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Commentary on the Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 October 2013, European Commission/Spain, Case C-151/12. This judgment has revealed the existence of limits of EU Law to the consideration of the supplementing clause of Article 149(3) of the Spanish Constitution as a general guarantee of regional compliance of the EU Law. The Constitutional Court had already limited the use by the State of national rules in a supplementing manner requiring, on the one hand, specific powers to allow a state norm to act as supplementing the regional law and, on the other hand, considering the supplementing clause as a rule directed to the legal practitioner in the interpretation and application of law. The Court of Justice of the European Union has further limited its scope requiring compliance with the conditions of clarity and precision derived from the general principle of legal certainty., Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 24 de octubre de 2013, Comisión/España, C-151/12. Esta sentencia ha puesto de manifiesto la existencia de límites de derecho comunitario a la consideración de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución como garantía general del cumplimiento autonómico del derecho de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional ya había limitado el recurso estatal a la supletoriedad exigiendo, de un lado, título habilitante competencial específico para que una norma estatal pudiera actuar como supletoria del derecho autonómico y, de otro lado, considerando la regla de la supletoriedad como una norma dirigida al operador jurídico en la interpretación y aplicación del derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha limitado aún más su alcance al requerir el respeto de las exigencias de claridad y precisión derivadas del principio general de la seguridad jurídica.

The gradual abolition of internal borders in Europe according to the process of European integration has been giving rise to the need to set up an area of freedom, security and justice that gives meaning to a new community concept of the EU external border. Security is the central idea of this new concept projected with particular intensity in the southern maritime borders of the Union, the scene of the humanitarian tragedy involving the smuggling of migrants. The elements of humanitarian nature, historic, geographic extension and proximity, social inequality, economic imbalance, the increasing population pressure and high cost of media impact, introduces a problem that is really an extraordinary challenge for the EU. Community action in this area, mainly embodied by the FRONTEX Agency, is very difficult to articulate due to the complex net of agencies and national standards and international community to interact, causing it overlaps, gaps, but always with the conditioning of the State sovereignty, the only competent and ultimately responsible for the actions taken at the borders. The security approach prevailing in this area responds to the reason of State that derives from the projection of sovereignty over national borders, even to transcend international spaces and to the waters of third countries. The direct consequences for life, integrity and freedom of migrants have been tragic. However, more recent developments seem to suggest the idea of an emerging common model of humanized security at sea, according to the development of a «common maritime space of the EU» in status nascendi., La progresiva supresión de fronteras interiores en Europa al compás del proceso de integración europea ha ido dando lugar a la necesidad de configurar un espacio de libertad, seguridad y justicia que dota de sentido a un nuevo concepto comunitario de frontera exterior de la UE. La seguridad es la idea central de este nuevo concepto que se proyecta con especial intensidad en las fronteras marítimas meridionales de la Unión, escenario de la tragedia humanitaria que supone el tráfico clandestino de migrantes. Los elementos de carácter humanitario, histórico, de extensión y de proximidad geográficas, de desigualdad social, de desequilibrio económico, de creciente presión demográfica, de elevados costes y de impacto mediático, nos sitúan ante una realidad problemática que constituye un extraordinario desafío para la UE. La acción comunitaria en este ámbito, encarnada principalmente por la Agencia FRONTEX, es muy difícil de articular por el complejo entramado de instancias y de normas nacionales, comunitarias e internacionales que interactúan, bien causando solapamientos, bien lagunas, pero siempre con el condicionante de la soberanía del Estado, que es el único competente y responsable último de las medidas que se adopten en frontera. La óptica de seguridad que prima en esta materia responde a la razón de Estado que deriva de la proyección de la soberanía sobre las fronteras nacionales, llegando incluso a trascender a los espacios internacionales y hasta las aguas de terceros Estados. Las consecuencias directas para la vida, la integridad y la libertad de los migrantes han sido trágicas. Sin embargo, evoluciones más recientes parecen sugerir la idea de que está emergiendo un modelo comunitario de seguridad humanizada en el mar, al compás del desarrollo de un "Espacio marítimo común de la UE" in status nascendi

Este trabajo analiza el artículo 5.1 c) de la Directiva sobre el comercio electrónico a la luz de la doctrina del TJUE en su Sentencia Deutsche internet versicherung AG. El prestador de servicios ha de facilitar a los receptores del servicio, antes de la conclusión del contrato, su dirección de correo electrónico, así como otras informaciones que les permitan una toma de contacto rápida y una comunicación directa y efectiva. La Directiva se refiere expresamente al correo electrónico como el medio de comunicación más apropiado y el más coherente para alcanzar ese objetivo pero no excluye que las legislaciones nacionales impongan además otros requisitos. Esta circunstancia puede generar que las legislaciones nacionales difieran y prevean distintas obligaciones en el ámbito de la información precontractual que los prestadores de servicios han de poner a disposición de los usuarios. No obstante, cuando el prestador del servicio consigue alcanzar el objetivo contemplado en la Directiva con las medidas propuestas por su legislación nacional será suficiente para que la empresa pueda desarrollar su actividad en todo el ámbito comunitario y los Estados miembros de acogida no podrán alegar sus específicas normativas imperativas de protección de los consumidores para impedir la prestación del servicio en su territorio., This article analyzes Article 5.1 c) of the Directive on electronic commerce in the light of the European Court of Justice Case Law in Deutsche internet versicherung AG. The service provider is required to supply to recipients of the service, before the conclusion of a contract with them, its electronic mail address, as well as other information which allows the service provider to be contacted rapidly and communicated with in a direct and effective manner. The Directive expressly refers to electronic mail as the most appropriate means of communication and to appears more consistent to achieve that goal but does not preclude national laws also impose other requirements. This may lead to differing national laws and provide for different obligations in the field of pre-contractual information service providers must make available to users. However, when the service provider manages to reach the objective set out in the Directive with the measures proposed by its national legislation will be sufficient to allow the company to develop its activities in all EU Member States and the host can not claim their specific mandatory rules of consumer protection to prevent the service in its territory.

El análisis de las reformas realizadas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea por los dos últimos Tratados de reforma, el fracasado Tratado Constitucional y el Tratado de Lisboa ya en vigor, comienza por el estudio del principio de la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, introducido en el texto de los Tratados por el Tratado Constitucional y posteriormente eliminado por el Tratado de Lisboa. A continuación se estudia la tipología de los actos jurídicos comunitarios, que el Tratado de Lisboa simplifica y reduce, pero mantiene las categorías y las denominaciones tradicionales de los actos típicos, a diferencia del Tratado Constitucional, que añadía algún desafortunado acto nuevo, ya desaparecido, y cambiaba las denominaciones por otras parecidas a las del derecho nacional. También se examina la nueva diferenciación de los actos jurídicos en actos legislativos, ejecutivos y delegados, y su relación con la situación anterior, así como la novedad de la legislación delegada. Por último, se analiza la aplicación del principio de jerarquía normativa, parcialmente incorporado a los Tratados, y la práctica de las Instituciones en la adopción de actos jurídicos comunitarios, para finalizar con unas conclusiones.