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La obra nos ofrece una reflexión y valoración crítica sobre la figura de las Defensorías del Pueblo, de indiscutible actualidad. Los efectos indiscriminados de la crisis económica agudizan las desigualdades y generan un caldo de cultivo para el deterioro de los Derechos Humanos. Es el momento idóneo, nos dice María Iráizoz, de repensar los mecanismos para la mejor defensa de los Derechos Humanos, poniendo en valor las aportaciones positivas de estas instituciones y descartando las prácticas retóricas. En el trabajo cualquier interesado al respecto podrá encontrar una radiografía crítica de las potencialidades y de las oportunidades que presentan las instituciones de la región; pero también de sus debilidades y amenazas que pueden obstaculizar su futuro cercano y que deben ser corregidas. El trabajo analiza minuciosamente el contexto histórico e internacional que propició la creación de la institución no sólo en Iberoamérica sino en todos los continentes; las condiciones que otorgan y protegen su necesaria independencia frente al resto de los poderes; los mandatos, competencias y atribuciones en cada uno de los países así como su capacidad institucional en la implementación efectiva de sus mandatos. Y lo hace desde una perspectiva apegada al terreno y buscando aquellas reformas que permitirían mejorar el funcionamiento de la institución.

La presente obra es una valiosa contribución a la investigación e innovación docente. Las aportaciones de los autores y autoras ofrecen un análisis actualizado de los retos y oportunidades que se presentan a la comunidad educativa. En esta obra científica titulada “Investigación e innovación docente para la mejora de la educación”, diferentes docentes e investigadores e investigadoras ofrecen una reflexión sobre temas de gran importancia socioeducativa, como los desafíos de la gestión educativa, la atención a la diversidad de los estudiantes y el liderazgo educativo. Se configura como un compendio de siete notables contribuciones. Cada capítulo ha sido diseñado para abordar una audiencia diversa, incluyendo familias, equipos directivos, investigadores e investigadoras, docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Los capítulos uno, tres y seis están dirigidos a profesionales de la educación y tratan sobre los nuevos retos en la gestión de los centros educativos. Estos retos incluyen los mandatos derivados de la calidad y el incremento de conflictos de toda índole en los centros educativos. Los títulos de estos capítulos son: “Blockchain y el controller: un desafío para la gestión empresarial”, “Conceptualización de la gestión de conflictos en educación” y “Competencia intercultural en la educación superior” Los dos últimos capítulos, el dos y el cinco, abordan la temática del alumnado y los recursos disponibles para el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con la diversidad del alumnado. Los títulos de estos capítulos son: “Herramientas digitales para la discapacidad: recursos innovadores en el aula”, y “El trastorno negativista desafiante: conceptualización y modelos explicativos”. En última instancia, consideramos que la compilación de estas aportaciones científicas será de gran utilidad para los miembros de la comunidad educativa.

En esta monografía nos adentramos en el análisis de los recursos de los que disponen las Diputaciones provinciales en la actualidad, no sin antes realizar un exhaustivo repaso de los recursos que tradicionalmente han nutrido estos Entes territoriales desde su conformación en los albores del Siglo XIX. Tras dos primeros capítulos que se dedican a esta interesante evolución histórica, se aborda en un tercer capítulo la significación constitucional de estas Entidades territoriales, así como las normas de desarrollo de los mandatos de nuestra Carta Magna hasta el TRLRHL de 2004; para terminar, se dedica el último capítulo de la obra a analizar desde un punto de vista crítico los recursos actualmente disponibles para las Diputaciones provinciales, absolutamente necesarios para abordar el ámbito competencial que se les atribuye.

Los episodios de mis memorias no son una mera narración de algunos acontecimientos de mi biografía, sino una selección de hechos vividos, que tienen proyección e interés social, acompañados de reflexiones. No tratan solo de mis problemas, sino de los problemas de mi generación.Creo que mis episodios contribuyen a conocer las vicisitudes de una persona inmersa en la falta de libertad y opresión de una dictadura, que conviene que sean conocidas por los jóvenes, nacidos en una democracia, a los que les falta la otra cara de la moneda para sopesar el valor de la democracia en la que viven. Creo que para ponderar bien este contraste es tan conveniente el relato de un simple ciudadano como el de las memorias de los protagonistas de primera fila.Hay demasiadas memorias de personajes relevantes en la política y apenas de ciudadanos/as que viven la política desde abajo, enredados en ella sin posibilidad de escape, que aportan a veces más a la sociedad que los afamados fabricadores de la política desde arriba. ¿Por qué tienen que ser conocidas las vicisitudes de los personajes mediáticos y no las de las personas inmersas en el mismo escenario que aquéllos? ¿Es que no sufren éstas las consecuencias de los actos de los primeros? ¿No se enfrentan a las mismas circunstancias que nos depara la vida? ¿Quién puede atribuirse el exclusivo derecho a escribir sus memorias?Mi vida ha sido y es realmente la vida sencilla de un ciudadano de a pie, como reza el título de este libro. Como ciudadano he tenido numerosos episodios, en los que me he sentido un político de la pequeña gran política, como he titulado mi último episodio, la de quienes mantienen una preocupación por los asuntos públicos y actúan sin el paraguas y el amparo de los partidos políticos, para evitar los lastres y las dependencias lógicas de estas formaciones políticas.Ramón Soriano es Catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Pablo de Olavide, Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide, Premio Extraordinario de la Licenciatura, Doctor en Derecho con Sobresaliente cum Laude por unanimidad por la Universidad de Sevilla. Es autor de cuarenta libros y más de un centenar de artículos científicos de fondo sobre los temas de teoría general del derecho, filosofía política, sociología del derecho y derechos humanos. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de París (La Sorbona), Milán, Bolonia, Ginebra, San José de Costa Rica, México (UAM), Toulouse y Marsella. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (dos mandatos) y profesor de Sociología jurídica en el Instituto Andaluz de Criminología.Investigador principal de varios proyectos de excelencia obtenidos en convocatorias públicas competitivas del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Junta de Andalucía, amén de otras instituciones. Ha dirigido los Masters oficiales “Derechos Humanos en el mundo contemporáneo” (tres ediciones) de la Universidad Internacional de Andalucía y “Consultoría y análisis político” de la Universidad Pablo de Olavide, así como los programas doctorales “Pensamiento político, democracia y ciudadanía”, dotado con mención de calidad por el Ministerio, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y “Cuestiones clave de Derecho público” de la Universidad de Huelva. Es cofundador y director de la publicación periódica “Revista Internacional de Pensamiento Político” (www.pensamientopolitico.org), una de las pocas revistas universitarias sobre la materia en papel y telemática existente en la actualidad en España. Es cofundador del Instituto Internacional del Sur para la ecociudadanía y el desarrollo sostenible (www.ecociudadania.org). Dirige colecciones de filosofía política y jurídica de las editoriales Almuzara, MAD, Aconcagua, Dykinson y Tecnos. En la actualidad es director del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación (PAI) “Derechos Humanos: Teoría General” (SEJ 277) y cofundador y director del Laborator

Advierte la Profesora Vivas Tesón en el prólogo de esta monografía que desde que entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, llevamos los civilistas «un año sumidos en una especie de estado de shock, intentando digerir, con cierta zozobra y preocupación, las novedades introducidas», y se lamenta de que «el verdadero problema no es la reforma en sí, sino nuestra resistencia al cambio, pues es más fácil y cómodo seguir utilizando las estructuras mentales de siempre, las categorías clásicas que aprendimos en su momento y a las cuales queremos aferrarnos a toda costa para sentirnos más seguros».La obra de la profesora Paños Pérez presenta, de manera sobria y a la vez muy completa, un marco general de la reforma, siempre de cara a centrar su atención en el aspecto que presenta mayor interés de la misma, y que es el auténtico protagonista de la monografía. Ese marco general es del nuevo principio general del Derecho de la persona: se trataba de trasladar de una vez al Derecho interno la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006), armonizando la autonomía de la voluntad con el mejor interés de la persona con discapacidad. En definitiva, se trataba de ir abandonando el sistema paternalista de las medidas de incapacitación y modificación de la capacidad por otro más respetuoso, de carácter asistencial, en el que la «guarda» cede el paso al «apoyo». El resultado pivota ahora sobre la curatela, como medida proporcionada a las necesidades de cada persona, con respeto a la máxima autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica, y con atención a sus deseos y preferencias (artículo 268 del Código civil).Un concepto de apoyo, en fin, que trata de que la persona necesitada de ayuda para tomar decisiones lo pueda hacer debidamente asistida, pero con respeto a su voluntad, deseos y preferencias. Habrá medidas judiciales cuando ello sea preciso, y el juez tendrá que determinar los actos para los que la persona requiera asistencia del curador, en atención a sus concretas necesidades de apoyo (una curatela que conllevará facultades representativas solo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible). Pero en primer lugar y de modo preferente, se pondrá la atención en las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, como son los poderes y mandatos preventivos, y hasta la autocuratela. Tanto esa determinación de actos necesitados de asistencia como las propias medidas voluntarias de apoyo ya se conocían en buena medida en nuestro Derecho, pero ahora presentan, desde luego, no solo una regulación más completa, sino una nueva dimensión. Eso sí, los resultados están por venir y aún es prematuro adelantarlos. De hecho, existe disparidad doctrinal en el alcance de no pocos instrumentos, y de ella se hace eco Paños Pérez.Nueva aportación a la colección Persona y Familia de Dykinson, en una materia que está siendo objeto de gran atención en los ámbitos académicos y muy presente en el día a día de los notarios, unos profesionales llamados a representar un auténtico papel estelar en la nueva realidad. Alba Paños Pérez es Profesora Titular de Derecho civil en la Universidad de Almería, autora de numerosos y sugestivos estudios de la especialidad dentro de las diferentes partes del Derecho civil, y siempre muy particularmente atenta en el ámbito del Derecho de la persona.MARIANO YZQUIERDO TOLSADA. Catedrático de Derecho civil. Director de la colección

Nuestra perspectiva teórica, por tanto, se acerca más al concepto de violencia simbólica de Bourdieu, es decir, aquellas formas de violencia ejercidas no sólo a través de la acción física, sino con la imposición de roles sociales, de categorías cognitivas, de estructuras mentales a través de las que se percibe y se piensa el mundo, desde sujetos dominantes hasta sujetos dominados. Se trata, por tanto, de una violencia sutil e invisible, ejercida con el consentimiento inconsciente de quien la padece y que esconde las relaciones de poder subyacentes. El primero es el proceso mediante el cual se produce la reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores. El segundo es el proceso por el cual las relaciones simbólicas tienen efectos directos sobre el cuerpo de los sujetos sociales. Sólo la educación puede prevenir el sexismo y la violencia machista, pues se trata de abolir el género, y escapar de sus roles y mandatos, los cuales nos autoimponen un confinamiento a nuestra manera de ser, sentir y vivir.

…Nada garantiza mejor una adecuada gestión de estos impuestos que la actuación de los registradores al frente de las oficinas liquidadoras, actuando con la imparcialidad propia de su función y bajo los estrictos criterios técnicos e instrucciones dictadas por la administración tributaria a la que sirven y en la cual se integran, sin ningún condicionamiento o interés previo ni de parte……Los experimentos de protagonismo político desarrollados en algunas Comunidades Autónomas, carentes de unas líneas dogmáticas y de buena técnica normativa, rompiendo con unos esquemas jurídicos consolidados, alejándose de un sistema que se ha demostrado durante décadas como el modelo de gestión y liquidación tributaria más eficiente, no sólo ha provocado un desorden en dicha gestión ante el contribuyente, sino también una pérdida de recaudación, con un incremento adicional de costes de gestión administrativa y liquidación tributaria. En unos tiempos como los que estamos viviendo, de una crisis económica de evolución más que incierta por la situación global tan particular que travesamos, se impone una necesaria vuelta a la cordura de los legisladores autonómicos, recuperando el sistema tradicional de las OLDH, ajustándose así, al mismo tiempo, de una forma más fiel, a los mandatos constitucionales…

La colonización del vastísimo territorio que fueron las Indias occidentales supuso una compleja empresa de intereses encontrados. La explotación de sus recursos naturales exigió abundante mano de obra que los colonizadores españoles proyectaron sobre los naturales de aquellas Indias. El presente trabajo pretende reconstruir el ordenamiento jurídico que sirvió de base para la regulación de dichas relaciones de trabajo, desterrando definitivamente determinados mitos peyorativos y de leyenda negra sobre la España colonizadora. Y es que, desde que Cristóbal Colón presentara a indios taínos ante la Reina Isabel I de Castilla, ésta ordenó, exigió y legisló para sí y para sus herederos en el Trono (Juana I, Carlos I y Felipe II) para que se les consideraran personas libres y vasallos de Castilla, y que su actividad de trabajo, aunque obligatoria, estuviera regulada y asalariada, como a cualquier otro español. No obstante, la investigación demuestra que no siempre, la legislación que, procedente de la Cancillería castellana, e incluso de la emergida de las propias instituciones españolas en las Indias, fue aplicada. Que la compulsión, la exigencia y en muchas ocasiones el maltrato de los españoles para con los naturales de las Indias en la prestación del trabajo lo acercaban más a la esclavitud que al trabajo libre. A pesar de todo, los soberanos españoles no cejaron en buscar instrumentos jurídicos que, pese a la actitud de los propios españoles de no cumplir con los mandatos legislativos, los indios fueran especialmente protegidos, creando todo un ciclo heteronómico de normas que minimizaran dicha compulsión en el trabajo y éste estuviera lleno de normas garantistas, finalmente encerradas en el contrato de arrendamiento de servicios, modalidad contractual previa al actual contrato de trabajo.Miguel Ángel Chamocho Cantudo (Andújar-1969) es Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, Consejero del Instituto de Estudios Giennenses, académico de la Academia Andaluza de la Historia, investigador permanente del Centro de Historia del Derecho de la Universidad de Rennes (Francia) y Director de la Cátedra Blas Infante (Convenio Fundación Blas Infante y Ayuntamiento de Andújar). Con 11 monografías publicadas y más de 60 artículos y capítulos de libro a sus espaldas, se ha especializado en los últimos años en el estudio e investigación de la regulación jurídica de la actividad de trabajo en su dimensión histórica (Introducción jurídica a la historia de las relaciones de Trabajo, en coautoría con I. Ramos), Dykinson, 2013. En esta línea de investigación se enmarca el presente trabajo de investigación objeto del premio Eduardo de Hinojosa en Ciencias Jurídicas, en su III edición de 2020.

¿Es suficiente el concepto de normatividad constitucional para saber si una Constitución está cumpliendo los fines y los mandatos que fueron incorporados a su texto por el poder constituyente? Como ocurriera en Italia en 1947 o en Alemania en 1949, nada más promulgarse la Constitución de 1978, el principal objetivo que asumieron las Cortes Generales, el Gobierno, el Tribunal Constitucional y las distintas escuelas jurídicas fue conquistar la consideración de la Constitución como norma jurídica suprema (García de Enterría) y como pacto fundacional de convivencia. Y, junto a este objetivo transformador de todos los órdenes de la comunidad política, lograr por vez primera en la historia constitucional española nacida en Cádiz que esa normatividad y ese pacto fundacional fueran perdurables.En el 40ª Aniversario de su aprobación, puede asegurarse que esos esfuerzos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales han conseguido hacer realidad razonablemente la normatividad de la Constitución de 1978: en virtud del art. 9.1 CE, la Constitución ha sido aplicada tanto en el día a día de los órganos legislativos, gubernamentales, jurisdiccionales y administrativos –aún con serios problemas de desgobierno judicial y administrativo (Alejandro Nieto)–, como en los procesos de mayor relevancia constitucional: desde la conversión del Estado centralista en uno de los tres Estados más descentralizados que se conocen en Derecho Comparado hasta la integración supraestatal europea en virtud del art. 93 CE –el retorno a Europa soñado por los regeneracionistas–, pasando por la siempre inacabada realización de la igualdad real (art. 9.3 CE). Y, sin embargo, el éxito que ha supuesto normalizar la normatividad constitucional –“la historia de un éxito incompleto” según Gabriel Cisneros– convive con una indisimulable conflictividad territorial, política y social que ha puesto al límite la unidad de España (declaración de independencia de Cataluña) y el regular funcionamiento de las instituciones del Estado: gobiernos en funciones, repetición de elecciones, prórroga de presupuestos, bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales, parálisis legislativa… Esta realidad constitucional nos lleva a reflexionar acerca del real y verdadero cumplimiento de los fines de la Constitución de 1978 como norma suprema que, además de unos contenidos formales, materiales y valorativos, debe integrar constitucionalmente los elementos del Estado, renovar día a día el acuerdo fundacional de convivencia y, lo más importante: que el pueblo soberano sienta y consienta su Constitución.A partir de los postulados funcionalistas defendidos por Norberto Bobbio (De la estructura a la función, 1977) y siguiendo un criterio de interpretación teleológica, en Las funciones de la Constitución se plantea la posible insuficiencia de la normatividad constitucional como única categoría válida para analizar si una Constitución está cumpliendo los fines propuestos por el poder constituyente y, sobre todo, para comprobar si ha alcanzado los resultados esperados por los ciudadanos. Y se concluye que la ley de leyes, concebida como norma fundamental del ordenamiento jurídico, además de por su esencial normatividad, se define también por la funcionalidad inherente a su vocación integradora, garantista, cultural, estabilizadora y promotora del pacto fundacional de convivencia. En virtud esta vocación, algunos de cuyos contenidos clásicos han sido tratados por autores como Montesquieu, De Salas, Stuart Mill, Hauriou, Smend, Heller, Mortati, De Otto, Sternberger o Häberle, la Constitución es susceptible de cumplir unas funciones que no se pueden obviar a la hora de resolver constitucionalmente los problemas territoriales, políticos y sociales del Estado: Las funciones de la Constitución.En síntesis, mediante el cumplimiento de esas funciones, la funcionalidad constitucional complementa la normatividad para, en defensa de esta misma normatividad y siempre con respeto a su metodología esencialme

La sentencia es sin duda uno de los elementos esenciales del proceso civil. Está destinada, nada menos, que a contener la respuesta del juzgador a las pretensiones formuladas por las partes procesales sobre el conflicto o litigio que las enfrenta. De ahí, que sean muy variadas los puntos de vista desde los que la analiza la doctrina y la jurisprudencia. Pero hay una perspectiva que suele orillarse permanentemente: el estudio unificado de su contenido en las distintas fases del proceso civil (primera instancia, apelación y casación). Precisamente esa constituye la finalidad de la presente monografía. Mostrar cómo partiendo de unos mismos elementos formales, la sentencia adquiere diversas dimensiones según la fase del proceso donde se dicte. Análisis que, según se revela en la monografía, nos lleva a detectar defectos de relieve en la vigente regulación legal, cuya corrección mejoraría notablemente la práctica judicial actual, adecuándose con mayor precisión a los mandatos constitucionales. Salvador Iglesias es Doctor en Derecho y Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, es funcionario de carrera del cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias y Letrado del Parlamento de Canarias, en el que desempeña la Secretaría General desde 2012. Ha ocupado diversos cargos públicos relacionados con la Administración de Justicia. Es profesor asociado de la Universidad de La Laguna y profesor tutor de la UNED. Ha publicado una treintena de trabajos científicos.

En un primer punto nos ocuparemos de la evolución de las soluciones dogmáticas. Luego, las cuestiones básicas que son determinantes para la omisión impropia: la unidad del concepto de acción y sus consecuencias sistemáticas; la cuestión de la causalidad en la omisión; el concepto de finalidad y el dolo en la omisión; crítica de la teoría de la acción esperada. A continuación se tratarán los problemas vinculados con el tipo de injusto, es decir, lo que se refiere a los mandatos y prohibiciones en el derecho penal; la posición de garante, los casos de garante. El resto se dedicará a la culpabilidad, para analizar lo relativo a la conciencia de la antijuricidad; y finalmente la autoría, donde tendremos que ocuparnos de la corriente encabezada por Claus Roxin en lo que se refiere a las relaciones entre el dominio del hecho y la infracción del deber.

En esta entrega, pretendemos exponer unas primeras ideas generales -pero de profundo alcance- sobre el concepto de Derecho procesal jurisdiccional, con su trípode conceptual: Jurisdicción, Acción y Proceso por contraste al Derecho procesal jurisdiccional diversificado (o derivado a otros mecanismos de resolución de controversias), como punto de partida para conocer, con todo detalle, las fuentes, el tiempo y espacio del Derecho procesal, las tres acepciones esenciales de la Jurisdicción -como poder, como potestad y como función-, los derechos procesales de naturaleza fundamental -a la luz de su GPS procesal esencial (el derecho de acción y en su reverso, el derecho de defensa), el proceso (tanto civil como penal) y los profesionales comprometidos -por razón de su profesión- con el (referido) proceso judicial: Abogados, Procuradores y Ministerio Fiscal.A esta primera obra, seguirán otras, en las que se ofrecerá -de nuevo por estos tres canales públicos, abiertos y gratuitos- un estudio sosegado de (todos y cada uno de) nuestros procesos judiciales civiles, penales, administrativos y laborales. Esta Teoría General de Derecho procesal es el punto de partida de una obra que aspira a ser de referencia.

El objeto de esta obra es analizar el impacto de la sociedad digital sobe los derechos de las mujeres. Nos encontramos ante una obra multidisciplinar en la que colaboran multitud de personas expertas de distintas áreas del conocimiento académico.Abordaremos interrogantes como los siguientes: ¿qué tipos de sesgos sexistas de producen en Google Images?, ¿y en la Inteligencia Artificial generativa?, ¿hay sesgos sexistas en los sistemas de IA empleados en medicina?, ¿cómo está transformando la industria pornográfica la tecnología de “deepfake”?, ¿de qué forma daña a las mujeres el desarrollo de robots sexuales?, ¿vivimos en una sociedad pornificada?, ¿qué daños causa la pornografía a las mujeres?, ¿cómo podemos perseguir de forma efectiva la pornografía infantil?, ¿qué tipo de pornografía consumen las mujeres y por qué la consumen?, ¿por qué las chicas controlan los “likes” que realizan sus novios en Instagram?, ¿cuáles son los peligros del sexting?, ¿cómo nos afecta psicológicamente que nuestro ligue nos haga “ghosting”?, ¿los piropos online son inofensivos o perpetúan un contexto de desigualdad?, ¿es positivo para los derechos de las mujeres compartir testimonios anónimos en redes sociales sobre la violencia sufrida?, ¿por qué hay mujeres que defienden con fruición posiciones machistas en redes sociales?, ¿el movimiento “body positive” es bueno para el feminismo o alimenta y amplia la cosificación femenina?, ¿por qué hay tanto sexismo en la música pop?, ¿son sexistas los dibujos animados que vimos de niñas?, ¿es “Barbie” una película feminista?, ¿cómo facilitan las redes sociales el acoso sexual laboral?, ¿siguen sufriendo discriminación las ingenieras, científicas y matemáticas?, ¿están presentes las mujeres en la exploración del espacio ultraterrestre?

Un grupo de investigadores universitarios y profesionales de la intervención socioeducativa entre otros, han escrito el presente libro inspirándose en los principios de responsabilidad política, solidaridad y conciencia ciudadana, con la idea de arrojar algo de luz entre tanta tiniebla, pues cuando se habla de personas menores de edad, cuando se habla de niños y adolescentes, por encima de cualquier criterio se debe priorizar la máxima protección, entendiendo la misma como una recepción y acogida digna, con todo lo que ello implica. Los niños y adolescentes no pueden ser moneda de cambio ni política ni socialmente.