Search

La Ley de Contratos del Sector Público introduce una nueva modalidad de recurso en vía administrativa específica para el ámbito de la contratación, así como prevé también la adopción de medidas provisionales, a los efectos de dar respuesta a las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria de la contratación. Sin embargo, la regulación prevista es solo parcialmente positiva, el sistema sigue siendo ineficaz, no se arbitra un procedimiento de vigencia para adoptar medidas independientes de la interposición del recurso y se va a potenciar la dualidad jurisdiccional. The Public Sector Contracts Act introduces a new administrative procedure for appeal in the area of contracting, and also foresees the adoption of provisional measures, in order to respond to the obligations arising from the EU regulations on contracts. However, the legislation is only partially positive. The system continues to be inefficient; it fails to provide an emergency procedure for adopting independent cautionary measures, and it adds to the problem of the existence of two parallel jurisdictions.

Análisis de las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del sector público y su concreta incidencia práctica. Valoración global de la reforma efectuada desde la perspectiva del Derecho comunitario. Analysis of the main novelties of the new Public Procurement Law 2007 and their practical incidence. General assessment of the legal amendment in the light of the EU Law.

La aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público se inserta en el proceso de unificación normativa en materia contractual iniciada por la CE. y la LRBRL, y consolidada por la LCAP, que supone el fin de la existencia de un régimen contractual local especifico. El grueso del articulado de la LCSP resulta de aplicación en las entidades locales, estableciendo la D.A Segunda las especialidades locales en materia contractual. No obstante, la elevación de umbrales que permiten la utilización del contrato menor o del procedimiento negociado junto con la supresión del límite del 10% de los recursos ordinarios supone en la práctica eximir al grueso de nuestras entidades locales de utilizar los procedimientos formalizados de contratación. The approval of the Law 30/2007, of 30 of October, of Agreements of the Public Sector, insert in the process of normative unification in contractual subject initiated by the CE. And the LRBRL, and consolidated by the LCAP, that supposes the end of the existence of a contractual diet local specify. The thick of the articulated of the LCSP results of application in the local entities, establishing the D.A to second the local specialities in contractual subject. However, the elevation of thresholds that allow the utilization of the minor agreement or of the procedure negotiated together with the abolition of the limit of 10% of the resources common supposes in the practice exempt from the thick of our local entities to use the procedures formalized of contracting.

La contratación pública no es un fin en sí misma, sino una herramienta que las Administraciones públicas pueden utilizar para desarrollar políticas publicas, entre las que destacan las de tipo social y medioambiental. Siendo esto así, podría concluirse que quienes se encuentran sujetos a la normativa reguladora de la contratación pública tienen la responsabilidad de atender a dichos fines públicos. Quizá pueda hablarse por ello, de una responsabilidad social de la contratación pública. Procede por tanto, analizar de qué modo y hasta dónde pueden contribuir los contratos públicos a alcanzar esos fines sociales. Public contracts are not a purpose by themself, but a tool that Public Administrations can use to develope public policies, including social and environmental ones. We can say that Public Administrations have the responsability to attend this social purposes. Maybe for this we could speak about social responsability of public contracts. That´s why we have to analyze how, and until where, can public contracts help us to reach this social scopes.

En este artículo se ponen de relieve los fundamentos y características de las «prohibiciones de contratar», es decir los obstáculos, preestablecidos en la Ley, que hacen jurídicamente inviable la participación de ciertas personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el sistema de la contratación pública. Además de los requisitos de capacidad, solvencia y habilidad de quienes aspiran a colaborar con los poderes públicos en la realización de sus fines, vinculados a la necesidad de asegurar la «limpieza» e igualdad de oportunidades en la contratación pública, las prohibiciones están previstas precisamente para impedir la manipulación de los intereses generales y los fracasos de las acciones públicas. Sin embargo, incomprensiblemente, los distintos tipos o causas de prohibición se aplican de forma desigual a los Entes que tienen la condición de Administración Pública y a otros entes del sector público. Si la única y objetiva finalidad de las prohibiciones de contratar es evitar que quienes hayan tenido unas determinadas conductas indignas, es decir, no lícitas, formen parte del sistema de contratación pública, no se entiende la razón por la que dichas prohibiciones no operan en todo el sector público. This article highlights the grounds and elements of the so-called «prohibitions from procurement» i.o.w. the legal obstacles that hinder the engagement of certain parties (individuals and public or private corporations) in the public procurement system. As well as the requirements of capacity and relialbility of tenderers, aimed at ensuring the fairness and equalness in the public procurement procedures, said prohibitions are especifically laid down to impede the manipulation of the public interest and the failures of the public performance in general. Nevertheless, incomprehensibly, the different prohibition clauses apply inequally to the public Administations and to other public bodies. If the only and objective purpose of the «prohibitions from procurement» is to prevent certain unworthy or illicit conduct performers from taking part in the public procurement system, said prohibitions should apply to all public contracting authorities indistinctly.