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El artículo describe que el derecho sancionador castrense deriva de la regulación constitucional del monopolio de la fuerza. Esta impone un particular deber de obediencia a los militares, que es resguardado, al mismo tiempo, por el derecho disciplinario militar y el derecho penal militar. Da cuenta que si bien la justicia penal militar no está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, se considera una norma de aplicación restrictiva. Detalla los requisitos de validez que plantea el derecho internacional para la justicia militar, y cómo la jurisprudencia del sistema interamericano ha influido en la reforma de la jurisdicción penal militar en el continente.