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La eternamente aplazada reforma integral de la Justicia penal en España no debería abordarse con el único objetivo de mejorar la eficacia del sistema de persecución del delito, sino también —e incluso principalmente— como la ocasión de ajustar la estructura y organización del proceso penal a la finalidad primordial que debe cumplir en una sociedad democrática: la preservación de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos enfrentados al ejercicio del ius puniendi del Estado, y de todos los demás intervinientes en el procedimiento, en especial las víctimas. Para ello es imprescindible la superación de la vieja concepción inquisitiva y la sustitución del actual modelo por otro auténticamente inspirado en los principios de presunción de inocencia e igualdad de armas, que ha de partir de la base de que acusación y defensa son titulares de derechos diferentes. Que ese nuevo sistema responda en su conjunto a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denomina un proceso equitativo exige, por tanto, redefinir de manera asimétrica la posición de las partes en cada fase del procedimiento. El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal publicada en 2013 han afrontado ese reto con diferente planteamiento y con desigual resultado

En estas páginas se analiza la posible vulneración al principio de contradicción y, consecuentemente, el derecho a un proceso con todas las garantlas y a no sufrir indefensión por parte de los acusados por delitos de rebelión y sedición por el enjuiciamiento de los hechos acaecidos en Cataluna entre septiembre y octubre de 2017 ante la decisión del Tribunal de no permitir la exhibición de la prueba documental videográfica al tiempo que los testigos prestaban declaración para poder contrastar la veracidad de sus declaraciones con lo que en dichos vídeos se podía ver. Para ello, se analiza, junto con la trascendencia del principio de contradicción en la actividad probatoria, las posibilidades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece a las partes (y al Tribunal) para corroborar las declaraciones testificales en el juicio oral y si lo pretendida por las partes era necesario para conformar la decisión judicial y si su no realización podría suponer afección de derechos fundamentales procesales