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El presente trabajo de investigación consiste en el análisis del caso de la consulta previa realizada para la construcción de la vía Nuquí- Copidijo en el Departamento del Chocó. Este análisis se centra en el dialogo alrededor de las distintas visiones de desarrollo, que se identifican y en el marco de derechos de las comunidades afrocolombianas. Por otro lado la investigación arroja una propuesta de lineamientos para la construcción de herramientas para la realización de la consulta previa en proyectos de cualquier naturaleza. De tal manera que se facilite el dialogo intercultural alrededor de las visiones de desarrollo. La metodología utilizada consiste en una exploración, lo cual posibilito analizar la situación que se presentan en los procesos de consulta, la ¡identificación de la unidad de análisis, las posiciones teóricas alrededor del desarrollo y la vinculación lógica de la información a las proposiciones.

El siguiente trabajo de grado consiste en el memorial presentado por el equipo "Río Caquetá", en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana para la “Segunda Competencia de Derecho Constitucional: Luces y sombras de la Constitución de 1991”, organizada por la Universidad Externado de Colombia en 2021. En él se resuelve un caso hipotético, cuyo país (Macondo) y su respectivo ordenamiento jurídico son ficticios. Dicho caso plantea cinco (5) cuestiones dividas en tres grandes temáticas: Consulta previa; Licenciamiento ambiental y Restitución de tierras. Las respuestas del memorial fueron sustentadas en numerosas audiencias orales, ante reconocidos abogados de toda latinoamérica, así como de profesores integrantes de la universidad organizadora.

El pueblo Yukpa es una comunidad indígena de carácter nómada-seminómada, que ha historicamente habitado la Serranía del Perijá, y que hoy en día, tras ser víctima de una violencia sistemática por parte de distintos actores armados, se encuentra en el más alto riesgo de exterminio físico y cultural. Esta amenaza se ha visto agravada a partir de que entre los años 1995 y 2005 se diera la concesión de distintas licencias mineras en el territorio, sin que hubiese sido llevado a cabo un proceso de consulta previa con esta comunidad. Bajo estas circunstancias, y enfrentando la inminente salida de una de estas compañías mineras de la zona, el pueblo indígena Yukpa inició en el año 2022 una acción de tutela, en la cual se identificó un problema jurídico de la mayor trascendencia: ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la consulta previa en el caso de comunidades indígenas que, debido a su forma de vida nómada o seminómada, han habitado historicamente un territorio que se extiende más allá del área que legalmente les ha sido reconocida?

En el marco del la Primera Competencia de Derecho Constitucional, "Constitucionalismo transformador a prueba", el grupo de investigación Los Copetones, del ente universitario Zonotrichia capensis, en respuesta a la solicitud de amicus curiae, en el caso “Los Embaimas vs. República Independiente de Macondo”, presentó ante el Tribunal Constitucional de Macondo una intervención ciudadana. Para efectos de sentar un pronunciamiento respecto a los problemas jurídicos allí evidenciados, se desarrollaron una serie de consideraciones alrededor de: (i) los derechos de las comunidades indígenas sobre el territorio y sus recursos; (ii) el derecho fundamental a consulta previa de los grupos étnicos; (iii) la objeción de conciencia como derecho e instrumento legal; (iv) el uso de herbicidas y sus limitaciones a la luz de los postulados constitucionales.

El presente artículo de investigación pretende reconstruir la experiencia de la consulta previa con la Comunidad indígena Jiw – Guayabero, asentadas en el resguardo el Barrancón, del municipio de san José del Guaviare, y cómo se dieron las dinámicas para el cumplimiento de la orden de la corte 173, para salvaguardar los derechos fundamentales de ésta comunidad, en especial la protección de su territorio y el relacionamiento con las Fuerzas Militares; y concluir cómo la gobernanza y sus diferentes formas actúan en los diferentes niveles de la toma de decisiones para la solución de este conflicto.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “existen en Colombia, cerca de 600.000 indígenas a los que el Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social. Se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional”. Naciones Unidas, por su parte ha reconocido en distintas ocasiones que los pueblos indígenas están entre las poblaciones que se encuentran más vulnerables, más discriminadas y con mayores índices de pobreza en el mundo, especialmente en los países de América Latina, donde no sólo enfrentan altos niveles de pobreza sino también dificultad de acceder a sus derechos fundamentales de salud y educación; aunque en Colombia y en el mundo, cada vez están teniendo mayor visibilidad y participación estas comunidades, esto ha sido el resultado de incontables esfuerzos por la reivindicación de sus derechos frente a una sociedad que no se auto identifica como tal y que es mayoría; sin embargo hay todavía un largo camino por recorrer y sigue siendo una constante el dilema del papel del Estado como garante y protector de los Derechos Humanos de estas etnias y el papel del mismo, como responsable del desarrollo y crecimiento económico. En los últimos años, la consolidación y profundización de un modelo económico basado en la inversión extranjera directa, las exportaciones de productos básicos, la explotación acelerada de productos minero-energéticos, la competencia por controlar y beneficiarse de los recursos naturales superficiales y subterráneos en tierras indígenas ancestrales, respaldada por los gobiernos a través de licencias, concesiones y la aprobación de proyectos de infraestructura gran escala, han tenido un impacto negativo y han representado a su vez una amenaza para las formas de vida de los indígenas y la preservación de sus territorios. Las herramientas jurídicas nacionales e internacionales que protegen los derechos de pueblos indígenas y tribales en el mu

Los pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente el territorio de lo que actualmente es el departamento del Vaupés tenían un modelo de educación propio, sustentado en los principios y valores de su tradición y cultura. Así se educaban para salvaguardar la armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de la comunidad estos modelos educativos impuestos por la sociedad occidental quebraron el sentido de lo propio. Este trabajo se ocupa en describir y analizar cómo el pueblo indígena pamíva transforma su realidad educativa con fundamento en el principio del gobierno propio.

El reconocimiento de los derechos humanos en el escenario nacional e internacional es un fenómeno que ha moldeado constantemente la creación de políticas internas y externas de los países. La importancia de estos también se ha evidenciado en la defensa de las colectividades: el reconocimiento de grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, entre otros), que tienen demandas específicas frente al Estado y la sociedad. El desarrollo económico es uno de los fenómenos que ha llevado a tensiones entre el sector privado, público y la sociedad, debido a los nuevos proyectos en infraestructura, minería, turismo, entre otros. Esto se debe a que las minorías étnicas existentes en el país, usualmente ubicadas en las zonas de alto interés para los grandes inversionistas privados, son quienes sufren los daños más graves en términos de la preservación de su territorio, formas de subsistencia, costumbres y tradiciones. El incumplimiento del derecho a la consulta previa en la comunidad de Punta Canoa es uno de los abundantes casos que existen en Colombia que reflejan vacíos en el cumplimiento de los regímenes internacionales de derechos humanos. Por esto, esta investigación establece e interpreta los obstáculos que se presentan frente a este derecho, para develar el carácter crítico de la situación que enfrentan muchas comunidades afrodescendientes en su lucha por garantizar la defensa de su territorio, tradiciones y cultura. Asimismo, plantea la importancia de los regímenes internacionales en la evaluación de casos puntuales como este, con el objetivo de exponer que –en términos de exigibilidad al Estado- las comunidades afrodescendientes tienen un respaldo internacional para alcanzar el cumplimiento de los compromisos que el Estado a adquirido con ellas.

El presente ensayo se pregunta por el uso y significado del derecho a la consulta previa en tiempos neoliberales, observando que se enmarca en la tensión entre dos proyectos políticos diversos: el neoliberal, caracterizado por la extracción de recursos naturales, y el de los movimientos sociales de América Latina que luchan por la autodeterminación de los pueblos. Nutriéndose de los trabajos del filósofo Giorgio Agamben, se indaga por qué este derecho se ha despolitizado, y examina un camino de politización de la consulta previa que abra a usos alternativos del derecho, proponiendo un giro en conjunto con otro movimiento que no puede dejarse de lado, el de la desprecarización.

El presente trabajo de grado aborda empíricamente el caso de Manzanillo del Mar, una comunidad negra Cartagenera que realizó una Consulta Previa con el megaproyecto urbanístico Serena del Mar durante 4 años. Bajo este marco, la siguiente investigación se preocupa por diseccionar las relaciones de poder que se presentan en las consultas previas y que forjan una tensión entre el desarrollo económico y los derechos que permiten el ejercicio de la ciudadanía de los grupos étnicos de nuestra nación. También, se coloca el foco en la interculturalidad que pretende una convivencia justa entre diferentes culturas de manera tal que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y capacidad de agencia. Es en este sentido, que el trabajo profundiza en los conflictos distributivos y culturales que traen consigo los procesos de negociación entre diversos actores que tienen diferentes concepciones sobre el desarrollo, y además, apuesta por la Consulta Previa como una herramienta política de las comunidades que permitiría el ejercicio efectivo de la ciudadanía intercultural.

La consulta previa es la disposición jurídica requerida para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, puede verse como el eje relacional de cualquier actividad que pueda afectarlos. Más que un instrumento legal, la consulta pasa a ser un instrumento político para el diálogo intercultural entendido como la posibilidad de establecer relaciones equitativas entre diversas culturas, prever los conflictos que se desprenden de estas relaciones y promover las formas inclusivas para la solución de divergencias. Los Planes de Vida de los pueblos muestran las particularidades de cada pueblo y podrían convertirse en fuentes de información durante los procesos de consulta en la búsqueda de acuerdos que acorten las distancias entre los pueblos y los proyectos. Pero, aparece una contradicción de fondo pues instrumentos para la comunicación y el acercamiento, como pueden ser los planes de vida, no se han tenido en cuenta en la búsqueda de los acuerdos previstos en los procesos de consulta.

A partir de la expedición de la ley 80 de 1993, se ha venido consolidando en Colombia el contrato de concesión vial; sin embargo, al hacer un análisis de los contratos de cuarta generación de concesiones, encontramos que los mismos desconocen los lineamientos que respecto a la consulta previa establece el convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1991, pues según estos, la consulta previa es una obligación propiamente estatal, más en los contratos de cuarta generación se estipula como una obligación del concesionario. Así entonces, mediante el presente estudio se analizará, que, ante la falta de legislación sobre la Consulta previa en el país, el Estado transfiere una obligación suya, mediante contrato, al concesionario, generando con ello un incumplimiento del convenio 169 de la OIT. Se propone entonces que la situación esbozada surta un cambio para la quinta generación de concesiones viales, especialmente a partir de la tipificación de los riesgos asociados a la consulta previa como riesgos sociales o políticos.

La presente investigación se refiere a los procesos de reconfiguración territorial de las comunidades indígenas en el sur del Tolima, especificamente del pueblo Pijao, como un proceso que responde a la construcción del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima.

El presente trabajo cuestiona la idoneidad de la consulta previa, como mecanismo eficaz para la protección de las Comunidades. Se busca realizar una discusión acerca de las obligaciones en cabeza del Estado Colombiano bajo este mecanismo y la eventual responsabilidad del mismo frente a la indebida aplicación de la consulta previa. Se planteará la necesidad de una modificación al mecanismo de consulta previa como se encuentra regulado actualmente en Colombia, analizando no solo su aplicación jurídica sino los costos y tiempos injustificados que se presentan en muchas consultas y que hace necesario una regulación diferente.

La planeación y/o diseño de polos de desarrollo en los distintos departamentos y municipios del país, ha ocasionado una constante resistencia de las comunidades indígenas y afro descendientes. Las políticas empleadas por empresas y multinacionales ocasionan, según las comunidades, la negación de su identidad socio-cultural y un impacto socio-ambiental en los territorios. Sin embargo, los inversionistas arguyen que la consolidación de sus proyectos conlleva un potencial crecimiento y desarrollo económico. La Consulta Previa, como mecanismo encargado para garantizar la participación de las minorías dentro de las decisiones que atañen al desarrollo, no ha logrado alcanzar un consenso entre las inversiones económicas privadas y los derechos de los pueblos indígenas. Esta investigación pretende identificar los factores culturales e institucionales que dificultan o facilitan la resolución pacífica de conflictos, observando las herramientas jurídicas existentes para tal efecto, así como las diferentes posiciones que evidencian la incompatibilidad de cosmovisiones entre las partes.

La terminación del contrato de trabajo con justa causa debido al reconocimiento de la pensión tiene sus inicios en el Decreto Ley 2351 de 1965, como respuesta a las necesidades laborales del momento, y que posteriormente fue adaptada a los cambios introducidos con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) y con la expedición de la Ley 100 de 1993 por medio de la cual se creó el Sistema General de Pensiones y su modificación mediante la Ley 797 de 2003. Pese al desarrollo normativo, la terminación unilateral del contrato sigue siendo un tema de discusión en las Altas Cortes Colombianas, dado su evolución jurisprudencial e interpretaciones variadas desde la década de los 80´s; lo cual ha desembocado en diversas dificultades prácticas para el uso eficiente de la facultad del empleador. En ese sentido se acude a la investigación socio-jurídica para abordar la problemática y analizar la vigencia de la causal de terminación establecida en el numeral décimo cuarto del literal a) del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, determinar si dicha causal es autónoma e independiente de aquella introducida a la Ley 100 de 1993 mediante el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, reconstruir los desarrollos jurisprudenciales de ambas normas e indagar sobre las dificultades actuales que se presentan en el Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual (RAIS) a la hora de hacer eficaz la terminación unilateral con justa causa del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión de vejez.

La presente investigación se centra en el estudio del riesgo social a partir de su acaecimiento en el marco del Contrato de Concesión APP No. 11 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Nuevo Cauca S.A.S., que tiene por objeto la construcción, mejoramiento y operación del tramo vial comprendido entre Popayán y Santander de Quilichao, en el Departamento del Cauca. Se verificó que ni el ordenamiento jurídico aplicable ni el citado Contrato prevén mecanismos adecuados para afrontar el advenimiento del mencionado riesgo, lo que implicó dificultades sustanciales en la ejecución del Contrato y en la tipificación, estimación, asignación y administración del riesgo.