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La presente investigación realiza un análisis epistemológico sobre los procedimientos que ayudan a los colombianos a obtener protección social en salud, desde una perspectiva formativa. Para ello, se aplicó una metodología de investigación cualitativa de tipo documental, mediante el análisis de leyes, textos y jurisprudencia. Se utilizó el método deductivo con enfoque hermenéutico, apoyándose en la observación y técnicas como fichas bibliográficas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos para una mejor comprensión del tema. Los resultados obtenidos revelan la necesidad de desarrollar una construcción conceptual epistemológica del uso y práctica de un derecho procesal especial de protección social en salud. Esto se debe a que los trámites administrativos y los procesos judiciales ante los jueces de la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo son excesivamente lentos. Solo la Acción de Tutela ha demostrado eficacia en la protección de estos derechos, gracias a su proceso rápido que combina dos visiones tradicionales del derecho procesal: el eficientismo y la humanización del derecho.

Este artículo tiene por objeto analizar la colisión que existe entre el derecho a la protesta por parte de las personas privadas de la libertad y la limitación en su ejercicio a través de las acciones emprendidas desde las autoridades penitenciarias, que están en la posición de garante por parte del Estado hacia las personas privadas de la libertad, de forma que se propone caracterizar, desde el modelo constitucional de derechos fundamentales, las dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español desde la perspectiva de su protección en la titularidad, esto es, derechos con titular, sin titular y a pesar del titular; los derechos a pesar del titular son la categoría propuesta para ahondar, en tanto esta se articula con la dimensión objetiva y subjetiva de derechos que se aplican en el caso concreto de las personas privadas de la libertad que se someten a huelgas de hambre, pero son obligadas por el Estado a alimentarse a fin de evitar la inanición. Se concluye que la limitación en la titularidad de los derechos fundamentales hacia las personas privadas de la libertad incide directamente en el condicionamiento de su goce efectivo; cabe destacar que esta tesis jurisprudencial ha sido asumida por parte de tribunales constitucionales; asimismo es el caso colombiano en la posición de garante como mecanismo que faculta al Estado para interrumpir la huelga de hambre de los privados de la libertad cuando su vida se encuentre en inminente riesgo.