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La justicia restaurativa se aplica en España de manera llamativamente desigual. A pesar de que nuestra regulación admitiría un sistema más amplio y flexible, el vigente en la práctica en la jurisdicción de adultos obedece a un modelo de miras estrechas, supeditado –de facto– a la derivación judicial, centrado en los delitos de escasa gravedad y orientado mayoritariamente a lograr un acuerdo que opere como alternativa al proceso tradicional, en clave diversionaria, o que obtenga al menos repercusión en términos de reducción de la condena. Este enfoque no se corresponde con el de los textos internacionales más recientes e impide que los importantes beneficios de la justicia restaurativa alcancen a la generalidad de la ciudadanía (a cualquier víctima e infractor y a la comunidad). En el estudio se ponen de manifiesto estas realidades y divergencias. A tal fin se delimita primero el concepto de justicia restaurativa y sus límites, tomando como principal referente a esos efectos las mencionadas previsiones internacionales. A continuación, partiendo de esos presupuestos, y teniendo también muy presente el ejemplo del sistema de justicia restaurativa belga y el estado de la cuestión en la legislación y en la práctica de nuestro país, se justifican los criterios que, en opinión del autor, deberían seguirse para la configuración y aplicación de un sistema de justicia restaurativa extensivo –aunque a la vez complementario del sistema de justicia penal convencional– y victimocéntrico –pero garantista, sensible asimismo a los intereses del ofensor y de la comunidad–. Con ello se realiza también una crítica a la práctica de la justicia restaurativa que se lleva a cabo en España en la justicia de adultos y a los extendidos planteamientos que parten –se sea más o menos consciente de ello– de una concepción de la justicia restaurativa que distorsiona su esencia y finalidad principal (la reparación integral de los daños derivados del delito) y que hasta cierto punto instrumentaliza a las víctimas. Eso es lo que sucede –considera el autor– en la propuesta de regulación de la materia contenida en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, a cuyo análisis crítico se destina la última parte del trabajo.

Sociedades emergentes y vulnerabilidades contemporáneas reúne un conjunto plural de investigaciones y reflexiones sobre las diversas formas de vulnerabilidad en las sociedades cambiantes de comienzos del siglo XXI.Propone reflexionar sobre nuestras fragilidades personales y colectivas en entornos de transformación o quiebra social: desde las desigualdades sociales estructurales hasta los conflictos bélicos, desde la pandemia hasta los problemas de las formas de precariedad emergentes, etc.A través de muy diversas aproximaciones y perspectivas, se pueden encontrar alternativas para construir una sociedad mejor, reflexiones críticas y, también, propuestas de soluciones para conseguir mejoras sobre las vulnerabilidades clásicas o emergentes como las brechas de género, la mejora de la vida de nuestros mayores o la aparición y primeros desarrollos de aplicaciones de Inteligencia Artificial.La selección de textos está hecha con la mirada en que esta variedad de perspectivas y propuestas, tanto sociológicas, económicas, educativas, comunicativas, entre otras, contribuyan a la reflexión y al desarrollo de mejores políticas públicas en nuestra sociedad.

El Proyecto Víctima nace como un estudio de la realidad social que enfrentan las víctimas de violencia sexual, así como del tratamiento procesal que les dispensa nuestro sistema judicial. Todo ello con el fin de determinar el nivel de eficacia del sistema español a la hora de reparar el daño causado a las víctimas e identificar los perjuicios que, eventualmente, puedan derivarse de esa relación de la víctima con el propio sistema.El presente trabajo, que se enmarca dentro del mencionado Proyecto, constituye una obra colectiva que pretende profundizar en la situación actual de las víctimas de violencia sexual y la protección que les proporciona el sistema judicial. Así, partiendo de la contextualización del delito sexual, víctimas y victimarios, se realiza un estudio de los factores que influyen en la reparación a las víctimas, situación actual y deficiencias detectadas, identificando aquellos aspectos que es necesario mejorar en aras de alcanzar el ideal de justicia restaurativa.

Este libro -Justica colaborativa digital: mediación online- es la primera entrega de una bilogía dedicada a la digitación de la Justicia colaborativa y publicación en la serie Transición digital de la Justicia de esta prodigiosa colección –“Ética, Justicia y Proceso”- de la excelente editorial Dykinson. Frente a esta respuesta restaurativa inmediata, resultado de la colaboración de sus protagonistas principales –e incluso, a veces, de los secundarios– se alza la Jurisdicción, como un sistema –¡qué duda cabe!– muy perfeccionado, garantista y eficaz; pero desde luego y como mínimo: (1) mucho más lento –por la saturación de nuestros Juzgados y Tribunales–; (2) más caro –por la imperativa asistencia, en la mayoría de casos, de colaboradores, representantes y auxiliadores jurídicos–; (3) más insatisfactorio –por la imposible satisfacción psicológica de todas las partes en litigio–; (4) más invasivo –por la imprescindible práctica de pruebas que comprometen la intimidad de las personas–; (5) más impostado –por la rígida asunción de un rol con férreas cargas, obligaciones y posibilidades–; (7) más tensionante por el mantenimiento constante en una posición de lucha, de debate contradictorio, de manifiesta oposición; (8)más inflexible –por la paulatina realización, con su debido orden y prefijada estructura, de todas las fases procesales de cada concreto procedimiento; (9) más dificultoso –por la imperiosa necesidad de dar respuesta, con la debida diligencia y siempre “en pie de guerra”, a todos los pedimentos de la parte contraria; y (10) mucho más imprevisible, por la evidente razón de que la respuesta –salvo los casos clarísimos (y aún respecto de ellos debe mantenerse una prudente “duda metódica”)– “está en el aire”, esto es, depende de múltiples factores, a veces tan azarosos como conseguir la prueba que ilumina la respuesta. Hemos lanzado diez razones –y no añadiremos más, aunque podríamos apelar, como mínimo, a otras tantas y de similar relevancia– por las que la mediación merece –en el conjunto de la Justicia colaborativa– nuestra atención, la de los científicos en general, y muy en particular, la de los procesalistas. Si a estas razones adicionamos una evidencia: la de la llegada –para quedarse– de la digitalización de la Justicia y de la inserción de –cada vez más– sofisticadas técnicas de Inteligencia Artificial, entonces obtenemos –de esta perfecta simbiosis: la Justicia colaborativa y la digitalización– el libro que tu/usted tienes/tiene el gusto de tener en tus/sus manos.

Esta obra presenta las investigaciones desarrolladas a lo largo del proyecto europeo de investigación, financiado por el Programa de Justicia de la Union Europea (2014-2020): “RE-TREAT: Reshaping treatment approaches towards victims of sexual crimes within criminal proceedings”. Los objetivos perseguidos por este proyecto de investigación son, entre otros, el análisis de las barreras, recursos y prácticas nocivas en el tratamiento de las víctimas de delitos sexuales a lo largo de las diversas fases del proceso penal, identificación de mejores prácticas en este ámbito que pueden ser aplicadas por los operadores jurídicos, o bien, la sensibilización de los actores que abordan este fenómeno. Se presentan en el primer Capítulo los obstáculos que enfrentan las víctimas de delitos sexuales en las diversas etapas del proceso penal español, se describen los estándares prácticos para profesionales del sistema de justicia que trabajan con víctimas de violencia sexual en el Capítulo II de la obra. En el Capítulo III se incluyen recomendaciones políticas que permiten garantizar un mejor tratamiento hacia las víctimas de violencia sexual por parte del sistema de justicia en España y en el Capítulo IV el informe comparativo de la situación con Grecia e Italia.

La justicia del siglo actual en el que nos encontramos no es una justicia que deba olvidarse de unos procedimientos adaptados a la evolución social, además de salvaguardar los derechos que se han denominado derechos humanos de cuarta generación, que se relacionan con las tecnologías, el desarrollo científico, la inteligencia artificial y la futura digitalización de la sociedad, en la que se han elaborado textos como es la Carta de Derechos Digitales, como un marco de referencia para garantizar los derechos en un escenario de ciudadanía marcado por la era digital, y con la finalidad precisamente de que dicho escenario no suponga una infracción de los derechos fundamentales de los sujetos...

El presente libro realiza un detallado examen del modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español, así como del criterio aplicativo de los tribunales y su discusión doctrinal (tras el dictado de las primeras sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo). Y todo ello bajo la incontestable premisa de que una regulación ambigua termina provocando, se quiera o no, una situación jurisprudencial anómala. Así ocurre con lo que el autor califica de verdadero proceso de creación judicial del derecho penal, tal y como puede advertirse en las sentencias referenciadas, en las que la amplia y rica discusión jurídica contenida hace patente la confusa regulación y la necesidad de dotar de contenido a una norma carente de taxatividad y de espíritu coherente. Para tratar todo esto, el autor no solo aborda con minuciosidad el análisis de los elementos más conflictivos de la regulación española sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (y su valoración en un contexto de derecho histórico y comparado), sino que examina con igual detalle el conflicto teórico y práctico que produce esta responsabilidad corporativa en un modelo jurídico como el español. Y lo hace bajo el prisma de las instituciones clásicas de la teoría jurídica del delito. Un modelo en el que, a su juicio, resulta inviable la existencia de normas penales ambiguas que acaban delegando la tarea normativa (no la interpretativa) a los órganos jurisdiccionales. En este completo trabajo se incorpora también un análisis crítico de los dogmas funcionalistas -de corte claramente anglosajón- en los que el autor determina el origen de este modelo de responsabilidad penal.Jacinto Pérez Arias cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia. Sin perder su contacto con la Universidad, ocupó los servicios jurídicos de dos importantes empresas en Murcia y en Madrid, dedicación que le permitió vivir en primera línea el naciente problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema al que inicialmente – una vez incorporado a la Facultad de Derecho de Murcia- orientó sus estudios de doctorado (obteniendo el grado de Doctor en el año 2013) y al que ha dedicado una amplia línea de investigación. Actualmente es profesor contratado Doctor y participa en distintos proyectos nacionales e intencionales de investigación del Departamento de Ciencias penales y Criminológicas. Cuenta con múltiples publicaciones, siendo especialmente reseñables las dedicadas a su especialidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia, excusas absolutorias, cibercriminalidad, entre otras. Ha sido investigador en las Universidades de Módena y Roma Tre, en la que obtuvo su segundo doctorado en el año 2020. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de Derecho Penal como ponente y miembro de las comisiones científicas u organizadoras.

Nuestra justicia penal se inspira en el sistema de justicia retributiva, donde ante la acción delictiva, los tribunales deben imponer un castigo que responda, en mayor o menor medida al reproche social. Sin embargo, la sociedad muestra una gran desconfianza al mismo. Si bien es cierto que la sujeción al principio de legalidad genera una situación de seguridad jurídica, no lo es menos que, su estricta aplicación puede conllevar situaciones que perjudican a las partes, tanto a víctimas como a victimarios. En este contexto, parece claro que la actuación debe conducirse a la aplicación del principio de oportunidad reglada donde, atendiendo a las circunstancias del hecho concreto, pueda decidirse si activar o no la maquinaria judicial. De este modo, podemos afirmar que la aplicación de fórmulas restaurativas, pueden ayudar tanto a las partes como al Estado que podrán ver satisfechos sus fines resoliciadores. La justicia restaurativa, no puede entenderse como una alternativa a la justicia penal, sino como un complemento de la misma.La violencia de género, una pesada y arraigada lacra estructural de la sociedad, invisible para algunos sectores sociales, siguen en aumento. La normalización por parte de la víctima y la falta de concienciación de los victimarios producen bucles interminables de episodios que, pueden manifestarse en diferentes modalidades. Las víctimas sienten el abandono de las instituciones a pesar de los esfuerzos que se realizan para dispensarle protección. Parece que, en el caso de la violencia de género, los fines resocialización y reinserción social no funcionan por la falta de conciencia de los victimarios sobre los hechos provocados que, los llevan a culpabilizar a la víctima.Así, en este ámbito, creo que la justicia restaurativa, puede favorecer al entendimiento y concienciación sobre la situación de maltrato. Sin embargo, la ley prohíbe expresamente el uso de la mediación. Prohibición comprensible en tanto que no parece la mejor fórmula para tratar los casos de violencia de género. La mujer necesita empoderamiento y el respaldo familiar e institucional. Es por ello, que puede considerarse los círculos restaurativos como una opción válida en estos casos. De este modo, cuando la mujer víctima esté preparada para afrontar estos círculos podrán llevarse a cabo y con ellos, se podrá conseguir la concienciación sobre la situación de violencia, tanto de víctima como de victimario, trampolín seguro para la reinserción social.

El libro “Nuevos hitos en la gestión de controversias: Estado, Justicia, Educación y Empresa” ofrece una amplia panorámica de la Justicia, concebida como “servicio público” y sus mecanismos, tanto procesales como paraprocesales de gestión de controversias. En esta monografía se ofrece un estudio transversal de la construcción de un nuevo paradigma de Justicia tras la pandemia, con detallado análisis de todas sus variables: Estado -estado de alarma-; Justicia -cambio de paradigma, conformidad, mediación, protección del consumidor, arbitraje y otros mecanismos alternativos-; Educación y Empresa -proceso concursal, enjuiciamiento penal de la persona jurídica, acuerdos de enjuiciamiento diferido y procedimiento tributario-. Todo ello de la mano de prestigiosos académicos y profesionales, en el marco de varios Proyectos, tanto de innovación docente -Estado y Educación- como de investigación -Justicia y Empresa-.

La mediación es un instrumento para resolver conflictos o trabajar en la mejora de las relaciones. Se relaciona con la idea de renuncia a la violencia en beneficio de la comunidad y con una apuesta por el diálogo como forma básica de la argumentación racional y del juicio. Forma parte, junto con el arbitraje, de los llamados “ADR´S” o sistemas alternativos de administración de justicia. De una manera general, entendido como sistema de resolución de conflictos, la mediación forma parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, en cuanto un proceso regulado jurídicamente, se trata de algo relativamente reciente. Sus antecedentes más directos los encontramos en la década de los 60 del pasado siglo y en Estados Unidos.De acuerdo con la Ley: “se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”

La postmodernidad ha llegado al proceso judicial europeo bajo la omnipresencia del criterio de oportunidad y la consiguiente controversia sobre su conversión en referente de los principios informadores del ordenamiento jurisdiccional. Esta postmodernidad procesal instaura los que pudiéramos denominar “posideoprocesos”, caracterizados por la inexistencia, debitilamiento o relativización de principios y fundamentos sólidos, inequívocos, firmes, fijos e inquebrantables, dando paso a la novedosa aceptación de tantas posibilidades de procesos –posideoprocesos– y de mecanismos alternativos, cuántos sean los cambios de concepción que, en razón de la oportunidad, excepcionalidad u ocasionalidad, estimen convenientes las partes implicadas en una suerte de “autonomía de la voluntad procesal”. Ante este cambio de paradigma nos preguntamos, en este estudio, en primer lugar, si la oportunidad es realmente un principio –acaso un criterio– o, incluso –tal vez– una excepción a los principios procesales clásicos. Y una vez despejadas estas incógnitas, nos cuestionamos cómo quedan configurados estos principios generales tras la asunción del criterio de la oportunidad. En este nuevo marco informado por el denominado “principio de oportunidad” …¿Qué lugar y relevancia tienen, entre otros, los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad? ¿Cómo repercute la omnipresencia de la oportunidad en los principios dispositivo y acusatorio? ¿Han quedado eclipsados, modificados o condicionados los principios procesales clásicos? El Proyecto de Investigación I+D+I de Excelencia, titulado “Postmodernidad y proceso europeo: La oportunidad como principio informador del proceso judicial”, del Ministerio de Economía y competitividad, en el que se encuentra enmarcado este estudio monográfico, se orienta a la generación, discusión y difusión de una crítica filosófica, procesal, penal, administrativa y laboral a este nuevo paradigma que informa los procesos judiciales europeos. ¿Cómo queda, en fin, afectada la arquitectura o estructura del proceso? ¿Y hacia dónde vamos…? A todas estas incógnitas darán respuesta un grupo de cualificados profesionales del Derecho (Magistrados y Fiscales), de manera conjunta con Profesores universitarios de distintas disciplinas científicas, adscritos a diversas Universidades europeas.

Este libro, como su título indica, trata de encuadrar la idea moderna de «mediación» en relación a los derechos fundamentales. La mediación, como método colaborativo, comunicativo y facilitador de un acuerdo autónomo de las partes en la resolución de los conflictos que les afectan, se determina desde una serie de particularidades y necesidades concretas y específicas, que lo dotan de una especial eficacia, sólo comprensible en el marco de un reconocimiento democrático y en la cultura de los derechos fundamentales y, más específicamente, en el respeto del derecho a la «tutela judicial efectiva».Mª Dolores Pérez Jaraba es Abogada y Profesora Asociada de Filosofía del Derecho en la Universidad de Jaén. Ha publicado diversos trabajos en el ámbito de la Filosofía del Derecho, la Teoría del Derecho, los Derechos Humanos y la Mediación.

Tras las huellas del terrorismo en Euskadi da a conocer la naturaleza y el desarrollo de la justicia restaurativa en el contexto vasco. Se fija en los encuentros que distintas víctimas de la violencia tuvieron con victimarios pertenecientes en su día a ETA, a los GAL y a los Comandos Autónomos Anticapitalistas a través del programa desarrollado en el Centro Penitenciario de Araba (Nanclares de Oca) y uno más en Madrid. Con atención a su vertiente ética, el libro narra cómo la justicia restaurativa exige grandes dosis de autocrítica y de arrepentimiento por parte de victimarios, de generosidad y de convencimiento por parte de víctimas de la capacidad de enmienda de quien fuera capaz de avalar el asesinato, y de valentía por ambas partes para enfrentarse cara a cara con el dolor del otro y querer escucharlo y hacerlo suyo.Tras las huellas del terrorismo en Euskadi combina reflexiones en primera persona de los protagonistas de los encuentros restaurativos junto con ensayos reflexivos escritos por estudiosos de la materia y del contexto vasco. El libro incluye las aportaciones de las personas que tuvieron un papel protagonista en la planificación de los encuentros desde la oficina de Paz, Convivencia, Derechos Humanos y Víctimas del Gobierno Vasco como Txema Urkijo, Maixabel Lasa (entrevistada como víctima) y de la mediadora principal, Esther Pascual. Abarca también los capítulos escritos por los profesores Galo Bilbao, Annabel Martín, María Pilar Rodríguez, Izaskun Sáez de la Fuente y Gema Varona. Finalmente, recoge los testimonios de seis de las víctimas participantes redactado por Iñaki García Arrizabalaga (también víctima y profesor): Jaime Arrese Araolaza, Josu Elespe Pelaz, Mari Carmen Hernández Sánchez, Maixabel Lasa Iturrioz, Mariló Vera Barbero y Pili Zabala Artano.

El libro colectivo que se publica y que tiene ahora tiene en sus manos es fruto del trabajo desarrollado en el marco del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén, bajo el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén. En efecto, en virtud de la convocatoria del bienio 2014-2015 se nos concedió la ayuda correspondiente para el desarrollo de la actividad investigadora denominada «La mediación como alternativa a la judicialización de asuntos mercantiles y administrativos. Aspectos sustantivos y procesales» (Código UJA2014/06/04).Han sido numerosas las actividades desarrolladas por los miembros de este proyecto durante estos dos últimos años. Quizás, por la repercusión que tuvo, sea destacable la organización del Congreso Internacional que, sobre la mediación como alternativa a judicialización de asuntos civiles, mercantiles y administrativos, se desarrolló en la Universidad de Jaén en marzo de 2017. A raíz de este evento y como consecuencia del trabajo de investigación llevado a cabo anteriormente, han sido numerosas las personas con reconocida competencia en la materia que han querido colaborar para elaborar la obra que ahora ve la luz bajo el título genérico de La mediación como método para la resolución de conflictos.El libro se divide en cinco partes diferenciadas en donde se pretende profundizar en aspectos importantes de la vida diaria en donde podría aplicarse la mediación. En concreto, después de analizar la mediación desde una perspectiva general, se entra a estudiar diferentes aspectos de la mediación civil, mercantil y concursal. El tercer bloque está dedicado al difícil encaje de la mediación en el Derecho administrativo y en el proceso contencioso-administrativo. Después se llevan a cabo estudios concretos sobre la mediación en materia de consumo, en el ámbito laboral y en el penal. Por último, se cierra con una serie de aportaciones de Derecho comparado, analizando y dando noticia de la regulación de la mediación en Italia, Reino Unido, Portugal y Colombia, además de estudiar la mediación internacional en el caso concreto del proceso de Oslo en el conflicto palestinoisraelí.

La Mediación como método alternativo para la gestión de conflictos es una forma no adversarial cuyo objetivo es buscar, y facilitar la comunicación entre las partes a través de la intervención de un tercero imparcial, idóneo y cualificado, mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de las partes, que ponga fin al conflicto o controversia. La mediación es un sistema de negociación asistida mediante la cual las partes involucradas en un conflicto tratan de resolverlo por sí mismas, actuando el mediador como conductor en las sesiones ayudando a las partes a que encuentren una solución satisfactoria para ambas. El rol que desempeña el mediador es de suma importancia. Es el eje ordenador del proceso pero no tiene “poder”. No está demás insistir en que, si bien existen dotes naturales para negociar, es imprescindible conocer y manejar las herramientas e instrumentos para poder ayudar a las partes a concretar acuerdos eficaces. Es importante adquirir el adiestramiento necesario…

Si bien es cierto que todo proceso de mediación, como medida alternativa a la resolución de conflictos, se rige por principios propios que la consagran y se hace efectiva a través de un procedimiento que pudiéramos calificar de no formal, combinando técnicas multidisciplinares empleadas por un profesional con formación específica en este campo, con la finalidad de alcanzar acuerdos duraderos o simplemente mejorar las relaciones, no podemos perder vista que la normativa legal que la desarrolla exige el cumplimiento de unos requisitos formales que de no cumplirse pueden anular el acuerdo de mediación que tanto nos costó conseguir. Para ayudar a crear esas herramientas que puedan facilitarle al mediador el llevar a cabo una mediación completa, consideramos que un primer paso podría consistir, por un lado realizar un breve repaso por las distintas normativas (europea, estatal, autonómica), al objeto de poder obtener una visión conjunta que puedan servirle de orientación respecto de los distintos enfoques de la mediación según de la normativa que se trate (sus puntos coincidentes y divergentes), y por otro lado tratar de recopilar tanto los formularios, elaborados desde la práctica por aquellas instituciones y mediadores que han venido ejerciendo la mediación, y que por lo tanto han nacido a raíz de la experiencia, como crear aquellos que por exigencia de la normativa resultan obligatorios… Lo que aquí nos interesa es definir la mediación estando en curso o no un procedimiento judicial, es decir la mediación intrajudicial y extrajudicial, que es a las que hace referencia expresa la Ley 5/2012 desarrollando su procedimiento y efectos.