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Se analizan las Políticas de Comunicación y Memoria a través de sus diversos actores: gobiernos, sociedad civil y las estrategias de medios de comunicación masivos en la construcción de la memoria histórica. A partir del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se abre una etapa de Políticas Públicas de Verdad, Memoria y Justicia, asentadas en los juicios a los genocidas por la anulación de las leyes de impunidad. La investigación judicial incluyó la complicidad civil, los delitos económicos y los cometidos contra la integridad sexual. Estas políticas continuaron en los gobiernos de Cristina Kirchner (2008-2015), profundizando el rol de ciertos medios masivos en tanto socios corporativos del terrorismo de Estado (juicio por Papel Prensa). Estos gobiernos, identificados como populistas o postneoliberales, respondían a las demandas de justicia de la sociedad argentina y en particular a las luchas de los Organismos de Derechos Humanos. A partir de diciembre de 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, de corte neoliberal, las Políticas transmutaron a “negacionismo” oficial de la historia (Salinas, 2016), como negación del terrorismo de Estado, anulación o disminución de penas a los condenados, absolución de los dueños de medios, en el contexto de una comunicación pública subsumida a los paradigmas de una cómplice industria hegemónica y concentrada.