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The purpose of this essay is to review the normative references of the prior consultation process, highlight the legal gaps in the the gender approach application and analyze the factors that weaken the participation of peruvian community women in the process. The political situation of community women will be addressed qualitatively and the obstacles to their participation in the public sphere will be described through the review of legal references and academic research, . These notions reflect the need for a government statutes and regulations renewal, and the design of intercultural methodologies that guarantee parity in the processes. Finally, the article questions whether prior consultation, in the practice, contributes to reinforcing customary power and gender structures and, in what extent its legal references discourage the participation of community women. El presente ensayo tiene como finalidad revisar las referencias normativas del proceso de consulta previa, subrayar los vacíos legales presentes en la aplicación del enfoque de género y analizar los factores que debilitan la participación de mujeres comuneras peruanas en dicho proceso. A través de la revisión de referencias legales y investigaciones académicas, se abordará de manera cualitativa la situación política de las mujeres comuneras y se describirán las trabas para su participación en la esfera pública. Estas nociones nos aproximan a reflexionar sobre necesidad de renovación de estatutos y normativas gubernamentales, y del diseño de metodologías interculturales que garanticen la paridad en los procesos. Finalmente, el artículo propone cuestionarnos si la consulta previa, en la práctica, contribuye a reforzar las estructuras de poder y de género consuetudinarias y en qué medida sus referencias legales desalientan la participación de mujeres comuneras.

This article aims to demonstrate, based in nationaland international law, the State obligation toconsult mining concessions with indigenous peoples in Peru, in a context of neo-extractivism.Similarly, intends to evidence that the arbitraryexpedition of concessions in indigenous territoriesmay harm or extinct their cultural manifestations,due to the relations among prior consultationand their political, territorial and cultural rights.This means a threat for their cultural survival. Forthis, cases of Quechua and Aimara peoples will beanalyzed, as they graphic a pattern of indigenous rights’ violations. El presente artículo pretende demostrar, con baseen el derecho nacional e internacional, la obligaciónestatal de consultar concesiones mineras alos pueblos indígenas en el Perú, en un contexto deneo-extractivismo.Igualmente, a partir de los vínculos entre la consulta y los derechos políticos, territoriales y culturales,busca evidenciar que la expedición arbitraria deconcesiones en territorios indígenas puede causar el menoscabo o la desaparición de sus manifestacionesculturales; es decir, supone una amenaza asu supervivencia cultural. Para esto, se analizará casos de comunidades quechuas y aimaras quegrafican un patrón de violaciones a derechos delos pueblos indígenas.

This article aims to demonstrate, based in national and international law, the State obligation to consult mining concessions with indigenous peoples in Peru, in a context of neo-extractivism. Similarly, intends to evidence that the arbitrary expedition of concessions in indigenous territories may harm or extinct their cultural manifestations, due to the relations among prior consultation and their political, territorial and cultural rights.This means a threat for their cultural survival. For this, cases of Quechua and Aimara peoples will be analyzed, as they graphic a pattern of indigenous rights’ violations. El presente artículo pretende demostrar, con base en el derecho nacional e internacional, la obligación estatal de consultar concesiones mineras a los pueblos indígenas en el Perú, en un contexto de neo-extractivismo. Igualmente, a partir de los vínculos entre la consulta y los derechos políticos, territoriales y culturales, busca evidenciar que la expedición arbitraria de concesiones en territorios indígenas puede causar el menoscabo o la desaparición de sus manifestaciones culturales; es decir, supone una amenaza a su supervivencia cultural. Para esto, se analizará casos de comunidades quechuas y aimaras que grafican un patrón de violaciones a derechos de los pueblos indígenas.

Census 2017 had a controversial question regarding indigenous identity. Media tried to explain it, and intended to help citizens to find their answer. But no one lay out the reason for such a question. The reason is related with the indigenous consciousness criteria stablished at the ILO Convention 169, and with the fact that, when the Convention was adapted to Peruvian legal system those criteria were changed. This paper will try to explain that failure implementing the treaty and will suggest a possible solution because the indigenous identity has a major impact on the global indigenous rights, especially regarding their right to prior consultation. Hubo en el Censo 2017 una polémica pregunta sobre identidad indígena. Los medios de comunicación se esforzaron en explicarla y trataron de ayudar a los ciudadanos a encontrar la respuesta que podrían darle. Pero pocos se plantearon para qué se hacía esa pregunta. La razón última tiene que ver con los criterios de identificación indígena previstos en el Convenio 169 OIT. Cuando el legislador peruano ha dado traslado interno a ese mandato normativo internacional ha optado por establecer unos criterios de identificación diferentes a los previstos en el Convenio. En este trabajo se trata de explicar esa deficiente implementación del tratado y ofrecer una posible solución, pues del criterio de identificación indígena se derivan importantes consecuencias que influyen en los derechos de este colectivo de forma global, pero muy especialmente para los efectos de hacer operativo el derecho indígena a la consulta previa.

Census 2017 had a controversial question regarding indigenous identity. Media tried to explain it, and intended to help citizens to find their answer. But no one lay out the reason for such a question. The reason is related with the indigenous consciousness criteria stablished at the ILO Convention 169, and with the fact that, when the Convention was adapted to Peruvian legal system those criteria were changed. This paper will try to explain that failure implementing the treaty and will suggest a possible solution because the indigenous identity has a major impact on the global indigenous rights, especially regarding their right to prior consultation. Hubo en el Censo 2017 una polémica pregunta sobre identidad indígena. Los medios de comunicación se esforzaron en explicarla y trataron de ayudar a los ciudadanos a encontrar la respuesta que podrían darle. Pero pocos se plantearon para qué se hacía esa pregunta. La razón última tiene que ver con los criterios de identificación indígena previstos en el Convenio 169 OIT. Cuando el legislador peruano ha dado traslado interno a ese mandato normativo internacional ha optado por establecer unos criterios de identificación diferentes a los previstos en el Convenio. En este trabajo se trata de explicar esa deficiente implementación del tratado y ofrecer una posible solución, pues del criterio de identificación indígena se derivan importantes consecuencias que influyen en los derechos de este colectivo de forma global, pero muy especialmente para los efectos de hacer operativo el derecho indígena a la consulta previa.

In this interview, our guest responds to current and controversial issues related to environmental matters and the mining sector. First, the author talks about the variability of numbers for investment in mineral exploration in our country along recent periods. Also, the problem of social unrests, tax issues, permits and licenses, known as «permisología» and their impact on the sector. Similarly, and inevitably, some comment on the widespread use of Contracts Tax Stability and new measures of environmental control, taken by the recently enacted and controversial Law N° 30230 – Law Establishing Tax Measures, Simplification of Procedures and permits for promotion and revitalization of investment in the country, also called «Paquetazo Castilla». Furthermore, about the EIA and the recent creation of SENACE, as part of the Ministry of Environment Agency is analyzed. Finally, our interviewee continues to review the controversial «contribution by regulation» to OEFA and disciplinary proceedings. En la presente entrevista, nuestro invitado responde a temas vigentes y controvertidos, relativosa materia ambiental y del sector minero. En primer lugar, él habla sobre la cuestión referida a la variabilidad de las cifras de inversión en exploración minera en nuestro país durante los últimos periodos. Asimismo, se analiza el reticente problema de los conflictos sociales, temas tributarios y la conocida «permisología», así como sus correspondientes impactos en el sector. Del mismo modo, e inevitablemente, se comenta sobre la extensión del uso de los Contratos de Estabilidad Tributaria y las nuevas medidas de fiscalización ambiental, adoptadas por la recientemente promulgada y polémica Ley N° 30230 – Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la promoción y dinamización de la Inversión en el País, llamada también «Paquetazo Castilla». Siguiendo la misma línea, se analiza lo correspondiente a los EIA y la reciente creación del SENACE, como organismo adscrito al Ministerio de Ambiente. Por último, nuestro entrevistado no deja de opinar sobre el discutido «aporte por regulación» al OEFA y el procedimiento sancionador.

This article describes and analyzes the national standard established for the prior consultation proceedings in mining and its relationship with environmental law. These procedures have been created in order to comply with the liability contracted by the Peruvian State in 1995, after the ratification of ILO Convention 169. The article reviews the main elements of Peruvian prior consulting process, including key aspects such as the identification of indigenous peoples, as well as defining the moment at which consulting should be made in the mining area. Finally, the author stresses the no consultations in mining projects at the time and the implications of that fact. El presente artículo busca describir y analizar el estándar nacional establecido para el desarrollo de procesos de consulta previa en el ámbito de la minería y su relación con la legislación ambiental. Estos procedimientos han sido establecidos con el objeto de cumplir con la obligación que el Estado Peruano asumió en el año 1995, tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se pasa revista a los principales componentes del proceso de consulta peruano, incluyendo aspectos cruciales como la identificación de los pueblos indígenas, de las medidas de consultar así como la definición del momento en el cual realizar la consulta en el ámbito minero. Finalmente se destaca la no realización de consultas en los proyectos mineros hasta la fecha y las implicancias de dicho hecho.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

In this article, the authors describe how the International Financial Corporation of the World Bank, and the 77 global financial institutions that have signed on to the Equator Principles, have come to the conclusion that social conflict with indigenous communities needs to be resolved through the application of free, prior, informed and consent. While the requirement to obtain consent of an indigenous people would appear to make it more difficult for extractive industry projects to proceed, theories of dispute resolution developed by the Harvard Negotiation Project suggest that where consent is obtained, it is more likely thatc onflicts will be reduced. ...

This article describes and analyzes the national standard established for the prior consultation proceedings in mining and its relationship with environmental law. These procedures have been created in order to comply with the liability contracted by the Peruvian State in 1995, after the ratification of ILO Convention 169. The article reviews the main elements of Peruvian prior consulting process, including key aspects such as the identification of indigenous peoples, as well as defining the moment at which consulting should be made in the mining area. Finally, the author stresses the no consultations in mining projects at the time and the implications of that fact. El presente artículo busca describir y analizar el estándar nacional establecido para el desarrollo de procesos de consulta previa en el ámbito de la minería y su relación con la legislación ambiental. Estos procedimientos han sido establecidos con el objeto de cumplir con la obligación que el Estado Peruano asumió en el año 1995, tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se pasa revista a los principales componentes del proceso de consulta peruano, incluyendo aspectos cruciales como la identificación de los pueblos indígenas, de las medidas de consultar así como la definición del momento en el cual realizar la consulta en el ámbito minero. Finalmente se destaca la no realización de consultas en los proyectos mineros hasta la fecha y las implicancias de dicho hecho.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

In this article, the authors describe how the International Financial Corporation of the World Bank, and the 77 global financial institutions that have signed on to the Equator Principles, have come to the conclusion that social conflict with indigenous communities needs to be resolved through the application of free, prior, informed and consent. While the requirement to obtain consent of an indigenous people would appear to make it more difficult for extractive industry projects to proceed, theories of dispute resolution developed by the Harvard Negotiation Project suggest that where consent is obtained, it is more likely thatc onflicts will be reduced. No presenta resumen

It’s not possible to forget the indigenous and native communities as a key element in the Peruvian constitutional structure. Previous consultation is a reflection of this. However,this has not always been so. For a long time,the economic and cultural hegemonies that influenced the constitutional conceptions putaside the fundamental diversity and dialogue.In this article, the author alludes to Low- intensity Constitutionalism which marked distance between political events and social conflict. For the author, the emergence of prior consultation is a sign of historical grievance and that in this context, a constitutional theory that does not put aside cultural diversity is necessary, since political representation is legitimized when the State ensures the rightsof all citizens. No es posible olvidar a las comunidades andinas u originarias en la estructura constitucional peruana. La consulta previa es reflejode ello. Sin embargo, esto no siempre ha sidoasí. Durante mucho tiempo, las hegemonías económicas y culturales que influyeron en las concepciones constitucionales dejaron delado la diversidad y el diálogo fundamental.En el presente artículo, el autor hace alusión al Constitucionalismo de Baja Intensidad, que marcó distancia entre los acontecimientos políticos y el conflicto social. Para el autor, la aparición de la consulta previa es un signo de reivindicación histórica y que, en dicho contexto, es necesaria una teoría constitucional que no deje de lado la diversidad cultural, puesto que la representación política se legitima cuando el Estado vela por los derechos detodos los ciudadanos.

El Derecho a la consulta previa, no debe ser entendido solo como una obligación legal, sino debe ser entendido principalmente como una herramienta de dialogo intelectual y reconciliación. Asimismo, debemos entender que el mencionado derecho es complejo en tanto que incluye diversos derechos conexos como la participación ciudadana. Dentro del artículo, se mencionan diversas dificultades para poder regular y aplicar la consulta previa; asimismo, se recalca que no debe ser entendido como el único instrumento para alcanzar sus fines acordes; así, el autor propone la evaluación ambiental como un espacio de dialogo e información.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses del gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.