencionaron las equivocaciones en la admisibilidad de la prueba, determinación de responsabilidades a pesar de existir insuficiencia en las pruebas y elementos en torno a la incidencia de factores subjetivos en la configuración de la convicción del juzgador; se analizó la prueba en el COGEP y una sentencia de casación en materia civil (prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio). Se concluye con la propuesta de un enfoque de derechos en la aplicación de los principios para la valoración probatoria, sin omitir una fundamentación filosófica política jurídica debeladora de que el Derecho no puede estar desligado de la realidad social, sumándose el razonamiento crítico como elemento indispensable para evitar elementos irracionales en las decisiones judiciales. Antecedents: The “Limitations of statutory regulations concerning evidences and the valuation of evidences to obtain the procedural truth” arises from controversial approaches on the conception of evidences and valuation of evidences; the objective of the research systematizes a doctrinal conceptual field in relation to such a thematic, complex and nuclear in the process. The methodology of the research is qualitative, a survey was applied to 40 judges to investigate their criteria on such systems, especially the sound criticism and 44 lawyers were asked about the limitations on the admissibility, practice and evaluation of the evidences. The results obtained point to sound criticism as the means of valuation of the evidences based on reason, logic, experience and the knowledge Judges consistent with the scientific contribution, free of arbitrariness. Regarding the errors in the evidence admissibility, they mentioned the errors, determined responsibilities even in the cases where evidence was insufficient as well as elements related to subjective factors to constitute the criteria of the judge. The research includes and analysis of the evidence procedure as mentioned in the COGEP and also a judgment of cassation in civil matters (extraordinary prescription for acquisition of property). It concludes with a proposal to have a correct legal approach to apply the principles for evidence valuation, not disregarding a philosophical legal political foundation as the Law cannot be detached from the social reality, adding the critical reasoning as an indispensable element to avoid irrational elements in judicial decisions.

Antecedentes: El procedimiento abreviado es un procedimiento especial establecido en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal. Entre uno de sus requisitos, el procesado debe consentir en la aplicación del procedimiento y admitir el cometimiento del hecho que se le atribuye. Esto ha generado discusiones sobre la colisión de derechos constitucionales que ese requisito representa, debido a la prohibición de autoincriminación establecida constitucionalmente. El objetivo principal de esta investigación es estudiar las normas procesales que regulan el procedimiento abreviado y las tensiones constitucionales que generan. Por un lado, por la vulneración del principio a la prohibición de autoincriminación, y por otro, por la reducción de límite temporal para acogerse a ese procedimiento. La metodología de este trabajo tiene un enfoque cualitativo que se basa en el análisis documental, la revisión bibliografía. Entre otras técnicas se usan las entrevistas a fiscales y el estudio de caso, de la resolución 09-2018 de la Corte Nacional de Justicia. Entre otras cosas, los resultados demuestran que la perspectiva de análisis de los fiscales y de la Corte Nacional de Justicia sobre el procedimiento abreviado descansa en una lógica funcional a la administración de justicia antes que a los derechos de las personas procesadas. Por ello, su argumentación se centra en la eficacia, la simplificación y la economía procesal, sin problematizar la afectación a los derechos de los procesados. En consecuencia, la propuesta es reformar el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal para armonizar las normas procesales penales con los principios constitucionales. Background: The abbreviated procedure is one of the special procedures established in the Organic Comprehensive Criminal Code, in article 635. Among its requirements, the defendant must consent to the application of the procedure and the admission of the fact attributed to it. This has generated discussions about the collision of constitutional rights that this requirement represents, due to the constitutionally established prohibition of selfincrimination. The main objective of this investigation is to study the procedural rules that regulate the abbreviated procedure and the constitutional tensions that they generate. On the one hand, for the violation of the principle to the prohibition of self-incrimination, and on the other, for the reduction of the time limit to benefit from this procedure. The methodology of this work has a qualitative approach that is based on the documentary analysis, the bibliography review. Among other techniques, interviews with prosecutors and the case study of resolution 09-2018 of the National Court of Justice are used. Among other things, the results show that the analysis perspective of the prosecutors and the National Court of Justice on the abbreviated procedure rests on a functional logic to the administration of justice rather than on the rights of the persons prosecuted. Therefore, its argument focuses on efficiency, simplification and procedural economy, without problematizing the effect on the rights of the accused. Accordingly, the proposal is to reform article 635 to harmonize criminal procedural rules with constitutional principles.

El Procedimiento Especial Abreviado se aplica mediante el cumplimiento de los presupuestos normativos que se establecen en el COIP, entre los que se incluye el acuerdo de una pena que no puede ser inferior al tercio de la pena mínima dispuesta en el tipo penal. La presente investigación tiene como principal objetivo la promoción de la reforma al inciso 3 del Artículo 636 del COIP, puesto que no específica el máximo de pena a imponerse. Para ello, se tratará de fundamentar teórica, doctrinal y jurisprudencialmente los métodos o criterios para la individualización de la pena; posteriormente, se determinará el procedimiento para la cuantificación de la pena en el procedimiento abreviado. Es necesario, además, estudiar los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad. La Constitución de la República, define la competencia de la ley para establecer penas proporcionales, lo cual se traduce en la potestad de los legisladores para establecer las conductas punitivas y las sanciones. En aplicación del principio de legalidad, las penas se deben aplicar al tenor literal de la norma penal, con ello, la pena o el rango de pena, del cual puede dosificar el juzgador, debe encontrarse inserta y expresa taxativamente en la legislación penal. Una vez realizada la fundamentación teórica, conocido los criterios para la cuantificación de la pena y el estudio de los principios, se establecerá el máximo de la pena que puede imponerse mediante el procedimiento abreviado. Por último, se desarrollará derecho comparado con las legislaciones penales regionales sobre la cuantificación de la pena. The Special Abbreviated Procedure is applied by complying with the normative budgets established in the COIP, which include the agreement of a penalty that can not be less than one third of the minimum sentence provided in the criminal type. The main objective of the present investigation is to promote the reform to clause 3 of Article 636 of the COIP, since it does not specify the maximum penalty to be imposed. For this, it will try to base theoretically, doctrinally and jurisprudentially the methods or criteria for the individualization of the penalty; subsequently, the procedure for the quantification of the penalty in the abbreviated procedure will be determined. It is also necessary to study the constitutional principles of legality and proportionality. The Constitution of the Republic defines the competence of the law to establish proportional penalties, which translates into the power of legislators to establish punitive behavior and sanctions. In application of the principle of legality, the penalties must be applied to the literal wording of the criminal law, with this, the penalty or the range of punishment, which can be dosed by the judge, must be inserted and expressly expressed in the criminal legislation. Once the theoretical foundation has been made, the criteria for the quantification of the penalty and the study of the principles are known, the maximum penalty that can be imposed by the abbreviated procedure will be established. Finally, law will be developed compared with regional criminal legislation on the quantification of punishment.

Antecedentes: Los procedimientos de diligencias judiciales, en la doctrina y la legislación, han sido denominados como previos, preliminares o preparatorios. Todas ellas se realizan en una instancia judicial pre procesal, antes que inicie el proceso principal. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar los fundamentos, naturaleza y límites de este tipo de diligencias, de tal forma que se enuncie los principios que las rigen, así como sus características principales. La metodología de este trabajo tiene un enfoque cualitativo, que toma como objeto de estudios las normas procesales que reconocen los procedimientos de diligencias preliminares, en materia civil. Los resultados muestran que no existe racionalidad como coherencia ni racionalidad instrumental en las normas procesales que regulan las diligencias preliminares. Existe contradicción entre las normas del COFJ y del COGEP sobre a quién corresponde la competencia para conocer y resolver las solicitudes de diligencias preprocesales. Una de las consecuencias es el alto número de causas no resueltas de esos procedimientos, superior al de causas resueltas. Se concluye, por tanto, que es necesaria la reforma del COFJ para armonizar las normas procesales en el campo civil y con ellas del derecho procesal en Ecuador. Con ello se lograría que la competencia sea dirimida por los jueces competentes en la materia a la que corresponde la diligencia y el juez que conoce aquella será el competente para el posterior proceso principal. Es decir, deben ser competentes para conocer las diligencias preprocesales en materia civil los jueces con competencia en esa materia. Background: The proceedings of judicial proceedings, in the doctrine and in the legislation, have been denominated as preliminary, preliminary or preparatory. All of them are carried out in a pre-procedural judicial instance, before the main process begins. The present research work has as a general objective to analyze the foundations, nature and limits of this type of diligences, in such a way that the principles that govern them are stated, as well as their main characteristics. The methodology of this work has a qualitative approach, which takes as its object of study the procedural norms that recognize the procedures of preliminary proceedings. The results show that there is no rationality as coherence or instrumental rationality in the procedural rules that regulate the preliminary proceedings. There is a contradiction between the norms of COFJ and COGEP about who corresponds the competence to know and resolve. As one of the consequences, the number of unresolved causes of these procedures is greater than that of resolved causes. It is concluded, therefore, that the reform of the COFJ is necessary so that the procedural norms in the civil field can be harmonized. This would ensure that the competition is resolved by the competent judges in the matter to which the diligence corresponds and the judge who knows that will be competent for the subsequent main proceedings. Keywords: civil process, preliminary proceedings, preparatory measures.