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La presente investigación analiza los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales para la aplicación de la prueba indiciaria o indirecta, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de falencias técnicas en la estructuración del artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos. La investigación nace de la poca claridad existente en la redacción del artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos, que posibilita justificar la utilización de prueba indiciaria en la resolución de los procesos regulados por el COGEP; así como también la utilización de lo que la doctrina denomina presunción judicial, situación que debe ser examinada, aclarada y sistematizada para lograr seguridad jurídica. El estudio doctrinal, sistemático y dogmático de las instituciones jurídicas que se encuentran en el Código Orgánico General de Procesos posibilita que se presente, un proyecto de reforma legal que permita sistematizar la aplicación de las normas adjetivas para, de esta manera, lograr el mismo tratamiento en todos los casos concretos. La sistematización de las instituciones descritas en el artículo 172 del Código Orgánico General de Procesos permitirá establecer parámetros objetivos en su utilización e interpretación. Esta investigación contribuye con el fomento y la institucionalización de la seguridad jurídica al instaurarse condiciones mínimas de aplicación de los indicios y las presunciones en la valoración de los medios probatorios dentro de los procesos regidos por el Código Orgánico General de Procesos, a la luz de los principios que rigen al Derecho al debido proceso señalado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

El derecho constitucional a la prueba no es absoluto, se encuentra limitado por los requisitos intrínsecos de la prueba que son inherentes a la actividad probatoria, requisitos que se derivan de los principios judiciales de la prueba y que se traducen en los parámetros para la calificación de la admisibilidad de los medios probatorios por parte del juzgador como un deber ineludible y circunscrito a un momento procesal determinado (audiencia preliminar o única), requisitos o límites que deben encontrar equilibrio con el derecho a la defensa de las partes. El objetivo del presente estudio es determinar si la indebida interpretación o aplicación por parte del juzgador de los parámetros legales para la calificación de la admisibilidad de los medios de prueba vulnera o limita el derecho a la prueba vinculado con el derecho a la defensa; asimismo se definirá a la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. El papel del juez es preponderante en el examen de admisión de los medios probatorios porque garantiza el derecho de las partes a la prueba, la materialización de la admisión o inadmisión se plasma en una resolución motivada; las resoluciones carentes de motivación o arbitrarias que deniegan una prueba, la omisión del examen de admisión de los medios de prueba propuestos, y la falta de práctica de los medios admitidos vulneran el derecho a la prueba porque lo limitan o lo niegan; pero la admisión de un medio de prueba de forma arbitraria o inmotivada no vulnera el derecho a la prueba, sino que dilata y encarece el proceso. Estas resoluciones son susceptibles de impugnación. Las vulneraciones al derecho a la prueba conllevan vulneración al derecho a la defensa como garantía del debido proceso, el remedio procesal que la legislación establece es la interposición de los medios de impugnación.