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El artículo 53 del Código Procesal Civil regula las medidas coercitivas, en concreto, el numeral 2 de dicho artículo faculta al juez disponer la detención por 24 horas de quien resiste su mandato sin justificación. Esta regulación genera polémica al ser considerada inconstitucional porque vulneraría el artículo 2 numeral 24 literal c) de la Constitución Política del Estado, en el entendido de que no hay prisión por deudas, incluso, la terminología de detención correspondería ser usado en materia penal. Además, se pone en tela de juicio si el juez civil puede ordenar la detención. En tal contexto, este artículo analiza las posturas en contra y a favor de la detención civil, concluyendo que varios países de Latinoamérica mantienen su aplicación específicamente para ciertos casos, sea en cuerpos normativos civiles o penales, como sanción por el no cumplimiento de una obligación civil, por ello es necesario regular en el Código Procesal Civil como facultad expresa del juez, el arresto civil, para hacer efectiva sus decisiones. Haciendo hincapié que la terminología apropiada es el de arresto hasta por 24 horas que puede ser dictada por el Juez civil.

The adaptation of the Spanish judicial reality of the 21st century to the contemporary technological framework has led to a timely reform of the social jurisdictional order, by means of RD-Law 6/2023, of 19 December, especially in terms of digitalisation and procedural efficiency as fundamental steps towards a more agile and accessible judicial system. Specifically, and in the full conviction that there is clear room for improvement in the regulation of our labour proceedings with regard to the enforcement of judgments and other enforceable instruments, certain articles of Law 36/2011, Regulating the Social Jurisdiction, have been amended. It is precisely the dissection and critical evaluation of this reform, in order to ensure its sufficiency, as well as its compliance with the intended objectives, which motivates the existence of this essay., La adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo ha provocado que se acometa una oportuna reforma del orden jurisdiccional social, por vía del RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, especialmente, en términos de digitalización y eficiencia procesal como pasos fundamentales para un sistema judicial más ágil y accesible. En concreto, y en el pleno convencimiento de que la regulación de nuestro proceso laboral admite un claro margen de mejora en lo referente a la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos, se ha procedido a la modificación de ciertos artículos de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. Es, precisamente, la disección y evaluación crítica de esta reforma, al objeto de asegurar su suficiencia, así como que cumplen con los objetivos previstos, lo que motiva la existencia de este ensayo.