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Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Universidad de Buenos Aires; Argentina Resumen: En el final del siglo XX y en el inicio del siglo XXI, han surgido nuevas cuestiones bioéticas y jurídicas vinculadas con la toma de decisiones en el final de la vida humana. Por un lado, la expansión de las biotecnologías que alargan la vida ha abierto un debate sobre cuáles son los límites razonables que hay que poner para no prolongar la agonía de un paciente terminal y evitar el llamado “encarnizamiento terapéutico”. Por el otro, al amparo de una tendencia a absolutizar la autonomía personal, se difunden posturas que reclaman legalizar la eutanasia, es decir, las acciones u omisiones que están orientadas a provocar la muerte de la persona a su requerimiento. En este trabajo me propongo analizar estas cuestiones para poder valorar en cada caso las conductas humanas implicadas a la luz de las exigencias de la justicia y los primeros principios de la razón práctica. En primer lugar, distinguiré la renuncia al encarnizamiento terapéutico de la eutanasia o el suicidio asistido. Tal distinción es decisiva, pues algunos confunden tal renuncia con una forma de eutanasia, sobre todo como si se tratara de una eutanasia pasiva. Procuraré presentar las diferencias sustanciales que existen entre ambas conductas. Aclarados los alcances de la renuncia al encarnizamiento terapéutico, ingresaré a considerar las pretensiones de legalizar las acciones u omisiones orientadas a provocar la muerte de una persona que se engloban bajo la denominación de “eutanasia”, incluyendo también aquí los supuestos de “suicidio asistido”. Aquí pueden darse dos situaciones. La primera es que sea la propia persona quien solicita a alguien (generalmente un profesional de la salud) que ponga fin a su vida (eutanasia), o bien quien solicita que le faciliten los medios para que ella misma se quite la vida (suicidio asistido). La segunda es que otros decidan poner fin a la vida sin consentimiento de la persona (eutanasia involuntaria). En líneas generales, es casi unánime el rechazo a la aplicación de la eutanasia a personas que no lo pidieron, mientras que es mayor la controversia cuando se trata de legalizar la eutanasia o el suicidio asistido por pedido de la propia persona. Yendo al caso de la llamada eutanasia voluntaria o del suicidio asistido, la misma gravedad de la conducta suele provocar que, para justificar su potencial legalización, se afirme que no se trata simple y llanamente de regular legalmente el suicidio, sino que se trata de una potestad que se confiere solo en ciertos casos muy dramáticos y extremos. En este marco, mi trabajo distinguirá las dos posturas lógicas posibles que sirven de base a la pretensión de legalizar la eutanasia o el suicidio asistido, a saber: a) Sostener que se trata de una potestad que se va a conceder a ciertas personas en razón de una situación particular, como por ejemplo enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante; b) Sostener que se trata de una potestad que se va a conceder a toda persona, con independencia de su condición. Finalizaré este trabajo con las conclusiones de estos desarrollos. El trabajo procura mantenerse en el plano de la discusión teórica sobre estos temas, aunque habrá oportunas referencias a la legislación argentina sobre el tema. También me referiré a los tres proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional a fines de 2021 (Exptes. S-2577-2021; 4597-D-2021; 4734-D-2021) que proponen la legalización de la eutanasia.

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Tommasi, María Sol. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: Introducción El 3-2-95 fue aprobada y regulada en Costa Rica la fertilización in vitro (FIV) para parejas conyugales, mediante el decreto ejecutivo 24029-S(1), emitido por el Ministerio de Salud(2). El 7-4-95 se presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho decreto ejecutivo, alegando la violación del derecho a la vida y a la dignidad humana de los embriones, protegidos por la legislación Costarricense y por la Convención Americana de Derechos Humanos desde el momento de la concepción. El 15-3-00, la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló por inconstitucional el decreto ejecutivo, afirmando que las prácticas de FIV “atentan claramente contra la vida y la dignidad del ser humano”(3), ya que “el embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte”(4).

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: 1 Estado legislativo de la cuestión Al 14-7-16, se encuentra vigente en la Argentina la ley nacional 26.862 denominada de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico- asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida -sancionada el 5-6-13- y su decreto reglamentario 956/13.

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: Frente a proyectos de ley con estado parlamentario que prevén la destrucción de embriones congelados(1) se levantan voces doctrinarias que promueven la prohibición de la técnica de crioconservación. Al respecto, considero insuficiente e ineficaz prohibir legalmente solo el congelamiento de embriones producidos mediante las “técnicas de fecundación artificial”(2) extracorpórea sin prohibir al mismo tiempo las técnicas en sí.

Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Pucheta, Leonardo L. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Introducción: En la causa "D., M. A. s/declaración de incapacidad", el 7-7-15 la Corte Suprema de Argentina dictó sentencia autorizando a quitar la alimentación y la hidratación a un paciente que se encontraba en estado de "mínima conciencia" desde hacía 20 años. La Corte Suprema consideró que se encontraban cumplidos los recaudos del art. 2º, inc. e), de la ley 26.529 según la reforma de la ley 26.742 (2012) que dispone que el paciente "podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable". Si bien la Corte constata que el paciente "no ha brindado ninguna directiva anticipada formalizada por escrito respecto a qué conducta médica debe adoptarse en relación a la situación en que se halla actualmente" (consid. 18), consideró que la voluntad del paciente para el retiro de esas medidas de soporte vital se encontraba acreditada por declaración jurada de sus hermanas, quienes estaban habilitadas para dar testimonio de la voluntad de M. A. D. en virtud del art. 6º de la citada ley 26.529, reformado por la ley 26.742, que a su vez remite al art. 21 de la ley 24.193 en cuanto a los requisitos y orden de prelación del llamado "consentimiento por representación". El paciente, M. A. D., falleció por una neumonía el mismo día de la sentencia, que no llegó a ser ejecutada. Ciertamente, el caso de M. A. D. y su contexto era dramático y excepcional. Podemos decir que emergen tres grandes cuestiones: si era aplicable al caso la ley 26.742; si el retiro de la alimentación y la hidratación, sea o no por aplicación de la ley 26.742, resulta compatible con el derecho a la vida, y si era suficiente la declaración jurada de las hermanas para considerar que la acción autorizada se correspondía con la voluntad del paciente. Sobre las primeras dos temáticas referidas a la vida y el retiro de la alimentación y la hidratación, nos remitimos a otros trabajos(1), dejando asentado: a) que a nuestro entender no resultaba aplicable la ley 26.742, pues exige que la situación del paciente sea "terminal" y ello no se cumplía en este caso; b) que, aun si se considerara aplicable la ley, correspondía hacer un examen de su proporcionalidad y ello permite concluir que el retiro de la alimentación y la hidratación supone provocar la muerte por inanición y deshidratación, lo que resulta incompatible con las exigencias del derecho a la vida. Hechas estas aclaraciones, con la delicadeza que supone esta temática, nos permitimos proponer algunas reflexiones sobre la sentencia en sus aspectos ético-jurídicos con foco en la problemática del consentimiento por representación y cómo impacta en la relación médico-paciente. Presentaremos, en primer lugar, la normativa aplicable al consentimiento por representación en Argentina; luego veremos cómo trata el tema la sentencia bajo análisis, y finalmente formularemos algunas reflexiones sobre este tipo de consentimiento en el contexto más amplio de la relación médico-paciente y la tendencia a exaltar la autonomía de la voluntad, con las paradojas que ello conlleva.

Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Del 26 al 28 de septiembre de 2013 se realizaron en la Universidad de Buenos Aires las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En al menos tres comisiones estuvo presente el debate sobre las cuestiones de bioética y derecho y, en particular, la situación del embrión humano. En este breve comentario presentaremos algunas de las principales conclusiones de las Jornadas en estos tópicos

Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Morelli, Mariano G. Universidad Nacional de Rosario; Argentina El 27 de marzo de 2012 la Presidente de la Nación Argentina realizó un acto público para anunciar la recepción del anteproyecto de reforma integral del Código Civil y su unificación con el Código de Comercio elaborado por la Comisión constituida por el Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 2011 por decreto 191/11. Lógicamente, una reforma integral del Código Civil comprende una numerosa cantidad de temas que supondrá largos estudios y consideraciones. En una primera respuesta, presentamos una síntesis de algunos de los temas vinculados con bioderecho que están considerados en el anteproyecto y unas consideraciones valorativas de tono inicial.

Fil: Arias de Ronchietto, Catalina Elsa. Instituto de Derecho Civil. Academia Nacional de Derecho de Córdoba; Argentina Fil: Basset, Úrsula Cristina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Basset, Úrsula Cristina. Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Instituto de Bioetica; Argentina Fil: Basset, Úrsula Cristina. International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family; Estados Unidos Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Lafferrière, Jorge Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho; Argentina Introducción: se ha producido un fallo de gran trascendencia jurídica en torno a la defensa de la dignidad humana desde el momento de la concepción. La sentencia hizo lugar a la solicitud de la madre, a pesar de la oposición del padre de quien se encuentra en trámite de separación, y ordenó que se le transfirieran sus hijos en estado de embriones crioconservados. Reconoce, así, a los embriones humanos concebidos extracorpóreamente y congelados, como hijos, pacientes, y seres humanos con derecho a continuar el natural desarrollo de su vida, de ser gestados por su madre y de nacer. De esta manera, la justicia en esta sentencia, con independencia de las vicisitudes personales de los cónyuges-progenitores, coloca su mira correctamente en la plena vigencia del instituto de la patria potestad en su sentido más pleno, expresado en el art. 264 del cód. civil: "el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado". Artículo éste respaldado por todo el derecho argentino, en especial la Declaración Interpretativa argentina al art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, al momento de ratificarla...

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: Introducción El fallo que comentamos es una “bocanada de aire fresco” en medio del aluvión de fallos de los tribunales argentinos que ordenan a obras sociales y empresas de medicina prepaga la cobertura de los tratamientos de fecundación artificial extracorpórea(3), no sólo a matrimonios infértiles sino también a parejas que voluntariamente excluyen la procreación en sus relaciones sexuales(4) y a matrimonios fértiles que requieren a la justicia que se les “fabrique” un hijo sano e histocompatible con uno enfermo ya nacido, para que sea instrumento de su curación(5).

Fil: Marrama, Silvia Estela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: 1 Introducción Analizaremos en este artículo algunos de los posibles supuestos de responsabilidad civil (1)-en el marco del derecho argentino- que se configuran por la realización de técnicas de fecundación artificial extracorpórea (2).

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Fil: Hernández, Héctor H. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Argentina Fil: Morelli, Mariano G. Universidad Nacional de Rosario; Argentina Resumen: Opinión/ Documento Dos casos 1. Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (1) La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió, el 29 de diciembre de 2008, en autos “…y otra c/ IOMA y otra s/ Amparo”, expediente N° 11.578 [ED, 233,50, con notas de Eduardo Quintana y Siro de Martini], condenar solidariamente a IOMA y a OAM a cubrir en un 100 % los tratamientos de fertilización asistida necesarios, a fin de permitir a la pareja promotora del amparo tener un nuevo hijo que resulte histocompatible con su hermano nacido enfermo.

Fil: Marrama, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen:1 Hechos La Cámara de Apelaciones de Córdoba (sala A) revocó la medida cautelar dictada por la magistrada de primera instancia, en cuanto ordenó al Ministeria de Salud y Acción Social de la Nación que suspenda la ejecución en todo el territorio nacional del "Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable", en lo previsto en los arts. 2°, inc. f), 3°, 4°, 5°, incs. a) y b), 6°, incs. b) y c), 7°, 9°, 10, 11, inc. b) y 12 de la ley 25.673 [EDLA, 2002-B- 163] y rechazó in limine el amparo promovido por la asociación civil sin fines de lucro "Mujeres por la Vida" (filial Córdoba)