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La legislación laboral constituye una materia sometida a constantes y permanentes reformas, unas de carácter más amplio en su contenido otras de afectación a concretas instituciones. Sin embargo, si se atiende a su pretensión de establecimiento de un cambio profundo en nuestro modelo jurídico laboral, las reformas han sido más limitadas en número. Desde esta perspectiva ha de entenderse que la reforma laboral de 2021 pretende ubicarse en la categoría de las grandes reformas acometidas en nuestra normativa laboral desde la instauración de nuestro modelo constitucional de relaciones laborales. Desde este enfoque el presente trabajo pretende realizar una valoración de primera aproximación general de la presente reforma; sin entrar en los detalles de interpretación de las concretas reglas novedosas introducidas con la reforma, que se deriva al resto de los estudios del presente número monográfico de la Revista, se pretende efectuar una presentación general del contexto en el que la misma se desarrolla, de identificar sus objetivos y de valorar el posible impacto que dicha reforma puede tener en el inmediato futuro., Labour legislation is a matter subject to constant and permanent reforms, some of a broader nature in its content, others affecting specific institutions. However, if its claim to establish a profound change in our labor legal model is taken into account, the reforms have been more limited in number. From this perspective, it must be understood that the 2021 labour reform intends to be placed in the category of the great reforms undertaken in our labor regulations since the establishment of our constitutional model of labor relations. From this approach, the present work intends to carry out an overall assessment of the present reform; Without going into the details of interpretation of the specific new rules introduced with the reform, which is derived from the rest of the studies in this monographic issue of the Journal, it is intended to make a general presentation of the context in which it is developed, from identify its objectives and assess the possible impact that said reform may have in the immediate future.

La garantía de un mercado de trabajo inclusivo es una cuestión de particular relevancia en la actualidad, pues la crisis está devaluando las condiciones de vida y de trabajo. Las reformas laborales agravan el problema al facilitar los ajustes laborales a la baja. En este contexto, las políticas de contratación pública se convierten en un instrumento útil para reforzar la integración de sus mercados de trabajo a través del uso estratégico de cláusulas sociales a favor del empleo de calidad. Tradicionalmente, se han puesto grandes obstáculos a su reconocimiento -sentencia "Rüffert"-, en virtud del principio de libre competencia. Sin embargo, hoy se destaca una tendencia, legal y jurisprudencial, a garantizar su inclusión en los contratos públicos, sobre todo con la entrada en vigor de la nueva Directiva comunitaria (2014/24/UE), si bien hay numerosas dudas en torno a la fijación de sus límites, en aras del principio comunitario de proporcionalidad.

La reforma laboral de 2012 tuvo como uno de sus puntos referenciales básicos la negociación colectiva, con cambios que, aunque concentrados en ciertos elementos puntuales, presentan una enorme relevancia en el diseño general del modelo instituido a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Dichos cambios se concentran especialmente en tres aspectos: descuelgues convencionales, preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa y debilitamiento de la regla legal de la vigencia ultraactiva del convenio colectivo. Transcurrido ya más de un año desde la entrada en vigor de esta nueva regulación, procedería analizar las consecuencias prácticas que están teniendo las modificaciones legales sobre la realidad del desarrollo de la negociación colectiva. Ello necesariamente ha de realizarse desde la cautela, por cuanto que concurren indudables elementos de incertidumbres que no facilitan la identificación real del impacto de la reforma. En todo caso, algunos efectos sí que parecen indiscutibles, por mucho que los mismos vengan intensificados a tenor de otros elementos contextuales; entre esos efectos destaca sobre todo la profundización en el proceso de devaluación salarial, así como la reducción del número de trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos vigentes.

Los procedimientos autónomos de resolución de conflictos han experimentado una serie de transformaciones singulares propiciadas por las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012, que aún no se han terminado de interiorizar por la negociación colectiva. La incidencia de los nuevos marcos regulatorios de flexibilidad interna, así como las dificultades intrínsecas de la articulación de la negociación colectiva en las PYMES, no permiten establecer con certeza un patrón modelo de mecanismos de resolución autónomos propios, más allá de los indicados en el propio Estatuto de los Trabajadores y en el V ASAC. Es posible, no obstante, identificar un nuevo modelo de conflictos laborales derivados de la puesta en ejecución de dichos mecanismos de resolución, que hemos denominado conflictos novatorios., The autonomous procedures for conflict resolution have undergone a series of unique transformations prompted by labour reforms of 2010, 2011 and 2012, which have not yet been internalize completely by the collective bargaining. The incidence of new regulatory frameworks of internal flexibility, as well as the difficulties inherent in the articulation of collective bargaining in SMEs, do not allow to establish with certainty a own pattern model of autonomous resolution mechanisms beyond those indicated in the Workers’ Statute and the V ASAC. It is possible, however, identify a new model of labour disputes arising from the execution of such start-resolution mechanisms, which we denominate novation conflicts.

Pocos días antes de la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012, que marca el inicio de una importante reforma del Derecho español del Trabajo, los interlocutores sociales firmaron un ambicioso documento, el “Segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014”. Este documento forma parte de una larga serie de acuerdos dirigidos a gobernar el sistema de negociación colectiva en nuestro país, fijando a nivel nacional directrices y objetivos para los procesos de negociación durante su vigencia. El objetivo de este acuerdo es condicionar el desarrollo de los convenios durante el período de tres años que se fija de duración. Sin embargo, los interlocutores sociales que lo firmaron por no otorgarle al acuerdo eficacia normativa, lo que producirá que sus efectos serán débiles y lentos. Ésta ha sido probablemente la causa que ha llevado al Gobierno a considerar que esta opción era inadecuada e insuficiente para lograr los cambios en el mercado de trabajo y en la práctica de las relaciones laborales que considera necesarios en las actuales circunstancias, y necesarios también para satisfacer las exigencias de la Unión Europea y de las agencias económicas internacionales. En consecuencia, el Gobierno aprobó su propio paquete de medidas en la que puede considerarse una de las reformas de mayor alcance del Derecho del Trabajo español en los últimos treinta años.

El presente estudio procede a efectuar un análisis general de la reforma laboral de 2010, de sus precedentes, del contexto en el que se ha abordado y de los principales efectos que puede producir. Sin entrar en el estudio de las medidas concretas contenidas en el mismo, ni abordar los interrogantes interpretativos que pudieran derivar de las mismas, constata la profundidad de los cambios contenidos en el texto legal, considerándola entre las tres o cuatro grandes reformas laborales que se han producido a lo largo de los últimos treinta años de experiencia democrática en nuestro país. Se valora el alcance estructural de la reforma, más allá de que la misma se haya abordado en un muy específico escenario coyuntural de crisis económica. Se destacan las incertidumbres acerca de que la implementación de la reforma logre alcanzar los resultados pretendidos por el legislador, particularmente en la ordenación del régimen del despido y en la reducción de la dualidad de la contratación laboral en nuestro mercado de trabajo. En todo caso se señala la dificultad de percibir los efectos materiales de la reforma en el corto plazo, a la vista de la multitud de aspectos que se postergan en el tiempo respecto de su efectiva entrada en vigor. En todo caso, y más allá de la ausencia de acuerdo social en la aprobación de la reforma legislativa, se valora positivamente el desarrollo del proceso de concertación social, así como la previsión de que queda garantizada la continuidad del diálogo social como seña de identidad de nuestro sistema de relaciones laborales.