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Este trabajo de investigación, busca establecer que a pesar de que el elemento culpabilidad es un límite al ius punendi en el ordenamiento jurídico colombiano, existen estados alterados de conciencia, que disminuyen la capacidad de culpabilidad o la imputabilidad del individuo y las mismas están en una laguna normativa, ésta situación no es completamente ajena a nuestro marco legal, ya que existe el estado de ira e intenso dolor, y dicho estado es un atenuante de la responsabilidad penal, éste no es más que uno de esos estados de culpabilidad disminuida donde se ve afectada la capacidad de entendimiento del individuo y le genera una atenuación de la conducta cometida. Por lo tanto, si se analiza el origen dogmático de esta atenuante, nos encontraremos con que tiene su génesis en el reconocimiento de la nivelación de las emociones o el escalonamiento de las mismas, determinando que con el acompañamiento adecuado por parte de un perito, se puede determinar que si bien el sujeto no era inimputable, tampoco era imputable completamente., This research work, seeks to establish that despite the fact that the guilt element is a limit to the ius punendi in the Colombian legal system, there are altered states of consciousness, which decrease the capacity for guilt or the accountability of the individual and they are in a regulatory gap, this situation is not completely foreign to our legal framework, since there is a state of anger and intense pain, Therefore, if we analyze the dogmatic origin of this mitigating factor, we will find that it has its genesis in the recognition of the leveling of emotions or the staggering of them, determining that with the appropriate accompaniment by an expert, it can be determined that although the subject was not accountable, he was not fully attributable either.

La ignorancia deliberada es entendida como la actitud asumida por el autor de una conducta dolosa, que, a pesar de tener la posibilidad de adquirir el conocimiento de los elementos mínimos objetivos del tipo, no lo hace, por lo que se le imputa responsabilidad dolosa sin que concurra el elemento conocimiento, pues este es reemplazado por la figura de la ignorancia deliberada. Dicha figura tomó especial importancia en el ordenamiento jurídico español desde el año 2000 cuando el Tribunal Supremo comenzó a utilizarla en sus decisiones, acogiendo la figura del willful blindness proveniente del derecho angloamericano. La ignorancia deliberada es incompatible con el ordenamiento jurídico colombiano, dado que, el concepto legal del dolo exige el elemento conocimiento, el que no puede ser reemplazado, so pena de violentar el principio de legalidad y prohibición de analogía in malam partem., Deliberate ignorance is understood as the attitude assumed by the author of a malicious conduct, which, despite having the possibility of acquiring knowledge of the minimum objective elements of the type, it does not, for which it is imputed fraudulent liability without the element of knowledge, as this is replaced by the figure of deliberate ignorance. This figure took on special importance in the Spanish legal system since the year 2000 when the Supreme Court began to use it in its decisions, embracing the figure of willful blindness from Anglo-American law. Deliberate ignorance is incompatible with the Colombian legal system, since, the legal concept of fraud requires the element of knowledge, which can´t be replaced, under penalty of violating the principle of legality and prohibition of analogy in malam partem.

La presente investigación gira en torno a la pregunta por el fundamento político criminal que motivó la expedición de la Ley 1786 de 2016, que modifica algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015, con relación a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Su pretensión es dar cuenta del curso transitorio de la Ley 1760 de 2015 a la 1786 de 2016 en Colombia, describiendo y analizando las razones, los agentes y las instituciones que motivaron el cambio, procurando, posteriormente, identificar y analizar los razonamientos político criminales detrás de dicha transitividad normativa y estimar si los mismos acogieron o no los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

La presente investigación gira en torno a la pregunta por el fundamento político criminal que motivó la expedición de la Ley 1786 de 2016, que modifica algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015, con relación a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Su pretensión es dar cuenta del curso transitorio de la Ley 1760 de 2015 a la 1786 de 2016 en Colombia, describiendo y analizando las razones, los agentes y las instituciones que motivaron el cambio, procurando, posteriormente, identificar y analizar los razonamientos político criminales detrás de dicha transitividad normativa y estimar si los mismos acogieron o no los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

En la actualidad se asiste a lo que algunos han denominado “expansión del derecho penal”1, esto es, a la ampliación del campo de acción penal a ámbitos de lo social que, anteriormente, eran confiados a las buenas costumbres, a la moral, o en el peor de los casos, a normas extrapenales y por tanto ajenas a sanciones punitivas. La globalización de los mercados, la interconexión de las sociedades del mundo, la inmediatez de las transacciones electrónicas, la concentración de información en bases de datos, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, entre otros, han creado un terreno abonado para abanderar un derecho penal que se presume omnipotente para justificar su intervención en todos los ámbitos sociales. En Colombia, por ejemplo, en el año 2000 se expidieron las leyes 599 y 600, código penal y de procedimiento penal, respectivamente. No obstante, con posterioridad a las mismas, han abundado leyes que crean nuevos delitos o endurecen sus penas, modifican procedimientos judiciales en aras de la eficacia del sistema2. Es decir, después de la promulgación del actual código penal (ley 599 de 2.000) ocurrida el 24 de julio del año 2.000 (que entrare en vigencia un año después) y hasta el cierre de la última legislatura del año 2018 se habían emitido cerca de setenta leyes que en diferentes direcciones regulan el ejercicio del ius puniendi.

La corresponsabilidad penal constituye una noción del delito que trasciende la responsabilidad penal del individuo, extendiendo el ámbito de reproche al accionar conjunto de la sociedad y el Estado, a la vez que reduce o excluye la responsabilidad del sujeto. El reconocimiento de esta responsabilidad compartida se encuentra de forma implícita en las circunstancias de atenuación punitiva consagradas en el artículo 56 del Código Penal colombiano, cuyo denominador común subyace en el fenómeno de la marginalidad. Esta situación personal del individuo determinará el grado de reproche sobre la conducta desvalorada, ya sea porque se le atenúe o exima de responsabilidad penal, lo cual dependerá del análisis sobre las circunstancias del sujeto en relación con su entorno, es decir, su ámbito de autodeterminación, su vulnerabilidad para ser seleccionado por el sistema penal, y la legitimidad del Estado para exigir una conducta alternativa en un caso concreto., Criminal responsibility is a notion of crime that transcends the individual, extending the scope of reproach to the joint action of society and the State, while reducing or excluding the responsibility of the subject. The recognition of this shared responsibility is implicit in the circumstances of punitive attenuation enshrined in Article 56 of the Colombian Penal Code, whose common denominator lies in the phenomenon of marginality. This personal situation of the individual will determine the reproach to the devalued conduct, either because it is mitigated or exempted from criminal responsibility, which will depend on the concrete analysis of the circumstances of the individual in relation to his environment, that is, his scope of self-determination, their vulerability to be selected by the penal system, and the legitimacy of the State to demand a certain behavior in a specific case.