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El presente trabajo es un análisis que se realiza desde las teorías de intervención económicas del estado, centrándose en el caso específico de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia, poniendo como base que los servicios públicos son ifundamentales a los fines del estado, así como lo dice el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, siendo así una obligación del estado asegurar su prestación a los habitantes de su territorio, el cual debe implementar la regulación y analizar las condiciones de mercado para establecer reglas que sean la base del desarrollo de esta actividad económica.

En este trabajo se analizó la protección y blindaje jurídico que cuenta la contratación estatal en Colombia, en varias etapas; desde la selección del contratista, la adjudicacion del contrato hasta la liquidación y cumplimiento de las obligaciones, por medio de las veedurias ciudadanas. Aún cuando existen controles rigurosos en la contratación con el sector público, esta ha sido demarcada notablemente por la corrupción, y es aquí donde se analiza la importancia de la intervención de un organismo de control autónomo e imparcial, tal como las veedurías ciudadanas. Es por esto, que este artículo se refiere específicamente al alcance, estudio y normatividad que cuentan las veedurías en la contratación estatal para combatir la corrupción en Colombia.

El presente trabajo es un análisis que se realiza desde las teorías de intervención económicas del estado, centrándose en el caso específico de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia, poniendo como base que los servicios públicos son ifundamentales a los fines del estado, así como lo dice el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, siendo así una obligación del estado asegurar su prestación a los habitantes de su territorio, el cual debe implementar la regulación y analizar las condiciones de mercado para establecer reglas que sean la base del desarrollo de esta actividad económica.

En este trabajo se analizó la protección y blindaje jurídico que cuenta la contratación estatal en Colombia, en varias etapas; desde la selección del contratista, la adjudicacion del contrato hasta la liquidación y cumplimiento de las obligaciones, por medio de las veedurias ciudadanas. Aún cuando existen controles rigurosos en la contratación con el sector público, esta ha sido demarcada notablemente por la corrupción, y es aquí donde se analiza la importancia de la intervención de un organismo de control autónomo e imparcial, tal como las veedurías ciudadanas. Es por esto, que este artículo se refiere específicamente al alcance, estudio y normatividad que cuentan las veedurías en la contratación estatal para combatir la corrupción en Colombia.

En este trabajo se analizó la protección y blindaje jurídico que cuenta la contratación estatal en Colombia, en varias etapas; desde la selección del contratista, la adjudicacion del contrato hasta la liquidación y cumplimiento de las obligaciones, por medio de las veedurias ciudadanas. Aún cuando existen controles rigurosos en la contratación con el sector público, esta ha sido demarcada notablemente por la corrupción, y es aquí donde se analiza la importancia de la intervención de un organismo de control autónomo e imparcial, tal como las veedurías ciudadanas. Es por esto, que este artículo se refiere específicamente al alcance, estudio y normatividad que cuentan las veedurías en la contratación estatal para combatir la corrupción en Colombia.

El presente trabajo es un análisis que se realiza desde las teorías de intervención económicas del estado, centrándose en el caso específico de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia, poniendo como base que los servicios públicos son ifundamentales a los fines del estado, así como lo dice el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, siendo así una obligación del estado asegurar su prestación a los habitantes de su territorio, el cual debe implementar la regulación y analizar las condiciones de mercado para establecer reglas que sean la base del desarrollo de esta actividad económica.

La expropiación es un procedimiento constitucional con el cual se pone fin al derecho de propiedad en cabeza de una persona y pasa a ser del Estado, a consecuencia de ello, se derivan múltiples impactos que afectan de manera y en proporciones diferentes a unas u otras personas, la Corte Constitucional ha establecido que cuando en un proceso de expropiación se ven inmersas la garantías de personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de un especial amparo constitucional, el derecho a la vivienda digna deja de ser un derecho netamente de carácter económico, social y cultural y transmuta en un derecho fundamental, cuya exigibilidad procede a través de la acción de tutela, en aras de que no se transgreden principios tales como el de confianza legítima.

Las actuaciones administrativas representan sin duda una de las formas de interacción más comunes entre el estado y las personas naturales o jurídicas de derecho privado, por este motivo evidenciar la esencia del debido proceso en este procedimiento resulta altamente relevante y necesario, ya que permite observar con claridad a que corresponde el mismo en el contexto del derecho público en Colombia.

El presente escrito plasma una revisión exhaustiva sobre el Derecho que poseen los niños a tener una familia y no ser separado de ella. Es necesario comprender que dicho Derecho es la base para el desarrollo de otros derechos fundamentales del menor. En este sentido se evidencia como el sistema jurídico a nivel nacional brinda a estos menores una protección reforzada, que tiene por objeto la prevalencia de los niños sobre los derechos de los demás individuos. Lo antes mencionado permite observar que las diversas situaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de que el operador jurídico se apoye en la normatividad existente a nivel nacional e internacional permitiendo de esta forma dar solución a los diversos casos que puedan presentarse en la sociedad en donde se desconozca la protección de los niños.

El presente artículo, gira en torno de los riesgos previsibles en el contrato de obra pública, estableciendo su definición así como su asignación en el marco jurídico vigente, comenzando desde el señalamiento de la diferencia que hay entre riesgos previsibles e imprevisibles hasta llegar a los mecanismos o garantías de cobertura de los riesgos tratados. Todo esto sin dejar a un lado los principios de la contratación estatal, que deben orientar los contratos de este tipo, y las críticas u observaciones que, desde el punto de vista jurídico, pueden hacerse a la forma en que la ley contempla dichos riesgos, y las controversias y vacíos que pueden presentarse en su tipificación, asignación y cuantificación. Lo anterior en aras de minimizar los daños que puede ocasionar el incumplimiento del objeto a contratar que conllevarían inexorablemente al evento de la responsabilidad que es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

El presente escrito plasma una revisión exhaustiva sobre el Derecho que poseen los niños a tener una familia y no ser separado de ella. Es necesario comprender que dicho Derecho es la base para el desarrollo de otros derechos fundamentales del menor. En este sentido se evidencia como el sistema jurídico a nivel nacional brinda a estos menores una protección reforzada, que tiene por objeto la prevalencia de los niños sobre los derechos de los demás individuos. Lo antes mencionado permite observar que las diversas situaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de que el operador jurídico se apoye en la normatividad existente a nivel nacional e internacional permitiendo de esta forma dar solución a los diversos casos que puedan presentarse en la sociedad en donde se desconozca la protección de los niños.

Las actuaciones administrativas representan sin duda una de las formas de interacción más comunes entre el estado y las personas naturales o jurídicas de derecho privado, por este motivo evidenciar la esencia del debido proceso en este procedimiento resulta altamente relevante y necesario, ya que permite observar con claridad a que corresponde el mismo en el contexto del derecho público en Colombia.

El presente escrito plasma una revisión exhaustiva sobre el Derecho que poseen los niños a tener una familia y no ser separado de ella. Es necesario comprender que dicho Derecho es la base para el desarrollo de otros derechos fundamentales del menor. En este sentido se evidencia como el sistema jurídico a nivel nacional brinda a estos menores una protección reforzada, que tiene por objeto la prevalencia de los niños sobre los derechos de los demás individuos. Lo antes mencionado permite observar que las diversas situaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de que el operador jurídico se apoye en la normatividad existente a nivel nacional e internacional permitiendo de esta forma dar solución a los diversos casos que puedan presentarse en la sociedad en donde se desconozca la protección de los niños.

El presente artículo, gira en torno de los riesgos previsibles en el contrato de obra pública, estableciendo su definición así como su asignación en el marco jurídico vigente, comenzando desde el señalamiento de la diferencia que hay entre riesgos previsibles e imprevisibles hasta llegar a los mecanismos o garantías de cobertura de los riesgos tratados. Todo esto sin dejar a un lado los principios de la contratación estatal, que deben orientar los contratos de este tipo, y las críticas u observaciones que, desde el punto de vista jurídico, pueden hacerse a la forma en que la ley contempla dichos riesgos, y las controversias y vacíos que pueden presentarse en su tipificación, asignación y cuantificación. Lo anterior en aras de minimizar los daños que puede ocasionar el incumplimiento del objeto a contratar que conllevarían inexorablemente al evento de la responsabilidad que es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

La expropiación es un procedimiento constitucional con el cual se pone fin al derecho de propiedad en cabeza de una persona y pasa a ser del Estado, a consecuencia de ello, se derivan múltiples impactos que afectan de manera y en proporciones diferentes a unas u otras personas, la Corte Constitucional ha establecido que cuando en un proceso de expropiación se ven inmersas la garantías de personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de un especial amparo constitucional, el derecho a la vivienda digna deja de ser un derecho netamente de carácter económico, social y cultural y transmuta en un derecho fundamental, cuya exigibilidad procede a través de la acción de tutela, en aras de que no se transgreden principios tales como el de confianza legítima.

Las actuaciones administrativas representan sin duda una de las formas de interacción más comunes entre el estado y las personas naturales o jurídicas de derecho privado, por este motivo evidenciar la esencia del debido proceso en este procedimiento resulta altamente relevante y necesario, ya que permite observar con claridad a que corresponde el mismo en el contexto del derecho público en Colombia.

Esta investigación pretende dar a conocer que es la acción de tutela, así como el nacimiento de esta acción a su procedencia contra providencias judiciales, acción que vista de esta manera podría constituirse como un riesgo al principio de la seguridad jurídica.

Esta investigación pretende dar a conocer que es la acción de tutela, así como el nacimiento de esta acción a su procedencia contra providencias judiciales, acción que vista de esta manera podría constituirse como un riesgo al principio de la seguridad jurídica.

Esta investigación pretende dar a conocer que es la acción de tutela, así como el nacimiento de esta acción a su procedencia contra providencias judiciales, acción que vista de esta manera podría constituirse como un riesgo al principio de la seguridad jurídica.